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Autoridades

Desde 2014 Venezuela niega visado a autoridades de DDHH de la ONU

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Las autoridades de Venezuela niegan desde 2014 el visado solicitado por el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Sudamérica con el propósito de efectuar una misión de trabajo en el país, dijo hoy una portavoz del organismo.

El representante en el Cono Sur de la instancia que vela por el respeto de los derechos humanos en el mundo «ha pedido repetidamente un visado para visitar el país, pero no ha podido obtenerlo desde 2014», cuando se inició la gestión, precisó la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani.

Actualmente, esta entidad carece de personal en Venezuela, razón por la cual su representante en Sudamérica Amerigo Incalcaterra, quien despacha desde Santiago de Chile, ha pedido autorización al Gobierno venezolano para realizar una visita de carácter oficial.

«No tenemos gente en el terreno, pero nuestras oficinas (en la región) están atentas a la situación, que es motivo de gran preocupación porque la violencia y la inseguridad van en aumento», mencionó Shamdasani.

La portavoz sostuvo que preocupan profundamente al organismo «la escasez de alimentos» y el aumento de las protestas «pidiendo acceso a comida».

El último fin de semana, 130.000 venezolanos cruzaron a Colombia por cuatro pasos fronterizos abiertos temporalmente para que pudieran comprar alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad.

El pasado día 10, otros 35.000 venezolanos habían entrado al país vecino con el mismo fin.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocaron para el pasado viernes en Ginebra -donde ambas tienen sus sedes mundiales- una rueda de prensa sobre la actualidad en Venezuela, pero ésta fue cancelada a último momento y sin explicación.

Estaba previsto que Incalcaterra participara en ese encuentro informativo por teléfono.

Preguntada al respecto, la portavoz de la ONU en Ginebra, Alessandra Velucci, dijo hoy que la información que se había recibido sobre la situación en Venezuela era muy escasa e insuficiente para informar a la prensa, negando comentarios de que la cancelación se debió a presiones de la representación diplomática venezolana.

Jun 14, 2016 | Actualizado hace 8 años
¿Sociedad violenta?, por Alejandro Moreno

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He dicho, y escrito, más de una vez que el hecho de que tengamos la tasa más alta del mundo en homicidios no significa que seamos el país más violento del orbe sino que estamos en el lugar en el que se cometen más actos de violencia común, no de guerra, lo cual no es lo mismo. La inmensa mayoría de nuestros conciudadanos detesta la muerte del prójimo y desea la paz y la convivencia armoniosa entre todos los venezolanos, o sea, tiene bien incorporada a su conciencia y a su convicción la base moral sobre la que se sostiene la conducta personal y social de nuestra sociedad.

Sin embargo, el amigo Luis Ugalde, en una entrevista justamente muy difundida, ha dicho que se está derrumbando la base moral del país.

Cualquiera que, como quien esto escribe, lee y se informa sobre lo que la prensa llama “sucesos” puede notar cómo han ido cambiando las expresiones con las que se da una noticia: la palabra “detenido” o “capturado” ha ido siendo progresivamente sustituida por los términos “abatido”, “ultimado” y otros similares. Esto no sólo dice que los organismos de “seguridad” matan sistemáticamente y sin rendir cuentas a los que consideran delincuentes, sino que para ellos es moral, bueno por tanto, hacerlo. La ejecución extrajudicial y expeditiva, con la excusa de enfrentamientos y tiroteos, afirmados pero no probados, se está convirtiendo en norma, esto es, haciéndose conducta “normal” de la autoridad. La conducta normal de la autoridad es un modelo moral importante para cualquier ciudadano.

Si mientras sabe de esta violencia implacable y autorizada contra algunos delincuentes, la gente se siente totalmente desprotegida en las calles, en los lugares de residencia y en sus propias casas, resulta plenamente comprensible, en absoluto excusable o justificable, que grupos de ciudadanos recurran a la misma conducta contra cualquiera que sea señalado como malandro peligroso y proceda a lincharlo.

De esta manera, la violencia va entrando profundamente en la idea, la sensibilidad y la voluntad de personas y grupos, corrompiendo, dañando y “derrumbando” la “base moral del país”. Nos vamos transformando en una sociedad violenta en sus mismas entretelas.

