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Holanda considera “decepcionante” extensión del bloqueo a Aruba, Bonaire y Curazao

Curazao

El Gobierno de Holanda consideró hoy “decepcionante” que no haya sido informado formalmente de una ampliación del bloqueo venezolano a sus islas en el Caribe y aseguró que se están manteniendo conversaciones con Caracas para “revertir” las medidas.

En declaraciones a la televisión holandesa RTL, un portavoz del ministerio de Exteriores aseguró que se han enterado de la ampliación del bloqueo por un mensaje en Twitter del vicepresidente venezolano.

El portavoz añadió que se mantienen “conversaciones constructivas” con las autoridades venezolanas para llegar a una solución de las prácticas de contrabando hacia las Antillas Holandesas, la cuestión que alegó Venezuela para llevar a cabo este bloqueo.

El ministerio holandés de Exteriores trata de llegar en una nueva consulta programada para el viernes a “un enfoque conjunto para frenar el contrabando” y para que Caracas “revierta” sus medidas.

Las conocidas en Holanda como las islas ABC dependen en gran parte de Venezuela, especialmente para cuestiones básicas de suministro como las frutas y verduras.

Curazao lamentó

Eugene Rhuggenaath

El Primer Ministro de Curazao, Eugene Rhuggenaath, se pronunció tras la decisión del gobierno venezolano de cerrar comunicaciones y ordenar la toma de puertos y aeropuertos a través de los cuales se comunica el país con Aruba, Curazao y Bonaire.

A través de una conversación telefónica, dijo a Noticias Curazao que toma nota de las declaraciones realizadas por el presidente Nicolás Maduro, durante la noche de este viernes 5 de enero; y las calificó de “muy lamentable”, porque entre las naciones existe “una relación de países vecinos que valoramos mucho”.

De acuerdo con el audio de la publicación, “no hubo un contacto previo”, ni tampoco “conversaciones diplomáticas”. Sin embargo, el funcionario dijo que en su gobierno “siempre estamos abiertos a colaborar” para impedir el tráfico ilegal.

Agregó que se reuniría en las próximas horas con el Cónsul general “para ver los detalles y la política concreta” de la medida y avanzar en los pasos “para restaurar las comunicaciones” y ver “si podemos trabajar juntos”.

 

Frontera cerrada ¿a qué costo?, por María Teresa Belandria

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Este 19 de agosto, se cumple un año en el que por decisión unilateral del gobierno de Venezuela se “cerró” la frontera con Colombia, un evento inédito por las consecuencias que se advertían y justificado por un estado de excepción sobrevenido que aun sigue sin explicarse adecuadamente.

Recordando el pasado para comprender nuestro presente en la relación con Colombia, en 1901, el general venezolano Rangel Garbiras se hizo de 4.000 hombres para marchar a Caracas y derrocar el gobierno de Cipriano Castro. Partiendo del Norte de Santander fue detenido en San Cristóbal por el general colombiano Rafael Uribe Uribe. Allí se produjo la primera ruptura de relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Sin embargo, la vecindad obligada por la geografía compartida en 2.219 kilómetros de frontera, la fraternidad histórica entre nuestros líderes y ciudadanos, como aquel pacto entre Miguel Otero Silva y Gabriel García Márquez, si es que había guerra entre los dos países y la hermandad forjada en la batalla de los próceres venezolanos Anzoátegui y Rondón que triunfaron en Colombia, o de los valientes colombianos Girardot y Ricaurte que murieron en Venezuela, no son hitos que se cierren con un decreto de excepción.

El límite entre los dos países se traduce en un control migratorio eventual, pero lo trasciende la vida, el comercio, la amistad y la vecindad. Esa terriblemente perturbada el 19 de agosto de 2015.

