Una gigantesca operación antidrogas en Paraguay, el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia y la retención de un avión venezolano-iraní en Argentina no son eventos aislados. Estos hechos estarían relacionados por distintas vías, y apuntan a una gran red de narcotráfico, terrorismo y corrupción transnacional
Yeannaly Fermín y Ronna Rísquez
Las autoridades paraguayas confirmaron que existe un nexo entre la tripulación de la aeronave venezolana-iraní y la organización criminal que ordenó el sicariato del fiscal paraguayo en Cartagena.
El pasado 10 de mayo, Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo contra el crimen organizado, fue asesinado en la Isla de Barú, Cartagena de Indias, Colombia, donde pasaba su luna de miel.
Según información oficial, pistoleros a bordo de motos acuáticas llegaron al lugar y sin mediar palabras le propinaron dos disparos a Pecci, uno en la cara y otro en la espalda causándole la muerte de manera inmediata.
Pecci, de 45 años, se especializaba contra el narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Era conocido por su participación en el caso que llevó al exfutbolista Ronaldinho a la cárcel entre marzo y agosto de 2020, por ingresar con documentación falsa a Paraguay.
Las autoridades colombianas atribuyeron el asesinato del fiscal paraguayo al crimen organizado transnacional, e indicaron que el hecho fue altamente planeado y requirió una inversión de casi US$600.000.
Los investigadores de la Fiscalía colombiana lograron identificar a seis personas que habrían participado directamente en el crimen, cinco de los involucrados fueron detenidos y se encuentran en prisión, luego de recibir una condena de más de 20 años de cárcel.
En el grupo destaca la participación de dos venezolanos. Uno de ellos es Wendel Carrillo, que fue la persona encargada de disparar contra Pecci y fue detenido en Cartagena.
En declaraciones a las autoridades colombianas, Carrillo habría declarado que fue contactado en Cartagena para cometer el sicariato. La orden era matarlo, sin opción a fallar. Por esta razón, el venezolano relató a los investigadores, que al momento de cometer el crimen llevaba consigo una granada, que tenía previsto utilizar si no acertaba en los disparos.
La conexión de Carrillo con grupos criminales venezolanos no ha sido confirmada, tampoco hay precisión sobre cómo llegaron a él los encargados de planificar el crimen.
Una pieza clave para despejar algunas incógnitas en el crimen podría ser otro venezolano que no ha sido capturado: Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, quien es señalado de transportar en una moto acuática a Carrillo hasta la playa donde mató al fiscal Pecci.
Las autoridades colombianas anunciaron una recompensa de 132.000 dólares a quien ofrezca información que permita ubicar a Salinas Mendoza. Este hombre es buscado en 194 países miembros de la Interpol. Todo apunta a que Salinas Mendoza estaría refugiado en Venezuela con el dinero obtenido por el homicidio de Pecci.
Sin embargo, la casi inexistente cooperación policial de Venezuela con algunos países de la región ha dificultado la posibilidad de ubicar el paradero de Salinas Mendoza, capturarlo y obtener más información sobre sus conexiones criminales.
Boeing 747 venezolano detenido en Argentina
Casi un mes después, el 6 de junio, un avión Boeing 747-3B3 (M), matrícula YV3531, perteneciente la aerolínea Emtrasur y al estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), fue retenido en el aeropuerto internacional de la localidad de Ezeiza por el Gobierno de Argentina.
La razón es que la aeronave está sancionada por el Gobierno de los Estados Unidos desde hace 15 años, cuando el Boeing 747 operó para la compañía iraní Mahan Airlines, investigada por sus supuestos nexos con la Guardia Revolucionaria de Irán y la Fuerza Quds.
En enero de 2022, la aerolínea venezolana Emtrasur, registró el avión como parte de su flota. El portavoz de Mahan Airlines, Amir Hossein, declaró que la aerolínea no tiene nada que ver con el avión. Aseguró que la propiedad de la aeronave fue transferida en su totalidad a la empresa venezolana y que no se trataba de un arrendamiento como muchos medios reseñaron.
Sin embargo, las autoridades argentinas mantuvieron retenido el avión; y a los 19 tripulantes que llevaba a bordo, 14 venezolanos y cinco iraníes, se les retuvo el pasaporte mientras se hacían las investigaciones de rigor.
