La tarde de este viernes, el presidente de Ecuador Lenín Moreno, aseguró la muerte de los periodistas que fueron secuestrados en la frontera con Colombia, dijo que «hemos tomado varias acciones que voy a comunicar».
«Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las doce horas de plazo no hemos recibido pruebas de vida (de los periodistas) y tenemos pruebas que confirman el asesinato de nuestros compatriotas».
«Más allá de los esfuerzos lo que se ha querido es ganar tiempo, por lo tanto he solicitado al consejo de seguridad publica del estado Cosepe el levantamiento de la información pertinente para que el pueblo ecuatoriano conozca los esfuerzos del estado para garantizar la vida de nuestros compatriotas», dijo.
«Tercero, hemos reiniciado las operaciones militares y policiales en la franja fronteriza, tercero crearemos la jurisdicción especializada en crimen organizado en quito con el objetivo de garantizar la seguridad de jueces y fiscales», aseguró.
«Cuarto hemos colocado al incluido al narcoterrorista alias Guacho como el más buscado en el ecuador y hemos colocado una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a su captura en Ecuador o Colombia».
«Quinto declaramos a zona de seguridad la zona del secuestro, sexto, por solicitud del gobierno de ecuador, el ministro de defensa de Colombia y sus altos mandos policiales, están en el país para coordinar acciones en la zona fornteriza, no hay que olvidar los problemas fronterizas».
Asimismo dijo en sexto punto que se ha «tomado acciones para comunicarnos con la cruz roja, la iglesia ecuatoriana y organismos internacionales para tomar acciones en zonas de frontera».
#ATENCIÓN “Tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”: presidente de Ecuador, Lenín Moreno sobre periodistas secuestrados https://t.co/BXPS3y0hKi
El pasado 23 de agosto fueron localizados los cuerpos de la familia Rodríguez en el interior de su vivienda, ubicada en la urbanización Prados del Este del municipio Baruta. Las víctimas: Arelis Rodríguez, de 66 años de edad y sus padres Antonio, de 89 años de edad, y María Rodríguez, de 82 años, fueron golpeados y asfixiados. Los culpables del triple homicidio siguen prófugos. Se trata de la empleada doméstica y de su pareja. La mujer no tenía ni tres meses de haber sido contratada para asistir en las labores del hogar.
Una vecina del complejo residencial cuenta que solo la vio en dos oportunidades. Es una mujer joven. No llega a 40 años, de piel morena y poco conversadora. Ella había puesto un anuncio en la prensa para ofrecer servicios de limpieza. A los pocos días fue contactada por el grupo familiar para trabajar. «Ellos vivían en el primer piso del inmueble y en el segundo vive una de las hijas del matrimonio Rodríguez. Necesitaban a alguien que se dedicara a limpiar las habitaciones y baños. Esas tareas no podían hacerlas solos», refiere la mujer.
La mañana del lunes 28 de agosto las cámaras de seguridad de la urbanización registraron a la doméstica, acompañada por un hombre alto, de tez morena que había presentado como su hermano, pero en realidad era su pareja. Ellos llegaron a las 9:30 am a pie. El personal de vigilancia no recabó muchos datos del hombre porque estaba con ella y se trataba de una persona de confianza. A las 12:00 del mediodía los videos captaron la llegada del camión de agua. El dueño de la casa Antonio Rodríguez salió a comprar un botellón y se regresó a la vivienda. Pasada la 1:00 pm quedó grabado en el material audiovisual, cuando la doméstica y su pareja salieron. El llevaba un morral que colgaba de su hombro derecho. Minutos antes los vecinos escucharon gritos, pero no sabían la procedencia.
En la noche la hija menor que vive en el segundo piso de la residencia entró por un acceso independiente. Cuando subió a la terraza vio el cuerpo de su hermana Arelis en el patio. No se atrevió a forzar las puertas y llamó al 171 y a la policía. Los funcionarios no tardaron en llegar. En las habitaciones hallaron los cadáveres de Antonio y María Rodríguez. «Quedaron irreconocibles por los golpes que recibieron. Me imagino que se ensañaron cuando les dijeron que no tenían objetos de valor. Ellos no poseían prendas, ni dinero en efectivo. El mobiliario de su casa era sencillo. No era atractivo para el hampa», comenta la vecina.
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La doméstica no contestó el celular. La policía acudió al barrio donde vivía y no había rastros de ella ni del cónyuge. No hay pistas de dónde pudieran estar. El caso quedó engavetado. La pareja de ancianos y su hija tenían más de 50 años viviendo en esa urbanización. Eran queridos y respetados. El señor Antonio Rodríguez era contador público y fue presidente del Colegio de Contadores Públicos. Su hija Arelis era madre de una veinteañera que vive en Estados Unidos. La muchacha quería venir a visitarlas, pero ella le decía que se quedará allá. «Venezuela está muy peligrosa, es un territorio inseguro y anárquico» , le aconsejaba.
