Cámara de Representantes

Los comicios para elegir miembros de la Cámara de Representantes, el Senado y algunos gobernadores marcan la mitad del mandato para el presidente demócrata

El analista y experto en derecho internacional, Mariano de Alba, considera que Biden ha ido recuperando apoyo popular, pero no descarta que los republicanos capitalicen el descontento de algunos votantes 

 

 

 

Este martes 8 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones de medio término en Estados Unidos.

En estos comicios, que se efectúan cada cuatro años y dos después del proceso para seleccionar al presidente estadounidense, se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 miembros del Senado.

Los votantes decidirán también quiñenes quedarán al frente de gobernaciones y secretarías en 36 estados, legislaturas estatales, alcaldías, consejos municipales y juntas escolares.

Para algunos, estas elecciones significan una especie de referéndum para el presidente Joe Biden, quien ha enfrentado varias crisis en sus dos años de mandato como la pandemia del coronavirus, el retiro de tropas estadounidenses de Afganistán, la invasión de Rusia a Ucrania, la penalización del aborto, la inflación, el control de las armas de fuego y, más recientemente, el flujo migratorio irregular a través de la frontera sur con México, cuyos protagonistas son en su mayoría venezolanos. 

El objetivo tanto del partido demócrata, al que pertenece Biden, como del opositor republicano es adueñarse de al menos una Cámara del poder legislativo.

 

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Biden busca oxígeno

En la actualidad, los demócratas dominan ambos hemiciclos con una ajustada ventaja, pero una eventual victoria en estas elecciones le daría oxígeno político a Biden en el par de años que restan de su gestión. 

Actualmente, los demócratas tienen 221 de los 435 escaños de la Cámara Baja, frente a 212 de los republicanos. Mientras que en el Senado hay un empate a 50, con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris inclinando la balanza hacia el lado del partido en el poder.

En la Cámara de Representantes, los republicanos necesitan al menos cinco escaños para hacerse del control. Si esto llega a pasar, los demócratas perderían la mayoría que obtuvieron en 2018.

“Estas elecciones de medio término son un evento político crucial que servirá como un termómetro a dos años de las próximas elecciones presidenciales”, dijo el experto en derecho internacional y analista, Mariano de Alba.

A continuación, presentamos una claves para entender los alcances de estas elecciones en territorio estadounidense.

 

– ¿Por qué las elecciones son en noviembre?

Según la Ley Federal que data de 1845, el día de las elecciones de medio término cae el “primer martes luego del primer lunes del mes de noviembre”. Será la segunda ocasión en las últimas cuatro elecciones que estas caigan en una fecha similar.

 

– ¿Qué participación se espera?

Por tradición, las elecciones de medio término tienen menos poder de convocatoria que los comicios presidenciales. De acuerdo con estadísticas de los últimos años, en este proceso participa un 40% de los votantes registrados. 

 

– ¿Habrá voto castigo para Biden?

De acuerdo con la empresa recopiladora de datos American Presidency Project, desde 1934 el partido del presidente en funciones tiende a perder un promedio de 23 escaños en la Cámara de Representantes.

“Usualmente, el partido del presidente que está en el poder obtiene muy malos resultados en estas elecciones, pero este año los demócratas han logrado ir recuperando apoyo popular y, por ende, el escenario que luce más probable es que no sea una debacle para esa fracción”, dijo de Alba.

Según sondeos de la Universidad de Quinnipiac, la popularidad de Biden se ubica en un 42,5%, cifra superior al 37% que tenía en julio y agosto.

“Hace seis meses los observadores políticos esperaban una ola republicana como la que sucedió después de las elecciones de Barack Obama y Donald Trump, pero hoy en día ya no la ven”, dijo Doug Schwartz, director de encuestas de la mencionada universidad. 

 

– ¿Qué puede pasar, hacia dónde se inclinaría la balanza?

