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Guanipa denuncia que colectivos armados mantuvieron retenida caravana de Guaidó

EL DIPUTADO A LA ASAMBLEA NACIONAL Y DIRIGENTE DE PRIMERO JUSTICIA, Juan Pablo Guanipa, denunció la tarde de este domingo que colectivos armados (paramilitares del chavismo) rodearon la caravana que acompañaba al presidente encargado de la República, Juan Guaidó, cuando esta iba en la vía entre la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, en Zulia, y el estado Falcón.

“Estamos en la vía a Falcon y un grupo de colectivos armados nos tiene retenidos y amenazados junto al presidente Juan Guaidó. No nos dejan pasar y tampoco retroceder. El Cobarde del usurpador usa sus hordas para amedrentarnos”, reclamó en un mensaje en Twitter el parlamentario, alrededor de las 6:00 pm.

Una hora más tarde, Guanipa aclaró que aunque el grupo logró salir del lugar y resguardarse, parte del equipo fue agredido y amenazado por los “paramilitares armados”.

Declaración de Padrino sobre colectivos provoca respuesta de John Bolton

DESDE LA NOCHE DEL PASADO VIERNES, 5 de abril, comenzó a circular el documento oficial. En el radiograma 1011, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, defendió a los colectivos pro gobierno y advirtió que existen planes de la oposición para infiltrar “mercenarios” en estas organizaciones. También aprovechó para repetir una alerta: la Fuerza Armada Nacional no tolerará a los “grupos armados” que estén al margen de la ley.

“En medio de la campaña mediática desplegada como parte de la guerra híbrida que se ejecuta contra la patria, a tales colectivos (que en un párrafo anterior había descrito como conglomerados de índole artístico, cultural, político, educativo, deportivo, comunicacional, productivo u otro, que trabajan en beneficio de la comunidad) se les ha pretendido asociar con grupos armados y generadores de violencia, de delincuencia común u organizada de tipo urbano y extraurbano”, señala el comunicado.

En otro párrafo, sin embargo, recalcó que “no podrá denominarse colectivo a ninguna asociación que genere violencia, pues esta sería la antítesis de su concepción originaria”.

radiograma 1011

Padrino indicó que la Fuerza Armada Nacional (FAN) apoya de forma “irrestricta” las decisiones de Nicolás Maduro “en cuanto a la participación del pueblo organizado para garantizar la paz de la nación”.

Con esa frase respaldó el llamado que hizo el gobernante el pasado 11 de marzo, para la conformación de una “resistencia activa” que se mantenga a través de las “cuadrillas de paz”. Esto lo anunció Maduro después de que se registraran manifestaciones en varios estados del país a raíz de los mega apagones que dejaron a oscuras a Venezuela durante varios días de marzo.

Pese a esta afirmación, Padrino afirmó que la FAN “actuará firmemente contra cualquier grupo armado que opere al margen de la ley”.

La declaración de Padrino generó una reacción este domingo, 7 de abril: John Bolton, asesor de seguridad de Estados Unidos, envió un tuit a la cuenta personal del ministro de la Defensa para referirle que la presencia de los colectivos debilitan a la FAN.

“General Vladimir Padrino, Maduro y Cabello quieren debilitar a la FAN empoderando a estos colectivos terroristas y a sus cómplices extranjeros. Esto socava la Constitución y la integridad territorial de Venezuela. El militar existe para proteger al pueblo de Venezuela”, apunta el mensaje del funcionario estadounidense.

No es la primera vez que el ministro de la Defensa se refiere públicamente a los colectivos. En marzo de 2018, varios mensajes en Twitter en los que diferenciaba a los colectivos culturales de los armados dejaron constancia de ello.

“La fundamentación de la Revolución Bolivariana está en el pueblo, en la organización popular, en las comunas, en los colectivos para el arte, la música, la política, el deporte y la vida, NO en esas organizaciones que han malinterpretado el mensaje y se hacen llamar colectivos”, dijo en un discurso que fue reproducido en la cuenta del equipo de prensa de la FAN en la red social.

En otro mensaje, aclaró que las “conquistas sociales” solo serían posibles con la unión cívico-miltar.

“Voy a fijar posición como Ministro del Poder Popular para la Defensa: ¡Nosotros rechazamos a esos grupos que se hacen llamar colectivos y andan blandiendo armas!”, añadió en el discurso reseñado en Twitter.

“La Revolución Bolivariana NO necesita grupos armados al margen de la ley. La Revolución Bolivariana, el Estado y el pueblo venezolano tienen y cuentan con una FANB cumpliendo constitucionalmente sus tareas”, remató en aquellas palabras pronunciadas en marzo de 2018.

Trece meses después, sin que los militares hayan actuado para repeler los ataques de los colectivos contra los ciudadanos, Padrino repite que los uniformados se levantarán ante los “grupos armados al margen de la ley”.

Reprimieron marchas de Operación Libertad en Lara y Yaracuy

Fuerzas del Estados reprimieron las marchas que se desarrollaron este sábado, 6 de abril, en ciudades de los estados Lara y Yaracuy, en la región centroccidental del país, durante la primera convocatoria de la Operación Libertad, liderada por el presidente encargado, Juan Guaidó.

En San Felipe, uniformados arremetieron contra los manifestantes con bombas lacrimógenas, al tiempo que colectivos (paramilitares del chavismo) amedrentaron y robaron a quienes salieron a protestar. Sin embargo, un grupo de ciudadanos golpeó y bajó de sus motocicletas a algunos de los encapuchados.

En Lara, la Guardia Nacional atacó con gases lacrimógenas a quienes estaban concentrados en el Distribuidor Bellas Artes de Cabudare, al final de la avenida Nectario María (La Ribereña), y bloqueó la vía con un cordón de uniformados armados.

El mismo cuerpo militar hizo lo propio a otro grupo que marchaba en la avenida Libertador de Barquisimeto con calle 54, según denunció el diputado Daniel Antequera.

Más información en El Nacional.

Colectivos asediaron a periodistas que cubrían visita de comisión de la ONU en Lara

REPORTEROS DEL MEDIO DIGITAL EL PITAZO Y DEL DIARIO EL INFORMADORen el estado Lara, fueron asediados por colectivos este sábado, 16 de marzo, mientras cubrían una protesta frente al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, donde se esperaba la visita de misión de la Oficina de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que el director de Salud de la entidad, Javier Cabrera, descalificó a la prensa y expuso a los periodistas. “Son actores políticos. Vienen a tergiversar la información”, afirmó. Ante esto, los reporteros debieron resguardarse dentro del hospital, con ayuda de los familiares de los enfermos para evitar agresiones.

El reportero gráfico Emmanuel De Sousa, de El Informador, fue amenazado por colectivos en el urbanismo de la Misión Vivienda Alí Primera, mientras cubría la vista de la comisión de la ONU. Allí lo persiguieron y acosaron para arrebatarle sus equipos.

Tales ataques ocurren un día después de que la misma comisión visitara el Hospital Central de Valencia, donde colectivos agredieron a dirigentes estudiantiles y familiares de pacientes que manifestaban en el lugar.

