Constitución Nacional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no está facultada para designar nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral 

2020 abre las puertas a otro ciclo electoral en Venezuela. Este año deben celebrarse elecciones para renovar a la Asamblea Nacional, cita con las urnas crucial tanto para chavistas como opositores, los primeros porque desean recuperar el control sobre el único poder del Estado que no está en sus manos, y los segundos pues esperan mantenerlo y probar al mundo que en realidad la mayoría de los venezolanos anhela un cambio político.

Sin embargo, para que estos comicios no corran la misma suerte que la elección presidencial de mayo de 2018, la cual no fue reconocida por el grueso de la comunidad internacional democrática y abrió así las puertas al actual aislamiento del régimen de Nicolás Maduro, las parlamentarias deben celebrarse bajo otras condiciones.

Es en este contexto, Acceso a la Justicia considera pertinente aclarar algunos aspectos (jurídicos, políticos y electorales) que son clave para un proceso libre y justo.

1. ¿Las elecciones parlamentarias deben celebrarse en 2020?
Sí, porque en diciembre de este año vence el período constitucional de cinco años que el artículo 192 de la Constitución da a los diputados y a la actual AN que fue electa en los comicios celebrados el 6 de diciembre de 2015, ganados por la oposición por amplia mayoría.

2. ¿Jurídicamente es viable adelantar la celebración de las elecciones parlamentarias en los primeros meses del año 2020?
No, porque se traduciría en una violación del artículo 192 antes mencionado, el cual, da a los diputados un período de cinco años. Dado que la última elección del Poder Legislativo fue el 6 de diciembre de 2015, indefectiblemente los comicios parlamentarios deben tener lugar en diciembre de este año. Un adelanto de estas elecciones significaría recortar el período 2016-2021 de los diputados que fueron electos legítimamente en diciembre de 2015, lo que representaría el desconocimiento del derecho al sufragio democrático expresado por los electores que votaron por sus representantes legislativos.

No obstante, las posibilidades de que los comicios parlamentarios se adelanten son elevadas y no sería la primera vez que ocurriese. Así, la primera AN electa en el año 2000 fue en julio y no en diciembre, mientras que la tercera fue el 26 de septiembre de 2010.

3. ¿Es posible modificar la legislación electoral venezolana antes de que sean convocadas las elecciones parlamentarias?
En principio, sí. De hecho, la AN es la única instancia que está facultada para realizar cualquier cambio o modificación, total o parcial, de las leyes electorales en absoluta consonancia con los preceptos constitucionales. Pero el artículo 298 de la Constitución consagra una prohibición según la cual la legislación electoral “no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”.

Siguiendo esta previsión constitucional, si las elecciones parlamentarias fueran a celebrase en diciembre de 2020, la AN tendría hasta el mes de junio para realizar cualquier cambio, modificación o reforma en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

4. ¿Es factible jurídicamente la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de la Sala Constitucional por la vía de la omisión legislativa?
No. De hecho, la propia Carta Magna venezolana no faculta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a designar las autoridades del Poder Electoral en el supuesto de que el Parlamento no pueda hacerlo. En todo caso, lo que está previsto en la Constitución (artículos 266.1 y 336.7) es que la Sala, si constata una omisión por parte de los diputados, les fije un plazo para corregir dicha situación y, de ser necesario, indique los lineamientos para realizar tal corrección.

5. ¿La Sala Constitucional puede sustituir al legislador para corregir la inactividad y nombrar por cuenta propia a las autoridades del CNE?
No. De asumir las competencias de la AN la Sala estaría incurriendo en usurpación de funciones, irregularidad que trae consigo la nulidad absoluta de la decisión que se adopta tras la invasión de la competencia, así como la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.

La Sala solo puede exhortar a la AN la realización de los nombramientos de la directiva del CNE, pues se trata de una competencia exclusiva y excluyente del Poder Legislativo, que ningún otro órgano del Estado puede ejercer. Aun así, desde 2003 la Sala ha ido más allá de lo que establece la Constitución y ha nombrado en varias ocasiones a los integrantes del organismo comicial, así como a los miembros del Consejo Moral Republicano. Varios de los actuales rectores electorales deben su puesto a los magistrados de la Sala Constitucional.