Muchos de los comentarios en las redes luego de una noticia especialmente traumática son expresiones de unos deseos extremadamente violentos y de una inmoral justificación de cualquier exceso contra los supuestos “malos”. No podemos decir que sea la tónica general, pero son un preocupante indicio del abismo moral en que progresivamente podemos ir cayendo.

Vence al mal con el bien.

 

El Nacional

Caveface: Autoridades deben garantizar acceso a las divisas para mantener producción de cerveza y malta

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Para la Cámara Venezolana de Fabricantes de Cerveza (Caveface), la reactivación de Cervecería Polar a partir de julio próximo, luego de haber contratado un préstamo en el exterior ante la imposibilidad de acceder al Dicom para obtener las divisas necesarias para la importación de materia prima, es un hecho que contribuye a la estabilidad de la industria. Sin embargo, la Cámara advierte que para garantizar la continuidad de las operaciones y evitar nuevas interrupciones es necesario que las autoridades en materia cambiaria garanticen a todas las empresas del sector acceso oportuno al Sistema de Divisas Complementarias (Dicom).

“El reinicio de la producción por parte de nuestra afiliada es una muy buena noticia por todo el significado positivo que implica para los trabajadores, transportistas, franquiciados, clientes y consumidores”, apuntó Omaira Sayago, directora ejecutiva de Caveface.

“Contratar un préstamo en divisas colocando en garantía un activo de la empresa es sin duda una medida  extraordinaria por parte de Cervecería Polar para solucionar un problema en esta difícil coyuntura que atraviesa el país por la caída de los ingresos petroleros, y es una medida que demuestra el firme compromiso de esta empresa con el país. Ahora corresponde al Gobierno Nacional garantizar su acceso oportuno al sistema Dicom para obtener las divisas requeridas para operar sin riesgos de nuevas paralizaciones y para pagar el préstamo contratado”.

Sayago recalcó la importancia de que toda la industria de cerveza y malta pueda operar en certidumbre, razón por la cual es necesario que todas las empresas participantes del sector, en un trato igualitario, tengan asegurado un mecanismo que les permita adquirir, con los bolívares generados en el país, las divisas necesarias para el pago a los proveedores extranjeros.  

La industria de cerveza y malta cuenta con casi 100 años de tradición en el país y a lo largo de su historia ha sido parte fundamental del desarrollo del país, generando 300.000 fuentes de empleo entre manufactura, distribución y comercialización.

Para su funcionamiento la industria cervecera requiere del acceso oportuno y suficiente a las materias primas que no se producen en Venezuela. Concretamente, las empresas agremiadas en Caveface requieren importar cebada malteada y lúpulo, ya que por razones climáticas estas materias primas no se pueden cultivar en el país.

Sayago ratificó el compromiso de las empresas agremiadas con los venezolanos y la disposición de la industria a lograr una solución que permita seguir abasteciendo el mercado con productos de calidad.

Rivalidades políticas y solidaridad nacional por Luis Ugalde

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Las  rivalidades políticas son un hecho, y la solidaridad, una necesidad de vida o muerte. No tendremos república si no sabemos combinar las dos cosas, y no habrá vida si nuestra solidaridad efectiva no es capaz de trascender las fronteras de las rivalidades y de los rechazos políticos. La Presidencia de la Conferencia Episcopal en mensaje reciente invita a cada venezolano a sacar lo mejor de sí, a construir puentes y cruzar alambradas de desconocimiento y odio. La vía política para el encuentro nacional está llena de barricadas y sembrada de minas que matan a quien se atreva a cruzarlas para dar la mano al que está al otro lado. Ahora todos vivimos mal y la miseria es creciente; excepto los pocos que, saqueando al país, se hicieron millonarios en dólares.

