Diversos informes han documentado que los colectivos habrían sido responsables del asesinato de al menos 13 personas en las protestas del 2015 y de otras 28 en el 2017
En el contexto de las confrontaciones armadas en Apure en 2021, se reportó que para abril de ese año más de 5.000 personas huyeron de Venezuela a los departamentos colombianos de Arauca y Vichada
El estudio de AlertaVenezuela señala que las megabandas, las organizaciones irregulares de origen colombiano y los colectivos armados imponen normas de convivencia en las zonas bajo su control
@Andrea_GP21
AlertaVenezuela, equipo de análisis e incidencia internacional en derechos humanos, advirtió que la presencia de grupos armados irregulares en el país afecta al menos 13 DDHH en toda la nación.
Así lo revelaron en el estudio «Una tragedia ignorada: La afectación humanitaria y de derechos humanos por parte de grupos irregulares en Venezuela», presentado este viernes, 23 de junio.
Dicho estudio se enfoca en las acciones de las megabandas (incluyendo los seudosindicatos), los colectivos armados y las organizaciones irregulares de origen colombiano.
En el texto se advierte que la actividad de grupos armados irregulares con control de territorio y capacidad de gobernanza afecta todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Según AlertaVenezuela, a pesar de la situación, esto es un tema ausente del debate público, por lo que esperan que el estudio se posicione en la agenda y en espacios de negociación de Venezuela y Colombia.
Conocimiento y complicidad de las autoridades
En la última década han proliferado los grupos armados irregulares en el país. Según AlertaVenezuela, el crecimiento de estos grupos ocurre en un «contexto de fragmentación del poder» y representa una barrera para la «recuperación de la institucionalidad».
Muchas de estas estructuras, añade el estudio, funcionan con la «anuencia de las autoridades» y, en otros casos, incluso, «en complicidad con funcionarios uniformados y grupos armados de carácter paramilitar».
Además, señala el texto, hay casos en los que el gobierno «les ha cedido a estos grupos control sobre porciones del territorio del país o les ha dado funciones dentro de la estructura gubernamental».
Por otra parte, el influjo de estos grupos no se limita a los temas de seguridad, sino que abarca aspectos de la vida cotidiana como el acceso a alimentos, medicinas, agua, el tránsito por rutas turísticas, coacción en elecciones, entre otros.
Gobernanza criminal
La actividad de las megabandas, colectivos armados y organizaciones irregulares de origen colombiano solo es posible, de acuerdo con el texto, con la «anuencia o complicidad de autoridades civiles y militares».
Asimismo, estos grupos desempeñan funciones de Estado en zonas donde este no se encuentra presente, por lo que «llenan un vacío» en áreas como la convivencia comunitaria, justicia, manejo de servicios, protección armada, entre otros.
Como consecuencia de esto, se configura aquello que se conoce como «gobernanza criminal», lo cual genera en la población una cultura de aceptación a fin de preservar la propia seguridad frente al poder armado irregular.
Vale destacar, además, que cuando el Estado cede el control de un territorio a estos grupos, funcionarios policiales y militares no tienen acceso a la zona y su presencia es simbólica o hasta subordinada.
El Estado solo interviene cuando considera que el grupo traspasó un «límite intangible» que no debió transgredir «porque está disputando un nivel de autoridad que no se le otorgó», destaca el estudio.
Megabandas y seudosindicatos
El abogado criminalista Fermín Mármol señala que las megabandas son «estructuras delictivas con más de 80 integrantes, entre hombres y mujeres, que no solo tienen sus armas cortas sino armas largas y artefactos explosivos tipo granadas».
Además, Mármol señala que este tipo de estructuras tienen un radio de acción que traspasa los muros de un estado, teniendo influencia en al menos dos entidades del país.
Los seudosindicatos son grupos que surgieron al amparo de los sindicatos en las áreas de construcción, industria petrolera y la minería «para controlar los cupos de empleo en esas actividades mediante la extorsión y que evolucionaron como estructuras criminales».
Sobre el origen de las megabandas, aunque no es posible afirmar que se deba a las zonas de paz, en algunas regiones del país, la declaración de estas áreas «se convirtió en un factor facilitador de su desarrollo y fortalecimiento».
Señala el texto de AlertaVenezuela que en zonas como la Cota 905, el fortalecimiento de las megabandas se dio por «acuerdos entre líderes de la banda de esa zona con otros barrios cercanos, pero también en territorios en los que el Estado no tiene presencia».
En cuanto al origen de los seudosindicatos, de los tres sectores de los que surgieron solo se mantiene el de la minería, con actividad en el estado Bolívar, «donde controla la actividad de extracción ilegal de oro y otros minerales preciosos y estratégicos».