Sin embargo, cualquier intervención del TSJ en este momento no comportaría una verdadera garantía en la conformación plural del Comité de Postulaciones Electorales y sin militancia partidista del órgano comicial, pues el juez constitucional ha desatendido su deber de imparcialidad frente al acontecer político, lo que ha llevado al país a vivir la grave crisis institucional en la que está sumido.

6. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas que deberían ser garantizadas por el nuevo CNE en las próximas elecciones parlamentarias?
Hay un conjunto de parámetros bajos los cuales deben desarrollarse las elecciones, a fin de garantizar que su realización se lleve a cabo en igualdad de condiciones. Lamentablemente, los comicios celebrados en el país desde 2017 han llevado al elector venezolano a desconfiar en el sistema electoral, especialmente por la ilegitimidad en los resultados de los comicios presidenciales celebrados en mayo de 2018.

Ante esta atmósfera de incertidumbre, sería recomendable que el nuevo organismo electoral despejara las dudas que se han levantado contra el sistema electoral venezolano, y de esta forma generar nuevamente la confianza entre la población, los partidos políticos y candidatos en general. De hecho, entre las inquietudes que deberían ser revisadas y aclaradas por la nueva directiva del organismo electoral, Acceso a la Justicia considera importante mencionar:

Diseño de circunscripciones electorales.
Actualización y depuración del Registro Electoral.
Inhabilitación de candidatos.
Participación de los partidos políticos cancelados a partir de procedimientos arbitrarios.
Observación electoral tanto nacional como internacional.
Uso de tinta indeleble.
Uso de recursos públicos.
Acceso de los candidatos y partidos políticos a los medios de comunicación.
Oportunidad en la entrega de los resultados electorales.

7. ¿Las venideras elecciones parlamentarias podrían catalogarse como elecciones competitivas?
No. La eliminación de más de cincuenta partidos políticos mediante una serie de mecanismos arbitrarios implementados por el TSJ y la Asamblea Nacional Constituyente, además de la realización de un proceso de renovación ilegítimo que emprendió el CNE desde 2016, menoscaba la capacidad de los electores para tener una oferta plural. Un proceso que se lleve a cabo sin la participación de los partidos de oposición, que son los que actualmente representan la AN, sembraría dudas más que razonables sobre su limpieza y autenticidad

Se cumplió un año de la muerte del concejal Fernando Albán 

La abogada y directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), Liliana Ortega, denunció la existencia de patrones que violan los derechos humanos en el país. 

Ortega denunció que frente a lo sucedió con el concejal Fernando Albán, “nuestro país ha entrado en el patrón de irregularidades como lo son las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias, cuyas prácticas deben cesar”.

A su juicio, “este suceso es muy grave y a la vez preocupante, porque se percibe un irrespeto a los derechos humanos en el país”.

Bajo su óptica, el Estado “debe garantizar que todas las denuncias de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial y los presuntos autores sean procesados, juzgados y castigados con penas proporcionales a la gravedad de sus actos”.

Por otro lado, reiteró que debe haber garantía de que los cuerpos de seguridad y organismos afines que trabajan en la seguridad pública tengan un carácter estrictamente civil y profesional a todos los niveles, como se estipula en el artículo 332 de la Constitución Nacional, y enmienden las leyes, reglamentos y planes que autorizan la participación militar en el mantenimiento del orden público, incluidas la OLP y la Resolución N ° 8610.

Sostuvo que deben eliminarse “las barreras que facilitan la impunidad incluyendo la ocultación de la identidad de los agentes del orden, la penalización y la banalización de las víctimas y la modificación de informes de la policía”, concluyó.

Albán, quien militaba en el partido opositor Primero Justicia, falleció en octubre de 2018 tras ser detenido por la policía política venezolana. Las autoridades indicaron que murió al lanzarse desde uno de los pisos de la sede capitalina del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, mientras la oposición denunció que falleció a consecuencia de las torturas que recibió.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dio el primer paso para investigar la muerte de un concejal opositor venezolano mientras estaba bajo custodia policial, un caso que provocó conmoción dentro y fuera de Venezuela.