En este documento episcopal la Iglesia nos pone ante los ojos el ejemplo de Jesús con los necesitados y nos invita a “atender a quienes en nuestro país están sufriendo por las graves carencias de alimentos y medicinas, la violencia y la inseguridad”, y reafirmar “con gestos concretos la solidaridad entre todos como hermanos”.
En circunstancias normales nos limitamos a exigir a los políticos de diverso signo que colaboren y lleguen a acuerdos fundamentales para que Venezuela pueda seguir viviendo. También exigimos que el gobierno se abra al juego democrático y libere a la Constitución secuestrada. Eso está bien. Pero en grandes emergencias como la actual todos tenemos que salir de nuestra casa al encuentro del otro; no solo los políticos. Cuando la “tragedia de Vargas” la gente salió corriendo a aportar, a organizarse para el rescate de vidas y la alimentación en los refugios. No esperamos a que los políticos nos encabezaran, ni hicimos cálculos que separan a los “míos” de los “otros”. Las desgracias exigen milagros humanos y producen transformaciones que cambian la vida y la comodidad cotidiana.

La Iglesia, recogiendo el sentimiento de los venezolanos en esta catástrofe mayor, nos llama a salir a ayudarnos en solidaridad, venciendo “la violencia, la resignación y la desesperanza”. Convertirnos en “sujetos conscientes de nuestra propia y calamitosa realidad”. Pacíficos sí, pero activados para “actuar como protagonistas de las transformaciones de nuestra historia y nuestra cultura”. Hay que rezar, pero no basta rezar. “¡El Evangelio nos reclama eficacia!”.

Todos, movilizados y organizados, tenemos que hacer mañana lo que todavía no estamos haciendo hoy. “Los dirigentes políticos, sociales, empresariales, gremiales y religiosos estamos llamados a dar testimonio tangible de responsabilidad y de compromiso de amor a nuestra patria”. Este es un clamor nacional apartidista y como tal requiere apertura de las autoridades. “El gobierno debe favorecer todas las formas de ayuda a los ciudadanos. Es apremiante la autorización a instituciones privadas del país, como Cáritas y otros programas de diferentes confesiones religiosas, que no nos metemos en la diatriba política, sino que servimos directamente a los más necesitados, para que podamos traer alimentos, medicinas y otros insumos necesarios, provenientes de ayudas nacionales o internacionales y organizar redes de distribución a fin de satisfacer las urgentes necesidades de la gente”. Millones de venezolanos movilizados con solidaridad para compartir lo que podamos. Esto requiere organización, mucha organización, semáforos verdes de parte del gobierno, y conciencia para no degradar el amor y la solidaridad en pequeñas jugarretas politiqueras interesadas. Esperamos que prevalezca la sensatez y la generosidad y se active todo esto cuanto antes.

Desde luego, eso no  sustituye las grandes tareas de desbloqueo y de cambio político civilizado. “Los poderes públicos deben respetarse entre sí y articularse a favor de la nación. Lo contrario, el irrespeto y la permanente confrontación entre ellos, va en detrimento de la posibilidad real de solucionar los problemas que nos afectan a todos. Concretamente, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, a más de respetarse y actuar según su respectiva autonomía, reconociendo el papel que a cada uno les corresponde, están llamados a dar al pueblo ejemplo, de ‘encuentro y diálogo’ a favor de la convivencia nacional” y “buscar, de manera conjunta, soluciones, que el pueblo reclama, a problemas de vital importancia”.

El reto y la llamada a la conciencia están servidos  y a quien no responda, Dios y la patria le pedirán cuentas.

El Nacional

 

Exigen RIF y carta de residencia para comprar comida en San Cristóbal

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Humberto Contreras, alcalde del municipio Andrés Bello, aledaño a San Cristóbal, denunció que en esa localidad cambiaron arbitrariamente las normas para la venta de alimentos y productos de primera necesidad al exigir a los compradores el RIF sellado por los consejos comunales.

Añadió que luego de 13 días del cierre indefinido de la frontera en el municipio Andrés Bello el abastecimiento no mejora, pues hay largas colas en los comercios porque el suministro no es suficiente para cubrir la demanda. Recordó que aun así se mantenía un orden, pero hace algunos días, Greizon Chacón, prefecto de Cordero, les cambió las reglas a los comerciantes. “Les exigió que pidan a los compradores el RIF (Registro de Información Fiscal) sellado por el consejo comunal”, dijo y señaló que en instancias nacionales no se han dado órdenes para exigir el documento con esas especificaciones.