ESPECIAL | Protestas 2017: Memorias de calle, furia e impunidad

EL 1 DE ABRIL DE 2017 INICIÓ UNA OLEADA DE PROTESTAS en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera dos sentencias que dejaron sin poderes a la Asamblea Nacional y otorgaron nuevas licencias a la máxima corte y al presidente Nicolás Maduro. La acción, que constituyó un golpe de Estado según los expertos, propició una serie de manifestaciones para exigir la liberación de todos los presos políticos, la apertura del canal humanitario, un cronograma electoral para realizar los comicios vencidos y el restablecimiento de los poderes del Parlamento.

Pero con el conflicto llegó la muerte. La acción represiva de los cuerpos de seguridad del Estado, la participación de los paramilitares o colectivos armados y los episodios de violencia registrados en medio de las movilizaciones, trajeron consigo una serie de homicidios.

Runrun.es comenzó a llevar un registro de las personas que murieron desde el 6 de abril de 2017, cuando se reportó la primera víctima, hasta el 12 de febrero de 2018, cuando falleció en Mérida uno de los jóvenes heridos en estos hechos. En total, fueron 158 caídos.

Este especial muestra toda la información recopilada sobre cada uno de los muertos y la situación de impunidad en la que está cada caso cuando se cumple un año de haberse iniciado el período de protestas. Además, presenta un balance sobre lo que sucedió en las calles en esos cuatro meses; los personajes que protagonizaron las movilizaciones y aquellos que intentaron contenerlas a través de las armas, y la lectura sobre lo que los días por venir que hacen la sociedad civil organizada y los políticos jóvenes que estuvieron más activos en esas jornadas de lacrimógenas, detonaciones, terror y más de un centenar de víctimas fatales.

Haz clic en este enlace o en la imagen siguiente para acceder al especial.

 

 

 

Protestas 2017 | Colectivos: de ejecutores de un patrón a parte de un sistema represivo
El Plan Zamora validó la acción de los grupos paramilitares del chavismo durante las manifestaciones del año pasado
Veintiocho de las 158 muertes ocurridas en medio de las movilizaciones se atribuyen a los civiles armados progobierno

Lorena Meléndez G. | @loremelendez y Paola Martínez | @mpaolams / Especial para Provea

MIGUEL ÁNGEL COLMENÁREZ MILANO, de 36 años, caminaba cerca de su casa la noche del 11 de abril de 2017 junto a cuatro amigos cuando se topó con sus victimarios. En la calle 60 de Barquisimeto, en el estado Lara, se habían levantado dos barricadas en medio de la ola de manifestaciones antigobierno que se habían desatado en el país una decena de días atrás. Miguel Ángel había salido para ver lo que sucedía en la calle y poco después fue rodeado por hombres armados y encapuchados. Eran los colectivos que minutos más tarde lo asesinaron.

Uno de los testigos de aquella noche relató el hecho hace un año a Runrun.es. Recordó que los atacantes arribaron en tres taxis del Gobierno y una camioneta Bronco de color negro. Estos conocían a unos supuestos guardias nacionales que minutos antes habían interrogado a la víctima y a sus amigos. Pero los colectivos no los dejaron moverse después de que los uniformados les habían entregado sus documentos de identidad. “Nos preguntaron si estábamos manifestando, porque en la calle 60 con carrera 15 había protestas en ese momento. Les dijimos que no y hasta nos agarraron las manos y nos las olieron para ver si olían a gasolina. Nos requisaron y nos quitaron los teléfonos y todas nuestras pertenencias”, afirmó el sobreviviente.

Lo siguiente que pasó fue que a los cinco amigos los tiraron al piso. Los golpearon, los insultaron y amenazaron con matarlos. Detonaron frente a ellos un artefacto explosivo y luego les ordenaron que huyeran en carrera y, en ese momento, dispararon. A Miguel Ángel lo impactaron en la espalda con una escopeta y la bala salió por su pecho. A uno más lo hirieron en el glúteo y en la pierna y a otro en el hombro.

Miguel Ángel murió esa misma noche con una herida que le desprendió las vísceras y 11 perforaciones en el cuerpo producto de la explosión previa. Fue la primera víctima –de un total de 28, de acuerdo con datos recogidos por Runrun.es–, que murió en manos de colectivos paramilitares durante las protestas de 2017, un año en el que estos grupos de civiles armados vieron respaldadas sus acciones de asedio, represión y amedrentamiento con un proyecto gubernamental que, según expertos, los amparó: el Plan Zamora, que desde el 18 de abril –poco después de la caída de Miguel Ángel– instauró la “unión cívico-militar” con el fin de acabar con el “golpe de Estado” que, para el presidente Nicolás Maduro, “la derecha” quería darle a través de las movilizaciones de calle.

El mismo día que mataron a Miguel, al noreste de Barquisimeto, un miembro de un colectivo le disparó a Brayan Principal, un adolescente de 14 años que había salido de su residencia, ubicada en la “Misión Vivienda” Alí Primera, a comprar la cena para su familia. Cuando apenas se asomó a la entrada del urbanismo, comenzó una balacera que buscaba castigar a quienes habían cerrado el acceso a la vía principal de la zona con barricadas de cauchos quemados en medio de la calle. El muchacho murió al día siguiente con el intestino perforado.

No es casual que las dos primeras víctimas de los colectivos hayan caído en Lara. Según el registro de Runrun.es, esta fue la segunda entidad en registrar el mayor número de homicidios cometidos por los paramilitares durante las movilizaciones del año pasado: seis en total. En este conteo únicamente los supera Táchira, con ocho muertes, donde solo durante el fin de semana de la elección de la asamblea nacional constituyente –cuando la oposición instó a manifestar en los alrededores de los centros de votación para intentar impedir los comicios– asesinaron a seis personas. Mérida se ubica en el tercer lugar, con cinco caídos, Distrito Capital le sigue con tres y Barinas con dos.

En el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) se señala que la presencia de los grupos armados se confirmó en al menos 523 manifestaciones de las 6.729 que se registraron entre abril y julio del año pasado. Según la organización, en la mayoría de las movilizaciones donde estuvieron los paramilitares se reportaron heridos de bala, sobre todo en Distrito Capital, Táchira, Mérida, Lara –los cuatro estados en donde hubo mayor cantidad de víctimas fatales por estos grupos–, además de Carabobo, Miranda, Aragua y Anzoátegui.

Los ataques letales de los colectivos marcaron también la ola de manifestaciones contra Nicolás Maduro en 2014, quien ese mismo año salió en su defensa y aseguró que se habían organizado para defender a las comunidades en las que operaban. En ese período de movilizaciones asesinaron al menos a 13 personas, según el informe “Protestas y Derechos Humanos en Venezuela – Febrero a mayo 2014”, de Foro Penal: Juan Montoya, Robert Redman, Génesis Carmona, Wilmer Carballo, Giselle Rubilar, Daniel Tinoco, Jesús Enrique Acosta Matute, Guillermo Alfonso Sánchez Velásquez, Wilfredo Rey, José Cirilo Darma García, Gabriel Daza, Argenis Hernández y Miguel Antonio Parra. Con estos homicidios confirmaron, más que en ningún otro momento, que eran el brazo armado del nuevo gobierno.

Del patrón al sistema de represión

El informe “Venezuela: Manifestantes en la mira de colectivos paramilitares” del OVCS, indicó en febrero de 2015 que estos grupos estaban incluidos dentro de un patrón represivo practicado durante las movilizaciones de 2014 e ideado por el gobierno para responder ante cualquier manifestación de disidencia.

