Luisana Solano | @LuisiSolano
Sabrina D’Amore | @Sabridamore
EN VENEZUELA, LA CENSURA PARECE REINVENTARSE y ya no se limita a los que ejercen la labor periodística, sino que alcanza a callar directamente las expresiones del ciudadano común. Ya no son solo reporteros, camarógrafos o fotógrafos golpeados y detenidos, o medios cuyas transmisiones fueron interrumpidas, sino que en la lista empiezan a figurar ciudadanos de cualquier profesión castigados por pensar distinto.
Durante el mes de febrero de 2017, 24 casos de violación a la libertad de expresión y al derecho a la información fueron registrados en Venezuela, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. En dichas situaciones se vieron afectados directamente 10 medios y 33 trabajadores de la prensa. Sin embargo la restricciones van muchos más allá y pueden llegar hasta el cielo o tu WhatsApp.
A continuación los casos más recientes de censura:
Un profesor preso por opinar
Una nueva forma de censurar que tiene el gobierno es usar la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para encarcelar a quienes piensan distinto y lo dicen en voz alta. El caso más reciente de este tipo de censura es el encarcelamiento de Santiago Guevara García, profesor de la Universidad de Carabobo, quien tras publicar un artículo en El Boletín de Madrid, titulado “De Goya a la sana Prospectiva”, fue detenido y es acusado de “traición a la patria” e “incitación a la rebelión”.
El economista de 65 años recibió en su casa a funcionarios de la DGCIM el martes 21 de febrero, quienes le entregaron una citación para comparecer ante la Fiscalía. Guevara se habría presentado voluntariamente en la sede de la DGCIM en Carabobo y allí es cuando lo detienen para luego ser trasladado a Caracas.
La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo, explicó a principios de mes que al profesor también “se le señala por haber participado en una reunión clandestina en el estado Aragua” y confirmó que Guevara mantiene una “estrecha amistad” con el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa.
La comunidad académica se ha pronunciado a favor del profesor. La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) han pedido por la pronta liberación de Guevara y condenan la detención por considerar que solo busca «doblegar la libertad de expresión, de pensamiento y de opinión».
“Aquí no se habla mal de Chávez”
La campaña iniciada por Diosdado Cabello, el 25 de enero en su programa Con el mazo dando, es otra violación al derecho de todos los venezolanos a la libertad de expresión, disentimiento y pensamiento.
“Yo quiero arrancar una campaña desde este programa. Una campaña en la que nos vayamos por todas partes diciendo aquí no se habla mal de Chávez. Si no se habla, que no se hable ni hoy, ni mañana, ni nunca”, exhortaba Cabello desde la pantalla de VTV, mientras instaba a todos los trabajadores públicos a colocar carteles con esta frase en sus sitios de trabajo.
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), justificó la idea bajo el argumento de que, desde la oposición, se han dado la tarea de divulgar que la crisis que afecta al país es culpa de Chávez, y que eso “hay que pararlo”.
“Si la revolución te regaló un taxi, ponga su cartelito. Si eres secretaria de un ministerio, ponga su cartelito. Eso sí, si usted secretaria lo tiene, todos los que estén por arriba de usted deben tenerlo, hasta llegar a uno que diga “en este ministerio no se habla mal de Chávez”, dijo Cabello.
La orden fue acatada en varios organismos gubernamentales, según denunciaron usuarios en las redes sociales. Incluso, la etiqueta apareció online al momento de ingresar en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (Mppee).
Prohibir hablar mal del legado del expresidente Chávez no solo es indicador de que en efecto se está hablando mal de quien, para Cabello, es el “faro de la revolución”, sino que es un hecho que constituye otro flagrante atropello a las libertades de los ciudadanos, según el artículo 57 de nuestra Constitución.
Una serie que no se transmite en Venezuela: El Comandante
Y si #AquíNoSeHablaMalDeChávez, era de esperarse que el estreno de una serie como El Comandante creara controversia. Aunque técnicamente la producción no podía ser transmitida en Venezuela, pues Sony no vendió los derechos, desde el martes 31 de enero, un día después de su estreno por RCN televisión, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) desplegó una campaña para que los operadores de cable que la difundieran, fueran denunciados.
El seriado, escrito por el venezolano Moisés Naím, narra la vida del fallecido Hugo Chávez y para Conatel, así como para varios funcionarios del gobierno que se pronunciaron al respecto, la serie “atenta contra su legado”.
Bajo esta premisa, a través de la red social Twitter, Conatel instó a los ciudadanos a reportar “si alguna cablera insulta el legado de Hugo Chávez transmitiendo serie El Comandante #AquíNoSeHablaMalDeChávez”. El reporte debía incluir ciudad, cablera, número de canal, hora de transmisión y fotos de la pantalla. Quienes residen en la zona fronteriza con Colombia y podían ver el canal RCN, denunciaron que la señal fue bloqueada durante el estreno de la serie.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, durante su memoria y cuenta, dijo que la serie era una “basura” del imperialismo. Con él coincidió Marisabel Rodríguez, exesposa de Chávez, quien amenazó con demandar a Sony. Con este hecho nos encontramos frente a otra situación en la que la censura previa dice presente dentro de nuestras fronteras.