“Es el único municipio donde por capricho del prefecto se impone esta medida”, afirmó Contreras. Refirió que de 42 consejos comunales registrados 26 funcionan y el resto está acéfalo.

Precisó que el sábado 5, la Cámara Municipal realizará un cabildo para consultar a la comunidad, que compra los productos por el número terminal de la cédula de identidad.

Natalia Chacón, alcaldesa del municipio de Lobatera, bajo estado de excepción, indicó que aunque no están en frontera han sido afectados por acciones ilícitas como el almacenamiento clandestino de gasolina. Aseguró que en esa localidad hay abastecimiento de productos que hace tiempo no se veían como champú y jabón.

El concejal de Lobatera Marcos Medina solicitó a Chacón explicar qué establecimientos vendían los productos porque los lobaterenses tienen que trasladarse a municipios cercanos para buscar y comprar alimentos y artículos de la cesta básica.

 

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Nadie se detiene frente a una tienda de calzados en San Antonio de Táchira. Aunque ofrecen zapatos de moda y de marca ninguno de los transeúntes entra al comercio. “El cierre de la frontera ha sido una desgracia para los comerciantes. Hemos tenido pérdidas de 100% porque casi la totalidad de nuestros clientes venía de Colombia”, dijo Pedro Flores, encargado del negocio.

La devaluación del bolívar atrae a los colombianos a los estados fronterizos venezolanos desde hace años, pues pueden comprar a bajo precio los productos. Son clientes que, además, suelen pagar con moneda extranjera (pesos de Colombia), explicaron dueños de comercios. “Ellos son, realmente, quienes mueven el comercio en esta zona porque lamentablemente los venezolanos no tenemos poder adquisitivo debido a la crisis económica”, agregó Flores.

En muchos locales de tres de los municipios en estado de excepción –Bolívar (San Antonio), Ureña e Independencia– decidieron bajar las santamarías hasta nuevo aviso. No hicieron caso a las declaraciones del gobernador de Táchira, José Vielma Mora, quien afirmó que si cerraban serían abiertos.

“Estamos trabajando con un horario especial, menos horas, porque se redujeron las ventas y, además, tenemos que tomar previsiones por el estado de excepción”, contó la propietaria de una papelería en San Antonio que pidió no decir su identidad.

En un restaurante de Ureña aseguraron que las ventas bajaron 80%. “Ahora solo vienen los guardias nacionales a comer, pero no son muchos. 90% de nuestros clientes son colombianos”, dijo el dueño del local. Las filas para comprar gasolina mermaron en Táchira. Las estaciones de gasolina se encuentran prácticamente vacías. Pero las largas colas para comprar alimentos y productos regulados continúan en las afueras de los supermercados y establecimientos comerciales, custodiados por la Guardia Nacional y cuerpos policiales de la región.

*Con información de El Nacional y Panorama

 

 

Estados Unidos pide a autoridades venezolanas reconsiderar inhabilitación de opositores

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Estados Unidos pidió este martes a las autoridades venezolanas que reconsideren las medidas administrativas que impiden a varios dirigentes opositores postularse a las elecciones legislativas de diciembre.

«Llamamos a todas las autoridades venezolanas pertinentes a reconsiderar la prohibición impuesta a los candidatos», señaló el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, en un comunicado.

«Esas decisiones claramente tienen la intención de complicar la capacidad de la oposición para presentar candidatos a las elecciones legislativas y limitar el espectro de candidatos» en los comicios, añadió. «La democracia debe ser inclusiva», agregó el comunicado.

Al menos cuatro dirigentes opositores han sido inhabilitados por la Contraloría General para ejercer cargos públicos, incluyendo la destituida exdiputada María Corina Machado, uno de los rostros más visibles en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Machado fue impedida este lunes de inscribir su candidatura por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que la dirigente política llamó «un paso más (del) régimen (de Maduro) en su arremetida contra mí».