En más de 60% de los asesinatos de abuelos se usó la violencia física
Según los datos recopilados por el Monitor de Víctimas, una alianza entre la ONG Caracas Mi Convive y Runrun.es para recabar y analizar la data de homicidios en Caracas, de los 700 homicidios registrados entre mayo y septiembre de 2017 en los municipios Libertador, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre, 23 fueron cometidos contra ancianos. Del total de los adultos mayores asesinados 13 murieron en Libertador, siete en el municipio Sucre y tres en Baruta, en total 10 fueron asesinados en el estado Miranda.
Al analizar las cifras se observa que en más del 60% de los asesinatos de adultos mayores, 14 de 23 casos, se usó la fuerza física como medio para el homicidio. Al disgregar esta data se observa que en seis oportunidades los crímenes fueron perpetrados usando armas blancas, en tres casos se utilizaron objetos contundentes para asesinar a las víctimas y en cinco oportunidades se usó la superioridad física del atacante como arma para perpetrar el asesinato, que pudo haber sido a través de la estrangulación o golpes. De los asesinatos restantes seis fueron cometidos con arma de fuego y en tres casos no se pudo determinar el arma utilizada.
Del total de homicidios, 11 adultos mayores fueron asesinados en la vía pública mientras que 12 (52,17%) murieron en sus propias casas, lo que ratifica la opinión de expertos quienes señalan que hay una mayor cantidad de ancianos que se convierten en víctimas por estar solos en sus residencias. Esta situación representa una oportunidad para los delincuentes quienes en opiniones de expertos siempre optarán por atacar a las víctimas más débiles y robar dónde sea más fácil hacerlo.
Para el sociólogo Luis Cedeño, la mayoría de los ancianos que han sido asesinados, han sido golpeados, torturados, degollados. Ellos han manifestado resistencia a la acción delictiva porque no están dispuestos a dejarse someter. “Este comportamiento hace que el victimario se torne más violento y use la fuerza física o accione sus armas contra ellos, sin escrúpulos. Juegan a que si te pones cómico, te doy tantas veces hasta matarte», dice el experto.
Cuando se observan los móviles de los crímenes, el 65% de los asesinatos ocurrió en el transcurso de robos, en números se trata de 15 adultos mayores quienes murieron en asaltos. Dos perecieron luego de ser heridos por balas perdidas. Dos fallecieron como consecuencia de venganza, una fue asesinada en un acto de violencia política por parte de colectivos afectos al gobierno y otra víctima pereció por violencia de género. En tres casos el móvil del asesinato no fue determinado por las autoridades.
Por su parte la ONG Convite hizo un estudio hemerográfico que muestra la cantidad de homicidios de personas mayores de 60 años. Durante el año 2016 y lo que va de 2017, documentó 448 ancianos que murieron de forma violenta. De esa cantidad, 276 correspondieron a homicidios. La estadística que maneja la institución indica que 178 asesinatos fueron cometidos durante robos en vivienda. El resto de las muertes respondieron a venganza y resistencia al asalto.
Los datos recabados forman parte de consultas hechas a diarios nacionales y regionales. La región que registra el mayor número de homicidios es el Área Metropolitana con 65 asesinatos, seguida del estado Zulia con 40 y Lara con 23.
Presa fácil
Para Luis Francisco Cabezas, director de Convite, casos como el de la familia Rodríguez se han convertido en un patrón. Hasta hace unos 20 años, los ancianos y los niños eran intocables para el hampa. Esporádicamente se escuchaba un homicidio, ahora es un denominador común. En los últimos años este tipo de crimen ha ido en alza. La razón principal, refiere el experto, es que muchas personas de la tercera edad se han quedado solos cuidando las propiedades de sus hijos que se han ido del país por la crisis económica y social.
En urbanizaciones de Chacao, Sucre y Baruta hay un número significativo de personas de la tercera edad que viven solos. No tienen alguien que los cuide, ni que los acompañen a hacer diligencias. Esta condición los hace vulnerables a la acción del hampa. «Son fáciles de engañar y someter. Hay personas que de forma ingenua revelan que sus familiares se marcharon y que están cuidando los bienes de sus descendientes. La información llega a oídos de los delincuentes que los siguen y los cazan. Las personas de tercera edad también son fáciles de captar porque cumplen una rutina: a cierta hora salen a pasear sus mascotas, a comprar el periódico o a retirar el dinero de la pensión. En ese interín son sometidos», explica.
