armas

La Unión Europea (UE) dará su visto bueno mañana a la imposición de un embargo de armas a Venezuela por la represión en el país y, además, una veintena de Estados miembros, entre ellos España, se comprometerán a colaborar más en Defensa mediante una cooperación estructurada permanente (PESCO).

Son las dos cuestiones más importantes que estarán mañana sobre la mesa del Consejo conjunto de los ministros de Exteriores y Defensa de la UE, en Bruselas.

Las sanciones a Venezuela ya están acordadas a nivel de los embajadores de los Veintiocho y consistirán en un embargo de armas y en un veto a las exportaciones de equipos que puedan ser utilizados “para la represión interna” o para “vigilar” las comunicaciones electrónicas.

Además, incluyen la “base legal” para que la UE decida una lista de personas a las que considere responsables de la situación en el país, a las que les prohibirá viajar a territorio comunitario y congelará los bienes que puedan tener en la Unión, “si la evolución de la situación lo requiere”.

Fuentes consultadas afirmaron que se empiezan a investigar nombres aunque su inclusión en esa lista solo se efectuará si las primeras medidas restrictivas no surten efecto.

Serán unas medidas graduales, selectivas, flexibles y reversibles, según fuentes comunitarias, quienes insistieron en que no están concebidas para afectar a la población venezolana en general.

Su objetivo es, dijeron, impulsar un proceso creíble y significativo que pueda conducir a una solución pacífica negociada en el país.

Por otra parte, los ministros de Defensa de una veintena de países, entre ellos España, firmarán la notificación de participación en la PESCO, una iniciativa contemplada en los tratados de la UE pero jamás utilizada hasta ahora y que puede ponerse en marcha por mayoría cualificada.

El Consejo de ministros de España ya dio su visto bueno el pasado viernes para que el país se sume a esta iniciativa, fuertemente defendida también por países como Francia, Alemania o Italia.

Países como el Reino Unido (en pleno proceso de salida de la UE), Dinamarca o Irlanda han decidido por el momento quedarse fuera.

Más adelante, en diciembre, el Consejo de la UE aprobará la base legal para que los países participantes puedan empezar a planificar proyectos conjuntos.

La dificultad de esta iniciativa radicaba en que los participantes tenían que asumir compromisos vinculantes ambiciosos pero sin crear una política tan restrictiva como para que el resto de Estados miembros no pudieran unirse a ella en el futuro.

Al firmar la PESCO España asume los compromisos de aumentar los presupuestos de defensa para alcanzar los objetivos acordados, incrementar el gasto de inversión en defensa hasta el 20 % y aumentar los proyectos de capacidades estratégicos colectivos e industriales.

También se compromete a incrementar proporcionalmente los gastos dedicados a innovación y el desarrollo para aproximarlos al 2 %.

“La PESCO es el compromiso de planificar juntos. Los proyectos serán una consecuencia de ello”, indicaron fuentes diplomáticas.

Las capacidades que desarrollen los países de la PESCO quedarán bajo su control, aunque deberán tener en cuenta la complementariedad con la OTAN, apuntaron, a fin de evitar solapamientos.

Además, por sí misma la PESCO no creará una estructura de comando y control ni estará diseñada para liderar operaciones por sí misma.

Los países participantes deberán presentar sus planes nacionales de defensa y habrá un mecanismo de control de los compromisos vinculantes y de sus plazos, apuntaron las fuentes europeas.

Por Aram Barra

@arambarra

América Latina tiene un problema de armas. Una gran mayoría de los homicidios en la región se cometen con armas de fuego. Una parte importante de ellas son ilegales, pero también hay muchas que son legales. La mezcla entre mal control de armas por parte del Estado y la normalización de la resolución violenta del conflicto han llevado a nuestra región a ser una de las más letales del planeta.

En ese sentido, vale la pena revisar tres experiencias de control de armas en la región y los impactos que han tenido en la violencia de esas localidades. Les invito entonces por un viaje por Brasil, El Salvador y Colombia.

En Brasil… En diciembre de 2003, después de una intensa presión y movilización popular, el Congreso Nacional de Brasil aprobó la Ley 10826 —conocida como el Estatuto de Desarme— para reforzar el control sobre las armas en circulación en el país. Los resultados se dieron de inmediato: cinco mil vidas salvadas durante el primer año en vigor de la ley, lo que significó una disminución de la tasa de homicidios en Brasil por primera vez en más de una década.