Colectivos armados
Los colectivos ya existían como organizaciones de base ubicadas en zonas populares antes de la llegada de Hugo Chávez. Para entonces, ejercían trabajo político, comunitario y cultural. Algunos de ellos son residuos de los focos guerrilleros de la década de 1960.
Bajo el chavismo, estos grupos crecieron y se multiplicaron, siendo dotados de armas hasta convertirse en «grupos paramilitares».
Entre los años 2000 y 2013, los colectivos se encargaron de atacar y dispersar las protestas contra Hugo Chávez atacando medios de comunicación, la sede de Fedecámaras y hasta embajadas.
La actividad represiva de estos grupos se intensificaba en épocas de manifestaciones y esta está documentada en las protestas de los años 2014, 2017 y 2019.
Los colectivos tienen presencia en gran parte del país, fundamentalmente en zonas urbanas. Son muy activos en Caracas y en capitales de entidades como Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, Barquisimeto, Ciudad Guayana, San Fernando de Apure y Los Teques.
Este es el grupo que tiene la mayor cantidad de evidencia de interacciones con autoridades del Estado.
Organizaciones irregulares de origen colombiano
Se trata de estructuras ilegales de combate, militarizadas y que en Colombia tienen un «carácter insurreccional», pero que, al instalarse en Venezuela desde la época de Chávez y con el gobierno de Nicolás Maduro, su carácter subversivo «se ha disipado».
De acuerdo con AlertaVenezuela, se identificó una organización guerrillera venezolana denominada Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL), y dos colombianas, las disidencias de las ex-Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Sobre el FBL, este tenía presencia fundamental en Táchira y Apure, pero actualmente se encuentra mermada y perseguida por autoridades venezolanas que han detenido a varios de sus integrantes.
Con respecto a las disidencias de las FARC y el ELN, ambos grupos tenían presencia en el país, al menos, desde la década de 1980, pero usaban el territorio del país para resguardarse y abastecerse, por lo que esa presencia no era permanente.
Sin embargo, desde el 2015, las organizaciones irregulares de origen colombiano comenzaron a asentarse de manera más permanente en territorio venezolano.
A partir del proceso de paz con las FARC en Colombia en 2016, el ELN se posicionó mejor en estados fronterizos, en los espacios que dejó el primer grupo.
No obstante, en 2019 una fracción de las disidencias de la ex-FARC rompió el proceso de paz y se trasladó a territorio venezolano, donde instaló lo que se conoce como la «Segunda Marquetalia» y entró en conflicto con otro grupo de las FARC que nunca se acogió al proceso de paz del 2016.
Las disidencias de las ex-FARC y el ELN se consideran como organizaciones irregulares binacionales, pues no solo ocupan espacio en ambos países, sino que además cuentan con integrantes de nacionalidad venezolana en sus filas.
Afectación a los derechos humanos
Las afectaciones que generan estos grupos armados irregulares son violaciones a los derechos humanos, pues el Estado debe velar por la protección de la ciudadanía e incurre en su violación por su acción directa y por abstenerse de intervenir.
Derecho a la vida
Diversos informes han documentado que los colectivos habrían sido responsables del asesinato de al menos 13 personas en las protestas del 2015 y de otras 28 en el 2017.
Por su parte, las megabandas han implementado en distintas zonas populares «códigos de convivencia social» en los que la denuncia de situaciones irregulares se paga con desapariciones y asesinatos.
También, según AlertaVenezuela, existen denuncias sobre asesinatos por parte de organizaciones irregulares de origen colombiano en la zona sur del país, incluyendo las acciones más recientes del ELN como grupo paramilitar mediante la «limpieza social».
Derecho a la integridad personal
Fuentes entrevistadas para el estudio de AlertaVenezuela afirmaron que los colectivos han participado en prácticas de tortura en distintas zonas del país usando métodos similares a los de las fuerzas de seguridad estatales.
Lo anterior, según el texto, sugiere que integrantes de colectivos armados podrían ser al mismo tiempo funcionarios de los organismos de inteligencia o policiales del Estado, o actuar en coordinación con estos.
La sede de la antigua Policía Metropolitana en Cotiza, Caracas, es usada como centro de detención y tortura por parte del colectivo que tomó esas instalaciones.
Asimismo, personas entrevistadas en estados fronterizos narraron episodios de tortura por parte del ELN en contra de personas señaladas por haber cometido robos.
Aunque la tortura se usa en menor medida por parte de las megabandas, se conocieron casos relacionados con delaciones y con resistencia al pago de extorsión. En algunos casos, las personas ejecutadas muestran signos de tortura.
Derecho a la libertad personal
Personas entrevistadas para el estudio de AlertaVenezuela señalaron que existen privaciones arbitrarias de libertad practicadas por grupos armados irregulares contra la población civil.
