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Denuncian ”siembra de balas” en oficina de la Comisión de Política Interior de la AN

La diputada Dennis Fernández denunció este miércoles 12 de junio, que se sembraron balas en las inmediaciones de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

Fernández informó a los medios de comunicación que este hecho ya fue denunciado ante las instancias correspondientes y exige que prontamente sea revelados con nombre y apellido, las personas responsables.

Manifestó que todos los miembros de dicha Comisión repudian este suceso y resaltó que seguirán trabajando a pesar del amedrentamiento.

Es importante resaltar, que en el Palacio Federal Legislativo han sido sembrados también artefactos explosivos desde el 5 de enero, cuando asumió la nueva Directiva de la AN.

#MonitorDeVíctimas Delincuentes del barrio Unión mataron a un joven en la calle porque no corrió

GILBERT JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ APROVECHABA la tarde del jueves 25 de enero para jugar con los vecinos. La noche los alcanzó y en el barrio Unión de Petare, municipio Sucre, las balas son las que deciden cuando se acaba el juego. Ese día, minutos después de que el sol se ocultó, varios disparos hicieron correr a niños y adultos.

De acuerdo con información de la familia, Gilbert Jesús, de 18 años de edad, recibió un tiro en el tórax. Su hermano, de 10 años de edad, tuvo suerte y no resultó herido en la balacera que unos hombres armados protagonizaron en el sector La Virgen. Él sí pudo escapar junto a los otros niños que jugaban en la calle.

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Gilbert Jesús, no. Él se paralizó y se quedó agachado, en la misma posición con la que había lanzado los dados para probar su suerte y ver si ganaba el juego. Al reaccionar, tenía varios hombres apuntándolo, quienes lo obligaron a levantarse y le dispararon en el pecho. Cayó al piso y se golpeó la cabeza.

Sus allegados aseguran que los hombres armados forman parte de una banda del lugar y que mataron al muchacho porque no corrió como los demás. Agregaron que el informe forense determinó que además de la herida en el tórax, Gilbert Jesús tuvo una fractura en el cráneo.

Su hermano y otros vecinos avisaron a la familia González Pérez y el muchacho fue trasladado al Hospital Domingo Luciani de El Llanito donde falleció horas después.

Esta misma situación ocurrió con William Mosquera Zapata, de 55 años de edad, quien pese a ser trasladado al Hospital de Coche, su vida no pudo ser salvada.

Él se encontraba en el Mercado Mayor de Coche, municipio Libertador, haciendo su labor como carretillero. Los parientes señalaron que a las 9:00 am un hombre lo golpeó dos veces en la cabeza con un tubo que lo hicieron desplomarse. Falleció minutos después de ser atendido en el centro médico.

 

Policaracas no tuvo balas para responder ante asesinato de compañero

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Funcionarios de la Policía Municipal de Caracas fueron recibidos a tiros cuando acudieron al barrio Los Sin Techos, luego del homicidio del supervisor jefe Larry Morillo, quien fue víctima de delincuentes de la zona ubicada en El Cementerio, en el municipio Libertador, quienes lo tirotearon dentro de su vehículo y quemaron parte de su cuerpo a las 8:00 de la noche del miércoles.

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Hampones le dispararon a los Policaracas con armas largas e inició un enfrentamiento hasta que, según versión policial, los uniformados se quedaron sin municiones por lo que solicitaron apoyo al despacho principal ubicado en la avenida Antonio Guzmán Blanco, mejor conocida como la Cota 905.

Las pocas que quedaban en el parque de armamento de la institución fueron enviadas a la zona de conflicto. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y otras instituciones de seguridad tuvieron que brindarles el apoyo en medio del tiroteo, mientras intentaban encontrar a los responsables del crimen.

Sigue leyendo esta nota de Darvinson Rojas en El Pitazo.

Dic 03, 2015 | Actualizado hace 4 años
Votos sí, balas no por Jean Maninat

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En los años 60 del siglo pasado, bajo el influjo de la Revolución Cubana, la izquierda venezolana abrazó con ardor la lucha armada en contra de una democracia todavía endeble y asediada por todo tipo de conspiraciones.