ANTE LA MUERTE DEL CONCEJAL del Municipio Libertador de Caracas Fernando Albán, mientras se encontraba detenido en la sede del Sebin, Una Ventana a la Libertad quiere dejar su posición pública ante tales hechos de la manera siguiente:

1.- Repudiamos y rechazamos la muerte del Concejal Albán, en las circunstancias que hasta ahora se han hecho conocidas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 de nuestra Constitución Nacional, el Estado debe de garantizar y velar por el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad.

2.- Es un hecho público, notorio y comunicacional que el Concejal Fernando Albán se encontraba bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), al momento de su muerte, cuestión que  hace responsable directo a este cuerpo policial del Estado venezolano, de violar la norma constitucional antes citada así como convenios y pactos internacionales suscritos por Venezuela, entre ellas las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), por no garantizar la vida del hoy fallecido Concejal Albán.

3.- Una Ventana a la Libertad desde 2017 ha denunciado las constantes violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela y en tal circunstancia en el mes de junio de 2017 publicamos un informe sobre la situación de los derechos humanos de los privados de libertad en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Plaza Venezuela y El Helicoide, donde narramos el horror que viven las personas recluidas en estos centros, sin que hasta la fecha tengamos respuesta alguna del Estado venezolano, ni conocemos que esta situación haya cambiado o mejorado, ante el hecho que ocupa este comunicado podríamos decir que ha empeorado y las constantes violaciones a los derechos humanos de los allí recluidos han recrudecido, al extremo que hoy lamentamos la muerte del Concejal Fernando Albán.

Por lo antes expuesto Una Ventana a la Libertad solicita al Estado venezolano:

1.- Sea abierta una investigación objetiva e imparcial sobre lo ocurrido y se sancione a los responsables, bien sea por acción u omisión de tales hechos.

2.- Exigimos a la Defensoría del Pueblo que cumpla con su trabajo de velar por los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela y deje su complicidad con la grave situación de violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela.

3.- Solicitamos a la comunidad internacional el respaldo a nuestras solicitudes y estar vigilantes de las posibles consecuencias o represalias que podrían haber a futuro contra las organizaciones de derechos humanos o alguno de sus miembros, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano por denunciar tales hechos.

DESDE 2015 HASTA LA ACTUALIDAD, la opacidad en el empleo de las finanzas públicas ha sido el sello de marca del gobierno venezolano. El desconocimiento total del uso de los recursos del Estado es una normalidad en el universo madurista.

La ONG, Transparencia Venezuela, en conjunto con la organización International Budget Parnetship (IBP) dio a conocer este miércoles el Índice Bianual de Presupuesto Abierto, donde por vez primera Venezuela recibió 0 de 100 puntos.

«Fue una investigación de 18 meses, efectuada entre agosto de 2016 y enero de 2018, con la participación de 300 expertos de 115 países», dijo Christi Rangel, integrante de Transparencia Venezuela y quien participó en el exhaustivo análisis a nivel mundial.

La nula claridad en el manejo de los dineros públicos, ubican al gobierno de Nicolás Maduro en la posición 110 de 115 países evaluados en todo el globo terráqueo y de último en América Latina.

Venezuela solo está por encima de Guinea Ecuatorial, Lesoto, Qatar, Níger y Yemen.

«Fueron alrededor de seis rondas de trabajo, donde se evaluó la transparencia y la posibilidad que tenían los ciudadanos de acceder a los números de la administración pública», aseveró Rangel.

30 puntos bajó Venezuela en el ranking con respecto a 2015, una vertiginosa caída que lo ubica en las postrimerías de las naciones de Sudamérica, fragmento del continente cuyo índice de transparencia presupuestaria se ubica en 42%.

«En 2017, factores independientes y medios de comunicación privados no tuvieron acceso a presupuesto alguno en Venezuela, fuentes oficiales nos informaron que algunos de estos documentos si se elaboran en la administración pública, pero no se publican, la opacidad sirve para tener un mayor dominio y discrecionalidad en las actuaciones, es una política de Estado», alertó Rangel.

El estudio revela que desde 2008 hasta el año pasado, la disponibilidad pública de documentos presupuestarios ha ido en franco descenso. De cinco tipos de presupuestos disponibles de un total de ocho que tenía Venezuela en 2008, en 2017 no registró ni uno, cinco de estos fueron producidos para consumo interno y tres simplemente no se hicieron.