Un año después, se anuncia desde Puerto Ordaz (bastante lejos de la frontera binacional), la “creación” de varias comisiones para construir una frontera abierta, segura y en paz. Volvamos la mirada al pasado. Estas comisiones existían, porque los gobiernos democráticos entendieron que una relación tan dinámica no podía depender de los vaivenes políticos de uno y otro lado del límite. El Acta de San Pedro Alejandrino no solo desgolfizó la relación, sino que permitió agendar los temas técnicos en mesas de trabajo permanentes, cuya finalidad era precisamente sortear las dificultades de una relación signada por los problemas.

Esa institucionalidad que costó años en construirse y que le dio a ambos países un marco normativo para dirimir las controversias derivadas de la cotidianidad fue destruido como todo lo demás por el gobierno de Hugo Chávez. Esa erosión de la confianza mutua comenzó en 2008, cuando las fuerzas militares de Colombia dieron de baja a Raúl Reyes en Ecuador y Venezuela ordenó la movilización de 10 batallones a la frontera. En 2009, la valiente denuncia del entonces Comisionado Presidencial Francisco Javier Nieves-Croes Aguirre, sobre la existencia de un pre-acuerdo secreto (Gómez-Rondón), acordado en Hato Grande, sobre la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela le puso candado al trabajo profesional de los comisionados en Venezuela, no en Colombia.

La herida se profundizó en 2010 pues la diplomacia de micrófono entre Chávez y Uribe fracturó definitivamente los acuerdos, con la ruptura de relaciones diplomáticas luego de la denuncia colombiana en la OEA sobre la existencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. Pero un nuevo Presidente había llegado a Colombia con un objetivo: firmar la paz. Para ello, Venezuela, ese vecino incomodo y altanero resultaba no solo necesario, sino indispensable. El otrora Ministro de la Defensa, el mismo que armó el expediente para la denuncia de los campamentos, engavetó las pruebas, expresó que tenía un “nuevo mejor amigo” y que se crearían nuevas comisiones.  Entre la ruptura y la reconciliación, Venezuela en 2011, se desligó de la Comunidad Andina y se fue a Mercosur, vale decir, ya no solo la institucionalidad binacional se había desbaratado por la improvisación venezolana y la complacencia de colombiana, además, desaparecía el marco normativo comercial, aduanero, transporte, sanitario y de servicios emanado de las normas supranacionales de la Comunidad. Había que empezar de cero. Teníamos 5 años cambiándoles el nombre a las comisiones, pero en la práctica, el intercambio de 8.000 millones de dólares por año de la frontera más viva de América Latina se pulverizó.

Un año  después otra vez se cambian los nombres, se aumenta la burocracia y se pretende reinventar la rueda a ver si esta vez, funciona veamos: a) Activación del Centro Binacional contra el Crimen Organizado, se les ruega revisar los manuales de la Combifron; b) Esquema Aduanero Especial para la Frontera, favor revisar las 5 comisiones o acuerdos firmados en abril de 2011; c) Repatriación de Bienes Decomisados, tránsito de mercancías e intercambio de información entre la administración aduanera, se les invita a releer el Acuerdo de Coordinación, seguimiento y control para la recuperación de vehículos de 1990, y los memoranda de 2011 cuando se desaplicó la normativa andina: d) Implementación de la Cédula fronteriza, se sugiere leer el Estatuto Fronterizo de 1942, suscrito en Caracas y que establecía: 1) Permiso Fronterizo para permanecer temporalmente por 90 días en los dos países sin necesidad de pasaporte para cruzar la frontera y permanecer en ella por 8 días continuos; 2) Licencia Fronteriza con validez de 8 días; 3) Permiso de Turismo hasta por 30 días; 4) Permiso Fronterizo Industrial para propietarios, arrendatarios y comerciantes; 5) Cédula Pecuaria, para pastores, campesinos, productores y 6) Permiso para estudiantes.