El documento estableció como características de este modelo de violencia los ataques conjuntos entre Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y paramilitares; el uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego; la práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes, así como de torturas y abusos sexuales; las detenciones arbitrarias, los allanamientos sin orden judicial y la criminalización de la protesta; la ejecución de ataques a quienes manifiestan durante la transmisión de cadenas presidenciales de radio y televisión; “fuertes” operativos de la fuerza pública y paramilitar ejecutados después de las 6:00 pm; agresiones a periodistas durante la cobertura de movilizaciones; persecución a dirigentes de partidos de oposición y a líderes sociales y estudiantiles.

Cuatro años después, y luego de un período más largo y masivo de protestas, el director del OVCS, Marco Ponce, advierte que el patrón es un sistema consolidado que dejó más de un centenar de víctimas fatales.

“El espectro de la represión avanza en Venezuela y hablamos de un sistema de represión donde los colectivos paramilitares tienen un rol fundamental (…) En 2017 formaron parte de la estructura del Plan Zamora que diseñó el gobierno de Maduro para reprimir y afectar los derechos humanos de los civiles. Hoy, los colectivos tienen mayor presencia en la vida política nacional y hasta en la económica”, recalcó el sociólogo, quien recordó la participación que los paramilitares tienen en el control social que se ejerce a través de la distribución de alimentos en las zonas que están bajo su mando, ya sea por medio de la entrega de las bolsas o cajas de los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), o de la “vigilancia” en las colas de los abastos y supermercados.

Mencionó también que el poder que detentan queda evidenciado en imágenes como las difundidas en febrero pasado cuando el prófugo de la justicia y líder del colectivo La Piedrita, Valentín Santana, se grabó al besar y estrechar la mano –sin soltar sus armas largas– de la alcaldesa de Libertador, Érika Farías; la jefa del Distrito Capital y ex ministra de la Suprema Felicidad, Carolina Cestari; el ministro de Cultura, Ernesto Villegas y el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral del Distrito Capital (Zodi), general de división Fabio Enrique Zavarse, durante la realización de ejercicios militares en la parroquia 23 de Enero, ante una hipotética “invasión” por parte de Estados Unidos a Venezuela.

Ponce también alertó sobre las relaciones de estos grupos con los cuerpos de seguridad del Estado. “Lo que vemos actualmente es mayor coordinación porque forman parte del sistema operativo para control y represión de las manifestaciones. Ya no son simplemente simpatizantes que están allí para agredir a manifestantes, ahora cuentan con el aval de la fuerza pública y esto es una características sustancial porque cada vez con mayor fuerza e independencia (…) Son grupos sumamente poderosos, organizados, coordinados, tienen mayor fortaleza porque forman parte del Plan Zamora, que les da protección desde el gobierno de Maduro para que puedan operar con total impunidad”, concluyó.

Hubo un par de episodios que evidenciaron la complicidad entre las fuerzas de seguridad y los colectivos el año pasado. Muestra de ello es el video que confirmó que en Barquisimeto, estado Lara, los colectivos paramilitares salían a hacer rondas desde la sede del Comando de Zona Número 12 de la Guardia Nacional en Lara. La explicación al respecto del general de División José Rafael Torrealba, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Lara (Zodi Lara), fue que estos grupos ayudaban a los militares en las labores de recolección de escombros que quedaban en las vías a raíz de las barricadas. El episodio recuerda que, en 2014, los motorizados armados de Valencia salían con el mismo propósito desde las instalaciones militares del Comando Regional (Core) Número 2 de la Guardia Nacional Bolivariana.

El asalto armado al Parlamento por parte de los paramilitares es otro aval de la alianza. El ataque ocurrió durante la sesión del 5 de julio de 2017, día en el que se celebraba un nuevo aniversario de la Independencia de Venezuela. La excusa de los encapuchados fue aplicar “el 350” –el artículo de la Constitución venezolana que se refiere a la desobediencia civil– a la Asamblea Nacional que está en manos de la oposición. En el hecho se registraron al menos 12 heridos, entre los cuales estuvieron los diputados Armando Armas, Américo De Grazia, Nora Bracho, Luis Carlos Padilla y Leonardo Regnault, así como robos a varios empleados y periodistas que hacían la cobertura de la sesión especial.

Un audio difundido después del ataque reveló que las acciones de los colectivos se hicieron en coordinación con “Golfo Noviembre Lugo”, el comandante de la Guardia Nacional, Bladimir Lugo que está encargado de la seguridad del Capitolio.  

Después del Plan Zamora

La noche del 18 de abril, Nicolás Maduro encabezó una transmisión televisiva desde el Palacio de Miraflores. Sentado a una amplia mesa de madera, flanqueado por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y por el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, y frente al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y los jefes militares de cada región de la nación, informó sobre la activación del Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora, que tendría como fin “garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno y la integración social”. El anuncio lo hizo horas antes de la marcha  “Venezuela en la calle contra el golpe”, también conocida como “La madre de todas las marchas”, que había sido convocada por la oposición venezolana en todos los estados de la nación para el 19 de abril, feriado en el que se celebra la Proclamación de la Independencia del país.

Aunque nunca se dieron más detalles sobre lo que significaba la puesta en marcha de este proyecto, ni se divulgaron archivos relacionados con este, Runrun.es tuvo acceso al documento en el cual se esbozaba su definición, alcance y plan de acción.

De acuerdo con este papel, el Plan Zamora no establecía directamente la ejecución de operaciones en conjunto con los colectivos paramilitares, aunque sí tomaba en cuenta la participación de “fuerzas amigas” y entre estas incluía a civiles trabajadores de los ministerios.

“Realmente, los referentes normativos en este contexto son lo de menos porque son decisiones que se toman de facto. Por la arbitrariedad que pueden conllevar, es difícil que se consiga una base normativa. Sin embargo, hay algunos artículos difusos que asoman ciertos rasgos autoritarios y de controles ilimitados por parte del Estado”, señala al respecto Keymer Ávila, profesor universitario e investigador especializado en temas de violencia.

Hubo un informe, de carácter urgente, que se envió a los distintos Comandos Estratégico- Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en horas de la noche del 18 de abril – mientras Maduro lo anunciaba– que sí precisaba que dentro de la ejecución del Plan Zamora se activaría la “inteligencia popular”.

Para entender este último término, hay que remontarse a diciembre de 2016, cuando el presidente de la República relanzó el Sistema Popular de Protección para la Paz, un mecanismo que buscaba fortalecer la alianza “gobierno-pueblo” para la planificación de políticas y planes “en materia de Seguridad Ciudadana contra cualquier amenaza interna o externa”.

Tal programa contempla un “subsistema popular” integrado por áreas en las cuáles los colectivos han tenido una importante participación: comunas, consejos comunales, organizaciones populares y de base –desde medios comunitarios hasta grupos religiosos, deportivos y culturales– para realizar tareas de vigilancia, seguridad y contraloría social”. Ejemplo de ello en la parroquia 23 de Enero, que según en OVCS concentra el mayor número de colectivos, son las comunas El Panal 2012, formada por el colectivo “Alexis Vive Carajo”, o las actividades deportivas o de vigilancia ejecutadas por el colectivo “Tres Raíces”, el mismo que era comandado por Heyker Vásquez, el funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana que resultó muerto en la operación en la que mataron al piloto rebelde Óscar Pérez.