La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roberta Jacobson, ya había expresado hace tres semanas su preocupación por la inhabilitación de Machado, señalando en Twitter que la «inclusión y condiciones equitativas son necesarias para elecciones libres e imparciales en Venezuela».

El portavoz del Departamento de Estado también reiteró su llamado a que los comicios venezolanos cuenten con una observación internacional «creíble y oportuna».

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha ofrecido repetidas veces los expertos electorales del organismos regional.

Pero hasta el momento, el CNE solo ha invitado a la Unasur a observar los comicios.

Junto con el encarcelado líder opositor Leopoldo López, Machado promovió ‘La Salida’, estrategia emprendida desde 2014 para forzar la renuncia de Maduro mediante manifestaciones callejeras.

Esas protestas degeneraron en actos de violencia y dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.

Los venezolanos acudirán a las urnas el 6 de diciembre para elegir los 167 escaños de la Asamblea Nacional (unicameral), actualmente controlada por 99 diputados oficialistas.

Las cinco noticias más importantes a esta hora

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Sector público trabajará seis horas para bajar consumo eléctrico

El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, anunció que la administración pública trabajará seis horas en horario corrido para apoyar «las acciones preventivas» que va a tomar el gobierno para reducir el consumo.

Durante una rueda de prensa y en compañía del ministro de energía Eléctrica, Jesse Chacón, el Vicepresidente anunció que esta medida permitirá que la administración pública contribuirá en gran media con los nuevos horarios.

Asimismo, instó a los consumidores privados a reducir el consumo eléctrico y apoyarse en la autogeneración en las horas pico.

«Vamos a tomar medidas con los grandes consumidores privados: los centros comerciales, los hoteles y los grande consumidores. A la industria que consume electricidad los instamos a la autogeneración, que con sus propias plantas puedan generar su propia electricidad para que colaboren con la situación en el país. Se harán rigorosas inspecciones», señaló.

Explicó que el sector residencial en Venezuela es el que más consume electricidad y en los últimos días se ha visto un aumento significativo en los picos que se generan entre las 12:00 pm y las 2.00 pm, y entre las 6.00 pm y las 10:00 pm.

«Del lunes 20 al lunes pasado, de 16000 megavatios pasamos a más de 18000. Dos mil (megavatios) más. Por estas razones el Presidente decidió que tomemos una serie de acciones», subrayó.

Aumento de la temperatura

Por su parte, el ministro Chacón destacó que el aumento de la temperatura en los últimos días en el país, fue ocasionado por tres razones, principalmente: «el 26 de abril el sol pasó de forma perpendicular sobre Venezuela, una zona de alta presión sobre el país y la vaguada del norte que dio temperaturas favorables en los meses de enero, febrero y marzo se retiró».

«Eso trajo como consecuencia que la temperatura se haya incrementado significativamente. Hemos pasado de 29 grados a 35 grados en Caracas, de igual manera en todas las regiones», indicó.

Al sector público se la harán fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de la resolución número 77, que busca reducir en un 20% de consumo en ese sector. Al sector privado los invitó a revisar su eficiencia en el consumo y anunció inspecciones para comprobar la disminución que por ley los obliga a disminuir el uso de energía en un 10%.

Instó a los venezolanos a hacer un uso racional del aire acondicionado. «En Venezuela el 40% de la demanda es residencial. Entendemos la necesidad del confort (comodidad), pero queremos pedirles que nos acompañes en estos días de altas temperaturas. Los invitamos a evitar actividades no necesarias en horas pico». (El Universal)

 

Autoridades se desplegaron en 1.066 puntos: detuvieron a 594 personas en flagrancia

Autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ofrecieron un balance, desde el Comando de Zona Nº 43, del dispositivo de seguridad ciudadana implementado durante el fin de semana en todo el país.

El general Sergio Rivero Marcano, jefe del Comando de Operaciones Especiales de la GNB, informó que en todo el país se establecieron un total de 1.066 puntos de control itinerantes, que fueron instalados en plazas, escuelas, paradas de transporte público, entre otros lugares de mayor concentración pública. En estos espacios se verificaron en el Sistema Policial (Sipol) 42.370 personas, de las cuales 640 fueron detenidas al encontrarse solicitadas. Asimismo, fueron detenidos en flagrancia 594 personas, retuvieron 206 armas de fuego, 73 armas blancas, 32 cargadores y 801 cartuchos.