Para Santos el objetivo siempre estuvo claro. Pagó el costo político del cierre de la frontera, atendiendo a los desplazados y “denunciando” a Venezuela en la OEA, pero los guerrilleros tanto de la FARC como del ELN se mantuvieron sentados en la mesa de negociación con el apoyo logístico de Venezuela. Para Maduro el objetivo no se cumplió, el contrabando no se detuvo, las trochas se multiplicaron, pagó el precio político con el deterioro de su imagen al mismo ritmo del descenso de la calidad de vida de los venezolanos habitantes de la frontera.

Este divorcio con hijos escribe un nuevo capítulo. La apertura es inminente y con ella la normalidad se recobrará lentamente. Los daños apenas comienzan a cuantificarse, mientras los “pacificados” edifican su vida de este lado del límite. Un año de frontera cerrada, ¿de verdad ya pagamos el costo?

@matebe

Venezolanos hacen largas colas en la frontera para pasar a Colombia a pie

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A las 6:00 am de este domingo fue reabierto el paso peatonal en la frontera colombo-venezolana que une a San Antonio del Táchira con la ciudad colombiana de Cúcuta, luego de casi 11 meses de haber sido cerrado por orden del gobierno de Nicolás Maduro.

La apertura se hará sólo por 12 horas, es decir, el cruce podrá hacerse hasta las 6:00 pm de acuerdo con información oficial. Sin embargo, reporteros en el lugar señalan que las reglas cambiaron: quienes atraviesen el puente deben volver a las 2:00 pm.

Del lado venezolano comenzaron a verse largas colas de personas que querían ír a Colombia para poder abastecerse de los productos que escasean en el país, entre estos, alimentos de la canasta básica y medicinas. Hasta las 9:00 am, alrededor de 6.000 venezolanos habían pasado hacia Cúcuta.

Durante las últimas semanas, el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, abogó por la necesaria reapertura del paso y la pronta reactivación comercial de la zona que fue clausurada por el Ejecutivo nacional para evitar el contrabando de gasolina y alimentos y frenar las acciones de “paramlitares” que supuestamente operan en la región.

#Táchira 6am la cola para cruzar la frontera pic.twitter.com/9uOEJzMQof

— Omaira (@omairalabradorm) 10 de julio de 2016

Sesenta días de cierre de fronteras: ¿cómo tendemos el puente?

@loremelendez

DE LA FRONTERA NO ARRIBAN NOTICIAS ESPERANZADORAS. Luego de dos meses de cierre del paso, los choferes de carga internacional amenazan con protestas, los universitarios colombianos que estudian en Venezuela están a punto de perder sus semestres, los indígenas afectados reclaman por el respeto a los derechos humanos, los habitantes aseguran que los supermercados y las farmacias continúan desabastecidos y los pueblos de los límites son ahora territorios desolados. La guinda del desastre es la cifra que la Cámara de Integración Colombo-Venezolana (Cavecol) reveló este lunes: el intercambio comercial entre las dos naciones disminuyó 40% en el tercer trimestre de este año.

Desde que Venezuela y Colombia son naciones independientes, el tránsito de un lado a otro jamás se había paralizado de forma indefinida y menos por más de 60 días. Las clausuras que se habían registrado en el pasado, se habían resuelto en cuestión de horas y habían respondido a contingencias pasajeras. Hoy, lejos de las soluciones, la respuesta de los gobiernos de ambos países a esta crisis se ha dilatado en reuniones que no concluyen salidas inmediatas.

Los conflictos de la frontera no son de nueva data. Se trata de un espacio en donde el contrabando tiene una naturaleza endémica y donde la necesidad del cumplimiento de las normas no se atendió de ningún lado. Por esa misma razón, y con miras a contribuir a su mejoramiento, el Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI) “José Manuel Briceño Monzillo”, de la Universidad de los Andes, elaboró hace varios años documentos como la “Zona de Integración Fronteriza Táchira-Norte de Santander” a partir de una propuesta de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que contemplaba impulsar “la complementariedad de las economías andinas (….) a fin de elevar la calidad de vida de las poblaciones y el desarrollo de sus instituciones”.