Para Ávila, “normativamente hablando”, este sistema es uno de los indicios de cómo el gobierno empezó en los últimos años a “entremezclar temas de seguridad ciudadana con temas de seguridad nacional, a confundir a policías con militares y a insinuar o dejar la ventana abierta para la participación de civiles en este tipo de materias”. También, sostiene, lo ha hecho por medio de una serie de modificaciones a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, entre otros decretos y resoluciones.

Un día después de la activación del Plan Zamora, hubo tres muertos durante las manifestaciones y en dos de estos homicidios estuvieron involucrados los colectivos paramilitares. Uno de ellos fue Carlos Moreno Barón, de 17 años, a quien mataron en Caracas en uno de los 26 puntos de donde saldría la movilización con rumbo a la Defensoría del Pueblo: la Plaza La Estrella de San Bernardino.

Ana Barón, la madre de Carlos, quien vivía en la cercana parroquia Candelaria, aseguró que su hijo había salido a jugar fútbol en la urbanización Chuao, ubicada en el sureste de la capital venezolana. Sin embargo, por razones que aún desconoce, terminó en medio de la manifestación en la zona norte de la ciudad, apenas a cinco cuadras de su vivienda. Hasta allí llegó más de una decena de miembros del Frente 5 de Marzo, que iban encapuchados y a bordo de motocicletas, y que dispararon contra la concentración y lanzaron bombas lacrimógenas. El piquete de la Policía Nacional Bolivariana que había estado en el lugar, específicamente en la calle paralela a donde cayó Carlos Moreno, se había retirado minutos antes del suceso.

El mismo día que mataron a Carlos Moreno murió también Paola Ramírez, la joven de 23 años que recibió un disparo cuando era asediada por paramilitares en San Cristóbal. Aquella mañana marchaba por la Quinta Avenida, en el centro de la capital tachirense, cuando corrió para ponerse a salvo de las bombas lacrimógenas y los disparos de perdigones que la Guardia Nacional utilizaba para atacar la movilización.

La muchacha puso algunas cuadras de distancia del lugar de represión y horas después, cerca de las 3:00 pm, se disponía finalmente a salir de la zona cuando tuvo que huir de nuevo, esta vez de la persecución de civiles armados. Unos 50 hombres en moto que hacían rondas para ahuyentar a manifestantes que se mantenían en el lugar, encontraron a Paola en la Plaza San Carlos, conocida también como la Plaza de Las Palomas. Videos grabados por habitantes de uno de los edificios cuyo frente da hacia el sitio mostró cómo los hombres persiguieron a la estudiante y la agredieron para quitarle sus pertenencias. Segundos después, le dijeron que corriera.

Paola cruzó el parque mientras los colectivos caminaban con la gorra tricolor, la misma popularizada por Henrique Capriles en 2012, y el bolso negro de ella en mano. En segundos, las detonaciones comenzaron a sonar y lo próximo que la cámara captó fue el cuerpo inmóvil de la joven en medio de la calle. Murió por un impacto de una bala en su costado izquierdo.

A pesar de que existen dos teorías sobre lo sucedido, ninguna ha podido ser comprobada. La primera, respaldada por testigos del hecho de los edificios cercanos, indica que fueron los colectivos quienes dispararon a la manifestante. La segunda, que la Fiscalía General de la República ha tomado por cierta, fue que lo hizo un hombre quien, desde una terraza ubicada a más de 100 metros de distancia, abrió fuego contra los hombres que agredían a la muchacha. La bala encontró a Paola por error.

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Cerca del lugar donde cayó Paola, jóvenes que habían armado una barricada fueron perseguidos por los paramilitares, quienes les dispararon con armas de fuego. Un manifestante que estuvo en el sitio el día del hecho contó a Runrun.es que los efectivos de la GNB –tal como sucedió con la PNB cuando mataron a Carlos Moreno– desaparecieron minutos antes de la llegada del grupo armado. También, vecinos del lugar sufrieron robos a varias casas por parte del grupo armado, por lo que llamaron a las autoridades y fueron atendidos por oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, quienes tomaron la denuncia pero se rehusaron a perseguir a los culpables, pues alegaban no tener armas para defenderse, contó un testigo.

De los colectivos y el aval de los uniformados a sus acciones también habla el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (Acnudh) sobre las protestas, publicado el 30 de agosto de 2017. Allí se indicó que los paramilitares irrumpían de forma rutinaria en las protestas “a bordo de motocicletas y portando armas de fuego”.

“El Acnudh recibió numerosos testimonios coherentes entre sí que indican que los colectivos armados operan con el consentimiento de las fuerzas de seguridad y de las autoridades locales, y en ocasiones en coordinación con las mismas. Las fuerzas de seguridad no han protegido a las personas frente a la acción de los colectivos armados, y de hecho, han abandonado el lugar a la llegada de dichos colectivos o no han hecho nada para detenerlos. Un testigo informó al Acnudh que cuando unos colectivos armados atacaron a un grupo de manifestantes, él habría pedido a un policía que los detuviera, pero él le respondió: “lo siento, pero tenemos órdenes de no actuar”, dice el documento.

Tal impunidad no solo ha beneficiado a los colectivos al momento de cometer crímenes, sino incluso cuando se abren procesos judiciales en los que están implicados. De acuerdo con el registro que lleva Runrun.es sobre los caídos en 2017, solo seis de los 28 homicidios en los cuales hay paramilitares involucrados tienen personas acusadas. Hasta ahora, ninguno de estos ha comenzado la fase de juicio. Ninguno ha sido sentenciado por su crimen.  

Policías de civiles

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Ávila sugiere que, más allá del término “colectivo” –el cual califica como “un continente vacío de contenido, porque puede significar cualquier cosa”–, hay que llamar la atención sobre los miembros que componen estos grupos.

“A mí me preocupa que hay grupos de funcionarios de los cuerpos de seguridad que actúan de civil (…) Es más lógico poner el acento en ese tipo de organizaciones. ¿En cuántos de estos casos no habrán actuado funcionarios sin uniforme? Porque esas botas no las tiene todo el mundo… Hasta qué punto terminan construyéndose sujetos sociales que, de pronto, no son tales. Hasta qué punto, con ese discurso (del colectivo), no se termina invisibilizando que realmente son funcionarios de los cuerpos de seguridad actuando de civil”, agrega.

El experto comenta que, incluso en aquellos colectivos en los cuáles haya tanto civiles como uniformados, o antiguos miembros de cuerpos de seguridad del Estado, el mayor peso lo tienen justamente estos últimos. “Son ellos quienes tienen el acceso a las armas, las tácticas, el entrenamiento, las motos. En el poco material de prensa y video que ha registrado la actuación de los colectivos, todo el perfil que tienen y todo lo que llevan encima pertenece a funcionarios. Eso es evidente”, recalca.

En el caso de las protestas 2017 hay, al menos, un policía detenido que sí pertenecía a un colectivo. Se trata de uno de los victimarios de Carlos Moreno: Jonathan Ramón Camacho Delgado, apodado “Jonathan 38”, de 36 años, quien fue detenido el 16 de mayo de 2017 e identificado como oficial jefe de la Policía del municipio Sucre, adscrito a la división de Patrullaje y al puesto de control permanente de la urbanización Macaracuay. Por su cargo policial, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, quiso implicar a Polisucre (cuerpo policial que en ese momento dependía de una alcaldía opositora) en el caso. Sin embargo, desde allí se respondió que ese día el oficial no estaba prestando servicio.