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La incidencia delictiva contra los ancianos, de acuerdo con la socióloga Verónica Zubillaga, responde además al contexto actual de escasez de recursos y de oportunidades. Hay competencia de sobrevivencia y algunos se convierten en depredadores. No hay consideraciones con las poblaciones más vulnerables.
Por su condición son confiados y al momento de contratar personal de servicio no son exigentes con los requisitos. No averiguan si los trabajadores tienen antecedentes, de donde provienen, sus referencias y experiencia. A raíz de lo ocurrido con la familia Rodríguez en Prados del Este, los vecinos han optado por solicitar a empleados domésticos carta de residencia e investigan si tienen prontuario. «El personal de vigilancia ha reforzado medidas de seguridad. Preguntan a quienes van a visitar, cuánto tiempo van a tardar. Los que llegan en vehículos, son objeto de requisa», informa un habitante de la zona.
Bajo la lupa del hampa
Esta medida no ha podido concretarse en la urbanización El Junko Country Club, en la vía hacia El Junquito. Allí, según Winston Córdoba, la caseta de vigilancia está desprovista de personal. Hay porteros, pero no son custodios. No controlan los ingresos de visitantes. Las bandas que operan en la zona les exhiben las pistolas y están obligados a dejarlos pasar. De las 600 quintas que integran la zona residencial, al menos 150 han sido blanco del hampa este año.
Así ocurrió con la vivienda de Los Quintanas. Allí solo vivía el matrimonio integrado por José Gregorio, de 83 años y Marlene, de 73 años. Junto a ellos vivía Jenny Nathaniel, de 73 años. Era extranjera y desde que tenía 23 años fue contratada por la pareja para que los ayudara en las labores domésticas y con la crianza de sus cuatro hijos. La mujer no se casó, dedicó su vida a servirle a ellos, a ver a los muchachos crecer. Se convirtió en un miembro más del grupo familiar. El año pasado la quinta que habitaban, y que fue bautizada con el nombre de Florecita, fue objeto de hurtos en dos oportunidades. En ambas oportunidades no había nadie. Habían salido a hacer unas diligencias.
Ya los azotes sabían quiénes ocupaban el inmueble y por donde entrar. Lo habían estudiado. Sabía que en la semana el dueño de la casa salía para su empresa de elaboración de pasapalos, ubicada en el kilómetro 23 de la vía de El Junquito. También sabía que se quedaban la esposa y la empleada. A las 6:30 am del 3 de agosto, cuatro hombres de piel morena y que portaban gorras, ingresaron por la vivienda. Según el relato de Córdoba, Nathaniel había salido a sacar los perros. La sorprendieron y le clavaron varias puñaladas. El propietario José Quintana había escuchado los gritos de la mujer y sacó su pistola para defenderse. Sin embargo, los hombres lo sometieron, se la arrebataron y le dispararon en la cabeza. Su esposa Marlene al escuchar la detonación bajó a la sala y también la hirieron de un tiro. El proyectil la rozó en el cuello.
Ella fue la única sobreviviente, duró varios días hospitalizada. De lo ocurrido en su casa Marlene no recuerda nada. Se le borró de la memoria el homicidio de su esposo y de la nana. Está bajo tratamiento médico. No ha regresado a su casa y está bajo el cuidado de sus hijos. «Lo mejor es que no rememore ese episodio», expresa Córdoba.
Los robos y hurtos en las viviendas continúan. No han capturado ni a uno de los miembros de las tres bandas que operan en el sector. Los funcionarios policiales solo hicieron recorridos esporádicos durante la semana en que se cometió el doble crimen y no volvieron.
Bajo la misma impunidad actúan en la urbanización El Marqués del municipio Sucre. En esa zona mataron hace cinco meses a David Vallenilla, 80 años. Lo sometieron en su residencia. Un año antes fue asesinado Manuel Barrios de 84 años. Lo degollaron y a su esposa la encerraron en el baño, mientras se apropiaban de objetos de valor. Los culpables de estos crímenes forman parte de una banda que opera en el barrio Campo Rico, limítrofe con El Marqués. Hace dos meses entraron a la casa de Rubén Brito, de 79 años. Lo ataron y lo golpearon. Se llevaron dinero en efectivo, un vehículo y la comida del refrigerador. Su hijo que fue a visitarlo horas después lo encontró. Se salvó y no quiere regresar. Teme que los ladrones regresen. «Ellos saben que el vive solo. Pueden volver a llevarse otras cosas y a matarlo. La casa la pusimos en venta. Un vecino de confianza a vigila», indica Iván Brito, hijo de Rubén.