 

El subcontinente era un carrusel de dictaduras que subían y bajaban al ritmo de los apoyos que venían del norte. Se había acuñado el calificativo de “república bananera” para referirse a las naciones del Caribe gobernadas algunas por exmilitares como el sargento Fulgencio Batista en Cuba; o el sanguinario general Rafael Chapita Trujillo en República Dominicana. A su lado, Duvalier en Haití, Somoza en Nicaragua, Rojas Pinilla en Colombia, Pérez Jiménez en Venezuela…, habían enhebrado un rosario de dictadores tontamente pomposos y adictos a suprimir todo indicio de voluntad democrática a sangre y fuego en sus países.

 

En Venezuela gobernaba el líder democrático Rómulo Betancourt (período 1959-1964), quien se enfrentó a Fidel Castro y lo venció política y militarmente, cuando el revolucionario cubano intentó, por primera vez, secuestrar a Venezuela. Muchos jóvenes idealistas, estudiantes de clase media, y algún que otro morador de los barrios populares, asumieron la lucha armada mareados por la aventura de la Sierra Maestra, por las barbas irredentas y el verdeolivo de los uniformes, por la proclama histriónica de la Declaración de La Habana. Frente a la andanada de agitación y propaganda armada y a la intención de boicotear las elecciones presidenciales de 1964 con plomo, surgió la consigna: Votos sí, balas no, que caló hondo en el pueblo venezolano, dispuesto a decidir democráticamente su destino y contribuyó al aislamiento social y luego al fracaso de la aventura armada (muchos de sus protagonistas se reintegrarían más tarde al proceso democrático).

Casi medio siglo después, quienes gobiernan en Venezuela —muchos de ellos cultores nostálgicos de la insurrección armada de entonces— han disparado un discurso de odio y enfrentamiento social que ha hecho percutir agresiones y balas en contra de los candidatos opositores en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. La idea no es nueva. Ya la han puesto en práctica los enemigos de la democracia —de todo cuño y toda inspiración— para tratar de acallar las voces disonantes frente a su proyecto particular de sociedad (el líder del Nuevo Liberalismo colombiano, Luis Carlos Galán, fue asesinado mientras les hablaba a sus seguidores desde una tarima electoral, por órdenes de un psicópata iluminado. Lo mismo le pasó en un púlpito abierto a Monseñor Romero, en El Salvador, a manos de los militares que temían su mensaje de reconciliación).

 

No hay escape. Las balas zumban mortales frente a la democracia. Siempre nos podrá sorprender un Tejero blandiendo una pistola. Sólo los votos nos escudan. Ejercerlos es la sustancia de la ecuación democrática, su fortaleza. La democracia termina a la larga imponiéndose a las balas, está a la vista en los libros de historia. Los gobernantes de la región americana harían bien en percatarse y dejar de remedar a los tres monitos sabios que no quieren oír, hablar o ver, cuando de defender la democracia en Venezuela se trata. Votos sí, balas no debería ser una exigencia al Gobierno venezolano compartida por todos en la región sin mucha dificultad. ¿No es cierto?

 

@JeanManinat

El País 

Enfrentamiento entre malandros deja tres muertos en El Cementerio

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Un fuerte tiroteo fue reportado en horas de la mañana en El Cementerio por los usuarios de la red social Twitter. Se conoció que el tiroteo se efectuó cuando presuntos delincuentes se enfrentaron en una discusión en el barrio Los Alpes y El León.

De acuerdo con información extraoficial, pretendían robar las armas de los militares que custodiaban el material electoral  en la Unidad Educativa Manuel Díaz Rodríguez para el simulacro del CNE que se efectuará mañana.

El enfrentamiento entre los delincuentes dejó tres muertos. Aún la policía no ha podido entrar al lugar.