Carlos Moreno: Los 18 años que truncaron los colectivos en San Bernardino durante las protestas de 2017
Al joven, estudiante de Economía de la UCV, lo mataron tres días antes de que cumpliera su mayoría de edad. Había salido de su casa con la idea de ir a jugar fútbol, pero paramilitares que arremetieron contra una concentración en la plaza La Estrella, en Caracas, le cegaron la vida antes de que llegara a su destino. Hace un año, se convirtió en el primer caído en la capital venezolana en medio de las protestas

 

Lorena Meléndez G. | @loremelendez

ANA BARÓN RECUERDA QUE CARLOS, su hijo menor, tenía apenas tres años cuando le detectaron déficit de atención. Fue así como halló explicaciones a la impulsividad e hiperactividad del niño y cómo ella comenzó una búsqueda para asegurarle que pudiera ser educado de la mejor forma posible. Lo cambió de escuelas, acudió a médicos y psicopedagogos, le aplicó tratamientos, supervisó cada una de sus tareas, lo infló de ánimo cuando no quería hacer nada, lo consoló cuando cuestionaba su condición, lo impulsó a que pasara sus materias, a que nunca le quedara un año escolar. Carlos se volvió el centro de su vida, tanto así que Alejandra, la mayor, a veces le reclamaba un poco de atención. “El asesino de mi hijo no sabe todo lo que yo luché”, comenta mientras aprieta los labios y trata de contener las lágrimas que ya recorren su rostro, mientras hace su mejor esfuerzo para que la voz, ya rota, no se le quiebre. Su nombre completo era Carlos José Moreno Barón y tenía 17 años de edad cuando el miembro de un colectivo paramilitar lo mató en medio de la protesta del 19 de abril de 2017.

“Yo lo veía y pensaba ‘él es mi reto, yo quiero salir adelante con él’. Trabajé para él, todo lo hice para él. Yo decía, mi hijo ya va a cumplir los 18 años (…) y pensaba que iba a ser un reto más grande porque me iba a decir que era mayor de edad y que podría hacer lo que él quisiera. Pero ahí iba a estar yo, luchando, lo iba a seguir haciendo. Y nada, me mataron todo”, asevera.

Carlos, quien era estudiante del primer semestre de Economía en la Universidad Central de Venezuela, fue la primera víctima que cayó en Caracas durante las manifestaciones. Solo en el municipio Libertador del Distrito Capital mataron a 24 personas en el contexto de las movilizaciones antigobierno que se extendieron por cuatro meses de 2017. En ese período, en todo el país, cayeron 20 menores de edad. Quince de ellos eran parte de los 38 jóvenes que cursaban bachillerato o carreras universitarias.

Aquella mañana del 19 de abril, alrededor de las 9:30 am, había convencido a su mamá de darle permiso para salir a jugar fútbol con unos amigos. Era feriado, no había clases y la oportunidad era perfecta para irse a hacer lo que más le gustaba. Sin embargo, no era un día cualquiera. En 26 puntos de la capital venezolana se concentrarían manifestantes para marchar hasta la Defensoría del Pueblo para exigir la anulación de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que días atrás habían disuelto la Asamblea Nacional. Uno de estos lugares de concentración era la Plaza La Estrella, en San Bernardino, apenas a cinco cuadras de la casa del muchacho.

Ana no quería que él saliera, precisamente porque el sitio a donde iba Carlos, unas canchas de la urbanización Chuao, estaría lleno de marchistas. Temía que lo tocara de cerca la represión que había visto en día anteriores y que, para la fecha, ya había dejado cinco muertos. Pero él insistió.

“¿Tú me ves a mí vestido para ir a una marcha?”, le dijo el adolescente a su madre. Melvin, su hermano de crianza, cuestionó también su salida. Al final, ambos cedieron. A Carlos nada lo detenía. “Yo le di permiso porque los 365 del año él quería ir a jugar fútbol y quería salir con sus amigos”, comenta hoy Ana, sabiendo que era imposible conocer qué iba a pasar horas después.

Carlos se marchó con el morral negro que siempre cargaba, en donde llevaba el efectivo que le había dado su madre para que desayunara unas empanadas, su teléfono y poco más. Sus familiares, todavía hoy, desconocen por qué fue a parar a la plaza La Estrella de San Bernardino, hacia el norte, cuando debía encaminarse hacia el sureste de la ciudad. Tampoco encontraron mensajes en su teléfono o en sus redes sociales que confirmaran que se iba a encontrar con otros muchachos para anotar unos goles, tal como lo había avisado.

El adolescente, apunta su madre, nunca mentía sobre lo que iba a hacer. Ana piensa que quizás había desistido de ir a Chuao e iba a las canchas del Hotel Ávila, en San Bernardino, donde también solía jugar fútbol. Días después de su muerte, a ella le llegaron muchos comentarios de personas que estuvieron en la marcha. Hubo quienes lo vieron allí solo y le advirtieron que era muy jovencito para andar en una protesta, pero él siguió en el sitio. No se sabe si esperaba encontrarse en ese lugar con otros compañeros, si solo estaba de paso, o si realmente se había ido a protestar, tal como se lo había manifestado a su mamá en otras oportunidades y ella le negaba el permiso.

Lo cierto es que Carlos estaba en la concentración cuando llegaron los pistoleros. Los manifestantes, con pancartas, pitos y gorras tricolor, habían comenzado a congregarse puntualmente en las esquinas que conforman La Estrella, que no es más que la intersección de la avenida homónima con la Caracas, Gamboa, Cajigal, Este 5, Anauco y El Parque. Justo en esta última se había ubicado un piquete de la Policía Nacional que, de acuerdo con testimonios recogidos por Runrun.es, se retiró cinco minutos antes de la llegada de los colectivos. A esa hora, ya la zona estaba repleta. Cientos de personas habían llenado la plaza y sus alrededores. “Aquí estábamos bien apretados”, apuntó un manifestante que estuvo ese día en el sitio.

Otro episodio que llama la atención es el paso de un camión, que los testigos identifican como del gobierno, en medio de la concentración. El vehículo pesado recorrió la avenida Gamboa, en dirección a la plaza y, pese al poco espacio, cruzó hacia la avenida La Estrella sin importar que iba en contrasentido. Los marchistas gritaron al conductor, pero este siguió su camino. En medio de ese caos, cuando ya el camión había avanzado, se escucharon los balazos.

Testigos del hecho aseguran que, cerca de las 10:30 am, al menos 15 colectivos bajaron en moto por la avenida Anauco. Esa es, por cierto, la vía más rápida para llegar a la plaza desde Cotiza, en donde está la sede del Frente 5 de Marzo, cuyos miembros fueron los presuntos responsables del asesinato. Para arribar hasta allí, debieron bajar por el Mercado de Las Flores, tomar la avenida Fuerzas Armadas, cruzar en la avenida Panteón y luego seguir por la avenida Anauco, un tramo que sin tránsito –como estaba Caracas en ese feriado– se cruza en unos seis minutos.