La violencia tiene un repunte en las temporadas vacacionales
Una fuente del Cicpc indicó que en tiempo de vacaciones escolares, así como en la temporada navideña se observa un repunte en las actividades criminales contra los ancianos.
En agosto en San Luis, Caurimare, El Marqués, Prados del Este, El Cafetal, hubo un repunte en los robos en viviendas. Hasta 20 denuncias semanales fueron formuladas. De esa cifra, en al menos cinco casos las víctimas fueron personas de la tercera edad. «A los agraviados los golpearon porque se atrevieron a enfrentarse a los asaltantes.
A finales de agosto un hombre, de 82 años, identificado como José Vicente Marín fue atacado en su casa de la avenida El Cuartel de Catia. Lo amarraron en una de las habitaciones, pero logró desatarse, tomó su pistola y la accionó contra los ladrones. Uno de ellos murió», informa el agente.
Falta de programas de protección social
Al tema de la vulnerabilidad de los ancianos se le suma que los adultos mayores están desprotegidos, no cuentan con programas de atención para verificar en qué condiciones viven.
La Alcaldía de Chacao, explica Luis Francisco Cabezas, tenía un programa impulsado desde la Dirección de Desarrollo Social denominado Juventud Prolongada, que ofrecía cuidados domiciliarios a los ancianos que viven solos. Esta iniciativa, apoyada por el gobierno español, se creó a raíz de que un grupo de ciudadanos españoles fueron víctimas de estafas por parte de desconocidos que se ganaban su confianza y los hacían firmar documentos de propiedad.
«A través de este proyecto, se formaba un equipo multidisciplinario con conocimiento en materia de primeros auxilios. Ellos los atendían en sus hogares y los acompañaban a hacer diligencias,los asesoraban en temas de negocios», explica Cabezas.
Manifestó que s necesario crear este tipo de planes en otras jurisdicciones, previo a un estudio para determinar la cantidad de ancianos que viven solos, sus necesidades y en qué estado viven. Asimismo, recomendó activar chats para que los miembros de juntas de vecinos y consejos comunales estén alerta ante cualquier incidencia, e implementar los llamados botones de pánico que conectan a los ancianos con las autoridades.
La ONG salió al paso ante las críticas del Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Reportó cerca de 2.500 fallecimientos en enero de 2017 en todo el país, entre homicidios y resistencia a la autoridad
A TRAVÉS DE UN COMUNICADO, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) enfatizó que los datos proporcionados por varios medios de comunicación el pasado 2 de febrero de 2017 sobre las muertes registradas en la Morgue de Bello Monte en Caracas, no fueron proporcionadas por esa ONG.
“Ojalá durante los meses siguientes podamos conocer los datos de las morgues del país y que no sea necesario que sean otras fuentes quienes revelen la magnitud y los detalles de lo que allí se ha registrado”, se desprende del comunicado.
El Observatorio Venezolano de la Violencia ve como positivo el hecho de que las autoridades puedan informar la cifra de muertos ingresados a la morgue de la capital en el mes de enero de 2017.
A continuación el texto completo del comunicado:
Del OVV a la Opinión Pública
Los equipos de investigadores de las universidades nacionales UCV, UCAB, UDO, UCAT, UCLA, ULA, que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), queremos informar a la opinión pública nuestra posición en relación a las recientes declaraciones de altos funcionarios de la administración pública:
1- Queremos aclarar que los datos dados a conocer por varios medios de comunicación, el 2 de febrero de 2017, sobre las muertes violentas registradas en la morgue de Bello Monte no fueron proporcionados por el Observatorio Venezolano de Violencia. El OVV no utiliza en sus estudios o proyecciones los datos de la morgue de Bello Monte. Desde hace unos años los investigadores de la Universidad Central de Venezuela, quienes desde diversas facultades cooperaban en el estudio y análisis de los datos forenses, no tienen acceso a las informaciones de la morgue, pues los convenios de cooperación fueron terminados.
2- Entendemos que los datos de las morgues, de gran relevancia, son entregados a las fuentes periodísticas por personas honestas que trabajan en las entidades públicas y que entienden que esos datos son públicos, es decir, son propiedad de la sociedad venezolana.
3- Consideramos positivo que las autoridades puedan ofrecer a la sociedad un reporte de lo ocurrido en la morgue de Bello Monte en el mes de enero de 2017, ojalá durante los meses siguientes podamos conocer los datos de las morgues del país y que no sea necesario que sean otras fuentes quienes revelen la magnitud y los detalles de lo que allí se ha registrado.
