@AdrianitaN
EL PROCEDIMIENTO GUBERNAMENTAL EN LA COTA 905 dejó sonrisas en los rostros de quienes lo vieron como un acto de justicia. Para otros, fue un “barrido” en el que pagaron justos y pecadores. El dueño de un vehículo robado espera pacientemente buenas noticias, frente a la sede de la Dirección de Tránsito. Familiares de los más de cien detenidos esperaban lo mismo frente al Comando de Zona número 43 de la GNB
Patrullas y motos oficiales quemadas, tiroteos a policías y caravanas funcionarios del Gobierno fueron el caldo de cultivo de una toma policial que tomó por sorpresa a toda Caracas. Desde la madrugada del lunes 13 de julio de 2015, la GNB, el Sebin, la PNB y el Cicpc (incluído el BAE) desplegaron la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo”, con el fin de capturar a delincuentes de alta peligrosidad presuntamente escondidos en las distintas zonas de la Cota 905.
El Corsa era de un taxista
18 días después de ser asaltado, el calvario del taxista Pedro González continúa. El 13 de julio de 2015, espera noticias de su carro, apoyado en una pared cercana a la sede de la División de Vehículos del Cicpc, en Quinta Crespo. Fue una de las personas que recibió con alegría la noticia de la toma militar de La Cota 905. Tiene la ilusión de que su Corsa, color azul claro, sea uno de los 29 vehículos recuperados en el marco de la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo”, adelantada por el gobierno venezolano, con el fin de desmantelar bandas delictivas dedicadas al sicariato, secuestro, extorsión y grupos con fines “paramilitares”.
“Yo espero, con el favor de Dios, que esté rescatado, que no esté tan mal. Yo lo que quiero es recuperar mi carro, para seguir trabajando”, asegura. Su familia le pide que deje de “taxiar”, pero a González “la pensión no le alcanza”.
El 25 de junio de 2015, le falló el instinto. Pedro González es taxista y controlador aéreo jubilado. En realidad no se llama así, pero el haber sido despojado de su carro a punta de pistola lo ha convertido en un hombre desconfiado y prefiere no dar su nombre verdadero. Cerca de las 5 de la tarde de ese día, aceptó “hacerle la carrera” a un muchacho blanco, “flaquitico y sifrinito”, como de 20 años, desde El Paraíso hasta la urbanización La Paz.
A la altura del Bloque de Armas —avenida principal de San Martín— el joven puso el cañón de su pistola en la sien de González y le ordenó bajarse del carro. Él decidió apostar por su vida y acató el pedido. Su celular quedó dentro del vehículo. Desde entonces, ese fue el canal de comunicación entre su familia y esa ciudad paralela llamada “Cota 905”.
El “sifrinito” le advertía que no se atreviera a llamar a la policía, que iba a picar su carro en pedacitos o quemarlo. . El delincuente fijó el precio del “rescate” del vehículo en 230 mil bolívares. El dueño debía agarrar el autobús que recorre la ruta El Cementerio-La Cota 905 y arrojar el morral lleno de billetes en un punto de la vía. González pidió apoyo a la División de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
El periodista Daniel Guillermo Colina informó el 2 de julio de 2015, que el Cicpc, había localizado alrededor de 25 carros robados, valiéndose del sistema de geolocalización por GPS. Todos se encontraban en el sector “Las Quintas” de la Cota 905. El rescate, pautado para el 30 de junio, fue suspendido por los mismos funcionarios. “Es que eso es ‘Zona de Paz’ y nosotros tenemos prohibido meternos ahí”, alegó el encargado del procedimiento.
Golpea primero, pregunta después
“Tú eres una perra, maldita chismosa”, le dijeron a Nancy Aguayo un par de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando la bajaron a empujones, junto a su hijo de 15 años, de un autobús de pasajeros, durante el procedimiento militar en La Cota 905. Él, trabajaba como “colector” (copiloto que se encarga de cobrar el pasaje) en la unidad de transporte; ella iba a las seis de la mañana, como todos los días, a su trabajo. El adolescente fue “radiado” —o sus antecedentes penales fueron corroborados por medio de una radio— por un GNB, delante de su madre.
No tenía prontuario ni solicitudes, pero pasó a ser uno de los 134 detenidos de ese día, según el parte del ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López. “Tú eres una perra alcahueta”, remató el funcionario y se llevó al quinceañero. Un delincuente reveló a Runrunes que las bandas de la Cota 905 estaban compuestas por más de 200 personas.
“Bueno, él no tenía teléfono porque ya se lo habían robado. Si hubiese tenido, dicen que era para comunicarse con los malandros; como no tenía, dijeron que era sospechoso e igual se lo llevaron”, aseguró la madre mientras esperaba a las puertas del Comando de Zona número 43 de la GNB, en El Paraíso.
“¿Orden de allanamiento? No, mi amor. Aquí llegan pateando puertas y sacando a la gente a golpes”, aseguró Lucía Algarín, familiar de varios detenidos durante la toma policial llevada a cabo desde la madrugada del lunes 13 de julio de 2015, en la Cota 905.
La casa de Algarín queda en el sector Mata de Caucho de la Cota 905. En ella viven cuatro familias. A las 6:00 de la mañana patearon su puerta, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), le preguntaron si ella era “mujer de algún malandro” y, sin esperar respuesta, se metieron a buscar todos los teléfonos celulares y a los hombres de la casa.
