Había pasado casi un año desde que el humilde obrero de fábrica solicitó asilo en Estados Unidos por temor a ser asesinado en su Honduras natal. Y habían pasado cuatro meses desde que fue repatriado a la fuerza.
Ahora estaba sentado en un restaurante en San Pedro Sula, contando como eludió la muerte apenas tres días antes.
Caminaba en una atestada calle del centro de la ciudad, a dos cuadras del concejo municipal de San Pedro Sula, donde policías montan guardia con ametralladoras y chalecos antibala.
Súbitamente un hombre se le acercó, le disparó y huyó.
El obrero se desplomó contra una pared, aturdido, sintiendo un dolor y escozor en la pierna. Pero tuvo suerte: la bala apenas le rozó debajo de la cintura, dejando sólo una lesión de unos 8 centímetros. Fue al hospital, de donde le dieron de alta tras unas horas y regresó a su pequeño apartamento alquilado y a su vida a escondidas.
Bajo el gobierno del presidente Donald Trump, se ha vuelto más difícil que un migrante consiga asilo en Estados Unidos, por lo que muchos son forzados a regresar a sus países donde sus vidas corren peligro.
La presión de Estados Unidos sobre México ha obligado a decenas de miles de solicitantes de asilo a subsistir en un limbo migratorio en campamentos improvisados en la frontera mexicana, a la espera de que sus casos sean considerados. Las presiones sobre ciertos países centroamericanos han llevado a acuerdos bilaterales según los cuales los migrantes tienen que esperar en Guatemala, El Salvador y Honduras.
Muchos de los migrantes, como el humilde obrero de fábrica, se han visto obligados a regresar a los peligrosos lugares de donde vinieron.
El migrante relata que desde hace más de 20 años su familia ha sido amenazada por una poderosa banda criminal en su pequeño pueblo natal, desde que un asalto mató a su madrastra y a su medio hermano. La familia rival, dice, teme que él y sus parientes buscarán vengarse.
“Llevo toda la vida corriendo”, aseveró el refugiado al narrar cómo es su vida en las sombras. “Ya vendrá el día en que me conseguirán”.
Todo el mundo conoce las normas para entrar en carro a los barrios en San Pedro Sula: con las ventanas abiertas para demostrar que no eres una amenaza, manejando despacio, por las calles principales y mejor sales antes del anochecer.
Hay estaciones policiales en estos barrios pero todo el mundo sabe quién es el que manda de verdad. Las pandillas vigilan las calles, atentas a las patrullas policiales gracias a una compleja red de jovencitos que trabajan en turnos las 24 horas y reportan toda actividad sospechosa.
Hay dos pandillas que dominan San Pedro Sula: la MS-13 y la Mara 18. Entre ambas, están enteradas de todo lo que acontece.
“Nos dijeron que sabrán dónde encontrar a mi hijo”, contó una madre en San Pedro Sula cuando ella y su esposo se quedaron sin dinero para pagar el “impuesto de guerra” que cobran las pandillas.
De tal modo que la familia huyó. El padre se llevó al niño de 11 años a Estados Unidos donde solicitaron asilo, y fueron rechazados. La madre se fue al monte llevándose a la hija adolescente.
Cuando el padre y el hijo fueron deportados a fines de noviembre, la familia sostuvo un emotivo reencuentro pero inmediatamente volvió a separarse para no ser blanco fácil.
“Nadie sabe dónde estamos, nadie”, expresó la madre por teléfono recientemente.
La administración Trump insiste en que los centroamericanos que se encuentran amenazados sí tienen a donde ir.
“Para quienes tienen argumentos legítimos para pedir asilo, les animamos a buscar asistencia en el país vecino más próximo”, expresó el director interino de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan.
Pero esos países vecinos son igual de peligrosos, con pandillas criminales, cárteles de drogas, funcionarios corruptos e impotentes fuerzas policiales.
Si bien los activistas reconocen que no todos los casos cumplen con los estándares para recibir asilo, creen que la intención del actual gobierno estadounidense es desanimar a los migrantes –incluso los que tienen razones válidas para huir- de tratar de entrar.
Y los migrantes están recibiendo el mensaje.
Las detenciones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos han disminuido en más de 70% en los últimos seis meses, comparado con 132.000 en mayo.
“El objetivo es disuadirlos. Decirles ni lo intentes porque serás deportado de vuelta”, indicó Yael Schacher, especialista en temas de asilo para el grupo Refugees International.
De tal manera que hoy en día Guatemala ha estado aceptando refugiados de Honduras y El Salvador, invitándolos a pedir asilo allí. En México han surgido puestos de control militarizados en las rutas usadas por los migrantes y las compañías de transporte hondureñas están impidiendo que venezolanos y cubanos se monten en sus autobuses rumbo norte.
En la principal estación de autobuses de San Pedro Sula, hasta hace poco atestada de migrantes que buscaban ir a Estados Unidos, muchos de los autobuses ahora parten con unos pocos pasajeros.
Y para muchos migrantes, el culpable de sus penurias es una sola persona: el presidente estadounidense Donald Trump.
“Ese viejo no quiere dejar entrar a nadie”, se quejó Junior Elvir, un mecánico hondureño de 26 años de edad que trató de llegar a Estados Unidos en noviembre pero fue deportado.