4- Afirmamos y reiteramos nuestras estimaciones sobre lo ocurrido en el año 2016 donde indicamos que hubo 28.479 muertes violentas a nivel nacional, para una tasa de 91,8 fallecidos por cada cien mil habitantes, de los cuales 18.230 corresponden a homicidios formalmente aceptados como tales, 5.281 cadáveres clasificados como resistencia a la autoridad y 4.968 víctimas violentas en situación de averiguación de muerte.
5- De igual modo, y desde nuestras estimaciones, el mes de enero de 2017 concluyó con cerca de 2.500 muertes violentas en todo el país, cifra en la cual no se incluyen accidentes, muertes naturales, ni suicidios. Esto representa un promedio de 80 muertes violentas cada día, lo que indica un leve incremento en relación al año anterior, cuando el promedio fue de 78 fallecidos por día.
6- A los equipos de las universidades nacionales que integramos el OVV nos duelen y preocupan las muertes violentas que ocurren en el país, las que suceden por el robo a ciudadanos honestos, las de balas perdidas o las que resultan de enfrentamientos; nos duelen y preocupan por igual las que ocurren en cualquier parte del territorio, sin distingo de color, nivel social o afiliación política, a todas las personas debe garantizársele su derecho a la vida. Como investigadores, nuestra meta es la de conocer la magnitud de esta violencia, comprender las razones de su incremento, para así proponer al Estado y a la sociedad, opciones que contribuyan a reducir y detener esta mortalidad violenta en nuestro país.
Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) Caracas, 6 de febrero de 2017
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En lo que va de año un total de 21 escoltas han sido asesinados para robarles sus armas y vehículos por parte de criminales, cifra que aun cuando es ligeramente menor a la del año pasado, evidencia la situación de riesgo por la que atraviesan los profesionales de la seguridad privada en el país.
Armando Rodríguez, presidente de la Asociación Bolivariana de Escoltas de Venezuela expresa que “gran parte de los escoltas y funcionarios asesinados fueron ejecutados por bandas criminales que buscan el arma de la víctima para seguir equipándose más de lo que ya están».
Asegura que los escoltas se han convertido en un objetivo fácil porque la mayoría vive en lugares populares o barriadas y deben llegar a altas horas de la noche a esos sitios con su arma y la moto que utilizan para su trabajo, lo que los deja en desventaja ante la acción de los antisociales.
Los escoltas estamos prácticamente a nuestra suerte, ya que muchos tenemos nuestros portes de arma vencidos y no podemos renovarlos debido a los obstáculos que les ponen en la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX), dijo y agregó: no contamos con el gobierno, ni con la oposición, nadie está pendiente de nuestra situación, en los próximos días solicitaremos ante los tribunales un amparo constitucional, ya que no sólo se nos está negando el derecho al trabajo al no renovar los portes de arma, sino que además nos tratan como delincuentes, al detenernos por porte ilícito de arma de fuego.
Asesinado por hacer un favor
Josué David Guiche Briceño, de 26 años de edad trabajaba como escolta para un grupo de abogados; el miércoles en horas de la noche regresaba a su casa ubicada en el sector El Rosario de las Minas de Baruta, cuando se encontró con una amiga que le pidió un favor: que la ayudara a recuperar una laptop y un teléfono celular que le habían robado unos asaltantes del sector; ese fue el último favor que hizo.
Cuando Guiche llegó a donde estaban los ladrones, no tuvo tiempo de nada, le cayeron a tiros, cinco impactos dieron entre el pecho y el abdomen, le robaron la moto y el arma, lo dejaron agonizando en la vía hasta que fue trasladado a un centro de salud de la Alcaldía ubicado en el mismo sector, llegó sin signos vitales.
Horas después dos de los tres atacantes fueron capturados por efectivos policiales; Guiche los conocía, habían crecido juntos en el mismo barrio, «pero uno nunca sabe que se habían metido esos muchachos para matarlo de esa manera», dijo su papá José Guiche.
Entre el viernes 4 y el lunes 7 de marzo, delincuentes mataron a seis funcionarios en el país para despojarlos de sus armas de reglamento. De las víctimas, cinco perdieron la vida en la Gran Caracas y dos en los estados Bolívar y Falcón.
Hasta el 6 de marzo 28 uniformados, civiles y militares, fueron ultimados en la Gran Caracas, de acuerdo con datos extraoficiales, lo que representa el promedio de dos funcionarios asesinados por día. En 2015 la cifra extraoficial de efectivos policiales y castrenses asesinados por el hampa cerró en 148.