El Inca sale del cine en Venezuela
Pero lo sucedido con El Comandante tiene un antecedente parecido, solo que esta vez en la pantalla grande. En noviembre del 2016 se estrenó la película El Inca, una producción dirigida por Ignacio Castillo, basada en la vida del boxeador venezolano Edwin Valero.
El 14 de diciembre, una acción del juez Salvador Mata García, encargado del Tribunal 2º de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, ordenó la salida de la película de todas las salas de cine, la eliminación de las copias y la confiscación del archivo maestro, luego de una demanda introducida por la familia del difunto boxeador, para quienes la pieza cinematográfica contenía escenas muy fuertes que podrían afectar la vida de los hijos de Valero. Durante la primera audiencia judicial, el 26 de diciembre, el juez admitió no haber visto la cinta aún. Por lo que fue el 20 de enero, luego de observar la cinta, cuando decidió mantener vigente la censura.
Para el momento, Ignacio Castillo, director, recalcó al diario ABC de España que la película “no tiene ningún fondo político, aunque el boxeador era un ídolo chavista y llevara un tatuaje de Chávez en su pecho”. Castillo sostuvo desde el primer momento que las medidas en contra de su obra atentaban contra su libertad de expresión como autor, así como contra la libertad de un público que debería poder acercarse a una pieza artística y formarse su propio juicio. No obstante, el silencio continuó y se mantiene.
“¡Fuera CNN de Venezuela!”
Otra medida de censura rápida y radical es sacar de las cableoperadoras, a través de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), los canales que le incomodan al gobierno. El más reciente ejemplo es CNN en Español.
El presidente Nicolás Maduro instó al canal internacional el domingo 12 de febrero durante su programa “no meter sus narices” en Venezuela e indicó que los quería “fuera de aquí”. Tres días después, la tarde del jueves 15 de febrero, ya Conatel había mandado la orden y a través de un comunicado informó que se le abriría procedimiento administrativo sancionatorio contra el canal de noticias. En el texto se indicaba que el canal “incita a probables agresiones externas contra la soberanía” de Venezuela y mantiene una programación diaria que “atenta contra la paz y la estabilidad democrática” y genera un “clima de intolerancia”.
En respuesta a esta medida, el canal decidió abrir la señal “En vivo” de su página web para los usuarios venezolanos y lanzaron un streaming con su señal en Youtube. “Ha sido una reacción extrema contra CNN, una reacción que cualquier país que dice ser democrático no la toma”, manifestó a la agencia EFE Cynthia Hudson, gerente general del canal.
La sanción se produjo tras la emisión del reportaje “Pasaportes en la sombra”, una investigación sobre una supuesta red de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio a cambio de elevadas sumas económicas, casos en el que estaría involucrado el vicepresidente Tareck El Aissami, quien días después sería incluído en la lista de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Esta sería la tercera ocasión en la que el gobierno desde el mandato de Hugo Chávez, saca un canal internacional de las pantallas venezolanas. El primero fue RCTV Internacional y luego NTN24.
Grupo de hip hop Black Coca detenidos por el Sebin
Pero los mecanismos de censura no se limitan a la televisión y los medios. La nueva censura también toca la música y red social Youtube: los hermanos, Ismael y Víctor Vegas Rosario, integrantes del grupo de hip hop Black Coca, fueron detenidos junto a su productor Subero Romero, luego de lanzar el video de su tema Hampa vs pacos a dicha plataforma. De acuerdo a la versión de las autoridades, el tema “incita al asesinato de funcionarios policiales y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)”.
La captura de los jóvenes fue autorizada por una orden del Tribunal 23° de Control del Área Metropolitana de Caracas y fueron acusados por el delito de instigación a delinquir. Posteriormente, fueron capturados y el fiscal 24º auxiliar nacional, Carlos Castro, los imputó y se acordó la privativa de libertad en la sede del Sebin en El Helicoide.
El vídeo fue borrado y los integrantes enviaron un comunicado a través de sus redes sociales donde señalaban que “no somos delincuentes, somos artistas”. Además, recalcaron que el objetivo de su música nunca fue incitar a la violencia. Sin embargo, siguen detenidos y podrían recibir hasta 6 años de condena.
Sin papel no hay periódico
La restricción de la materia prima para los medios impresos, el papel periódico, es otro método para evitar que la información circule. En esta oportunidad, es a través del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM).
Creado en mayo de 2013, el CEAM se convirtió en el único organismo estatal facultado para la importación de papel prensa. El Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) recopiló durante el 2016, 41 alertas a la libertad de expresión relacionadas con la escasez de papel.