En algunos de los casos, las privaciones de libertad arbitrarias se dan con fines de extorsión y secuestro, y en otros como castigo contra la disidencia real o percibida.
Según el texto, los colectivos también practican privaciones de libertad por motivos políticos, bien sea por cuenta propia o para entregar al detenido a algún cuerpo policial sin las debidas garantías, especialmente en el contexto de represión a manifestaciones.
Por otra parte, fuentes apuntan a que el ELN ha empleado acciones de inteligencia en zonas fronterizas para delatar a presuntos opositores a Maduro con el fin de que sean detenidos por fuerzas estatales.
Derecho al libre tránsito
El estudio señala que las megabandas, las organizaciones irregulares de origen colombiano y los colectivos armados imponen normas de convivencia en las zonas bajo su control.
Estos grupos facilitan cierta seguridad a cambio de restricciones en la libertad de tránsito, como prohibir el acceso a determinados lugares; pagar vacuna para pasar por determinadas rutas, principalmente contra comerciantes, entre otros.
Sobre el caso particular de los colectivos, es usual que obliguen a las personas a asistir a actos políticos del Gobierno para no perder subsidios sociales, sobre todo alimentos.
Personas entrevistadas para el estudio de AlertaVenezuela coinciden en que el accionar de grupos armados irregulares ha motivado el deseo de muchas personas de salir de las zonas controladas.
Desplazamiento interno
Activistas señalaron para el estudio que grupos indígenas se han desplazado dentro del sur o hacia el centro del país por la presión de grupos armados irregulares.
También, en la frontera colombo-venezolana existe un contexto de violencia provocado por enfrentamientos entre grupos armados irregulares, lo que ha generado desplazamiento de personas, incluyendo mujeres y niños, niñas y adolescentes.
Según el estudio de AlertaVenezuela, ese conflicto genera asesinatos, desapariciones, secuestros y reclutamiento, con la anuencia del Estado venezolano.
Asimismo, mujeres y niñas han experimentado formas complejas e interseccionales de violencia y están particularmente expuestas a formas graves de violencia de género, incluyendo trata de personas y violencia sexual.
Este desplazamiento también es un fenómeno que se sufre en zonas urbanas donde operan megabandas, ya que familias con hijos adolescentes prefieren trasladarse a otras áreas para evitar que sus hijos sean captados por las organizaciones criminales.
Derecho a salir del propio país y a retornar
El estudio de AlertaVenezuela advierte que la migración forzada de personas del territorio venezolano obedece en algunos casos a la actuación de grupos armados irregulares que afectan el derecho a residir en el propio país a retornar en condiciones dignas.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre las cuatro razones de las personas entrevistadas para salir del territorio venezolano se encuentra «la inseguridad y la violencia», ocupando el tercer lugar (12 %) de las motivaciones registradas.
La seguridad a menudo se relaciona con grupos como las megabandas, que han practicado crímenes como el secuestro, la extorsión y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, lo cual ha propiciado la migración forzada.
También, las organizaciones irregulares de origen colombiano se suman a los grupos que han desencadenado la migración forzada.
En el contexto de las confrontaciones armadas en Apure en 2021, se reportó que para abril de ese año más de 5.000 personas huyeron de Venezuela a los departamentos colombianos de Arauca y Vichada.
Con relación a las personas retornadas a Venezuela en medio de la pandemia, su situación no escapó del rango de acción de estos grupos.
Un informe de la sociedad civil indica que el regreso por las «trochas» enfrenta riesgos como la trata de personas, «el chantaje sexual a cambio del paso, el cobro de sumas onerosas, vejámenes, estafas, humillaciones e incluso riesgos de muerte».
Derecho a la reunión pacífica
De acuerdo con el texto, los colectivos han sido responsables de actos de represión a manifestaciones opositoras, contra las cuales actúan por iniciativa propia o en coordinación con organismos del Estado.
Entre las formas de represión por parte de colectivos se encuentra la agresión física, disparos que han terminado en personas lesionadas y fallecidas, detenciones y ataques a viviendas donde se resguardan los manifestantes afectados por gases lacrimógenos.
La actuación de los colectivos en represión de protestas se registró principalmente en 2014, 2017 y 2019.
Derecho a la participación política
Según el estudio, los colectivos armados han sido utilizados para agredir físicamente a miembros de la oposición política, incluyendo a diputados de la Asamblea Nacional de 2015.
Asimismo, los colectivos han sido empleados como «instrumentos de control social en el contexto de jornadas electorales», amedrentando a sectores que reciben asistencia social y formando parte de los llamados «puntos rojos»
En algunos casos, incluso, han «asistido» a personas a votar o amenazado sobre su disposición o intención de voto.