Según información reportada por la prensa local, el avión despegó del aeropuerto internacional de Ezeiza el pasado miércoles y, luego de sobrevolar el Río de la Plata durante 20 minutos, aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino, porque la aeronave intentó entrar a Uruguay para cargar combustible y poder regresar a Venezuela, pero el Gobierno uruguayo le cerró el espacio aéreo.
Se conoció que el avión “transportaba autopartes para una empresa automotriz, se revisó la carga varias veces, pero no se encontró nada extraño y fue liberada”.
Según el Departamento del Tesoro de EEUU, Mahan Airlines proporcionó servicios de viaje a personal de la Guardia Revolucionaria Islámica que volaba hacia y desde Irán y Siria para entrenamiento militar. También señaló a la aerolínea de facilitar el viaje encubierto de presuntos oficiales de la milicia islámica dentro y fuera de Irak.
Los aviones de esta aerolínea también serían usados para el tráfico de armas. «La estrecha coordinación de Mahan Air con el IRGC-QF, que transporta secretamente operativos, armas y fondos en sus vuelos, revela otra faceta de la extensa infiltración de la Guardia Revolucionaria Islámica en el sector comercial de Irán para facilitar su apoyo al terrorismo», dijo en su momento el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, David S. Cohen.
Esta compañía también fue acusada de proporcionar servicios a Hezbollah, al transportar personal, armas y bienes en nombre del grupo terrorista.
Cecilia Incardona, una fiscal de Argentina pidió a la justicia profundizar la investigación a la tripulación del avión venezolano retenido en ese país con el fin de establecer vínculos con el terrorismo.
El pasado 22 de junio, La Voz de Argentina reseñó que los peritos a cargo de la revisión del teléfono celular del piloto iraní Gholamreza Ghasemi, contenían fotografías de tanques, misiles, consignas contra Israel e información relacionada con la Guardia Revolucionaria Al Quds.
Por su parte, el Gobierno de Israel emitió un comunicado, también el 22 de junio, en el que aseguró que miembros de la tripulación del avión están “involucrados de forma directa en el tráfico de armas” para Hezbollah.
“En el avión que aterrizó en Argentina, se encontraban iraníes involucrados de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbollah del Líbano. Incluso, el capitán del avión es un alto ejecutivo de la empresa aérea iraní Qeshm Fars Air”, afirmó el comunicado que emitió la embajada de Israel en Paraguay.
El Gobierno de Argentina considera “sensible” la presencia de viajeros iraníes en un avión sancionado por el Tesoro de Estados Unidos, debido a las alertas rojas de la Interpol que rigen para ex gobernantes de ese país, acusados por el atentado contra la AMIA en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y unos 300 heridos.
Este lunes, 8 de agosto, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello exigió la devolución, lo «más pronto posible», del avión venezolano-iraní retenido en Argentina.
«Exigimos la devolución del avión venezolano al Gobierno del señor Fernández y que devuelva ese avión a nuestro territorio lo más pronto posible. Y que toda la tripulación sea puesta en nuestro país. Es un tema político del señor presidente Fernández», dijo Cabello.
El líder del Psuv aseguró que el avión está «secuestrado por Argentina» con «toda la intención de apoderarse de un bien que es de todos los venezolanos».
A la exigencia de Cabello se le sumó la del gobernante Nicolás Maduro quien pidió el apoyo de los movimientos sociales, sindicales y políticos de Argentina para que el Boeing 747 sea devuelto al país.
Por su parte, Jorge Rodríguez, encargado de la delegación del diálogo con la oposición, condicionó este martes, 9 de agosto, la reanudación de estas negociaciones a la devolución del avión venezolano-iraní retenido en Argentina.
“No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esas. Muy sencillo, igual que como dijimos con el diplomático secuestrado Álex Saab, dos cosas les vamos a decir: nos devuelven el avión y queremos de vuelta a nuestros hermanos secuestrados”, dijo Rodríguez durante una sesión en la AN.
Para Jorge Rodríguez la retención de la aeronave es “un vulgar secuestro” y amenazó que, en caso de que no sea devuelta, van a “combatir” en la calle y en instancias internacionales.