El 5 de marzo, cuando se reportaron dos asesinatos de uniformados en Caracas, el criminólogo Fermín Mármol García escribió en su cuenta de twitter @FERMINMARMOL que para esa fecha más de 70 policías y militares fueron asesinados en el país.
Al supervisor agregado de la Policía de Chacao, Roger Erick Oropeza Rodríguez, de 41 años de edad, lo mataron el viernes 4 de marzo a las 7:30 am en las inmediaciones del terminal de pasajeros de Guarenas, sector Trapichito, del estado Miranda. El funcionario fue atacado durante un asalto que delincuentes le hacían a varios usuarios de transporte público. Oropeza tenía 8 años de servicio, estaba adscrito al Centro de Coordinación de Chacao.
2. Oficial Policía del Estado Bolívar, José Villafañe
El oficial de la Policía del Estado Bolívar, José Villafañe, fue el segundo funcionario asesinado para robarle su arma de reglamento el viernes cuando pasadas las 8:00 pm salió de su vivienda ubicada en el sector Casanova, al norte de Ciudad Bolívar, estado Bolívar.
3. Comisionado agregado de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Rivas
Ese viernes, a las 9:00 pm, el director del Centro de Coordinación de la PNB en el municipio Silva, en Tucacas, estado Falcón, fue asesinado a tiros por un delincuente que lo interceptó en el kilómetro 60 de la Carretera Morón Coro, para despojarlo de su arma de reglamento.
4. Supervisor agregado de Polimiranda, Pablo López
El supervisor agregado de la Policía del Estado Miranda, Pablo Luis López González, de 38 años de edad, fue asesinado el sábado 5 de marzo en la noche para robarle su arma de reglamento. El funcionario, que estaba adscrito a la División Contra Robo y Hurto de Vehículos, fue atacado en el bloque 23 de la urbanización Kennedy, en Macarao, cuando se trasladaba en un mototaxi. Los delincuentes lo obligaron a entregar su arma de reglamento y sus pertenencias. Le dispararon en la cabeza y en varias partes del cuerpo. Al conductor de la moto también lo mataron y fue identificado como Julio César Suárez García, de 38 años de edad.
5. Oficial de Polisucre, Jesús Villanueva
El oficial de Polisucre, Jesús Villanueva, fue ultimado para ser despojado de su arma de reglamento y su teléfono celular el sábado a las 8:15 pm en el sector La Redoma de la parroquia La Dolorita, calle Juan XXIII. La víctima estaba adscrita a la Coordinación de Unidades de Apoyo de Polisucre.
6. Oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Anibal Malavé
El oficial de la PNB, Anibal Malavé, de 26 años de edad, fue ultimado el domingo 6 de marzo en la calle Argentina de Catia cuando intentó frustrar un robo. El funcionario resultó herido en el intercostal izquierdo y falleció después de ser ingresado en el hospital Periférico de Catia. En el hecho uno de sus compañeros, el efectivo Luis Palacios, también resultó herido en el abdomen, pero se salvó porque la bala no traspasó el chaleco antibalas.
7. Inspector jefe del Cicpc, Luis Carrillo
Al inspector jefe Luis Ernesto Carrillo Guerrero, de 45 años de edad, lo mataron el lunes a las 9:20 pm en el interior del comercio Pollos y Parrillas Portugal, ubicado entre las esquinas Truco y Balconcito, en la avenida Baralt del municipio Libertador de Caracas.
@MariaAlesiaSosa | Infografía: Carmen Riera y Daniela Dávila Torres
LOS HOMICIDIOS DE ESCOLTAS SE HAN ACENTUADO exponencialmente en los últimos años. Desde 2010, al menos 52 guardaespaldas han sido asesinados. Expertos en seguridad explican que el robo y homicidio de escoltas es multifactorial: la vulnerabilidad de este oficio responde principalmente a la falta de preparación de quienes lo ejercen, a lo rentable que resulta robar un arma y a la impunidad reinante en Venezuela.
La inseguridad juega un papel fundamental en el auge de esta industria. “Cuando el Estado no cumple con su deber constitucional de proteger a los ciudadanos, el privado tiene que defenderse, sea con rejas, vigilancia, seguridad pasiva o electrónica, y algunos, con escoltas”, afirma Mario Mármol García, experto en seguridad.
La mayoría de los guardaespaldas asesinados pertenecían o pertenecieron a un cuerpo policial. La migración de la policía al oficio de escoltas es otro factor a resaltar, y sucede principalmente por un tema económico. El sueldo de un escolta está entre 30 y 50 mil bolívares al comienzo, mientras que un policía con 15 años de servicio cobra 20 mil bolívares al mes. Dentro de este gremio, los que fungen como protección de empresas privadas cobran el doble o el triple que los de funcionarios públicos.