Los motorizados arribaron al sitio cerca de las 10:30 am haciendo disparos y lanzando bombas lacrimógenas. Quienes pudieron, huyeron por las distintas avenidas del gas y los tiros. El final de la avenida La Estrella, en donde estaba Carlos, había quedado revuelto luego del paso del camión. El muchacho cayó justo en la intersección. Su cabeza y la sangre que derramaba quedaron encima del rayado.

Ana vio una y otra vez los videos que circularon sobre los momentos posteriores al ataque. En dos de ellos, Carlos está en el suelo, mientras los manifestantes que lo rodean gritan, se lamentan, maldicen. Una joven, con uniforme médico, reconoció que aún tenía signos vitales y alertó que debían llevarlo rápido al hospital más cercano. Un hombre cargó en sus brazos al muchacho, ya inconsciente, y lo montó en la moto que lo trasladó hasta el centro de salud.

Poco después, Ana supo que le habían disparado a un joven en la manifestación de San Bernardino. Se enteró porque a su hija Alejandra se lo contó una vecina. “¿Ven? Por eso es que no me gusta que vayan a marchas”, soltó la madre para recordar las veces que se había negado a asistir a cualquier acto político. En los minutos siguientes, sonó el teléfono. Llamaban del Hospital de Clínicas Caracas para informarle que había sucedido algo con Carlos. Del otro lado del auricular, nadie tuvo el valor de contarle del disparo, solo le dijeron que fuese al centro de salud en compañía de alguien más.

Ana, Alejandra y Melvin salieron cuanto antes a la clínica. “Yo pensaba que lo habían detenido porque le había dicho algo a un policía en la calle”, cuenta la madre, quien recalca que la impulsividad de Carlos le hacía alterarse ante cualquier injusticia, así que una reacción contra algún uniformado era de esperarse. Mientras caminaban, se dieron cuenta que todas las vías que conducían hacia la clínica estaban cerradas por las movilizaciones, así que tuvieron que rodear la plaza La Estrella para poder llegar. “Yo ni siquiera pasé por donde estaba la sangre”, dice.

Al llegar, Ana se identificó y ahí lo supo todo. A pesar de que lloraba, no comprendía la gravedad de lo que acababa de pasar. “Yo todavía, viéndolo que estaba acostado en una camilla, no reaccionaba”, agrega. Pensaba que lo iban a operar, porque eso le habían dicho los médicos, escuchaba cuáles eran las consecuencias del disparo y la posibilidad de que quedara tetrapléjico, lloraba, pero aún así estaba segura de que Carlos iba a “salir de eso”. Sin embargo, en medio de la intervención quirúrgica, el muchacho sufrió un paro respiratorio. No pudo resistir más.

Los 16 del 5 de Marzo

“En mi mente, yo ni siquiera me he puesto a indagar la vida del que mató a mi hijo, porque es que a mí no me ha dado chance de pensar en nada sino en Carlos. Yo sé que (quien lo asesinó) está preso y que así están cuatro más y todo eso, pero que yo sepa quién era ese señor, dónde andaba él, si tiene familia o no tenía familia, a mí no me importa porque, qué me puede importar a mí una persona si a mí quién realmente me importa es mi hijo y ya no lo tengo”, sentencia Ana mientras seca con la punta de los dedos sus párpados húmedos. El dolor de aquel 19 de abril de 2017 continúa intacto un año después a pesar de que ella se haya dedicado a trabajar y a ocupar el tiempo para evadir la ausencia de su muchacho, que hoy ya sería mayor de edad.

Del procedimiento judicial que se abrió sobre el asesinato de su hijo, apenas conoce detalles. Ana sabe que aunque hay solicitudes de arresto para 16 miembros del Frente 5 de Marzo, solo cuatro han sido capturados y acusados. Uno de ellos es el supuesto autor material de la muerte del adolescente: Jonathan Ramón Camacho Delgado, apodado “Jonathan 38”, de 36 años de edad, quien fue detenido el 16 de mayo de 2017 e identificado como oficial jefe de la Policía del municipio Sucre, adscrito a la división de Patrullaje y al puesto de control permanente de la urbanización Macaracuay. El arma con la que impactó a Carlos la consiguió el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en su casa durante un allanamiento. Por su cargo policial, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, quiso implicar a Polisucre en el caso. Sin embargo, desde allí se respondió que ese día el oficial no estaba prestando servicio.

La aprehensión de Camacho Delgado se produjo un día después de la de otro miembro del colectivo: Alexander José Linares, de 40 años de edad. A él lo apresaron en las adyacencias de la avenida Fuerzas Armadas de Caracas. Tras un interrogatorio, señaló a Camacho Delgado como la persona que había disparado. Lo imputaron por homicidio calificado, lesiones y agavillamiento. Un año después del asesinato, ninguno de los dos acusados ha sido sometido a juicio. Los mantienen en la cárcel de El Rodeo.

No es la primera vez que el nombre del colectivo 5 de Marzo aparece en los titulares. Su líder fue José Odreman, asesinado el 7 de octubre de 2014 en el edificio Manfredy de Quinta Crespo, en Caracas, por funcionarios del Cicpc. Su muerte provocó la destitución del ministro de Interior y Justicia de la época, Miguel Rodríguez Torres. De acuerdo con un reportaje de Efecto Cocuyo, en los último tres años han caído al menos nueve miembros del “frente” en distintos hechos que van desde enfrentamientos armados hasta rencillas con bandas criminales.

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Carlos fue la tercera víctima de los colectivos armados que, en total, mataron a 28 personas durante las protestas de 2017, y el segundo menor de edad que murió en manos de estos grupos paramilitares. El primero fue Brayan Principal, de 14 años, quien cayó el 11 de abril en medio de un ataque a una protesta que se efectuaba en las adyacencias del urbanismo Alí Primera, al norte de Barquisimeto, estado Lara. El caso de Carlos es uno de los seis, cometidos por colectivos, en los que hay victimarios acusados. No obstante, ninguno ha recibido sentencia.

Rebelde y libre

El estandarte de la Escuela de Economía de la UCV se extendió el lunes pasado en la sala Bernardo Ferrán (aula 307) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la casa de estudios. A media mañana, una delegación del Centro de Estudiantes le rindió un homenaje a Carlos para recordar cómo, hace un año, lo habían perdido.

“Este no es un evento para estar tristes, es un evento de júbilo (…) Aceptamos lo que pasó, pero no olvidamos”, dijo al comienzo del acto Félix Ruiz, organizador y compañero de estudios de Carlos. Pero después de hacer un acróstico en la pizarra, de las palabras de José Guerra –diputado de la AN y profesor de la Escuela– y de entonar una canción en su memoria, los testimonios de los estudiantes rompieron el protocolo. Hablaron con la voz quebrada, con la impresión aún de la muerte repentina. Una y otra vez repitieron que jamás pensaron que la tragedia los tocaría tan de cerca. Ana, en primera fila, los escuchó conmovida.

Fernando Bustamante, secretario de Finanzas del Centro de Estudiantes, rememoró lo duro que fueron los días de las protestas. “Lo más bonito que me pasaba cada día era cuando, en la noche, llegaba vivo a la casa y saludaba a mi mamá. Que no se haya logrado eso con Carlos es una razón más para luchar”, comentó justo antes de admitir que lloraba cuando veía en los medios noticias relacionadas con el asesinato del chamo rebelde al que pudo convencer de que votara por él en unas elecciones estudiantiles luego de jugar una partida de voleibol.