Si bien es cierto que hay descontento con la gestión de Biden, especialmente por cómo ha manejado el tema económico con la inflación y el aumento de la gasolina, existen otros factores que juegan a su favor en esta oportunidad.

“Parte de la razón para esto ha sido que todavía esta presente en el debate el asalto al Capitolio en enero de 2021 y también el asunto de que la Corte Suprema ha restringido el derecho al aborto, lo que parece que está moviendo a votantes demócratas”, sostuvo de Alba.

“A pesar de esto, en las últimas semanas, los candidatos republicanos han recuperado un poco el terreno y pareciera que lo más probable es que el partido demócrata pierda el control de la Cámara Baja del Congreso”, añadió el analista.

 

– ¿Cómo se proyectan los dos últimos años de mandato de Biden?

De acuerdo con De Alba, las proyecciones apuntan a que quien se imponga tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado lo hará por una ajustada diferencia.  

“En el Senado cualquier cosa pudiera pasar, pero también luce probable que los republicanos obtengan el control, así sea con una mayoría mínima. Si este escenario se confirma, el presidente Biden enfrentará dos años más de mandato con mayores limitaciones, ya que los republicanos utilizarán su presencia en el Congreso para ser más críticos, tratar de restringir ciertas acciones y presupuestos y en definitiva para ir abonando el terreno para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024”, agregó.

 

-¿Cuáles estados son determinantes?

Según el Centro Electoral de la cadena de noticias CNN, lo que suceda en seis estados podría ser determinante para el resultado final.

En la lista figuran las entidades donde Biden cambió la tendencia hace dos años: Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, además de Nevada.

En Arizon,a Biden se convirtió en el primer candidato demócrata en ganar desde que lo hiciera Bill Clinton en 1996, mientras que en Wisconsin obtuvo la victoria por menos de un punto y en Michigan por escaso margen de 155 mil votos. En estos estados los temas de aborto, cambio climático, política económica y educación juegan un papel fundamental. 

 

-¿Qué pito toca Trump en esta contienda?

La figura de Donald Trump está presente en esta elección de medio término. El expresidente ha ofrecido su apoyo a algunos candidatos y, al parecer, calienta motores para lo que sería una nueva postulación presidencial en 2024.

El empresario bloqueado en Twitter y Facebook no ha dejado de ser noticia desde que abandonó la Casa Blanca. Mientras sigue denunciando que Biden hizo fraude en los comicios de 2020, ha sido sometido hasta a tres procesos de investigación.

El primero por supuestamente guardar documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, el segundo por eventuales irregularidades con la organización Trump, donde estarían involucrados miembros de su familia y otro por incitar al asalto del Capitolio.

El cartógrafo político y coeditor de la revista Sabato´s Crystal Ball, Geoffrey Skelley, sostuvo que a los demócratas les conviene que Trump se inmiscuya en las elecciones. “Cuanto más se inserta, más recuerda a los votantes indecisos por qué votaron por Biden”, afirma.

El vaivén de Biden con la migración venezolana

LA SENADORA Y PRECANDIDATA demócrata a la Presidencia de EE.UU. Elizabeth Warren instó hoy a la Cámara de Representantes a iniciar el proceso de juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump, por la “gravedad” de las revelaciones incluidas en el informe de la trama rusa.

“La gravedad de su mala conducta exige que los funcionarios electos de ambos partidos dejen de lado consideraciones políticas y cumplan su deber constitucional. Eso significa que la Cámara debería iniciar el proceso de enjuiciamiento contra el presidente de EEUU”, escribió la senadora en su cuenta de Twitter.

Warren destacó las revelaciones del informe elaborado por el fiscal especial Robert Mueller, dado a conocer este jueves, en el que se recogen varios episodios de Trump para entorpecer la investigación sobre la posible conspiración con Rusia durante las elecciones de 2016.