El jueves, 11 de agosto, la justicia argentina, a cargo del juez federal Federico Villena, ordenó incautar el avión venezolano, por petición de los Estados Unidos. La nación norteamericana tiene sospechas de que el avión pudo haber sido utilizado para cometer actos terroristas.
Nexo entre tripulación del avión y el cartel que asesinó al fiscal
Mientras la incautación del avión se anunciaba en Argentina, el mismo jueves 11 de agosto, el ministro Anticorrupción de Paraguay, René Fernández, aseguró en rueda de prensa que investiga un posible vínculo entre los tripulantes del avión venezolano-iraní y la organización criminal que ordenó el asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
Fernández explicó que cuando la tripulación del avión estuvo en Ciudad del Este, en Paraguay, entre el 13 y el 16 de mayo, se reunió con el uruguayo, Federico Ezequiel Santoro Vasallo, quien se habría encargado del traslado y hospedaje de la tripulación.
Santoro Vasallo es señalado de ser el operador en las sombras del Primer Cártel Uruguayo (PCU), una poderosa organización criminal dedicada al narcotráfico liderada por Sebastián Marset Cabrera, quien –a su vez– sería uno de los autores intelectuales del asesinato del fiscal Pecci.
«Podemos decir objetivamente que tuvieron contacto, que esta tripulación iraní-venezolana estuvo contactada con esta persona que tiene antecedentes por trata internacional de personas y por narcotráfico», expresó René Fernández.
El cartel PCU y Sebastián Marset Cabrera
Sebastián Enrique Marset Cabrera de 31 años, fue señalado por la justicia de Paraguay como uno de los autores intelectuales del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
Marset Cabrera está prófugo de la justicia desde hace varios años. Forma parte del Primer Cartel Uruguayo (PCU) y es jefe de la organización criminal paraguaya involucrada en la operación “A Ultranza Py”.
En el año 2013, Marset fue procesado por la incautación de un cargamento de marihuana que era trasladada en avioneta en el marco de la operación Halcón, realizada en Uruguay.
En 2021 fue detenido en Dubai por tener un pasaporte paraguayo falso, hecho que fue reportado a Uruguay y la respuesta del consulado uruguayo fue otorgarle una visa con la que pudo continuar su recorrido, luego de estar dos meses detenido.
“Desde ese entonces, Marset se encuentra prófugo y está en la lista roja de Interpol”, señaló Infobae.
Federico Ezequiel Santoro Vasallo, hombre que tuvo contacto y recogió a la tripulación, trabaja como “operador» para la organización PCU.
Sebatián Marcet Cabrera se le vincula con Federico Ezequiel Santoro Vasallo por ser quien recibió el Boeing 747-300M de la empresa Emtrasur.
Operación “A Ultranza PY”
Por otra parte, Francisco Luis Correa Galeano, uno de los detenidos por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, declaró que “lo ubicaron en Medellín dos hermanos colombianos a petición de una persona que hace parte de una de las redes más grandes dedicadas al tráfico de cocaína en Paraguay”, según publicó el diario colombiano El Tiempo.
En su declaración, Correa Galeano aseguró que tanto el dinero como la logística y la información para el crimen fueron enviados desde Paraguay. Tras la investigación realizada por Colombia, Paraguay y Estados Unidos, todo indicaría que se trata del clan Insfrán, liderado por Miguel Ángel Insfrán Galeano y Sebastián Marset.
La organización liderada por el uruguayo Marset Cabrera y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano fue desarticulada por la operación “A Ultranza PY” en febrero de 2022.
“A Ultranza PY” fue el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero dispuesto por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD). En su marco se realizaron más de 100 allanamientos y se incautaron más de 100 millones de dólares en bienes. El fiscal Marcelo Pecci formaba parte de la ejecución de esta operación.
Según el SENAD, se apuntó “a un amplio esquema criminal dedicado al tráfico de toneladas de cocaína desde Sudamérica a puertos de Europa y África”, luego de 27 meses de investigación.
La organización se vincula directamente a unas 21 toneladas de cocaína incautadas en dos años en Amberes, Bélgica; Roterdam, Países Bajos; Paraguay y Uruguay.