De acuerdo con fuentes señaladas por el estudio, se ha registrado la participación del ELN en la práctica del voto asistido.
Derechos económicos, sociales y culturales
En varias zonas del país, el acceso a la alimentación es controlado por colectivos armados y megabandas.
Este control social se ejerce mediante la distribución de alimentos en las zonas bajo su mando, ya sea por medio de la entrega de las bolsas o cajas de los CLAP, y antes por la vigilancia de personas en las colas de abastos y supermercados
También, en algunos lugares, los colectivos armados controlan la vacunación y otros insumos en hospitales, la distribución de gas y de agua potable, las estaciones de gasolina y otros servicios en ciertas zonas del país.
La presencia «intimidante» de los grupos armados irregulares con control de territorio y capacidad de gobernanza también produce desplazamientos de grupos familiares.
Derechos de pueblos indígenas
Activistas que trabajan sobre derechos de los pueblos indígenas confirmaron en entrevistas que hay un gran número de indígenas incorporados a la minería en condiciones de esclavitud moderna. con abandono de sus modos
Además, se reportan extensiones de selva deforestadas, desviación decursos de ríos, contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas dentro del deterioro ambiental.
El estudio advierte que el ingreso de actores ajenos a los territorios indígenas trae enfermedades no conocidas, para las cuales los indígenas no tienen defensas, por lo que se generan afectaciones a su salud.
Las mujeres indígenas «son sometidas a esclavitud sexual y son víctimas de redes de trata y diversas formas de violencia basada en el género».
Por otra parte, la mayoría de los indígenas sufren explotación laboral en condiciones de servidumbre, y otros se incorporan a grupos armados irregulares en sus territorios como forma de sobrevivencia.
Tráfico y trata de personas
En general, de acuerdo con el texto, la mayoría de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que llegan a países vecinos se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad.
Con frecuencia, estas personas se ven obligadas a tomar rutas irregulares para llegar a su destino, corriendo el riesgo de exponerse a redes de traficantes controladas por grupos armados irregulares, especialmente en las zonas fronterizas con Colombia.
Además, AlertaVenezuela señala que el tráfico de personas es una actividad dominada por megabandas en las costas de los estados Sucre y Delta Amacuro, desde donde se inicia el viaje a Trinidad y Tobago.
El Tapón del Darién en Panamá y todo el trayecto hasta la frontera sur de EEUU es de las rutas más peligrosas debido a la presencia de grupos armados irregulares, donde mujeres y niñas son expuestas a altos niveles de violencia sexual a lo largo del trayecto.
La mayor parte de la trata está en manos de megabandas y esta también existe de forma interna en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero.
Explotación infantil
AlertaVenezuela, en su estudio sobre los grupos armados irregulares, encontró que las dinámicas de vigilancia y reclutamiento de megabandas en zonas populares del país implican una situación límite a niños, niñas y adolescentes.
Ante la ausencia de Estado y la emergencia humanitaria del país, los jóvenes se ven obligados a vincularse con un actor que brinde seguridad. Las bandas les proporcionan armas con el doble propósito de brindar protección a la organización criminal y a ellos mismos.
A su vez, grupos irregulares en zonas sur del país han reclutado y generado situaciones de explotación laboral de niños, niñas y adolescentes para trabajos pesados o de alto riesgo.
Derecho de las mujeres
Según el estudio, las principales afectaciones a los derechos de las mujeres por parte de estos grupos con control de territorio y capacidad de gobernanza se expresan en la violencia basada en género y la trata con fines de explotación sexual.
Además, una práctica registrada en zonas indígenas es la de obstaculizar a las jóvenes el acceso a derechos hasta que aceptan a tener sexo con los «guerrilleros».
Muchas mujeres en extrema vulnerabilidad que llegan a zonas fronterizas solas o con uno o más hijos «son aprovechadas por grupos que las engañan y obligan a trasladarse a zonas rurales donde son puestas al servicio de miembros de grupos armados irregulares.
Derecho al trabajo y a la libertad económica
Tanto las megabandas, seudosindicatos, colectivos y organizaciones irregulares de origen colombiano, según el estudio, usan la extorsión como un «mecanismo de autofinanciamiento y sometimiento político».
Muchos de quienes se resisten pueden ser víctimas de agresiones, amenazas de muerte, destrucción de sus negocios.
En el caso particular de las zonas rurales hay afectaciones por robo de ganado y de cosechas; allí, «el cobro de vacuna es indispensable para sacar los productos al mercado, lo que encarece sus costos».
Asimismo, en regiones costeras, también se ve afectada la actividad pesquera, pues los grupos armados irregulares «recurren a la piratería y se roban la pesca, motores o embarcaciones».