La senadora indicó que el documento de Mueller detalla los intentos de Rusia para que Trump fuese elegido como presidente y cómo el actual mandatario “dio la bienvenida a la ayuda” y “luego obstruyó la investigación”.

“Ignorar los esfuerzos repetidos para obstruir una investigación en su propia conducta desleal infligiría un gran y duradero daño en este país, y sugeriría que tanto el actual como futuros presidentes estarían libres para abusar su poder de manera similar”, agregó.

Los demócratas cuentan con la mayoría en la Cámara de Representantes, donde se debería iniciar el proceso de juicio político, pero su presidenta, Nancy Pelosi, ha marcado distancias sobre las consecuencias de esta medida y sus efectos de cara a las elecciones presidenciales de 2020.

Otros aspirantes demócratas a la candidatura, como el ex congresista estatal de Texas Beto O’Rourke, han evitado pronunciarse y señalado que es competencia de los legisladores federales.

Mueller explica en su informe el desarrollo de sus pesquisas sobre la supuesta conexión entre el equipo electoral de Trump y Rusia en la campaña para las elecciones presidenciales de 2016 y la presunta obstrucción a la Justicia por parte del mandatario.

No obstante, el fiscal especial concluye que no había “pruebas suficientes para apoyar cargos criminales” relacionados con los “numerosos contactos entre individuos vinculados al Gobierno ruso” y la campaña de Trump, pero arroja dudas sobre una posible obstrucción a la Justicia.

 

Autoridades de la Cancillería uruguaya concurrirán este miércoles a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes (diputados) del Parlamento para responder ante la denuncia de que a ciudadanos venezolanos se les niega la residencia permanente en el país hasta 2018.

El llamado tiene lugar a petición del diputado del opositor Partido Nacional Jaime Trobo, quien pedirá explicaciones al viceministro de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, y al director general para Asuntos Consulares y Vinculación, Jorge Muiño.

Las autoridades de la Cancillería serán cuestionadas sobre el aplazamiento de la concesión de residencia permanente a venezolanos por más de un año “sin justificación”, dijo este miércoles Trobo a Efe.

“Los ciudadanos de Venezuela, tanto como los de Argentina y Brasil tienen derecho a solicitar la residencia permanente en Uruguay solo con su partida de nacimiento y su registro penal”, apuntó Trobo, alegando que la residencia permanente es concedida a los ciudadanos extranjeros de países miembros del Mercosur.

Trobo afirmó a su vez que los venezolanos que ingresan al país con una visa turística con una duración de 90 días pueden extenderla pero que esto no es suficiente.

“Estas dificultades hay que corregirlas, esta es una situación de vulnerabilidad muy importante que creemos que debe ser resuelta por las autoridades”, aseveró el parlamentario.

“Ellos solicitan número y no los atienden, por lo cual no pueden acceder al documento de identidad uruguayo ni registrarse en el Banco de Previsión Social (organismo que gestiona el sistema de la Seguridad Social uruguaya) y se terminan empleando en el país en negro, sin documentos”, recalcó.

Asimismo, el diputado uruguayo dijo que otro tema a discutirse en la reunión parlamentaria con las autoridades del Gobierno será la situación actual de los uruguayos residentes en Estados Unidos, en especial quienes no han concluido sus trámites de residencia en ese país.

“Nos han llegado la preocupación de varias familias aquí por sus parientes y, dada la postura del Gobierno de Estados Unidos en cuanto a la inmigración, nos interesa saber qué gestiones ha hecho el Gobierno uruguayo desde Cancillería”, destacó Trobo.

 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió un nuevo revés judicial de manos de un tribunal de apelaciones, que decidió mantener la suspensión temporal que impide aplicar el alivio migratorio que el mandatario anunció hace seis meses para regularizar a cinco millones de indocumentados.