Dentro de las medidas principales se encuentran: la edad mínima para adquirir armas se elevó a los 25 años; se prohibió el porte de armas para civiles; se introdujeron controles de antecedentes; se definieron siete requisitos mínimos para la compra de un arma; se endurecieron las penas por delitos cometidos con armas de fuego; se impusieron controles a la importación de armas de fuego, y se integraron las dos principales bases de datos sobre armas de fuego en el país.

Como lo señalan Robert Muggah y Daniel Cerquira, recientemente hay sectores que pretender revertir varias de las disposiciones del Estatuto, reduciendo la edad mínima de compra de 25 a 21 años, aumentando la cantidad de municiones al año –de 50 a 100, y permitiendo a los ciudadanos el porte– en espacios y vías públicas. Lo anterior bajo el argumento de protección de los “ciudadanos de bien” y la posibilidad de autodefensa.

En El Salvador… El Proyecto fue desarrollado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en coordinación con las alcaldías de San Martín e Ilopango, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Defensa Nacional. Esta iniciativa tuvo los siguientes componentes: restricción de la portación de armas en los espacios públicos; aumento de la fiscalización policial; campaña de divulgación y comunicación masiva; una estrategia de recolección de armas entregadas voluntariamente, y colaboración más estrecha entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía.

En San Martín el proyecto logró aprobar dos ordenanzas pioneras de regulación de armas de fuego en los espacios físicos e incrementar ostensiblemente (entre un 69% y un 102%) el decomiso de armas de fuego por parte de la Policía. En el periodo de instrumentación del proyecto, los homicidios disminuyeron en un 49% y el número de delito cometidos con armas de fuego bajo un 24%.

En Colombia… En las ciudades de Cali (1993-94) y Bogotá (1995-97) se establecieron prohibiciones para el porte de armas en determinadas fechas, incluyendo fines de semana, días de pago, feriados y días de elecciones. Las evaluaciones muestran que durante los días de intervención el número de homicidios fue significativamente menor a los días de no intervención. Se logró una reducción de los homicidios del 14% en Cali (entre 1993 y 1995) y en Bogotá del 13% (entre 1995 y 1997).

Analizando el caso de Bogotá en el periodo de 1989-1999, Llorente et.al (2000) mostraron que en el mejor de los casos el aporte positivo de la prohibición al porte de armas fue del 14% en la reducción de la tasa de homicidios, un efecto limitado teniendo en cuenta que entre el 70% y 80% de los homicidios se cometían con armas de fuego. Los autores atribuyen este comportamiento a la ausencia de una estrategia policial focalizada para aplicar la norma.

Hasta ahí tres experiencias en América Latina de control de armas. Aunque distintos, el ejercicio apunta a una conclusión importante: reducir la disponibilidad y acceso a las armas de fuego puede contribuir a reducir la violencia letal. El control de armas debe ser una política dentro de un abanico más amplio que incluya la prevención basada en evidencia, el aumento de la judicialización de casos de homicidios y políticas integrales de alcohol y drogas, de lo que he escrito en otro momento.

*Este artículo fue publicado en el portal Mexican Times

* Aram Barra es internacionalista por la UDLA México y maestro en política y administración pública por New York University y University College London. Actualmente se desempeña como consultor independiente en temas de salud, seguridad y derechos humanos.

En el marco de la campaña Instinto de Vida para la reducción de homicidios, se llevó a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello el foro “Hacia la construcción de una agenda para la reducción de la violencia letal” organizado por Acción por la Vida. En la actividad participaron los investigadores Verónica Zubillaga, Andrés Antillano, José Luis Fernández y Francisco Sánchez, quienes abordaron el tema de la violencia en Venezuela desde distintos aspectos.

El inicio del foro fue expuesto por el profesor José Luis Fernández, quien enseñó la magnitud del problema de las armas en Venezuela a través de las cifras de cómo ha variado el grado de violencia desde 1980. En los resultados planteados por Fernández, se demuestra que el mayor el mayor Incremento de la tasa interanual de muertes provocadas por un arma de fuego entre 1979 y 2013 sigue siendo el Caracazo en 1989 con un estimado de 60 % de incremento interanual de muertes por cada 100.000 habitantes provocadas por armas de fuego.