 

 

Las dos caras que tuvo la toma militar de la Cota 905

@AdrianitaN

EL PROCEDIMIENTO GUBERNAMENTAL EN LA COTA 905 dejó sonrisas en los rostros de quienes lo vieron como un acto de justicia. Para otros, fue un “barrido” en el que pagaron justos y pecadores. El dueño de un vehículo robado espera pacientemente buenas noticias, frente a la sede de la Dirección de Tránsito. Familiares de los más de cien detenidos esperaban lo mismo frente al Comando de Zona número 43 de la GNB

Patrullas y motos oficiales quemadas, tiroteos a policías y caravanas funcionarios del Gobierno fueron el caldo de cultivo de una toma policial que tomó por sorpresa a toda Caracas. Desde la madrugada del lunes 13 de julio de 2015, la GNB, el Sebin, la PNB y el Cicpc (incluído el BAE) desplegaron la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo”, con el fin de capturar a delincuentes de alta peligrosidad presuntamente escondidos en las distintas zonas de la Cota 905.

El Corsa era de un taxista

18 días después de ser asaltado, el calvario del taxista Pedro González continúa. El 13 de julio de 2015, espera noticias de su carro, apoyado en una pared cercana a la sede de la División de Vehículos del Cicpc, en Quinta Crespo. Fue una de las personas que recibió con alegría la noticia de la toma militar de La Cota 905. Tiene la ilusión de que su Corsa, color azul claro, sea uno de los 29 vehículos recuperados en el marco de la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo”, adelantada por el gobierno venezolano, con el fin de desmantelar bandas delictivas dedicadas al sicariato, secuestro, extorsión y grupos con fines “paramilitares”.

“Yo espero, con el favor de Dios, que esté rescatado, que no esté tan mal. Yo lo que quiero es recuperar mi carro, para seguir trabajando”, asegura. Su familia le pide que deje de “taxiar”, pero a González “la pensión no le alcanza”.

El 25 de junio de 2015, le falló el instinto. Pedro González es taxista y controlador aéreo jubilado. En realidad no se llama así, pero el haber sido despojado de su carro a punta de pistola lo ha convertido en un hombre desconfiado y prefiere no dar su nombre verdadero. Cerca de las 5 de la tarde de ese día, aceptó “hacerle la carrera” a un muchacho blanco, “flaquitico y sifrinito”, como de 20 años, desde El Paraíso hasta la urbanización La Paz.

A la altura del Bloque de Armas —avenida principal de San Martín— el joven puso el cañón de su pistola en la sien de González y le ordenó bajarse del carro. Él decidió apostar por su vida y acató el pedido. Su celular quedó dentro del vehículo. Desde entonces, ese fue el canal de comunicación entre su familia y esa ciudad paralela llamada “Cota 905”.

El “sifrinito” le advertía que no se atreviera a llamar a la policía, que iba a picar su carro en pedacitos o quemarlo. . El delincuente fijó el precio del “rescate” del vehículo en 230 mil bolívares. El dueño debía agarrar el autobús que recorre la ruta El Cementerio-La Cota 905 y arrojar el morral lleno de billetes en un punto de la vía. González pidió apoyo a la División de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El periodista Daniel Guillermo Colina informó el 2 de julio de 2015, que el Cicpc, había localizado alrededor de 25 carros robados, valiéndose del sistema de geolocalización por GPS. Todos se encontraban en el sector “Las Quintas” de la Cota 905. El rescate, pautado para el 30 de junio, fue suspendido por los mismos funcionarios. “Es que eso es ‘Zona de Paz’ y nosotros tenemos prohibido meternos ahí”, alegó el encargado del procedimiento.


Golpea primero, pregunta después

“Tú eres una perra, maldita chismosa”, le dijeron a Nancy Aguayo un par de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando la bajaron a empujones, junto a su hijo de 15 años, de un autobús de pasajeros, durante el procedimiento militar en La Cota 905. Él, trabajaba como “colector” (copiloto que se encarga de cobrar el pasaje) en la unidad de transporte; ella iba a las seis de la mañana, como todos los días, a su trabajo. El adolescente fue “radiado” —o sus antecedentes penales fueron corroborados por medio de una radio— por un GNB, delante de su madre.