El primer golpe encajado por Obama se produjo en febrero, cuando el juez federal de Texas Andrew Hanen, a petición de 26 estados, en su mayoría republicanos y liderados por Texas, dictó la suspensión temporal de las medidas, horas antes de que comenzaran las solicitudes para la primera fase del programa, mencionó Efe.

La decisión de este martes de mantener la suspensión de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (Louisiana), una de las más conservadoras del país, supone un nuevo golpe para Obama, al que los republicanos acusan de haber propugnado una «amnistía» con medidas «inconstitucionales» sobrepasando su poder como Presidente.

Dos de los tres jueces dictaminaron que las medidas deben seguir paralizadas, al esgrimir que los Estados gozan del amparo legal para presentar la demanda y que la Administración Obama no demostró que la suspensión pueda acarrear daños en la implementación de los cambios migratorios.

Los Estados basaron su demanda en el argumento de que, con las medidas migratorias, Obama había «sobrepasado» los poderes que tiene como presidente al haberlas aprobado por decreto -sin someterlas a un voto del Congreso- y había fallado así en su obligación de garantizar que las leyes son cumplidas.

Un portavoz del Departamento de Justicia consideró «decepcionante» la decisión de la Corte, aunque aseguró que las acciones ejecutivas del presidente son «coherentes» con la ley y con la Historia, pues «durante cinco décadas los presidentes han utilizado su poder para hacer cumplir las leyes migratorias». El Departamento de Justicia está analizando el texto y los siguientes pasos a adoptar, según un funcionario citado por la agencia Reuters.

Tras difundirse el fallo, la Casa Blanca también reaccionó y acusó a los magistrados de “malinterpretar los hechos y las leyes” y defendió que las medidas se integran dentro de los “límites” de la autoridad presidencial.

El Senado aprobó en junio de 2013 un proyecto de ley bipartidista para una reforma migratoria, pero la propuesta ni siquiera fue sometida a voto en la Cámara de Representantes y, por ello, Obama decidió emitir unas acciones ejecutivas en noviembre para frenar las deportaciones.

Contra esta decisión, el Gobierno de EE.UU. puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, algo que podría favorecer a Obama, dado que la máxima instancia judicial de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Ejecutivo federal en la aplicación de las leyes de inmigración.

La decisión judicial ha despertado la indignación entre grupos proinmigrantes, que urgieron al Gobierno a elevar el tono y llevar la batalla legal al Tribunal Supremo.

«Hacemos un llamamiento al Departamento de Justicia para que continúe con sus esfuerzos para levantar esta suspensión y llevar el asunto, sin demora, ante la Corte Suprema», destacó en un comunicado Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Inmigrantes, una de las organizaciones más activas en esta pugna legal.

El fallo judicial también desató reacciones en el Congreso, donde el congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez consideró la decisión «decepcionante pero no inesperada», y se mostró convencido de que finalmente saldrá adelante porque «la ley está sin duda del lado del presidente».

«Cuanto más tarde el proceso judicial, más difícil será imaginar a un candidato republicano para la Casa Blanca, porque el tema migratorio será definitivamente un tema de campaña», advirtió Gutiérrez, uno de los rostros más visibles en la lucha migratoria con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2016.

En el otro lado del espectro político, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, calificó de «victoria» para la Constitución y el Estado de Derecho el fallo judicial, que pone fin «a meses de ofuscación» del Gobierno de Obama, según dijo en un comunicado.

En el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, advirtió de que los republicanos «seguirán de cerca» el caso para «frenar» la «extralimitación» de poderes del Presidente.

Desde el primer tropiezo judicial, Obama ha reiterado en varias ocasiones su compromiso para regularizar a cinco de los once millones de indocumentados que viven en el país, una propuesta que formuló por primera vez en 2008, cuando prometió una reforma migratoria que finalmente no pudo sacar adelante el Congreso.

Ahora queda por ver cuál será el siguiente movimiento del mandatario en una batalla legal, en la que cuestión de fondo es quién tiene autoridad para legislar sobre política migratoria, el Legislativo o el Ejecutivo.