El estudio fue realizado en 2005, justo un año antes de que Venezuela rompiera con la CAN e iniciara un proceso de alejamiento de Colombia que se consolidó con la intención de Bogotá de establecer un peaje internacional, la negativa de Caracas de resolver el problema de los trasbordos y desaduanajes de cargas, y la tensión diplomática entre los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe. Cualquier intento por hacer que lo escrito se llevara a la práctica se ha roto con el estado de excepción y el cierre de fronteras, que impuso el gobierno venezolano desde el pasado 19 de agosto.

Ser de la frontera

“Hay un sentimiento fronterizo que no se entiende desde el centro del país. Hay una amplísima relación familiar, cultural, de vínculos de un lado y de otro”, explica Francisco Javier Sánchez, abogado e investigador del CEFI, quien agrega que dentro de ese mismo intercambio constante se inscriben actividades como la compra de productos destinados al consumo familiar, no para revender, la cual nunca ha sido vista por los habitantes de la zona como algo ilegal.  Lo mismo sucede con los tratamientos y consultas médicas, cursar estudios, abrir negocios o trabajar de uno u otro lado de la frontera. La incomprensión de estos lazos ha hecho que se desestime el deterioro causado por el cierre de los pasos formales que comunican a ambos países.

Para Ana Marleny Bustamante, investigadora y directora del CEFI, las desigualdades políticas, económicas y sociales que existen entre colombianos y venezolanos han intensificado la búsqueda de mercancías y servicios más baratos a ambos lados del puente internacional Simón Bolívar.

“¿Qué deberíamos hacer para acabar con esta diferencias? Hay que lograr que una persona que viva en la frontera tenga igual ingreso, posibilidades sociales, económicas y de acceso a servicios públicos, que una que vive en Caracas o Bogotá. Que el salario sea igual, que no necesite irse a otra zona porque en todas hay el mismo valor.Trabajar en ese sentido es lo que haría que la situación de la frontera acabara. En el país, aún cuando sean pocas esas diferencias, siempre va a haber esa tendencia a mudarse o a trabajar donde haya más ventajas para vivir”, apunta. Para llevar a cabo el ideal, tanto la CAN como los investigadores se han fijado en el modelo, tan paradigmático como utópico, de la Unión Europea.

Letra muerta

A mediados de septiembre, el CEFI sentó su posición sobre los acontecimientos de la frontera a través de un documento llamado “Opinión desde la academia”. En la última parte del escrito se señalaba que el Estado venezolano tenía pendiente la promulgación de una Ley Orgánica de Fronteras desde hace 14 años, cuya creación la ordena el artículo 15 de la Carta Magna.

“El CEFI elaboró documentos y propuestas que permitieron la incorporación del tema en la Constitución, y ha contribuido en la investigación de los aspectos fundamentales que debe recoger la Ley, que aún hoy no se ha debatido ni aprobado. La actual coyuntura en las relaciones bilaterales con Colombia y Guyana, no pareciera ser un buen momento para promulgar una legislación de fronteras al calor de los acontecimientos, pero sí para que diversos equipos de profesionales puedan retomar el trabajo y consensuar un proyecto de ley equilibrado entre todos los actores sociales y el Estado”, indica el comunicado de los académicos.

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A este tipo de moratorias y compromisos incumplidos se refiere Bustamante, quien insiste en que es vital que los gobiernos sean firmes al momento de aplicar cualquier acuerdo o pacto al que lleguen para sanear la zona limítrofe.

“Venezuela llevaba años pidiéndole a Colombia que atendiera la frontera, que no permitiera que el conflicto colombiano se viniera al país. Colombia no lo hacía porque, años atrás, para los colombianos defender a Bogotá ya era mucho. Venezuela se lo debe exigir nuevamente y ahora no lo hace (…) Estamos acostumbrados a ver que los cancilleres se reúnen y firman acuerdos que se convierten en letra muerta. Tenemos el Estatuto de Frontera (1992) y Comisión de Frontera y Seguridad, pero esto obviamente es una seguridad compartida. Si se aplica de un solo lado, obviamente se le trasladan los problemas al otro”, afirma.

