La posible deportación de Australia del tenista Novak Djokovic ha abierto un debate entre los derechos de quienes están a favor y en contra de inmunizarse
Expertos en materia legal y de salud coinciden en que cada país tiene su propia normativa en materia de resguardo sanitario
Una tormenta entre los movimientos pro y anti vacunas contra la Covid-19 ha ocasionado la posible deportación de Australia del número uno del tenis mundial, Novak Djokovic.
El serbio, quien se niega a inmunizarse contra el virus, pidió una exención para participar en el Abierto de ese país que comienza el venidero 17 de enero, pero su caso está en veremos. Aunque un juez le concedió el permiso para jugar todavía está latente una eventual expulsión por parte de las autoridades migratorias oceánicas por no apegarse a las normas.
Djokovic dijo que no es un experto en el tema, pero quiere tener la opción de elegir lo que es mejor para su cuerpo. “Me guardaré la decisión de vacunarme o no. Es una decisión íntima y no quiero entrar en este juego de los que están a favor y en contra que desgraciadamente están creando los medios de comunicación estos días”.
Australia ha tenido una política férrea en cuanto a la pandemia. En marzo de 2020 cerró sus fronteras y desde el pasado 1 de noviembre permiten la entrada de ciudadanos australianos y residentes permanentes vacunados sin tener que realizar una cuarentena en las ciudades de Sydney y Melbourne.
De acuerdo con el gobierno de ese país, 70% de la población está vacunada y en algunos sectores como educación y salud es imperativo estar inmunizado para trabajar.
Con sello nacional
El abogado Juan Antonio Rafalli explica que cada país tiene su propia legislación en cuanto al manejo de la salud pública y quienes habiten allí tienen que someterse a esos designios.
“Este es un asunto muy delicado, pero se remite a la legislación interna, en el momento en el que él decide entrar a esa territorio esta se habilita, hay que respetar la soberanía de cada Estado y las medidas que estos puedan tomar para lograr el bienestar de la gente”, dijo Rafalli.
El doctor Jaime Lorenzo, directivo de la organización Médicos Unidos por Venezuela coincidió con el abogado constitucionalista.
“Cada país tiene sus normas para el manejo de las situaciones de epidemia, siempre y cuando respeten al ciudadano”, recordó.
Rafalli aseveró que, si bien la gente no está en la obligación de vacunarse porque no hay ordenamiento jurídico que así lo estipule, los derechos individuales no pueden estar por encima de los colectivos.
“Usted puede ser una estrella del deporte, pero no puede estar sobre la soberanía interna de cada país. Hay un ordenamiento jurídico internacional que protege los derechos humanos y parte de una premisa que es preservar la salud. La salud pública debe estar por encima de cualquier derecho internacional”.
En algunos países como Estados Unidos han optado por la medida de pedir certificados de vacunación para ingresar a ciertos establecimientos. Por ejemplo, en Washington, exigirán una tarjeta para lugares públicos de entretenimiento a partir del 15 de enero de 2022.
En Europa no hay consenso al respecto y depende de cada nación. En lugares más azotados por la pandemia, como Inglaterra, piden un certificado de vacunación y una PCR negativa para acceder a ciertos espacios.
En Venezuela, el gobierno de Maduro asomó la posibilidad de poner un semáforo de control para el ingreso a lugares públicos.
“Se trata de una aplicación en el teléfono que te dice si estás calificado para tener vida social en esta época de pandemia, si la luz se pone verde significa que estás vacunado y puedes entrar al lugar, si es amarillo quiere decir que está sano pero no vacunado”, dijo la vicepresidenta, Delcy Rodriguez. La funcionaria sostuvo que la medida sería una iniciativa entre el Ministerio de Sanidad en acuerdo con el empresariado venezolano.
Lorenzo dijo que esa propuesta quedó solo en promesa. “Fue un fracaso estrepitoso porque no hay organización y planificación, además carecen entre otras cosas de recursos humanos. Tecnológicamente puede ser posible, pero no lo veo viable”.
Derecho a no vacunarse
Según Lorenzo, por posición de principios, los médicos están de acuerdo con la premisa de que la gente tiene derecho a no vacunarse luego de consultar a varias fuentes y evaluar condiciones específicas.
Miguel es un profesional de la docencia en Venezuela que optó por no vacunarse. Se contagió de coronavirus a finales de 2020 y considera que ya está inmunizado. “Nunca he estado a favor de las vacunas, eso de inyectar un virus a tu cuerpo no me parece, considero que no sirven para nada en este caso, he visto a gente vacunada morir de covid-19, para mi no tiene sentido”.
“Allí entramos en el derecho a la sociedad y es que los individuos no pueden estar por encima de los demás. Hay dos grandes estrategias para enfrentar a la enfermedad comprobadas y estudiadas por científicos en el mundo entero y son la vacunación, que aumenta la capacidad inmunológica contra el virus, y la práctica de las normas de bioseguridad como uso del tapabocas, lavado frecuente de manos y distanciamiento social”, reitera Lorenzo.
Según el especialistas, quienes conforman los movimientos antivacunas deben ser los primeros en apoyar esta segunda estrategia. “Pero vemos una contradicción, porque son los primeros que incumplen las normas de prevención, allí está el primer problema para lograr el derecho individual y el colectivo, el único equilibrio que podemos alcanzar es respetar la decisión de cada quien, pero también respetando las normas de convivencia y de sanidad”.
Lorenzo sostuvo que en Venezuela no hay movimientos antivacunas como tal, sino gente que las rechaza por miedo, tabú o simplemente desconocimiento.
“Venezuela siempre ha sido un país provacuna y eso se lo debemos a médicos que emprendieron una cruzada en los años 30 y 40 como Arnaldo Gabaldón, Enrique Tejera, Martin Vega, entre otros. Ellos crearon todo ese movimiento que logró erradicar enfermedades como el polio, la difteria, la tosferina, el sarampión y la lechina”.
De acuerdo al Vacunómetro, para finales de octubre del año pasado, casi 60% de la población venezolana tenía al menos una dosis de la vacuna.
Por otro lado, la precariedad del sistema de salud público venezolano y lo costosa de la enfermedad ha servido de aliciente a la gente a insistir en el tema de estar vacunados y prevenir una eventual hospitalización antes de enfrentar a un monstruo de mil cabezas.
“Las vacunas han sido parte de nuestra formación, las madres tenían muy claro que la vacunación era una forma de evitar las enfermedades, que prevenir es más barato que curar”, agregó Lorenzo.