No tenía prontuario ni solicitudes, pero pasó a ser uno de los 134 detenidos de ese día, según el parte del ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López. “Tú eres una perra alcahueta”, remató el funcionario y se llevó al quinceañero. Un delincuente reveló a Runrunes que las bandas de la Cota 905 estaban compuestas por más de 200 personas.

“Bueno, él no tenía teléfono porque ya se lo habían robado. Si hubiese tenido, dicen que era para comunicarse con los malandros; como no tenía, dijeron que era sospechoso e igual se lo llevaron”, aseguró la madre mientras esperaba a las puertas del Comando de Zona número 43 de la GNB, en El Paraíso.

“¿Orden de allanamiento? No, mi amor. Aquí llegan pateando puertas y sacando a la gente a golpes”, aseguró Lucía Algarín, familiar de varios detenidos durante la toma policial llevada a cabo desde la madrugada del lunes 13 de julio de 2015, en la Cota 905.

La casa de Algarín queda en el sector Mata de Caucho de la Cota 905. En ella viven cuatro familias. A las 6:00 de la mañana patearon su puerta, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), le preguntaron si ella era “mujer de algún malandro” y, sin esperar respuesta, se metieron a buscar todos los teléfonos celulares y a los hombres de la casa.

Luis Ardila, Gabriel Hidalgo, Edgar Lucena y un menor de edad que se encuentra en proceso de ser adoptado —según denuncian los familiares—  fueron sacados “a puños” de la casa, mientras dormían.

El procedimiento, compuesto por efectivos del Cicpc, GNB, PNB y Sebin , buscaba “neutralizar” a integrantes de las bandas “El Coqui”, “Los Guayabos”, “Los Zanjoneros” y “Los Barloventeños”, acusados de los delitos de extorsión, secuestro, tráfico de drogas, homicidios, entre otros.

Edimar Burgo, cerca de las 8:00 de la noche del lunes, se contaba como la única mujer detenida a raíz del proceso policial. Según relata Yuseidi Comare, su prima, los funcionarios del Cicpc entraron a la casa, ubicada en el sector Las Quintas y compartida por dos familias, a las 4:00 de la mañana. “Ellos agarraron a todos los hombres. Ella (Burgo) vio como estaban golpeando a su esposo y se ‘alzó’. Ahí fue que la agarraron a ella también y se la llevaron”, explicó Comare.

Carolina Gutiérrez —nombre ficticio para resguardar su identidad— estudia derecho y no para de recitar artículos de la Constitución de Venezuela en la puerta del destacamento de la GNB. Para llegar ahí tuvo que “lanzarse por el cerro”, pues todos las salidas de la Cota 905 estaban bloqueadas por tanquetas de la GNB desde la madrugada. Al amanecer, le patearon la puerta y sentaron a todas las personas que vivían en la casa en el sofá a “decirles groserías”.

“Me dijeron que a los hombres les iban a sacar sangre a golpes si no hablaba y decía dónde estaban los malandros”, explica Gutiérrez. Su cuñado y su primo están ahora bajo el resguardo de la GNB. Su papá, un hombre hipertenso de 53 años, se salvó de ir preso porque se le quedaron las pastillas para el corazón en la casa. “Estamos de acuerdo con que saquen a los malandros de nuestras comunidades, pero una cosa es hacer operativos y otra acribillar a las personas”, alegó la estudiante.

“Nosotros vivimos una noche de terror. Se veían los malandros con las pistolas en las manos y nosotros con los niños. Yo te digo, estoy de acuerdo con que se saque a esos malandros de nuestras comunidades”, aseguró una mujer que llegó corriendo a la avenida Los Laureles de El Paraíso, buscando refugio del tiroteo.