¿Qué hacer?

Explica Sánchez que el estudio de la “Zona de Integración Fronteriza” incluía tres casos que mostraban cuán aliados estaban los habitantes de Táchira y Norte de Santander. El central azucarero de Ureña, por ejemplo, utilizaba cañaverales tanto venezolanos como colombianos porque en el vecino país había más plantas. Este trato, por cierto, acabó cuando la compañía fue expropiada por el Estado. En las marroquinerías de San Antonio, los venezolanos elaboraban carteras, bolsos, chaquetas y correas con cueros colombianos, porque de este lado la mano de obra era mejor y más barata. Una industria de carrocería armaba vehículos para el transporte público a partir de un chasis que se trasladaba desde Carabobo y que se completaba con piezas colombianas. El capital humano venía de ambas naciones.

Ante estas iniciativas, señala Sánchez, los gobiernos deben establecer legislaciones que no sólo normen la actividad económica de la región, sino que además incentiven estas relaciones. Lo mismo, incluso, pudiera aplicarse a la compra y venta de productos.

“Si tú le das formalidad a cierto trabajo informal, puedes verlo como un emprendimiento en vez de verlo como un contrabando, siempre que la mercancía esté dentro del marco legal”, sentencia el abogado.

Bustamante acota que la excesiva libertad contribuye al delito, de allí la necesidad de imponer el orden a través de leyes que sí se respeten, algo que no sucede de ningún lado del límite colombo-venezolano. Con esos mismos mecanismos se puede otorgar a los habitantes de la zona un documento de identificación que no sólo permita el libre tránsito “sin grandes inconvenientes”, sino también la posibilidad de trabajar o de abrir microempresas sin mayores limitantes.

Carlos Luna, expresidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta y ex ministro consejero de la Embajada de Colombia en Venezuela, recalca la importancia del control, pero también el de los factores encargados de vigilar que toda actividad esté amparada en un marco jurídico.

La corrupción, la arbitrariedad, el desorden, la vinculación con grupos al margen de la ley y la incapacidad técnica para vigilar y ordenar el intercambio socio económico de la frontera, es el principal evento  que debe asumir un gobierno de legalidad. De acuerdo al también candidato a la Alcaldía de Cúcuta, Venezuela debe “reestructurar sus fuerzas armadas en un marco de institucionalidad y respeto a los derechos fundamentales y procurar un orden económico estable y armónico entre ambas naciones (…) Sin ello, proyectar medidas políticas que incidan en lo económico y social sería en vano”, señala Luna.

Afirma Bustamante que los Estados pudieran pactar intercambios de servicios. Propone, por ejemplo, que se lleguen a acuerdos para que el Norte de Santander surta de agua a algunos municipios de Táchira -por medio de una represa construida en el río limítrofe- y Venezuela, a cambio, atienda a colombianos a través de su red hospitalaria en la frontera. Todo en el marco de los valores reales de cada beneficio. “En la medida en que hay transparencia, se restablece la confianza y el respeto a las normas”, dice.

En esa misma línea, Luna apunta un comentario: “Si logramos pactar los recursos humanos necesarios para impulsar esas capacidades a través del conocimiento y la tecnología de ambos países, en temas  como la industrialización de los hidrocarburos y la minería, agroindustria, salud, seguridad, un régimen común arancelario y la conectividad física y virtual, podremos sin duda alguna avanzar sobre el mejoramiento de las condiciones de vida en la frontera”.

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La tarea imposible

Hablar de la gasolina y del valor del bolívar en la frontera es entrar en un terreno fangoso. Los disímiles modelos económicos de Colombia y Venezuela han contribuido a la disparidad de los precios, de allí a que sea tan complejo lograr que peso y bolívar se equilibren, o que la gasolina venezolana y la colombiana cuesten lo mismo.