Fernández también afirmó que la tasa de asesinados por un arma de fuego se mantuvo alrededor de 50 muertes por cada 100.000 habitantes desde 2004 hasta 2013. El profesor expresó que sí existen políticas aplicables para disminuir dichas cifras y colocó como ejemplo la prohibición de porte de armas ordenada por el presidente Hugo Chávez durante el 2002, lo que permitió  reducir unos 10 puntos de la tasa durante el lapso de la prohibición.

El investigador sostuvo que la exportación de pistolas y revólveres hacia Venezuela desde 1980 hasta 2014 representa un valor acumulado de 100 millones de dólares. Aseguró que esto mantiene una relación directamente proporcional con el aumento de la tasa de muertes por armas de fuego, la cual asciende hasta el actual nivel de 60 muertes de cada 100.000 habitantes.

Una de las gráficas presentadas indicaba la razón de la presencia de armas de fuego en Venezuela, afirmando que 54,7% (98.747) son armas hurtadas, 38,3% (69.187) son armas robadas, 2,8% (5.004) son armas extraviadas, 2,6% (4.479) son armas incriminadas, 1,0% (1.884) otras y 0,5% (881) no está  definido.

Las armas y su sentido en la Venezuela Bolivariana

La socióloga, Veronica Zubillaga abarca la violencia desde el sentido que tienen las armas en ella. “Las armas son objetos que están inflados de sentido”, aseguró la socióloga ucabista. Dentro de su investigación, Zubillaga define las armas como “actores en sí mismos, agentes y actuantes” porque contribuyen de manera fundamental a transformar las prácticas de la gente y convierten cualquier conflicto en violencia letal.

Introducción de las armas en discursos políticos

“La revolución es pacífica pero armada”, decía Hugo Chávez Frías. Zubillaga asegura que luego de estudiar el discurso político del ex presidente venezolano, esta frase es nombrada en al menos 14 de ellos.

Zubillaga expresó que la militarización de la seguridad viene con discursos políticos que justifican los actos que realizan, tomando como ejemplo matanzas sistemáticas y violaciones masivas de Derechos Humanos.

“En 2016 fueron asesinadas 21.752 personas en Venezuela. A manos de la policía murieron 4.667 personas y 87% de las muertes fueron ocasionadas por armas de fuego”, dijo Luisa Ortega Díaz, el 31 de marzo de 2017.

14.007 homicidios fueron registrados en 2011, donde en 90% de los casos se utilizó un arma y 90% de las víctimas fueron hombres. En 2011, 71% de los homicidios ocurrieron por “ajustes de cuentas”. Entre 1997 y 2013 los homicidios causados por armas se incrementaron 16%, siendo la causa de 89% de los homicidios en 2013.

Para concluir, Verónica Zubillaga afirmó la urgencia de implementar políticas de control de armas:

• La importación de pistolas y revólveres por parte del Estado se reduzca al mínimo y se suspenda la venta de las mismas a particulares.

• Todas las armas estén bajo control.

• La Compañía Anónima de Industrias Militares (CAVIM) reduzca drásticamente la producción de balas.

• El marcaje de municiones que permita identificar la persona u organismo a la que se le vendieron las municiones con la finalidad de establecer responsabilidades en su uso.

• Instrumentar un verdadero sistema de control de armas.

La relación entre la violencia y rentas mineras en el sur del Estado Bolívar

“No todo lo que mata es oro”, así inició su presentación el profesor Andrés Antillano, sobre su trabajo de la violencia en municipios mineros en el sur del estado Bolívar.

Antillano asegura que los municipios Roscio, Sifontes y El Callao tienen una tasa muy elevada de homicidios provocados por armas de fuego en comparación con los municipios urbanos. “El incremento de esta tasa es bastante reciente lo que señala que no existe una relación directa unívoca de actividad minera y violencia”, manifestó Antillano.

Es una relación que está mediada por otros factores, como factores sociales (desorganización social, exclusión y desigualdad) y factores institucionales, al ser la pequeña minería la actividad fundamental en lugar de la gran minería en las zonas auríferas.

“Los municipios mineros son de los más desiguales del estado Bolívar. Con mucha pobreza pero al mismo tiempo con mucha renta producida por la actividad minera lo que genera mucha desigualdad”, afirmó Antillano.

El porcentaje de hogares en situación de pobreza más alto le corresponde a los municipios mineros con 47% para 2011, según cifras de la investigación.

La explotación aurífera se basa fundamentalmente en la pequeña minería, la que se estima que extrae más de 20 toneladas de oro anuales.