Luis Ardila, Gabriel Hidalgo, Edgar Lucena y un menor de edad que se encuentra en proceso de ser adoptado —según denuncian los familiares— fueron sacados “a puños” de la casa, mientras dormían.
El procedimiento, compuesto por efectivos del Cicpc, GNB, PNB y Sebin , buscaba “neutralizar” a integrantes de las bandas “El Coqui”, “Los Guayabos”, “Los Zanjoneros” y “Los Barloventeños”, acusados de los delitos de extorsión, secuestro, tráfico de drogas, homicidios, entre otros.
Edimar Burgo, cerca de las 8:00 de la noche del lunes, se contaba como la única mujer detenida a raíz del proceso policial. Según relata Yuseidi Comare, su prima, los funcionarios del Cicpc entraron a la casa, ubicada en el sector Las Quintas y compartida por dos familias, a las 4:00 de la mañana. “Ellos agarraron a todos los hombres. Ella (Burgo) vio como estaban golpeando a su esposo y se ‘alzó’. Ahí fue que la agarraron a ella también y se la llevaron”, explicó Comare.
Carolina Gutiérrez —nombre ficticio para resguardar su identidad— estudia derecho y no para de recitar artículos de la Constitución de Venezuela en la puerta del destacamento de la GNB. Para llegar ahí tuvo que “lanzarse por el cerro”, pues todos las salidas de la Cota 905 estaban bloqueadas por tanquetas de la GNB desde la madrugada. Al amanecer, le patearon la puerta y sentaron a todas las personas que vivían en la casa en el sofá a “decirles groserías”.
“Me dijeron que a los hombres les iban a sacar sangre a golpes si no hablaba y decía dónde estaban los malandros”, explica Gutiérrez. Su cuñado y su primo están ahora bajo el resguardo de la GNB. Su papá, un hombre hipertenso de 53 años, se salvó de ir preso porque se le quedaron las pastillas para el corazón en la casa. “Estamos de acuerdo con que saquen a los malandros de nuestras comunidades, pero una cosa es hacer operativos y otra acribillar a las personas”, alegó la estudiante.
«Nosotros vivimos una noche de terror. Se veían los malandros con las pistolas en las manos y nosotros con los niños. Yo te digo, estoy de acuerdo con que se saque a esos malandros de nuestras comunidades», aseguró una mujer que llegó corriendo a la avenida Los Laureles de El Paraíso, buscando refugio del tiroteo.
La eterna espera afuera del comando
Trece horas después del inicio de la redada, alrededor de 250 familiares de los detenidos continuaban esperando una lista formal de detenidos al frente de las rejas del Comando de Zona número 43 de la GNB. A las 5:00 de la tarde se escuchaban gritos; no parecían ser de dolor. Un funcionario castrense aseguró que provenían de una cancha en la que, en ese momento, se estaba disputando una partida de básquet.
Las historias sobre hijos, sobrinos, esposos, primos estaban a la orden del día. A las 7:00 de la noche del lunes, la desesperación empezaba a regarse por el ambiente. Un GNB insistía en explicar que funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) colaboraban en la identificación de los detenidos, que daba igual si no tenían cédula, o si eran extranjeros. Que miembros de la Defensoría del Pueblo garantizaban que se respetaran los derechos fundamentales a todo el mundo y que ya todos habían almorzado.
Para las familias, éstas no eran más que excusas. Media hora después trataron de congregarse frente a la reja de la sede militar para interrumpir la incesante entrada y salida de motos y camionetas. El conductor de un vehículo del Cicpc le “tiró” el carro a las decenas de personas aglomeradas y partió velozmente.
A un celular llegó una fotografía de las condiciones en las que se encontraban los presos. Nadie sabe quién la tomó. En la imagen, alrededor de 35 hombres con la cara cubierta por su propia camisa, estaban arrodillados, con la frente pegada al concreto del suelo. Fue la única fe de vida para madres y esposas. Se aglomeraban alrededor del dueño del teléfono y salían del “tumulto” llorando y abrazándose. “Ese de camisa azul es mi hijo, es mi hijo, donde vaya”, aseguraba la madre del adolescente en proceso de ser adoptado, detenido en Mata de Caucho.
Poco antes de las 8:00 de la noche, cruzó la reja negra el primer liberado: un menor de edad, de quince años, sin antecedentes ni solicitudes. Su madre, azorada, lo perseguía con una bolsita de mercado, llena de ropa limpia.
—¿Te pegaron? —preguntó la madre.
—No —respondió el hijo.
—¿Seguro? ¿Me lo juras? —insistió ella.
—Sí, mamá —respondió él.
—¿Y cómo tienen a los demás? —cuestionó otra mujer.
—En grupitos, por edades. Sentados en el suelo, esperando que les toque el turno —dijo el adolescente.
—¿Te dieron comida? —increpó, más tranquila.
—No. Nos dieron fue un jugo y nos sentaron en un patio ahí en el sol a esperar. Y ya —sentenció él.
Hasta la tarde del 14 de julio de 2015 no se conoce una cifra oficial de detenidos y liberados. Según declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, solo cinco de los detenidos estaban solicitados por el delito de homicidio.