Para Mármol no es positiva esta diáspora de policías, pero sí comprensible. “El esquema del escolta privado es totalmente diferente al del policía. La labor del escolta es proteger la vida del dignatario, y siempre debe evitar la confrontación. El policía confronta y saca su arma de fuego. Al confrontar pone en riesgo la vida del dignatario”, explica.
Jesús trabajó por más de 15 años en la policía del estado Miranda, pero desde hace cinco decidió retirarse y dedicarse al servicio de seguridad privada porque pagaba mejor. Hoy trabaja como guardaespaldas de un empresario. “Ser escolta hoy en día es muy riesgoso, el hampa busca a las personas armadas, los matan sencillamente para despojarlos de su arma de fuego”.
Jorge no tiene experiencia como policía pero ha hecho cursos de entrenamiento. Lleva cinco años trabajando como guardaespaldas. Está pensando retirarse para dedicarse a otra cosa. “Ya no hay manera de protegerse, es un oficio demasiado riesgoso. No es como hace tres años. Me metí porque me gustaba esta rama de la seguridad y porque pagaba bien, pero ya el riesgo es demasiado”.
Tras el arma de fuego
En Venezuela casi 90% de los delitos violentos se cometen con armas de fuego. Para el jefe de seguridad de una empresa privada, la explicación de los recientes asesinatos está en el mercado de las armas. “Es lo que hace que los escoltas sean objetivo de la delincuencia. Desde hace 5 años no hay ventas de armas de fuego, se ha reducido mucho el parque de tráfico de armas, y son muy caras. Lamentablemente es más fácil agarrar a un escolta, quitarle la vida, y despojarlo de su arma de fuego”.
Por lo general los que se dedican a este oficio portan una pistola 9 mm que cuesta, en el mercado negro, entre 250 y 300 mil bolívares.
Jorge y Jesús coinciden en que no se sienten más protegidos que el resto de la gente por estar armados. “Al contrario, cuando uno anda armado sabe que corre más peligro. Uno carga cuchillo para su propia garganta. Si me vienen a asaltar y me consiguen la pistola, me van a matar, no me dejan vivo. Eso uno lo sabe”, dice Jesús.
“El delincuente está en la calle para buscar un arma de fuego y la manera más fácil es quitársela a un escolta”, comenta Jorge.
Ambos reconocen que el secuestro ya no es el delito más temido, sino que el negocio de la delincuencia son las armas.
“El problema aquí es que los cuerpos policiales del Estado perdieron la batalla contra la inseguridad. No es como era antes, hoy muchos decimos que la PM (Policía Metropolitana) era un mal necesario. La PM conocía los sectores y se metía a buscar a los malandros. Hoy la policía no puede entrar a enfrentarse a las bandas delictivas, no pueden entrar en esas famosas zonas de paz ¿Paz de qué? Será Paz de Hampa”, expresa el joven guardaespaldas.
Dice que la inseguridad es un mal que padecen hasta los mismo funcionarios públicos. “Ya no vemos policía en la calle, lo que se ven son escoltas. Las personas “importantes” andan hasta con 12 guardaespaldas. La inseguridad está fuerte hasta para ellos mismos”, cuenta Jesús refiriéndose a los altos cargos del Gobierno.
Hay como un acuerdo tácito de que el delincuente cuando ve a un uniformado y lo atraca, le va a quitar la vida. Es como una regla. Todo lo que el delincuente pueda resolver en contra de alguien que represente autoridad, le van a sesgar la vida. Representa un riesgo para el delincuente si no le quita la vida. Son enemigos naturales. Prefieren acabar con el. Hay una rivalidad muy fuerte.
La siguiente infografía muestra las personas asesinadas a quienes identificaron como escoltas de funcionarios o empresarios desde 2010. Predominan los guardaespaldas de personalidades del Gobierno. A la lista debe sumarse Juan Manuel Villegas Herrera, escolta de la ministra para el Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez, quien fue asesinado este jueves 27 de agosto. El robo de arma de fuego es una constante, así como el lugar del homicidio: fuera de su sitio de trabajo. Quienes cuidan las espaldas de los llamados dignatarios no están a salvo, en cambio, son el blanco preferido de la delincuencia.
Los guardaespaldas son un blanco fácil
No los matan en el trabajo
En ninguno de los casos recogidos en esta base de datos, el escolta es asesinado mientras cumplía sus funciones. Es decir, no los han matado defendiendo a sus dignatarios o jefes. La mayoría de los crímenes sucede en plena calle y en una zona cercana a la vivienda de la víctima.