“Mientras haya diferencias económicas es difícil concertar una moneda única. Venezuela no está produciendo y Colombia tiene una alta capacidad de producción y el valor de la moneda lo da precisamente eso (…) Colombia trata de tener una moneda que le permita ser competitiva, es decir, no muy alta, no muy baja, que pueda comprar a buen precio, y que pueda colocar a buen precio afuera y tener comprador. Colombia cree en esa política económica, en cambio Venezuela, no: está actuando con control de cambio, precios y  movimiento”, asevera Bustamante.

“La desdolarización y el libre acuerdo monetario entre los actores del comercio internacional,  permitirán que el bolívar retorne a su espacio natural y reasuma su valor como moneda de pago a través de las distintas modalidades que la legislación colombiana permite para la integración económica”, añade Luna.

La dificultad de detener el contrabando de gasolina radica en la característica “porosa” de una frontera plagada de trochas y senderos informales que comunican ambos países. Sánchez indica que por estos caminos se va el combustible que se mercadea al menudeo, y advierta que por los puentes internacionales atraviesan gandolas con el mismo fin. Si el precio de la gasolina venezolana no se sincera, esta fuga continuará.

“Mientras haya estas diferencias tan grandes desde el punto de vista ideológico y de visión de futuro, es muy difícil acabar con este contrabando. Cada quien está pensando en cómo lograr su propósito y no está pensando en la frontera, ni en la población”, insiste Bustamante.

A dos meses del cierre de fronteras por Milos Alcalay

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Al cumplirse dos meses del cierre de fronteras con Colombia, constatamos que ninguna de las razones esgrimidas por el Gobierno para justificar el atropello a los ciudadanos de ambos países, han tenido los resultados anunciados: sigue el desabastecimiento, el contrabando, la inseguridad pero además se suman nuevos problemas como la evidente asimetría política en vísperas de las elecciones en las regiones sometidas a un inconstitucional y ventajista “estado de excepción”.

Este tipo de medidas improvisadas y con fines electorales,  además de afectar a la población fronteriza, afecta el principio de la integración suramericana tan anunciada por el Gobierno, ya que no solo  viola los acuerdos de integración física fronteriza acordada por ambos Estados en múltiples instrumentos jurídicos, sino que también vulnera la libre circulación de personas, bienes y servicios que fluían entre Venezuela y -a través de Colombia- con otros países de la región como Ecuador, Perú, Bolivia y otros hermanos de “Nuestra América”

Los flujos migratorios de los países andinos por vía terrestre, permitían que un autobús pudiera llevar al Perú a través de Cúcuta,  a nuestros ciudadanos venezolanos ya que la nueva realidad del éxodo y la emigración nos ubican hoy no solo como una tierra de asilo -antes abierta a los ciudadanos del mundo-  sino que la diáspora venezolana comienza a ser significativa al dar los primeros pasos de su condición de emigrantes. Pero al mismo tiempo  un ciudadano Peruano o Boliviano podían beneficiarse de los Acuerdos de Migración Laboral adoptados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por Acuerdos Laborales de la Comunidad Andina que gracias a las Cumbres Sociales han adoptado el principio de la movilidad humana como elemento prioritario de la  integración de los pueblos.

Además de la dimensión humana de las disposiciones que aíslan a Venezuela, debemos preocuparnos también por el incumplimiento de la liberalización de la libre circulación de bienes, servicios y capitales, que violan los Tratados de Libre Comercio como los de Mercosur, o inclusive de países socios de Venezuela a través del ALBA

Muy preocupante ha sido también la “criminalización” de nuestros vecinos al justificar las expulsiones llamándolos “para-militares o prostitutas” unido a un discurso nacionalista y de seguridad nacional  con peligrosos tintes xenófobos y discriminatorios, que no se han borrado a pesar del cambio de discurso que ahora utiliza el contradictorio termino de “fronteras de Paz” pero que en el fondo muestra una creciente militarización, que no solo se da en el lado Colombiano, sino también en la frontera con Guyana, que ha denunciado ante los Países del Caribe y de la Commonwealth  el gravísimo Decreto 1787 –hoy derogado- pero que mostró ante los vecinos terrestres e insulares un preocupante viso neo-imperialista.