«Desde hace tres años Transparencia Venezuela no tiene acceso a los datos macroeconómicos, recordemos que desde 2016 la memoria y cuenta no es entregada en la Asamblea Nacional, sino en el Tribunal Supremo de Justicia y en la asamblea nacional constituyente», dijo Rangel.

Nula intervención ciudadana 

Venezuela también salió raspada en el Índice de Participación Pública. De un puntaje de 100, la administración chavista apenas acumuló 7, por debajo del puntaje promedio global (12). En esta oportunidad no finalizó de última, quedó por encima de Ecuador, que sumó 6 unidades.

La encuesta evalúa el grado en que el gobierno le ofrece al público oportunidades para participar en el proceso presupuestario.

«El hecho que nuestro país haya sido evaluado con una calificación tan baja, es una muestra del debilitamiento del sistema de libertades», indicó Rangel.

La vigilancia del presupuesto por parte de los órganos encargados de hacer auditorías también está ubicada en una posición paupérrima (30), inferior al promedio de América Latina que fue de 57/100.

Tanto la Asamblea Nacional como la Contraloría General de la República ofrecen una débil inspección de los haberes del Estado.

El parlamento fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia prácticamente desde que fue instaurado en enero 2016, alegando la fraudulenta incorporación de tres diputados del estado Amazonas. Dicha estrategia ha limitado el trabajo de las comisiones y evitado que ministros y demás funcionarios sean interpelados, incluyendo al presidente de la República.

Maduro violó los artículos 187 y 313 de la Constitución Nacional al presentar el presupuesto de la nación en el TSJ y la ANC.

Mientras que la Contraloría, controlada por Manuel Galindo, se hace de la vista gorda ante los manejos oscuros de las finanzas públicas, demostrando que en Venezuela no existen instituciones fiscales independientes.

«Consideramos que la falta de claridad y ausencia de rendición de cuentas, puede explicar los desequilibrios fiscales que contribuyen a la hiperinflación y el excesivo endeudamiento», comentó Rangel.

A un mes de haber comenzado 2018, el presupuesto para este año aún no ha sido revelado. En su discurso en la ANC, el presidente solo ofreció pequeños detalles en el marco de una perorata y trascendió que el monto estimado es de 36 billones de bolívares, una cifra que llama la atención tomando en cuenta los Bs. 48 millones de 2017.

Recomendaciones 

Partiendo de la opacidad del gobierno, Transparencia Venezuela hizo las siguientes recomendaciones:

-Publicar en línea un proyecto de presupuesto, puntual y de fácil acceso a todo el mundo.

-Proponer audiencias legislativas sobre la formulación de un presupuesto anual.

-Ampliar un debate para que todos los sectores de la vida social, incluyendo el Parlamento, elaboren y den a conocer un presupuesto acorde con la realidad del país.

-Asegurar que la Asamblea Nacional reciba el presupuesto para su discusión y posterior aprobación.

-Considerar el establecimiento de una institución fiscal independiente.

En vista de la rendición de la Memoria y Cuenta de 2017 del presidente Maduro, diputados de la Asamblea Nacional emprendieron una cruzada por las redes sociales, retando al primer mandatario a demostrar que Venezuela es una potencia, tal y como lo expone en cada una de sus alocuciones y cadenas.

Maduro presentará este lunes 15, el balance del año pasado ante la asamblea nacional constituyente y no frente a la Asamblea Nacional como dicta la Constitución Nacional.

Será la segunda vez que Maduro emita la Memoria y Cuenta fuera de la AN. En enero del año pasado lo hizo en el Tribunal Supremo de Justicia.

Violación de derechos humanos, situación de presos políticos, crisis de salud, hambre, fuga de jóvenes al exterior, muertes por desnutrición, situación de los hospitales, escasez de alimentos y medicinas, fueron algunos de los temas que expusieron los parlamentarios bajo la etiqueta #MaduroTeReto.