La eterna espera afuera del comando

Trece horas después del inicio de la redada, alrededor de 250 familiares de los detenidos continuaban esperando una lista formal de detenidos al frente de las rejas del Comando de Zona número 43 de la GNB. A las 5:00 de la tarde se escuchaban gritos; no parecían ser de dolor. Un funcionario castrense aseguró que provenían de una cancha en la que, en ese momento, se estaba disputando una partida de básquet.

Las historias sobre hijos, sobrinos, esposos, primos estaban a la orden del día. A las 7:00 de la noche del lunes, la desesperación empezaba a regarse por el ambiente. Un GNB insistía en explicar que funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) colaboraban en la identificación de los detenidos, que daba igual si no tenían cédula, o si eran extranjeros. Que miembros de la Defensoría del Pueblo garantizaban que se respetaran los derechos fundamentales a todo el mundo y que ya todos habían almorzado.

Para las familias, éstas no eran más que excusas. Media hora después trataron de congregarse frente a la reja de la sede militar para interrumpir la incesante entrada y salida de motos y camionetas. El conductor de un vehículo del Cicpc le “tiró” el carro a las decenas de personas aglomeradas y partió velozmente.

A un celular llegó una fotografía de las condiciones en las que se encontraban los presos. Nadie sabe quién la tomó. En la imagen, alrededor de 35 hombres con la cara cubierta por su propia camisa, estaban arrodillados, con la frente pegada al concreto del suelo. Fue la única fe de vida para madres y esposas. Se aglomeraban alrededor del dueño del teléfono y salían del “tumulto” llorando y abrazándose. “Ese de camisa azul es mi hijo, es mi hijo, donde vaya”, aseguraba la madre del adolescente en proceso de ser adoptado, detenido en Mata de Caucho.

Poco antes de las 8:00 de la noche, cruzó la reja negra el primer liberado: un menor de edad, de quince años, sin antecedentes ni solicitudes. Su madre, azorada, lo perseguía con una bolsita de mercado, llena de ropa limpia.

—¿Te pegaron? —preguntó la madre.

—No —respondió el hijo.

—¿Seguro? ¿Me lo juras? —insistió ella.

—Sí, mamá —respondió él.

—¿Y cómo tienen a los demás? —cuestionó otra mujer.

—En grupitos, por edades. Sentados en el suelo, esperando que les toque el turno —dijo el adolescente.

—¿Te dieron comida? —increpó, más tranquila.

—No. Nos dieron fue un jugo y nos sentaron en un patio ahí en el sol a esperar. Y ya —sentenció él.

Hasta la tarde del 14 de julio de 2015 no se conoce una cifra oficial de detenidos y liberados. Según declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, solo cinco de los detenidos estaban solicitados por el delito de homicidio.

Se fugan más capitales de Venezuela con control de cambio que sin él

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(Foto: Banca & Negocios)

Maria Alesia Sosa Calcaño

@MariaAlesiaSosa

Una investigación reciente del economista venezolano Miguel Ángel Santos y la profesora de la Universidad de Harvard Carmen Reinhart, concluye que la fuga de capitales en Venezuela es mayor cuando existen controles de cambio. El estudio, titulado De la represión financiera a los desequilibrios externos: El caso de Venezuela, demuestra que en períodos de controles de cambios, precios y tasas de interés, el Gobierno genera inflación y destruye el valor de los ahorros de los ahorristas como una manera de financiar el déficit fiscal.

Así, durante los tres períodos de control de cambio que han ocupado veinte de los últimos treinta años en Venezuela, la recaudación fiscal por concepto de represión financiera (pagar tasas de interés a los tenedores de bonos de deuda pública nacional y ahorristas muy por debajo de la inflación), es equivalente en promedio a entre 1.5% y 5%  del PIB. Esta cifra es similar a la que han registrado economías con niveles de deuda interna seis y siete veces mayor que Venezuela, lo que quiere decir que la represión financiera en Venezuela en períodos de controles es muchísimo mayor.