En varias ocasiones, el Gobierno federal ha asegurado que posee autoridad única para aplazar las deportaciones, mientras que los estados reivindican su autonomía para decidir sobre unas medidas, que, según aseguran, les supondrán grandes perjuicios económicos.

El fallo de este martes enquista indefinidamente la implementación del plan migratorio. En febrero, estaba prevista la entrada en vigor de la primera parte de las medidas: se abría el plazo de aceptación de peticiones de la extensión del Programa de Acción Diferida (DACA) que beneficia a jóvenes sin papeles. Y este mes de mayo debía entrar en vigor un segundo y nuevo programa (DAPA) destinado a padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente.

 

*Con información de El Universal y El País

 

 

Aprobar, negar o revocar una visa constituye un acto administrativo interno a cada país por medio del cual se dispone sobre el transito o permanencia de aquellos extranjeros que se considera cumplen con los requisitos legales  en base a las disposiciones establecidas por el Poder Ejecutivo, Judicial, o Legislativo. Se trata de un acto soberano por lo que la decisión que se adopte por parte de las autoridades –sean buenas o malas-  tiene efectos migratorios individuales, que no pueden ser determinadas por el país de la persona afectada y mucho menos por organismos internacionales.

El Congreso de los Estados Unidos, al igual que otros Parlamentos de América Latina y el Parlamento Europeo; las Internacionales Políticas (Socialista, Demócrata Cristiana, Liberal, Conservadora); el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Secretario General de la OEA –para no mencionar sino algunas instituciones- condenaron la situación que vivió Venezuela en el año 2014, en el que se produjeron las trágicas muertes de manifestantes, la detención de miles de estudiantes, las torturas y el arresto arbitrario de dirigentes políticos entre ello Leopoldo López y Alcaldes electos.

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de los Estados Unidos aprobaron una moción que luego fue ejecutada por el Presidente Obama, en la que decidieron revocarle las visas a medio centenar de personas por considerarlas no gratas a permanecer en su país, y al mismo tiempo prohibirles que se puedan beneficiar de los mecanismos  financieros de la banca americana, por estar incursos en violación de los derechos humanos y en actos de corrupción, ambos delitos tipificados en la legislación nacional y en Acuerdos Internacionales. Al aplicarse la sanción se tomo la precaución de no dar sus nombres.

Ante esa decisión, Venezuela respondió con su ya habitual “diplomacia del micrófono” protagonizando otra confrontación con los Estados Unidos, en los que un tema  bilateral trata de convertirlo en una cruzada fundamentalista contra el “Imperio”. Para ello, el Presidente Maduro usa argumentos contradictorios: Por una parte, afirma que está deseoso de dialogar con Washington para normalizar la situación pero al mismo tiempo usa el alto parlante de denuncias  convocando al Secretario Permanente de UNASUR Ernesto Samper a Miraflores para denunciar que existe una conspiración para derrocarlo;  exhorta a los Cancilleres de UNASUR para que obliguen a los Norteamericanos a deponer las agresiones contra su Administración; convoca a los Presidentes del CELAC, al Movimiento de Países No Alineados, y todo tipo de escenarios internacionales para exigirle a los Estados Unidos a que “dialoguen” con Venezuela, mientras que desde el inicio el Departamento de Estado ha reiterado que está dispuesto a tratar las relaciones por la vía diplomática y que tratándose de un tema bilateral,  no aceptará  multilateralizar esa decisión.

El escándalo no es solo en el plano diplomático ya que el Presidente Maduro propicia que el Tribunal Supremo de Justicia adopte una sentencia condenado a los Estados Unidos y que la Fiscal General y la Asamblea Nacional se sumen a la defensa de verdugos y corruptos alegando que se trata de un atentado contra Venezuela,  queriendo imponerle a otros cual deba ser su agenda con el mensaje “Con mis visas, no te metas” pero considerando que Venezuela tiene el derecho de expulsar diplomáticos, revocar visas y movilizar instituciones internacionales. Son dos pesos y dos medidas.