 

“Por órdenes del Ministerio de Interior, Justicia y Paz también introdujimos una modalidad de retención de radios Walki Talkie y fueron retenidos 186. Además se desmantelaron 57 bandas“, dijo el general Rivero Marcano.(Noticias 24)

 

Sectores del este de Caracas sin luz para evitar sobrecarga

Corpoelec explicó que la medida es para evitar sobrecarga de transformador en subestación Petare

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), informó este martes, a través de la red social Twitter, que hay restriccion en la prestacion del servicio de Distrito Capital para evitar sobrecarga de transformador en subestación Petare.

 

Asimismo, detallaron que debido a la indisponibilidad del circuito A7 en 30 kV de «la subestación Convento. Nuestras cuadrillas ya se encuentran en el sitio trabajando».

 

Las zonas afectadas, según Corpoelec, son en el municipio Sucre: Urb. Buena Vista, California Sur, Barrio Campo Rico, Colinas de La California, Colina de Los Ruices , Barrio El Cerrito, El Carrmen, El Dorado, El Llanito, El Marqués, Sect. Las Vegas, Lebrún, Macaracuay, Pueblo de Petare y Barrio San Miguel.(Últimas Noticias)

 

1.899.910 menores de 25 años sin inscribirse en RE

Apenas 231 personas cambiaron su centro de votación de Venezuela al exterior.

Un millón 800 mil venezolanos entre los 18 y 25 años de edad pueden incorporarse al Registro Electoral que se utilizará para las elecciones parlamentarias de este año.

 

Al compararse los datos del último corte del Registro Electoral, con fecha de 28 de febrero de 2015, contra el Archivo de Venezolanos Cedulados (AVC) resalta que 1.899.910 venezolanos se mantienen sin inscribirse en el padrón de votantes.

 

No obstante, a pesar de la cifra de no inscritos en el padrón, la cobertura del RE venezolano es superior a 98% de los ciudadanos en edad de votar.(El Universal)

 

Pdvsa reporta recortes en la inversión para el desarrollo social

Pdvsa destinó en 2014 un total de 5.321 millones de dólares para el desarrollo social. La cifra representa un descenso importante cuando se compara con los 17.336 millones de dólares invertidos en 2012 y los 13.023 invertidos en 2013.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa)  destinó en 2014  un total de 5.321 millones de dólares para el desarrollo social. La cifra representa un descenso importante cuando se compara con los 17.336 millones de dólares invertidos en 2012 y los  13.023 invertidos en 2013, esto según información oficial suministrada por la empresa petrolera en su Informe de Estados Financieros de 2014.

 

Esta cifra incluye los recursos destinados por la empresa para las  misiones y comunidades, así como programas sociales, planes de inversión social y aportes a la Misión Vivienda Venezuela.(El Universal)

 

Justicia española investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo

La justicia española investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo de capitales, informó el martes la Audiencia Nacional, reseña AP.

 

La querella fue interpuesta por dos grupos de inversionistas, que denunciaron a la cúpula del banco por poner la “entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero”. En su auto, el juez Fernando Andréu señaló que los hechos podrían haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, “sino a la propia entidad y a la economía nacional”.

 

Banco Madrid era filial de Banca Privada d’Andorra (BPA). Estados Unidos acusó a BPA de blanquear dinero para clientes en Venezuela, China y Rusia. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, BPA colaboró en el lavado de al menos 2.000 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera de Venezuela Pdvsa.(La Patilla)

Policías piden reunión con Freddy Bernal y penas más severas para homicidas de funcionarios

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Los policías de Caracas hicieron una caminata por la Cota Mil para pedir al Gobierno “seguridad y protección”.

En un hecho inédito, los que salieron a la calle para exigir garantías para sus vidas no fueron los médicos, ni los maestros o los buhoneros: fueron los policías. Estos profesionales que usan uniformes, armas de fuego, motos, patrullas y que tienen como trabajo combatir a los delincuentes temen perder la batalla contra el hampa.