El mecanismo, tal y como lo describe el estudio, es relativamente sencillo. Con control de cambio, el gobierno tiene incentivos para fijar tasas de interés bajas, y luego imprimir dinero y generar una inflación que destruye el poder adquisitivo de quienes mantienen moneda local. Este se ha convertido en unos de los mecanismos de financiamiento más importantes durante períodos de controles. “En períodos de libre mercado no existe recaudación fiscal por este concepto, o en cualquier caso es muy baja, pues nadie guardaría depósitos y bonos en bolívares si no rinden al menos la tasa de inflación”, explica Miguel Ángel Santos.

En esa circunstancias, y según cita el estudio, los tenedores de bolívares salen huyendo hacia el dólar, independientemente de las penalidades y castigos con que amenazan los controles de cambio. Según el estudio, la fuga de capitales es mayor en períodos de control de cambio, ya sea medido como porcentaje del tamaño de la economía o en dólares constantes. Nada más entre 2008 y 2013, la balanza de pagos del Banco Central de Venezuela (BCV) registró fugas de capital equivalentes a 104.000 millones de dólares, aún en medio del control de cambio.

La investigación sostiene que esa cifra no incluye la sobrefacturación de importaciones, “uno de los mecanismos esenciales para sacar divisas del país en períodos de control de cambio”. El estudio hace una estimación novedosa de esta cifra y contrasta las importaciones que declara el BCV, con la suma de las importaciones declaradas por las diferentes aduanas venezolanas.

Para Santos, los resultados son impresionantes. “La sobrefacturación de importaciones, que en los años 2007 y 2011 alcanzó cifras récord de 15.500 y 11.900 millones de dólares, es significativamente superior en períodos de control de cambio”, indica el economista.

Peor aún, el estudio contrasta la diferencia entre las cifras del BCV y las de aduanas para los últimos treinta años, y demuestra que en períodos de control esa diferencia en Venezuela puede superar por tres o cuatro veces el promedio de la diferencia registrada en el resto del mundo. Según el estudio de Miguel Ángel Santos y Carmen Reinhart, la sobrefacturación de importaciones entre los años 2006 y 2011 totalizó más de 52.000 millones de dólares. Eso es equivalente a las importaciones de alimentos de entre dos y tres años.

Los investigadores concluyen que existen vasos comunicantes entre las pérdidas forzadas que sufren los ahorristas y tenedores de bonos en bolívares en períodos de control de cambio, y las dificultades para seguir sirviendo la deuda externa. El canal que comunica ambos efectos es la fuga de capitales y la sobrefacturación de importaciones, que deterioran la posición en dólares del gobierno y reducen las reservas internacionales disponibles para pagar la deuda, aumentando la percepción de riesgo. Según el estudio, esto explica en parte la enorme probabilidad de default  que tienen que le asignan hoy a Venezuela en los mercados internacionales.

El estudio fue presentado en la conferencia anual de Business Association of Latin American Studies (BALAS) celebrada en Puerto Rico en Marzo, donde ganó el premio a la mejor investigación del encuentro. También ha sido publicado por la escuela Kennedy de Gobierno, y puede ser consultado en:

http://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/faculty-working-papers/from-financial-repression-to-external-distress-the-case-of-venezuela

En definitiva, el informe demuestra que, aunque la fuga de capitales es un fenómeno persistente en Venezuela, resulta mayor en períodos de control de cambio.

“Es una conclusión insólita, toda vez que evitar la fuga de divisas es uno de los principales motivos que esgrimieron los gobiernos de Lusinchi, Caldera y Hugo Chávez para implementar y mantener los controles. Quizás la diferencia sea que en control de cambio no se fugan todos, sino los que el gobierno escoja”, sentenció Santos.

Así se violaron leyes y tratados internacionales en el asesinato del estudiante Kluiberth Roa

@RonnaRisquez

EN EL ASESINATO DEL ESTUDIANTE Kluiberth Roa, de 14 años de edad, se violaron todas las reglas. El funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, Javier Mora, y sus superiores ignoraron las distintas normativas que rigen la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en el control del orden público. Burlaron los acuerdos y tratados internacionales que prohíben el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones. Pisotearon el Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial. También intentan obviar que en estos casos la responsabilidad es compartida: supervisores, jefes y ministros también son responsables.