 

@milosalcalay

 

Los resultados de la segunda vuelta por el escaño al Senado por Luisiana marcaron el inicio de una carrera en los pasillos del Congreso de EEUU, buscando la aprobación de una ley con sanciones contra personas (no sólo funcionarios) involucrados en violaciones de derechos humanos en Venezuela.

El domingo 06DIC14, la demócrata Mary Landrieu fue derrotada por el republicano Bill Cassidy en su intento por lograr un cuarto mandato como senadora por Luisiana. El hecho, que aparentemente no guardaba relación directa con Venezuela, defenestraba a la senadora Landrieu, quien mantiene fuertes conexiones con el sector petrolero de su estado, incluyendo a la empresa Citgo, propiedad del Gobierno venezolano, de la cual recibe contribuciones para financiar sus actividades políticas. El 31JUL14 Landrieu bloqueó en el Senado, la consideración y aprobación sin votación ni debate de un proyecto de ley referido a Venezuela, patrocinado por el senador demócrata y presidente del Comité de Relacionas Exteriores Robert Menéndez. Landrieu se hizo eco de papeles preparados por Citgo en los cuales se especulaba sobre potenciales impactos contra esa empresa en caso de prosperar la ley. En una jugada  parlamentaria de última hora, las “dudas” de Landrieu  imposibilitaron la aprobación de la ley, por vía rápida, tal como ya había sido acordado entre las dos bancada. Resultó obvio que la senadora había facilitado una maniobra propiciada por el Gobierno de Nicolás Maduro para posponer la consideración de la ley. Llegaron las vacaciones legislativas y el tema quedó congelado hasta que en la noche del 06DIC14 se conocieron los resultados de Luisiana por los cuales Landrieu ahora va de salida del Senado.

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El proyecto de Ley 2142 titulado “Ley de defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela” fue presentada originalmente por Robert Menéndez el 13MAR14, con el copatrocinio del demócrata Bill Nelson (Florida) y de los republicanos John McCain, Marco Rubio y Mark Kirk (Arizona, Florida e Illinois). En paralelo, desde el 07MAY14, en la Cámara de Representantes comenzó a procesarse un proyecto análogo (HR4587) al de Menéndez, presentado por la republicana Ileana Ros-Lehtinen (Florida) el cual llegó a ser aprobado por el plenario de la Casa y esperada su confirmación por el Senado.

Con la derrota de Landrieu en Luisiana, los grandes motores de la ley sobre Venezuela, Rubio, Menéndez y Ros-Lehtinen, arracaron el lunes 07DIC14 una intensa actividad para reactivar el acuerdo bipartidista y aprobar el proyecto en el Senado sin debate ni votación, para luego llevarlo a consideración de la Cámara, lograr que fuera considerado sin modificaciones y proceder a votarlo sin debate. Todo ello debía realizarse en un plazo de cuatro días, durante la última semana del actual Congreso, compitiendo con decenas de decisiones legislativas represadas. El martes 08DIC14 el Senado de EEUU aprobó la ley “Para imponer sanciones a personas responsables de violación de derechos humanos de manifestantes antigubernamentales en Venezuela, para fortalecer la sociedad civil en Venezuela y para otros propósitos”. A las 6:26 de la tarde del miércoles 10DIC14 la Cámara de Representantes aprobaba igualmente el proyecto de ley.

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El grupo bipartidista de parlamentarios, bicameral y descendiente de latinoamericanos habían logrado imponer su estrategia ante el Gobierno de Nicolás Maduro, pasando a manos del presidente Barack Obama una carta que puede representar el escalamiento en las tensiones entre Washington y el régimen venezolano.