“Hoy Carlos no podrá estar bajo las nubes, hoy está sobre ellas”, afirmó el secretario de Cultura estudiantil, Moisés Medina, quien nunca imaginó que tendría que despedir a un compañero durante su vida universitaria.

Richard Mujica, uno de sus más cercanos compañeros, lo describió como un muchacho tratable y excelente amigo. “Él no estaba interesado en la política, sino centrado en su carrera y en el fútbol (…) A él le arrebataron la vida por la incompetencia de los que nos gobiernan”, señaló.

Jonathan Pérez, uno de sus amigos, se enteró del asesinato a través de un grupo de Whatsapp. Varios de su clase comentaban que habían matado a Carlos en una manifestación, pero Jonathan, al borde de su cama, buscaba cualquier otra vía para confirmar si lo que decían era verdad. Se sintió desesperado.

“Yo había hablado con Carlos dos días antes y nunca llegué a pensar que esa fuera la última vez que lo iba a ver, que no iba a estar otra vez sentado en clases o que nunca más iba a voltear en un examen y me iba a encontrar su rostro con una expresión con la que me preguntaba cómo iba. Es algo que no esperas, es algo muy duro”, añadió fuera del micrófono.

Ana dice que el mayor anhelo de Carlos siempre fue ser libre. “Quizás por eso murió un 19 de abril”, agrega. Todavía, algunas tardes, se asoma al balcón de su apartamento, justo al lado de las bicicletas con las que salía a recorrer la ciudad, con la idea de que lo verá jugando en el callejón.

Brayan Principal: el dolor de perder a un niño en medio de las protestas

Marbelis Giménez, madre de Brayan Principal, en su casa

Hace un año mataron al primer menor de edad que cayó en el contexto de las manifestaciones de 2017. El adolescente de 14 años fue víctima de un balazo disparado por un hombre a quien identifican con los colectivos armados de Barquisimeto. Su familia está a la espera del inicio del juicio

 

Texto y fotos: Karina Peraza Rodríguez | @KaryPerazaR

LA ÚLTIMA VEZ QUE LO VIO, Brayan David Principal Giménez, de 14 años de edad, estaba en una casa muy alta. Se veía alegre, enérgico y vestido como siempre andaba. Le gritó para saludarla y ella, que estaba al otro lado de la vivienda y embargada de alegría, sintió fortaleza porque así supo que el mayor de sus cinco hijos estaba bien. Luego, abrió los ojos, volvió a la realidad. La tristeza la invadió porque, otra vez, se trataba de un sueño. Su hijo no estaba con ella. No lo está desde el pasado martes, 11 de abril de 2017, cuando fue baleado en medio de una protesta antigobierno que se desarrollaba en horas de la noche a las afueras del urbanismo Alí Primera, una “Misión Vivienda” ubicada al norte de Barquisimeto, en el estado Lara. De ese impacto en al abdomen, el adolescente nunca pudo reponerse. Murió al día siguiente.

El vacío se siente en el apartamento 3 de la torre 17 C del mencionado urbanismo donde residía Brayan desde 2014 junto a sus padres, abuelos y cuatro hermanos menores. Su madre, Marbelis Giménez, tenía nueve meses de haberse quedado viuda. Su esposo murió por las múltiples complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que sufría, una enfermedad incurable del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. Desde hace seis años, cuando se le detectó el padecimiento, los médicos le habían advertido a la mujer que la vida de su pareja sería corta, así que ella se dedicó a atenderlo. Lo mismo hacían sus hijos, en especial Brayan, quien había pasado a ser el hombre de la casa. En él ella había depositado todos sus anhelos, pensaba que cuando creciera un poco más la iba ayudar.

Él era mi esperanza porque era el mayor de todos. Me duele mucho que en estos momento no esté conmigo, me duele en el alma, me duele en el corazón, como madre. Quisiera tenerlo y abrazarlo”, expresó Marbelis, con sus ojos claros llenos de tristeza. La pérdida de su esposo y la de su niño fueron tan duras que, durante las semanas posteriores a la muerte de Brayan, no le provocaba ni comer. “No hacía más que llorar y abrazar su ropa”, acotó.

María Elizabeth Giménez, tía de la víctima, explicó que el joven era muy apegado a su abuelo y solía ayudarlo en una bodega. Allí hasta vendía panes para ayudar a su mamá. Pero la pérdida del muchacho hizo que todo cambiara. La nostalgia dejó sin fuerzas al abuelo y con estas se fueron también las ganas de abrir otra vez su negocio. Para escapar del dolor, decidió mudarse a Acarigua a principios de este año, una situación que devastó a Marbelis, quien hoy se siente más sola que nunca sin sus padres en casa.

“A mi papá le pegó fuerte. Él no se hallaba aquí, así como yo. A veces salgo, llego y vengo pensando en él, en que su vida fue corta. Por culpa de esas protestas en contra del gobierno, mi hijo está muerto”, sentenció.

Los hermanos de Brayan –dos niños de 13 y 10 años de edad, y dos pequeñas de 6 y 7 años– preguntan mucho por él. En hojas y en paredes de su apartamento le han hecho pequeños  homenajes, le dicen cuánto lo aman y extrañan. Marbelis ojeó un “Proyecto de vida” que él entregó en su escuela y pensó en que ninguna de las metas que allí plasmó las pudo cumplir. Tenía en mente tres carreras: quería ser marino o ingeniero petroquímico, aunque su mayor anhelo era ser del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Para ese mismo trabajo que hizo al culminar el sexto grado, pintó una lámina con el logo de la institución, el mismo que hoy reposa en las paredes de su casa, a un lado de las pancartas y escritos realizados por su madre. En el proyecto nombraba mucho a su familia, porque para Brayan eso era lo más importante.

Crimen confuso

Entre las 8:00 y 8:15 pm del 11 de abril, Marbelis envió a su hijo a comprar una masa o unas empanadas, lo que consiguiera para cenar como ya lo había hecho en otras ocasiones. Brayan caminó hasta la entrada del urbanismo, donde suelen ubicarse muchos vendedores. Supo que en la vía principal, a unos ocho metros de donde él estaba, había una manifestación en la que quemaban cauchos.

Los vecinos de la urbanización Yucatán levantaron esa noche una barricada, tal como lo habían hecho en múltiples sectores de Barquisimeto en aquellos días. Los residentes de Alí Primera, afectos al Gobierno, salieron para confrontarlos. Hasta ese momento, el enfrentamiento no había pasado de los insultos. Pero de pronto se formó una balacera.

Todos corrieron y allí estaba Brayan, quien se había asomado justo en el momento equivocado. Un proyectil que entró por el costado izquierdo, le perforó linealmente el abdomen y salió por el costado derecho, lo derrumbó. Un adolescente de 17 años, residente de Yucatán, también resultó herido. A ambos los trasladaron hasta el ambulatorio María Sequera de Tamaca y, de allí, los remitieron de inmediato a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto.

Algunas versiones indican que Brayan David caminó y pidió ayuda. Lo cierto es que se lo llevaron mientras que a Marbelis le fueron a avisar tres vecinos, pero ella no podía creer lo que había sucedido. En medio del asombro y la angustia, se quedó encerrada en el urbanismo. Nadie pudo entrar, ni salir esa noche de Alí Primera. Los colectivos y las barricadas levantadas por los manifestantes hicieron imposible que alguien pudiera moverse de allí.