“Desde la creación del CEAM, Ipys registra 16 impresos que dejaron de circular, cinco de manera definitiva y 11 de forma temporal”, aseguró Marianela Balbi, directora del Instituto durante una rueda de prensa en rechazo a la suspensión de la circulación del diario El Carabobeño, uno de los más recientes y más afectados por esta circunstancia. Otro medios con tradición afectados por la escasez de papel son El Impulso, de Barquisimeto, Diario La Nación, de San Cristóbal, y el ahora semanario Tal Cual.
El 27 y 28 de febrero, para los feriados de Carnaval, al menos 17 medios en todo el país decidieron no circular para ahorrar papel. A los cuatro diarios de circulación nacional que tomaron la medida (2001, El Nacional, El Universal y Últimas Noticias) se sumaron 13 diarios regionales.
Cuando la censura llegó a las alturas
El Ministerio para la Defensa publicó el 31 de agosto de 2016, en Gaceta Oficial N 40.978, los lineamientos y procedimientos que deben cumplir las personas que operen el vuelo de aeronaves piloteadas a distancia, conocidos como drones.
El ministro de Transporte y Obras Públicas Ricardo Molina explicó que la norma se implementó con la finalidad de saber “quién, cuándo y cómo utilizan los drones” para “procurar el sosiego de la población, para procurar la paz, la tranquilidad y seguir avanzando en la construcción de la patria socialista”. La medida se da a conocer antes de que se realizara la llamada “Toma de Caracas”, manifestación convocada por la oposición que movió a miles de personas de la capital y el interior del país.
El día de la concentración, el 1 de septiembre, Alejandro Puglia, periodista y director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la Asamblea Nacional, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuando hacía uso de un dron para tomar fotografías de la jornada.
El 5 de septiembre fue ordenada la medida de privativa de libertad en contra de Puglia a pesar de que el Ministerio Público había solicitado la libertad plena del joven tras no encontrar ningún delito.
La abogada defensora Yisel Soarez indicó en ese momento que una resolución administrativa y una ley son dos cosas diferentes, pues de incumplir la primera tiene otro tipo de sanción que no se compara con las sanciones de la justicia penal ordinaria.
El Colegio Nacional de Periodista también se manifestó por la liberación del comunicador e indicó que como en la norma no había sanciones, las mismas quedan a discrecionalidad del gobierno, y que ésta privativa de libertad era un “acto de injusticia atentatorio contra los más elementales principios del derecho.” El periodista fue liberado 56 días después, el 26 de octubre.
Derecho al olvido
La solicitud de retiro de notas periodísticas o borrado de las URL en los motores de búsquedas también forma parte de nuevas formas de censura en tiempos digitales. Empresarios y funcionarios venezolanos apelan al “derecho al olvido” para “limpiar” su nombre en Internet, así lo revela un trabajo de Lisseth Boon para Runrun.es . Una empresa que en nombre de un funcionario público pide a ciertos medios digitales que retiren de internet las notas periodísticas donde sean mencionados sus clientes presuntamente vinculados con irregularidades administrativas. El argumento: “porque lesiona el derecho a la vida privada y perjudica su reputación”. Ha ocurrido en Venezuela con al menos cinco portales informativos durante los últimos 10 meses.
Ataque a las páginas web
Otra medida que se utiliza para evitar que la información salga al público es la de sacar páginas web del aire a través de ataques cibernéticos. Entre el 8 y 10 de marzo al menos seis sitios web fueron víctimas de este tipo de censura: El Pitazo, Correo del Caroní, Caraota Digital, además de las ONG Provea, Acción Solidaria y el sitio web de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Según explicó en un comunicado El Pitazo, ellos sufrieron un ataque DDoS (ataque de degeneración de servicio), que consiste en llevar gran flujo de información desde varios puntos de conexión para saturar la página web. Aseguraron que en ataques previos, pudieron geolocalizar la fuente en un edificio adyacente de Plaza Venezuela. En este caso, una fuente extraoficiaI explicó que los datos provenían de Irak y China.
Incluso la página Aporrea.org denunció a finales del mes de febrero constantes intentos de saturar su página también a través de DDoS. En ese momento, Nícmer Evans, politólogo, miembro de Marea Socialista y columnista del portal, indicó que «a juzgar por el enorme volumen de capital y de recursos tecnológicos que se necesitan para desarrollar un ataque informático de la envergadura del que se ha realizado contra Aporrea en estos últimos cinco días, cualquier sospecha apunta hacia el propio gobierno de Nicolás Maduro”.
Controlar y restringir chat y redes sociales de militares y policías
Desde hace algunos meses se han filtrado comunicaciones internas de las máximas autoridades policiales y militares que prohíben el intercambio y difusión de información de sobre procedimientos y asuntos internos en las redes sociales y los grupos de Whatsapp. Advierten que revisaran los teléfonos de los funcionarios y amenazan con sanciones a aquellos funcionarios que divulguen imágenes o informaciones. Hace unos meses el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, prohibió informar sobre hechos delictivos que involucraran a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