Nicolas el país hoy no para de hacerse preguntas. #MaduroTeReto a que hables de la inflación, solo en el mes de Diciembre en Venezuela sobrepasó el 80% llegando a un promedio anual de más de 2.600% ¿Que hiciste para controlarla? pic.twitter.com/G6zrcThVNS

— Stalin González (@stalin_gonzalez) 15 de enero de 2018

#MaduroTeReto a que expliques porque somos el país de América Latina donde el porcentaje de desnutrición se ha incrementado más en la última década pic.twitter.com/hM1pp6wNGF — Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) 15 de enero de 2018

#MaduroTeReto a q hables de los miles de Venezolanos y huyen por la Frontera del país por la hambruna que tu modelo creo #15E pic.twitter.com/w1WcDMHWt6

— Gaby Arellano (@gabyarellanoVE) 15 de enero de 2018

#MaduroTeReto a qué expliques al pueblo de Venezuela por que no hoy pueden comer, ni consiguen medicinas cuando solo por obras inconclusas de Odebrecht se ha perdido más de 15 mil millones de dólares. — Juan Guaidó (@jguaido) 15 de enero de 2018

#MaduroTeReto a que cuentes como miles de personas de tercera edad viven con desesperación y angustia porque NO CONSIGUEN las medicinas para la tensión, la diabetes, o el cáncer y cuando los consiguen no pueden pagarlos.

— Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) 15 de enero de 2018

#MaduroTeReto a que hoy expliques cómo es posible que seamos el país con la peor economía del continente y PDVSA esté totalmente destruida. ¡Eres hambre y miseria! @NicolasMaduro pic.twitter.com/Trz9nF8u6L — Marco Bozo Tamayo (@bozotamayo) 15 de enero de 2018

Los infartos son la primera causa de muerte en el país. #MaduroTeReto a que digas que solo el 5% de los hospitales tienen capacidad para diagnosticarlos y que además, hay 90% de escasez en anti hipertensivos. pic.twitter.com/QGvjB6AZtt

— Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 15 de enero de 2018

#MaduroTeReto a que hoy cuando des tu Memoria y Cuenta ante la ilegal Constituyente hables de los 300 mil niños venezolanos que pueden morir por desnutrición

— Manuela Bolívar (@manuelabolivar) 15 de enero de 2018

#MaduroTeReto a que le digas al país cómo nos arruinaste en tar corto tiempo y qué has hecho para solventar la crisis. ¿Te da miedo dar la cara en @AsambleaVE porque ahí no aplaudimos tu desastre?

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 15 de enero de 2018

#MaduroTeReto a que hables sobre los más de 80 neonatos que murieron en el HUMNT por falta de un respirador mientras tú y tu sequito se malgastan los reales en shows politiqueros.

— José Antonio Mendoza (@JoseAMendozaPJ) 15 de enero de 2018

#Madurotereto a que le expliques al país y a todo el mundo cómo violas el derecho a la salud y a la alimentación de los venezolanos con el uso obligatorio de un sistema que no está estipulado en nuestra Constitución como lo es el “carnet de la patria”

— Juan Requesens (@JuanRequesens) 15 de enero de 2018

#MaduroTeReto a que respondas como la Ministra Sader en franca corrupción vulneró la vida de miles de pacientes y no haces nada

— Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) 15 de enero de 2018

Paola Martínez / @mpaolams

El acontecer noticioso de un día venezolano podría rivalizar con las noticias mensuales de un país nórdico. La censura en los medios tradicionales y la falta de información oficial logran que en ocasiones, sea el Gobierno quien marque la agenda diaria y que asuntos de importancia se vean opacados por otros temas. Sin embargo, existe una serie de aspectos claves en los últimos meses que han devenido en la actual situación país, pero que el oficialismo no trae a colación con frecuencia.

1. El Gobierno de Maduro rompe la ley y la usa a su voluntad

Los venezolanos han sido testigos de cómo el hilo constitucional se ha deshilachado bajo la mano de Nicolás Maduro. El Estado de Derecho se ha desintegrado, paulatinamente, con cada acción inconstitucional que los oficialistas han requerido. Un ejemplo de ello fue cuando, días después del nombramiento de Tareck El Aissami como vicepresidente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia que permite a venezolanos con doble nacionalidad postularse a la presidencia, lo que va en contra de la Constitución. Y más reciente, el llamado a un proceso constituyente sin seguir los pasos establecidos en la Carta Magna.