Ve aquí el video que explica cómo fue asesinado Kluiberth Roa.

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A Kluiberth Roa no lo mató un perdigón de goma

Kluiberth Roa no fue herido por perdigones de goma. El estudiante fue asesinado con un bala o con perdigones de plomo, coinciden expertos en investigación criminal. Se trata de un homicidio intencional. “Imposible causar un daño así con perdigón de goma. No se causa esa lesión ni de lejos ni a contacto”, aseguró el comisario Luis Godoy, al referirse a la herida que destrozó el cráneo del estudiante Kluiberth Roa. El ex policía investigó casos similares de homicidios ocurridos durante manifestaciones. “Necesariamente la escopeta debió tener un cartucho vivo de 9 perdigones de plomo o una bala rasa. De ser así, esto indica que hubo la intención expresa de causar daño por parte del funcionario que cargó la escopeta”, dijo el comisario Elisio Guzmán, ex director del Cicpc y secretario de seguridad de la Policía de Miranda. La versión que se conoció sobre la causa de la muerte concuerda también con el hecho de que la herida no fue ocasionada por perdigones de goma. “Erick Roa, padre del joven asesinado, dijo que el acta de defunción señala que la muerte fue causada por arma de fuego, sin especificar cuál”, refirió la periodista Eleonora Delgado en su crónica del funeral del menor.

 

La fuerza se salió del manual

El funcionario de la PNB Javier Mora violó toda la normativa sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial, al dispararle al estudiante Kluiberth Roa y recurrir a la “fuerza potencialmente mortal”, saltándose las etapas previas de “persuasión y diálogo”. “El uso de la fuerza física sólo se justifica ante el agotamiento del despliegue táctico y el diálogo con sus respectivos subniveles (investigativo, persuasión, advertencia y amenaza), o cuando las circunstancias impidan su establecimiento”, dice el Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial, elaborado por el Consejo General de Policía. “En el caso de Táchira, quizás el funcionario no estaba preparado para manejos de manifestaciones”, dijo el comisario Luis Godoy, que fue miembro de la División contra homicidios de la antigua PTJ. En la sección referida a las Normas Generales, el manual explica que: “…todo cuerpo policial debe garantizar y proporcionar la formación teórica y práctica de los estándares para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial, destacando las consecuencias de su indebida o incorrecta aplicación”. Agrega que los cuerpos policiales son los encargados de velar por el fiel cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el manual. “Todo uso abusivo o arbitrario de la fuerza por parte de miembros de la policía es una violación a los Derechos Humanos y será investigado y sancionado disciplinaria y penalmente, por tanto, la funcionaria o el funcionario policial deben notificar lo sucedido a las autoridades competentes”.

 

No aplica la legítima defensa. La responsabilidad es de todos

No hubo legítima defensa y la responsabilidad es compartida. El estudiante no estaba armado y estaba de espalda cuando el funcionario le disparó en la cabeza, por lo que no representaba ningún riesgo para el policía. “Aunque el funcionario es responsable del hecho y se trata de homicidio intencional, cuando yo mato y pertenezco a un cuerpo armado, legalmente constituido, hay responsabilidades colaterales”, dijo Godoy. ¿Quién lo dejó salir con una escopeta? ¿Porque tenía esos cartuchos? Son algunas de las interrogantes que deben responder los superiores de Mora. “En esto tiene responsabilidad desde el supervisor de la brigada hasta el Director de la Policía Nacional y la Ministra de Relaciones Interiores”, aseguró el ex funcionario de la PTJ. El Manual para el Uso Progresivo de la fuerza dice: “Los funcionarios superiores asumirán la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que las funcionarias o los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso”.

Ve aquí el testimonio de la madre de Kluiberth Roa: “Nos estamos matando” (VIDEO)

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