“Estamos desamparados, desatendidos… Nadie nos protege. Nos cuidamos nosotros mismos. Fíjate que aquí no hay ningún jefe, ningún alcalde, ningún director. Yo me encomiendo a Dios y a mi padre todos los días para volver a mi casa a salvo junto a mi hija”, dijo una funcionaria de Polisucre, que participó en la caminata en reconocimiento a su compañera Osmary Tabares, asesinada por delincuentes la semana pasada.

Este año, solo en la Gran Caracas han sido asesinados 47 uniformados. Los nombres y las historias detrás de esta cifra fue lo que motivó a un centenar de funcionarios de los cuerpos de seguridad a caminar junto a familiares por la avenida Boyacá para exigir justicia por los homicidios de sus compañeros y llamar la atención sobre la situación de violencia que se vive en el país.

Los policías, vestidos de civil y en ropa deportiva, recorrieron el tramo comprendido entre Maripérez y Los Dos Caminos, justo hasta el lugar donde fue asesinada el pasado martes la funcionaria de Polisucre, en la Transversal 10 con Transversal 12, Allí se rindió un pequeño homenaje a la oficial con un minuto de silencio.

“Estamos haciendo esta caminata por la cantidad de hechos en contra de los funcionarios y sus familiares. Nadie toma esto en serio. Nadie se pronuncia ni dice nada. Hay más de 196 funcionarios caídos a manos de la delincuencia y no pasa nada. Por eso decidimos salir con nuestras familias. Si nosotros estamos cayendo que quedará para los ciudadanos”, dijo Frank Campos, oficial jefe de Polisucre, que sobrevivió a un ataque perpetrado por delincuentes con fusiles, en los alrededores del Centro Comercial Milenium.

 

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Control de armas largas y un pensum para la violencia

 

Insistieron en que no se trataba de una protesta, aunque de a ratos se escucharon consignas: “!Policías… por Venezuela¡”.  En el grupo, no muy numeroso, había temor a ser sancionados o expulsados de sus trabajos por su “atrevimiento”.

En un primer momento algunos trataron de proteger su identidad, pero pudo más la impotencia y la desesperación, la necesidad de que la gente sepa lo que les está pasando. “Si no hablamos nos van a seguir matando”, dijo uno los policías.

“Queremos que se reforme el Coop. Que se impongan penas restrictivas a los homicidas de policías. Por ejemplo, la ley de drogas no tiene beneficios para el detenido, podría hacerse similar, aunque la pena máxima siga siendo 30 años. Eso debería ser incluso para todos los homicidios”, explicó un oficial de Polichacao, que participó en la protesta y lamentó la ausencia de compañeros de otros cuerpos.

El funcionarios agregó que tampoco deberían recibir medidas cautelares los delincuentes que ataquen a los policías. “Lo otro que pedimos es que haya responsabilidad entre quienes controlan en el monopolio de las armas de alto calibre, que es la Fuerza Armada Nacional. Los policías no comercializamos ni tenemos acceso a un fusil AK 47 y es con ese tipo de armas que nos atacan los delincuentes”, denunció el oficial.

Ratificó que -según regulaciones gubernamentales- los policías solo pueden usar pistolas calibre 9 mm, con número determinado de cacerinas y proyectiles. “Ese es el único armamento que tenemos los policías municipales. Así que no somos nosotros los que le vendemos los kalashnikov a los delincuentes”, dijo. Mientras hablaba se conoció del asesinato del funcionario de la GNB, Jacinto Tribiño Ocanto, en Charallave, al ser atacado con una granada.

Los familiares de los funcionarios entregaron un documento con cinco consideraciones y algunas exigencia, que pretenden hacer llegar a los jefes de los cuerpos policiales municipales, regionales y nacionales, y en particular al comisionado presidencial para la transformación policial, Freddy Bernal, con quien esperan reunirse.

Aclararon que su acción no pretende reivindicaciones laborales ni se trata de un reclamo a sus superiores. “Los familiares de Policías  venezolanos ante la masacre de servidores públicos en el cumplimiento de su deber, fijamos posición ante el país”, dice el escrito entregado a los periodistas.