2. Aún no se realizan las elecciones parlamentarias de Amazonas, pero el CNE sí repitió los comicios de la ANC en dos municipios

Tras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, Jorge Rodríguez mostró un video en donde presuntamente se comprobaba la compra de votos por parte de la oposición. Pero no se anunció ninguna acción para verificar las pruebas que, de ser reales, comprobarían también que Rodríguez violó el derecho a la privacidad consagrado en la legislación venezolana.

El TSJ, basado en dichas pruebas, emitió una sentencia donde impugnaba las elecciones en Amazonas. A esta acción le debió seguir un nuevo llamado a elecciones únicamente en el estado afectado. Año y medio –y una constituyente– después, aún el CNE no llama a elecciones parlamentarias en ese estado.

En el municipio Miranda de Mérida, y el Francisco de Miranda del estado Táchira, el CNE debió suspender los comicios del domingo de la constituyente por las protestas de los habitantes. Sin embargo, sin hacer mucho ruido en los medios estatales, el 13 de agosto se celebraron nuevamente las elecciones. Si hubo fondos y planificación para que se repitieran estos comicios, ¿por qué Amazonas sigue sin representación en la AN?

3. Sí hay pruebas de que en la ANC hubo fraude

La compañía que provee al CNE el sistema para el conteo de los votos, Smartmatic, notó irregularidades entre los resultados que anunció Tibisay Lucena y los que el mismo programa arrojó. Una diferencia de al menos un millón de votos, indicó el director ejecutivo de la empresa, Antonio Mugica. La fiscal Luisa Ortega encargó la investigación del hecho, pero ahora que el MP está en manos de William Saab, habrá que esperar si dicha investigación obtiene resultados.

4. El desacato de la Asamblea Nacional no existe

Por más que el Gobierno de Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia repitan que la Asamblea Nacional está en desacato, hay un aspecto que siempre olvidan comentar: el artículo de la Constitución en que se habla de dicho desacato.

El máximo tribunal declaró en desacato al Parlamento tras la incorporación de los diputados de Amazonas, lo que según el Poder Judicial, viola la sentencia en que impugnan los comicios. Si bien la figura del desacato existe, esta no puede ser aplicada a una institución como la Asamblea Nacional. El abogado constitucionalista Luis Alfonso Herrera afirma que el desacato de la AN no es más que “un invento político, ya que no hay norma jurídica alguna en Venezuela que establezca que si la AN no obedece una sentencia de la Sala Constitucional, queda imposibilitada de ejercer sus funciones”.

5. El Gobierno no ha acatado ninguna de las leyes y decisiones en las que la AN ha trabajado

Los diputados opositores cumplen año y medio legislando y discutiendo cómo mejorar el país y hacer justicia, pero los resultados de sus leyes y políticas nunca se vieron, porque el Gobierno lo impidió a través del TSJ. Doce de las 16 leyes que emanó el Poder Legislativo fueron anuladas por el tribunal. Cincuenta y seis sentencias contra la AN precedieron al Golpe de Estado que el TSJ dio con las dos decisiones que anularon los poderes parlamentarios, y que fueron luego revertidas.

6. La Consulta Popular fue una protesta multitudinaria inédita y el Gobierno de Maduro no lo ha reconocido

7.535.259 venezolanos participaron en una Consulta Popular histórica para tomar una postura ante la asamblea nacional constituyente del oficialismo. Docenas de países reconocieron el resultado del ejercicio ciudadano que no estuvo organizado por una institución oficial, sino por la sociedad civil, las universidades y la coalición opositora. Son siete millones que el oficialismo intentó luego superar en la elección de la ANC acusada de fraude y son siete millones que, hasta ahora, el gobierno de Maduro se ha empeñado en desconocer.