Quedó demostrado que el tema “Venezuela” ya forma parte de la agenda de los políticos latinos en EEUU. El caso más notorio de reciente activismo político y parlamentario alrededor del tema latinoamericano y en especial “Venezuela” es el del republicano Marco Rubio. Durante su viaje oficial a Colombia el 05-06NOV14, Rubio sostuvo reuniones con el alto Gobierno colombiano incluyendo al vicepresidente German Vargas Lleras, los ministros de Defensa y Hacienda, así como el jefe de la delegación oficial en las negociaciones con las FARC, Humberto de la Calle. Rubio igualmente se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Las primeras reacciones del Gobierno Maduro ante la aprobación de la ley en el Congreso de EEUU ha sido intensificar su campaña contra el líder opositor Leopoldo López, preso en una cárcel militar y, contra su esposa Lilian Tintori, quien adelanta una incansable campaña internacional por la causa de su marido. Aparte de la utilización publicitaria de la ley en plano de victimización interna, el aparato propagandístico castrochavista ya comenzó a movilizarse internacionalmente. El ALBA se pronunció el 11DIC14 denunciando la “agresión” de la “élite imperialista”. El Gobierno Maduro está gestionando pronunciamientos de los distintos Gobiernos de la región y de organismos como Mercosur o Unasur. En Caracas y en La Habana se sopesan las posibles acciones diplomáticas de Maduro ante EEUU.

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Desde la radicalización del régimen de Hugo Chávez y su inocultable alianza política y militar con Cuba, el Gobierno de EEUU ha ido imponiendo diversas limitaciones y sanciones al régimen chavista. Las ventas a clientes venezolanos por  empresas productoras de alta tecnología, tales como IBM o HP, han sido supervisadas durante la última década, según diversas fuentes, ante sospechas de flujo de equipos informáticos a Cuba.

El suministro a Venezuela de material para uso militar o para uso final por parte de militares con tecnología estadounidense está vetado, lo que ha impedido ventas por parte de las industrias bélicas de varios países incluyendo Brasil y España. El embargo de EEUU a Venezuela en materia de venta de bienes y servicios militares fue fijado por resolución del Departamento de Estado vigente desde el 17AGO06. Luego, desde el 23ENE09, el Departamento de Seguridad Nacional estableció la revisión especial de barcos que se dirijan a puertos estadounidenses y que previamente tocaran en puertos venezolanos, como una medida antiterrorista.

En septiembre y noviembre de 2014, el Departamento de Comercio de EEUU emitió resoluciones que ampliaron el bloqueo al suministro de equipos con tecnología estadounidense y con uso final militar que pudieran ser negociados por Venezuela con Rusia y China. El Gobierno de Barack Obama justificó esas  recientes nuevas restricciones de comercio bélico como una respuesta a la “violenta represión militar contra el pueblo de Venezuela”. También por esa causa, el Departamento de Estado impuso sanciones, el 30JUL14, a altos funcionarios civiles y militares venezolanos a quienes se les retiró el visado. Según diversas fuentes, EEUU ha mantenido informados a varios Gobiernos de Latinoamérica, incluyendo a Brasil y Colombia, sobre los pasos que ha dado ante el régimen venezolano.

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La ley 2142 identifica tres tipos de potenciales personas (no sólo funcionarios) sancionables por EEUU. Primero: los que perpetraron, ordenaron o dirigieron actos de violencia o serias violaciones de los derechos humanos contra personas asociadas a las protestas antigubernamentales iniciadas en Venezuela el 04FEB14 (arranque de protestas en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira). Segundo: quienes ordenaran o dirigieran el arresto y persecución de venezolanos por su ejercicio del legítimo derecho de expresión y reunión. Tercero: quienes aportaron apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios, en apoyo de los actos de violación de DDHH. Los supuestos arriba indicados pudieran corresponderse con varias centenas de potenciales sancionados.