El primer punto enumera la cantidad de funcionarios asesinados entre 2014 y 2015, con énfasis en los 12 que han caído en el mes de abril.

El segundo considerando dice: “…la tragedia que enluta a la gran familia policial venezolana, también afecta a la población en general ya que quienes portan un uniforme policial, más de las veces se encuentran en total indefensión ante el hampa desbordada y bien dotada y un sistema judicial (jueces y fiscales), que condena al policía y favorece las acciones delictuales…”

En el tercer aspecto exhortan a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a atender el problema de la inseguridad y que se aplique la justicia a “los verdaderos infractores”.

El cuarto punto se refiere a la condición de indefensión -en materia de equipamiento- en que se encuentran las policías municipales, lo cual les limita la posibilidad de neutralizar la acción de los delincuentes.

La quinta consideración analiza la formación y capacitación de las policías, que en este momento compete en exclusivo a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) “cuyo pensum y cursos de mejoramiento profesional no se adaptan a la realidad social y al alto nivel de violencia y criminalidad de Venezuela”.

Luego de este balance, los policías proponen que las bases operacionales de los cuerpos de seguridad municipales, estatales y nacionales se reúnan de urgencia “ante la necesidad de preservar sus vidas, con el Ejecutivo Nacional, la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y miembros del Sistema Judicial…”.

 

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¿Por qué matan a los policías?

 

“Por la impunidad. No se castiga a los culpables de los homicidios de civiles ni de policías. Los delincuentes saben que pueden actuar a sus anchas”, aseguró un funcionario de Polisucre, quien pidió no publicar su nombre por temor a represalias.

Para el oficial de Polichacao Rodolfo Apolinar las armas de fuego son la principal causa de los homicidios de funcionarios de cuerpos de seguridad.  “Es increíble que por un arma de fuego se estén afectando tantos hogares en Venezuela. Es preocupante y doloroso que en Venezuela maten a un policía todos los días y nadie hace nada. Los ponemos en el pin por un día, pero luego queda en una estadística”.

En su opinión el origen del problema está en la ley desarme. “Ya no es sencillo obtener un arma de fuego para los delincuentes. Por eso robar un arma también les da respeto en su entorno y les ayuda a mantenerse en la actividad delictiva”.

El funcionario, que tiene cuatro años en las filas de Polichacao, aseguró que cuando escogió ser policía nunca pensó que pasaría por esto. “Tengo dos hijas por las que luchó todos los días. Por ellas, por los ciudadanos y por la paz. Cuando me pongo el uniforme no pienso en diferencias políticas. Salgo a proteger a todos por igual. Pero estoy frustrado y dolido por esta situación”.

Otros policías comentaron: “dicen que los pranes de las cárceles están poniendo precio por los policías asesinados”.

 

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Apoyo ciudadano vs indiferencia oficial

 

Óscar Pinilla es docente y realizó el recorrido desde Maripérez en apoyo a los uniformados. “Estoy aquí porque siento que es hora de tomar conciencia. De entender que la ley protege al delincuente y que el funcionario no tiene las herramientas para hacer su trabajo. Esto nos lleva a vivir en un país de impunidad”.

Los policías también recibieron respaldo de los estudiantes. En la caminata participó Alfredo Graffe, presidente de la FCE de la Universidad Central de Venezuela. “Siempre hemos dicho que el problema de la violencia no mira carnet político. En este caso no mira si usted es un funcionario o no. Por eso estamos aquí, para apoyar a los policías. Porque los estudiantes no tenemos conflicto con los policías como quiere hacer ver el Gobierno. Los PNB no son nuestros enemigos. El problema es la violencia y creemos que la violencia tiene que cesar”, dijo.

Los vecinos de los Dos Caminos salieron de sus casas y acompañaron a los policías en su “protesta” sui generis. “Da lástima lo que está sucediendo en el país. Cómo es posible que a un funcionario que lo sale a cuidar a uno le pase esto. Y el Gobierno no dice nada, ni hace nada”, señaló Antonio Aguiar, quien recordó que lo lógico es que “el malandro es quien debe tenerle miedo al policía”.