7. Tarek William Saab investiga tala de árboles durante protestas, a pesar de que aún hay casos abiertos por muertes

El Ministerio Público dirigido por la Fiscal Luisa Ortega Díaz investigó la muerte de más de 100 personas en el contexto de las protestas antigubernamentales. Por ser culpables, imputó a funcionarios de la GNB y la PNB, y aún revisaba casos en los que funcionarios de la FANB estaban involucrados. También resaltó las acciones violentas de grupos civiles armados –conocidos como colectivos– contra manifestantes, y adelantó que su despacho seguía la pista de estos grupos paramilitares por estar señalados como culpables del homicidio de varias personas durante las manifestaciones.

Pero la persecución política del Gobierno hizo que Ortega Díaz dejara el país. La ANC designó en su lugar a Tarek William Saab, quien actualmente investiga la tala de árboles durante las protestas –y no exactamente en Amazonas, en el parque nacional Canaima o en el Arco Minero del Orinoco–. Con esto parece dejar de lado las muertes y los casos de corrupción que el MP llevaba adelante.

8. Sí hubo tiempo para la Constituyente, pero no para el Referéndum Revocatorio

Frente a una constituyente organizada en menos de tres meses, es válido recordar los intentos de la oposición por llevar a cabo un referéndum revocatorio en 2016. El CNE se tomó siete meses en verificar las firmas correspondientes a 1% del padrón electoral, no aceptó muchas de las planillas porque “Nicolás” no tenía el acento en la A, y luego solo otorgó 300 maquinas para verificar las rúbricas de 20% de las voluntades. Tras vencer todos los obstáculos, siete tribunales penales de siete estados ordenaron posponer la recolección de firmas porque 1% presentaba irregularidades. El CNE acató la decisión y suspendió el proceso “hasta nueva orden judicial”.

Más de medio año después, si bien no ha tenido nuevos avances, este proceso judicial resulta la excusa perfecta para generar problemas en otros ámbitos. El CNE prohibió a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentar candidatos en siete estados del país como consecuencia de “decisiones acordadas por juzgados de esos estados, relacionadas con juicios que se vienen adelantando desde el año pasado”, como señaló un boletín del CNE sin despertar el recuerdo del revocatorio.

9. El oficialismo perdió toda su popularidad y está aislado en la región

La popularidad de Maduro entre la población venezolana es la más baja de un presidente desde 1990, según Torino Capital. Para el mes de julio, su nivel de aprobación se ubicaba en 17,4% de acuerdo al sondeo de la firma encuestadora Datanálisis. Durante el año, demás estudios de opinión han arrojado resultados similares, que rompen con la alta popularidad que mantenía el difunto presidente Chavez. En el ámbito internacional Maduro tampoco goza de buena reputación. Gobiernos de más de 40 países han criticado, rechazado, condenado y desconocido la asamblea nacional constituyente, así como la destitución de la fiscal Luisa Ortega Díaz y la usurpación de poderes de la Asamblea Nacional a manos de la ANC.

10. Cuatro meses continuos de protesta señalan que nada está bien en Venezuela

Las protestas que iniciaron el 1 de abril, a raíz del golpe de Estado a la Asamblea Nacional y la declaración de ruptura del hilo constitucional por parte de la fiscal Ortega Díaz, se mantuvieron durante cuatro meses con manifestaciones diarias en las calles de todo el territorio nacional. La inseguridad, la escasez de alimentos y medicinas, la inflación, el decaimiento de los servicios básicos como la luz, agua, gas, aunado a la corrupción del gobierno y la violación de derechos humanos fueron el combustible para los más de 100 días de protesta, durante los cuales se pedía también la cancelación de la constituyente y el llamado a elecciones, entre otras cosas. A pesar de que las protestas decayeron tras la instalación de la ANC, los mismos problemas continúan causando pesar en la sociedad, por lo que todas las apuestas giran en torno a las venideras elecciones regionales.

¿Recuerdas algo que Maduro quiere que olvidemos? Estaremos tomando sugerencias de los comentarios de los lectores para ampliar esta nota.

La Asamblea Nacional rechazó hoy la destitución de Luisa Ortega como fiscal general y el nombramiento de Tarek William Saab en su lugar hechos por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano integrado únicamente por representantes afines al Gobierno.

“Reiteramos que la única Fiscal General es Luisa Ortega Díaz. Tarek William Saab sólo usurpa dos cargos, porque tampoco defiende al pueblo”, sentenció la diputada.