A Brayan lo asesinaron en la entrada de la Misión Vivienda Alí Primera

María Elizabeth, la tía de Brayan, fue quien se trasladó con su esposo al hospital y desde allí llamó a cada instante a Marbelis para darle noticias del niño. El proyectil le perforó por completo el intestino al muchacho y, además, le afectó la columna vertebral. Su tía nunca lo pudo ver, pero la médico tratante le explicó que iba a quedar en silla de rueda, sus necesidades fisiológicas las haría a través de una bolsa.

“A él lo operaron y le colocaron tripitas de plástico. Justo a las 2:08 de la madrugada que estaba en quirófano quedó dependiendo de una máquina, para mí fue en ese momento que murió. Sin embargo, nos decían que estaba estable”, comentó María Elizabeth.

A las 5:00 am del 12 de abril, Marbelis y sus padres pudieron llegar finalmente al hospital donde estaba Brayan. Una hora después, la cirujana le explicó que el adolescente sería sometido a una segunda intervención a las 8:00 am. Pero alrededor de las 11:00 am llegó la peor noticia. “No pudimos hacer nada”, dijo la médico al anunciar la muerte del chico de 14 años, el primer menor de edad caído en una protesta antigobierno de los 20 que se registraron durante 2017. Fue la segunda víctima en el estado Lara, donde hubo dos decenas de muertos en los 120 días que duró el conflicto en las calles.

Brayan fue uno de los seis jóvenes, menores de 18 años, asesinados por las balas de los colectivos paramilitares durante 2017. Hubo otros siete chicos que fueron víctimas fatales de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado. También se reportaron otros seis cuyo victimario hoy se mantiene desconocido y uno que resultó muerto por un civil. De los 20 que murieron, 15 eran estudiantes. En total, 17 fueron impactados por armas de fuego con municiones que iban desde proyectiles, hasta balines metálicos y bombas lacrimógenas. También hubo un arrollado, un asfixiado y un electrocutado.  

La mayor cantidad de homicidios de menores de edad en las manifestaciones se presentó en Táchira, donde cayeron seis adolescentes. En Carabobo, Distrito Capital y Miranda perdieron la vida cuatro muchachos por estado.

“Dios sabe hacer sus cosas, como le digo a mi hermana. Dios no va a dejar un niño sufriendo en este mundo, pasando trabajo. Iba a quedar en silla de ruedas, a orinar en una bolsita y hacer pupú. Era un niño activo que no dependía de nadie, muy inteligente para quedar así”, señaló la tía de Brayan al recordar al pequeño.

El colectivo y las amenazas

En un primer momento, el abuelo de Brayan declaró que habían sido funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los victimarios del joven y, por esto, el caso cayó en manos de Carlos Muñoz, Fiscal 21 con competencias en Derechos Fundamentales. Pero poco después se descartó esta hipótesis y se hizo cargo la abogada Cristina Coronado, quien era Fiscal 20 del Ministerio Público en aquel entonces.

Las versiones que le daban a Marbelis era que el disparo había salido de Yucatán y hasta hablaron de la presencia de un vehículo, historia que se repetía en las declaraciones. Del otro lado, sin embargo, aseguraban que eran colectivos.

Tras una investigación por parte del Ministerio Público y funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Lara, se determinó que el proyectil que asesinó a Brayan David Princial Giménez, vino del mismo urbanismo Alí Primera. Presuntamente, quien disparó fue “El Maracucho”, un mototaxista de 29 años de edad que describen como “mala conducta” y miembro de colectivos armados. El primer día de los hechos, las autoridades lo interrogaron, pero luego lo dejaron en libertad. Un mes después, entre el 20 y 23 de mayo, fue detenido por orden del Tribunal de Control 2 del estado Lara.

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Héctor Yohan Zapata Felice es el nombre de “El Maracucho”. Varios testigos confirmaron que había sido él quien había jalado el gatillo. Las experticias de balísticas, acompañadas de otra serie de pruebas científicas, fueron usadas para privarlo de libertad y acusarlo por homicidio calificado por motivos innobles y lesiones personales graves en grado de complicidad. Por este caso también se libró una orden de captura contra Jairo Janer Rivas Rivas, líder de Las Sábilas, el urbanismo más peligroso de Barquisimeto, quien aunque no pertenecía a ningún colectivo, figuraba como cómplice por haber prestado el arma y estar presente en el momento del asesinato de adolescente. Sin embargo, Rivas murió en manos de una comisión del Cicpc en enero pasado, antes de que lograran detenerlo.

La  audiencia preliminar del caso ya se realizó y “El Maracucho” no admitió los hechos. Para el próximo 24 de abril está programado el inicio del juicio. La madre del acusado, quien reside en la torre 15 de Alí Primera, amenazó a Marbelis días antes de que se cumpliera un año de la muerte de Brayan. Le pidió que retirara la denuncia por las buenas o por las malas.

Hoy, la madre del caído no siente temor por ella, aunque sí por sus hijas. Lo único que pide es justicia y que el victimario pague por el crimen. Confía en que si el Cicpc investigó lo sucedido y señaló a “El Maracucho” como el culpable, es porque así fueron los hechos. “No fue un perro a quien mató, no fue un animal, fue a un ser humano, a un menor de edad, a un niño que tenía solamente 14 años y que no estaba en protestas”, recalcó Marbelis.

Gobierno desaparecido

Cuando todo ocurrió, voceros del gobierno de Nicolás Maduro se hicieron eco del asesinato de Brayan, acudieron al sepelio y hasta condenaron los hechos. Aseguraron que eran manifestantes opositores quienes habían disparado. Tomaron dicho crimen como bandera política, dijeron que habían asesinado a uno de los suyos.

Desde la Comisión de la Verdad, presidida por Delcy Rodríguez, viajaron a Lara, escucharon a Marbelis y a otras víctimas a quienes iban a indemnizar. La madre de Brayan relató en aquel momento que, en medio de su dolor, tenía necesidades: una nevera, camas y un trabajo. Desde abril hasta junio de 2017 hubo contacto. Pero lo prometido quedó en el aire. Nadie la ayudó y su apartamento aún está vacío y con más carencias que antes.

El urbanismo Alí Primera, al oeste de Barquisimeto

Por su cuenta, Marbelis redactó una carta a mano y la introdujo en el Ministerio de Educación en Lara para solicitar trabajo. Eso, dijo, es lo único que le fue otorgado. Hoy es obrera en la institución educativa del urbanismo. Lo agradece y con eso se ayuda, pero no trabaja todos los días porque la situación económica la ha arropado; confiesa que pasa mucha hambre, porque hay días que no tiene qué comer. Viaja a Acarigua, en Portuguesa, donde sus padres la ayudan. Hace unos días se trajo un kilo de caraotas y dos de maíz, que le rendirán por tres días a ella y sus cuatro hijos, siempre que los acompañe con arepa. La bolsa del CLAP le llega cada tres meses y solo se la venden si llegan completas las 4.000 destinadas al Alí Primera.  

La mujer, a quien se le siente una voz suave pero triste, expresa que ella y sus hijos son más felices cuando están en otro lado. No se ve y tampoco quiere que sus hijos crezcan en ese urbanismo. La falta de comida, la inseguridad y lo más importante su niño, su esperanza, ya no están.