Mario Mármol indica que el entorno conoce que la persona trabaja en labores de seguridad, y sobre todo: saben que tiene un arma.
“En el sector donde vive la persona hay mucha delincuencia y saben que porta un arma, entonces es blanco de los malandros. Ya ahorita no existen los amigos, hay que cuidarse de todo el mundo. En el barrio saben que uno carga una pistola, y muchos quieren su pistola propia”, explica Jorge.
Entre su gremio llegaron a escuchar que algunas bandas estaban pagando a sus integrantes 100 mil bolívares por matar a un policía y 50 mil por matar a un escolta. Pero no se dejan convencer, no creen que haya un operativo de ese tipo. “El mismo Gobierno lanza esos rumores para buscarle un pretexto al hampa. Eso es mentira, la única explicación es que la delincuencia está desatada. Hoy el hampa está muy bien organizada”, explica Jorge.
Mal entrenados
Para los especialistas consultados, que los guardaespaldas actúen como policías, y llamen la atención se explica con que están mal entrenados. Mármol indica que los esquemas de seguridad en protección de personalidades son varios: hay uno muy disuasivo que sostiene que los escoltas deben notarse para que sean un anillo de choque contra el delincuente que pretenda acercarse, hay otra escuela que cree que los escoltas deben pasar desapercibidos por completo; otra escuela es la mixta, donde se usan escoltas que se vean y algunos que no se vean.
Jesús cree que la mayoría de sus colegas “se paran en una esquina y se ponen a tragar bola, o sea, a mostrarse con el teléfono, el arma, y otras cosas llamativas. El delincuente lo ve fácilmente y lo agarra”.
Otro experto en seguridad que prefirió no identificarse, dice que los funcionarios del Gobierno a veces escogen a malandros como escoltas, porque creen que los protegerán mejor. “Una vez que el malandro empieza a trabajar con un político, se siente apadrinado y abusa de su poder, se las echa en el barrio, y también les quitan la vida por eso.
El reclutamiento es totalmente diferente. Los escoltas que van a trabajar en empresas privadas deben pasar por una preparación, vemos que el escolta de un ministro no necesariamente pasa por eso”.
El perfil del guardaespaldas
El problema para Mármol García es que no se sacan el diskette de policía, que siempre andan aparentando y les gusta mostrar.
“La conducta y características de un escolta son fáciles de ver. Hay un fenotipo. Cómo se viste y cómo actúa. Si un escolta es fácilmente detectable por el ciudadano común, ¡imagínate por la delincuencia!”, dice.
Se visten con chaqueta negra, utilizan motos parapoliciales, que son muy parecidas a las de los policías (Kawasaki, KLR, V-Strom, Suzuki, o Kawasaki Versys), y llevan un bolso pequeño de lado.
En la mañana de este sábado fue asesinado José Luis Pérez Mendoza, funcionario de Protección Civil Lara. También se destacaba como escolta del director de orquesta, Gustavo Dudamel.
El escolta murió de un disparo en la cabeza. El hecho ocurrió en una posada de la población de Sanare del estado Lara. Se encontraba compartiendo con algunos amigos.
Dos sujetos llegaron sometiendo y golpeando a los amigos, y luego se pudo conocer que se llevaron a Pérez para matarlo.
Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se trasladó hasta el sitio para proceder con el levantamiento del cadáver y realizar el peritaje para recaba evidencias del hecho.
Dos estudiantes de la Universidad Santa María murieron luego que la Guardia Nacional Bolivariana les dispararan en la carretera Panamericana sentido hacia Caracas.
Los fallecidos fueron identificados Giovanni Ramírez, de 18 años, estudiante de Ingeniería en Sistemas y Luis Ángel Quino, de 28 años, estudiante de Derecho. Sobrevivió otro universitario de nombre Chaiban, de 20 años, reseñó el periódico La Voz.
Según sus familiares reunidos ayer en la morgue de Bello Monte, los muchachos no se habían percatado de que lo seguían en un primero momento, pero al darse cuenta se asustaron y aceleraron la marcha para perderse de vista.
Milagros Ramírez, tía de Ramírez dijo que quizás los uniformados pensaron que el carro era robado. Al producirse el choque y durante la persecución los guardias nacionales dispararon, hiriendo a los tres ocupantes del Renault.
Al volante iba Quino, quien al resultar herido perdió el control del volante y chocó. En ese momento lo impactó la patrulla de la PNB por detrás.
En manos de la División contra Homicidios del Cicpc, estarían los dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que participaron en el suceso.