El acuerdo presentado hoy en el Parlamento contiene los siguientes siete puntos:

PRIMERO: Reafirmar el mandato contenido en el artículo 333 de la Constitución y, por tanto, la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por encima de cualquier acto o usurpación emanados de la fraudulenta asamblea nacional constituyente.

SEGUNDO: Reiterar que mantiene y defenderá el dominio jurídico sobre el Palacio Federal Legislativo, sede natural de la Asamblea Nacional, como órgano representativo del pueblo de Venezuela de legitimidad incontestable avalada por más de catorce millones de electores, que eligieron a sus miembros con reglas democráticas.

TERCERO: Advertir que la decisión de remover a la Fiscal General de la República adoptada por el órgano constituyente espurio es absolutamente nula e inexistente, pues implica usurpación de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional; igualmente nulo e inexistente es el acto de designación de Tarek William Saab como Fiscal General de la República.

CUARTO: Respaldar a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en su determinación de continuar en el desempeño de las funciones para las que fue designada por la Asamblea Nacional y rechazar el proceder arbitrario de efectivos militares que, siguiendo instrucciones del régimen dictatorial, fuera de toda legalidad, impidieron a la titular del Ministerio Público el ingreso a la sede de la institución, así como deplorar la violación del derecho al debido proceso cometida por el Tribunal Supremo de Justicia y por el órgano supuestamente constituyente.

QUINTO: Denunciar la grave violación a los derechos humanos que se origina en el establecimiento de una supuesta comisión de la verdad, concebida por los protagonistas de la represión indiscriminada como como un órgano persecutor, dotado de poderes coactivos y que osará fijar responsabilidades al margen de las garantías judiciales y de los principios más fundamentales de un Estado de Derecho.

SEXTO: Evaluar los pormenores del acto que pretenda crear la señalada comisión de la verdad y elaborar informe sobre las violaciones a los derechos humanos que contenga, para dirigirlo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y demás instancias internacionales competentes.

SÉPTIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los siete días del mes de agosto del dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

*Con información de EFE

La Mesa de la Unidad Democrática llamó a la desobediencia civil de todos los sectores del pueblo venezolano, consagrada en el art. 350, hacia el Gobierno de Nicolás Maduro por estar «al margen de la Constitución» y llamó a activar el art. 333 para desconocer la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por no cumplir los pasos requeridos en la legislación venezolana.

El anuncio fue hecho por Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y líder del partido Primero Justicia, en nombre de la coalición opositora. Asimismo anunció que la movilización pautada para este martes en Caracas queda suspendida debido al paso de la tormenta Bret por el país.

El parlamentario recordó que «el art. 333 de nuestra carta magna expresa: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejase de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”

La MUD llamó a la desobediencia civil, constatado en el art. 350 de la Carta Magna, al declarar que el actual régimen se ha puesto al margen de la Constitución, y tanto su autoridad como las decisiones que emanen del Gobierno no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie.

La coalición opositora también asumió el art. 333 antes referido con la finalidad de desconocer la convocatoria «del fraude constituyente» y de restituir el orden constitucional para lograr el nombramiento de nuevos poderes públicos y el llamado a elecciones libres para un nuevo gobierno.

Siguiendo esta línea, pidió al pueblo de Venezuela enfrentar y desconocer activamente «el fraude constituyente en todo el territorio nacional». Igualmente pidió expresar rechazo y desconocimiento de la Constituyente a las instituciones, gremios, asociaciones y organizaciones de la sociedad.

Asimismo pidió a los venezolanos organizarse en «comités de rescate de la democracia» y constituirse en asambleas permanentes para declarar que no permitirán el uso de las escuelas y centros comunitarios como centros electorales.

Invitaron a los manifestantes a continuar en las calles, protestando pacíficamente y prometieron comunicar los resultados de un gran Acuerdo Nacional para la Gobernabilidad y Rescate de Venezuela construido entre actores políticos y diversos sectores de la sociedad «para establecer los lineamientos de la Venezuela del mañana».

Por último, hizo un llamado a todas la instituciones y en especial a la FAN, «para que en esta crisis hoy más que nunca cumplan con su deber constitucional establecido en el artículo 328 de la Constitución y con su salvaguarda establecida en el 333.»