Esperemos que con el dialogo binacional -que ha dado muy pocos resultados- y  el apoyo del Secretario General de la OEA y del Secretario General de la ONU, se pueda normalizar la situación.

Cierre de la frontera no impidió que dólar paralelo superara los Bs. 820

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El cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia por los estados Táchira, Zulia y Apure, decretado por el presidente Nicolás Maduro, no ha detenido el aumento del dólar paralelo: el martes pasó la barrera de 800 bolívares por dólar y ayer llegó a 822 bolívares.

Pese a que algunas transacciones han dejado de hacerse en efectivo en casas de cambio de la frontera, los marcadores de la divisa no oficial sostienen que la tasa es determinada por las operaciones que se siguen haciendo mediante transferencias.

El registro actual es 720% más alto que en septiembre del año pasado, entonces un dólar paralelo costaba 100 bolívares promedio. Comparado con agosto de este año, antes del cierre de la frontera, la divisa ha subido más de 20% (estaba en 680 bolívares).

El economista Ronald Balza afirmó que en el alza de la divisa no oficial ha estado incidiendo la depreciación del peso colombiano frente al dólar. “La caída del precio del petróleo ha reducido la disposición de dólares en Colombia y la reacción ha sido que el dólar se aprecie”.

Agregó que en la frontera ha disminuido la demanda de bolívares, lo que ha hecho que el precio de la moneda nacional caiga con respecto al peso. La economista Anabella Abadi, de ODH Grupo Consultor, concordó con Balza. “Cualquier movimiento que afecte la relación peso-dólar va a afectar la tasa de cambio en la frontera”, dijo.

La poca oferta de divisas que entrega el gobierno por los tres mecanismos oficiales (Centro Nacional de Comercio Exterior, Sistema Complementario de Administración de Divisas y Sistema Marginal de Divisas) también ha llevado a que aumente la demanda de los llamados dólares negros, agregó.

Cálculos de Ecoanalítica reportan que en los primeros seis meses del año las asignaciones de divisas han caído más de 60%. La firma sostiene que el año pasado se entregaban en promedio 140 millones de dólares diarios y ahora 45 millones de dólares. Abadi agregó que la desconfianza que hay sobre la moneda nacional también incide en el incremento del paralelo.

“Las expectativas son el tercer factor clave en el alza de la divisa. En la medida en que el bolívar sigue perdiendo su capacidad de compra nadie quiere tenerlo en sus manos, ni personas naturales ni jurídicas. Prefieren cambiar los bolívares en cualquier otro activo y entre los más sencillos de acceder están los dólares”.

Lee más de este trabajo de María Fernanda Sojo en El Nacional.

Aplazan de nuevo la reunión de ministros de Defensa de Colombia y Venezuela

María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez,cancilleres de Colombia y Venezuela, respectivamente

La reunión que iban a celebrar mañana los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela para tratar la crisis fronteriza fue aplazada sin fecha a petición del Gobierno venezolano, informaron hoy fuentes oficiales.

“La noticia del aplazamiento fue comunicada este mediodía por la canciller Delcy Rodríguez, de Venezuela, a su homóloga colombiana, María Angela Holguín”, informó el Ministerio de Defensa de Colombia.

La reunión de los titulares de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, y de Venezuela, general Vladimir Padrino López, había sido inicialmente programada para este martes, pero se aplazó para mañana y finalmente ha quedado postergada sin fecha definida.

La cita debía celebrarse en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en la ciudad colombiana de Santa Marta.

Este encuentro fue acordado el pasado 23 de septiembre en Caracas durante la reunión de las delegaciones ministeriales de ambos países para acordar la “normalización progresiva” de la frontera, cerrada desde el pasado 19 de agosto por Venezuela para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.