La implementación de la ley de sanciones tendría un costo que en agosto pasado se estimaba en US$ 8 millones. Estos recursos serían utilizados por el gobierno de EEUU en las tareas de identificación de las personas sancionables y la implementación de dichas medidas que se resumen en suspensión y denegación de visados, bloqueo de propiedades y de transacciones en EEUU. Por razones de seguridad nacional, el Presidente podrá exceptuar la aplicación de sanciones a determinadas personas. Las sanciones no serán aplicables al personal venezolano ante las Naciones Unidas.

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El proyecto de ley  de sanciones aprobado por el Congreso de EEUU difiere en diversos aspectos con la versión originalmente presentada por Robert Menéndez en el Senado y del proyecto impulsado Ros-Lehtinen. El proyecto senatorial fue progresivamente modificado para complacer a diversos sectores en el Congreso, reduciendo el costo presupuestario de la ejecución de la Ley. Igualmente fueron dejados a un lado diversos aspectos de acción directa en la política venezolana, reduciendo el perfil “injerencista” del proyecto inicial y haciéndolo más potable internacionalmente. La ley aprobada no incluye la creación de un fondo para respaldar a la oposición venezolana, cuyo monto era de US$ 15 millones en el proyecto de Menéndez y de US$ 5 millones en el proyecto Ros-Lehtinen. Este punto fue eliminado del proyecto desde el mes de agosto por los promotores del proyecto en el Senado, para garantizar que varios senadores republicanos no bloquearan la vía rápida para la aprobación. El proyecto que corrió en el Senado originalmente obligaba al Departamento de Estado a  “fortalecer la organización y capacidad operacional de la sociedad civil en Venezuela”, “facilitar el acceso no censurado a Internet a los venezolanos”, “proveer apoyo a organizaciones políticas democráticas y al monitoreo electoral en Venezuela”, entre otras medidas. Estas acciones no figuran en el proyecto finalmente aprobado.

El apoyo a refugiados políticos, las sanciones a empresas proveedoras de equipos antimotines, puntos incluidos en el proyecto de ley de Ros-Lehtinen, también quedaron fuera de la legislación aprobada.

 

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario las Américas

 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para la defensa de los derechos humanos y sociedad civil de Venezuela, que había sido aprobado el martes por el Senado.

El proyecto, que autoriza sanciones y congelamiento de bienes a miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pasa a la sanción presidencial de Barack Obama.

Fuentes del gobierno le confirmaron a CNN que el presidente Barack Obama lo promulgará tras la aprobación en Cámara.

El proyecto del senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez, y de su colega republicano de Florida, Marco Rubio, instruye al presidente a imponer sanciones –tanto de suspensión de visados, como de tipo económico– a individuos, incluidos miembros del gobierno de Venezuela y de las fuerzas de seguridad, responsables de actos de violencia y violación de los derechos humanos contra manifestantes pacíficos en Venezuela.

Incluye además a quienes hayan ordenado el arresto o procesamiento de cualquier persona por ejercitar su libertad de expresión o asociación.

En agosto de este año, el senador Rubio presentó una lista de posibles sancionados.

Rubio dijo que era un largo y esperado paso para demostrar el compromiso de Estados Unidos con las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, tanto en palabras como en acción.

«Estas sanciones van contra funcionarios y matones del régimen de maduro que se han pasado todo el 2014 autorizando y cometiendo asesinatos, golpizas, encarcelaciones injustificadas y condenas absurdas contra opositores y venezolanos inocentes», señaló Rubio.

El presidente Maduro se pronunció este martes sobre este tema y las relaciones con EE.UU.

“Me he armado de paciencia y hemos hecho todo lo que se puede hacer y más para que en Washington los factores del poder del imperio sepan que están derrotados aquí y que nosotros lo único que aspiramos es relaciones de respeto y paz. Que Venezuela más nunca va a ser una colonia en manos de peles, mequetrefes, pitiyanquis”, manifestó Maduro.