El número de pequeños mineros ha incrementado aceleradamente durante la última década debido a la crisis económica y el aumento del precio del oro. El pequeño minero utiliza medios artesanales apoyando la extracción básicamente en su esfuerzo corporal y su propia vida. “El trabajo es extenuante como pocos y se realiza en condiciones extremas”, expresó Antillano. Es un trabajo poco productivo y eficiente. Durante una jornada apenas se extraen unos pocos gramos de oro.

Antillano afirmó mediante gráficas, que el coeficiente de relación (Pearson) entre el porcentaje de población minera y las tasas de defunciones por arma de fuego según el tipo de municipio, en el caso de los municipios mineros la correlación es de 0,835 y en los auríferos es de 0,840; es decir que la correlación es casi perfecta.

Antillano expresó que a partir de 2010 surgieron “bandas organizadas entre sí” llamadas sindicatos o bases, que se dedican a regular la actividad minera y el trabajo del minero.

Dichos sindicatos extraen rentas a los mineros a través de la extorsión, controlan las drogas, la prostitución y la compra de oro en las zonas auríferas. Los mineros son víctimas de estas bases.

Los grupos criminales son utilizados por otras empresas mineras para desplazar e intimidar a los pequeños mineros y trabajadores. Estos grupos se apropian de la renta; que exigen pagar a cada pequeño minero a través de la violencia o la amenaza en lugar de que el Estado lo haga, debido a las condiciones técnicas de la pequeña minería que implican baja rentabilidad por unidad de extracción pero grandes ganancias por volumen.

Para concluir, el profesor Antillano explicó cómo la tasa de defunciones por arma de fuego y el precio internacional del oro tienen una relación directamente proporcional, lo que permite entender el grado de violencia hacia los pequeños mineros y trabajadores.

Madres víctimas de la violencia: caminos a la reparación 

El profesor Francisco Sánchez expuso como las madres venezolanas son víctimas de la violencia a través de testimonios anónimos. En todos los casos recopilados por Sánchez, los homicidios han tenido como víctima solo a hombres de sectores populares cuyo objeto causante de muerte son las armas de fuego.

Sánchez destacó lo escaso que es el acceso a “la justicia” y que en caso de encontrarlo, ha conllevado experiencias de amenazas y persecución.

También resaltó el testimonio de una madre que perdió a su hija, en que expresa como la culpa termina siendo de ella por haber criado a una “niña amigable, buena y jovial, en lugar de criar una niña agria, brava y desconfiada”. “El problema fue que ella confiaba mucho en la gente” aseguró la madre de la víctima.

El profesor trabaja en agrupaciones donde el abordaje y acompañamiento individual va en conjunto con la exigencia al Estado de una respuesta. Sánchez afirmó que esto no solo surge como un “artefacto de sanación”, sino como la posibilidad de registrar los sucesos estructurales por los que atraviesa la persona.

Asimismo, Sánchez manifestó que el decaimiento y el desfallecer de la acción es muy común en estos casos, ya que los procesos pueden demorar al menos 5 años de exigencias para encontrar unas primeras respuestas.

La masacre de Las Vegas tiene a los medios de comunicación encerrados en un loop que a veces suena obsesivo. En las pantallas de CNN o Fox News se escucha el mismo ritornello: ¿cuál es el motivo de este horrible crimen? Y hay una especie de desesperación en el tono de los periodistas y locutores que se preguntan ansiosos qué llevó a este asesino a cometer una masacre largamente planificada y, por lo perversa, muy bien ejecutada. Pero el motivo del crimen en este caso, como en tantas otras masacres que han conmocionado los Estados Unidos, es secundario. Policías y criminólogos tratarán de desmentirme. Dirán que hay que descubrir el motivo del criminal. Les diré que, en este caso, como en tantos otros en los que se repite la misma desoladora historia, descubrir el motivo no importa un carajo. Lo que importa es cambiar un sistema monstruoso que hace posible estas pesadillas.

Está el tema del derecho a portar armas que tienen los ciudadanos de Estados Unidos según lo consagra la famosa Segunda Enmienda de su constitución. Sin entrar en los leguleyismos de la cuestión, solo puedo decir que el sentido común indica que cualquier derecho individual tiene límites cuando afecta los derechos de otras personas, especialmente el derecho a la vida. Claro que esto es secundario para el poderoso lobby de la industria de las armas representado por la National Riffle Association (NRA) y por quienes, desde un hiperindividualismo irracional, defienden a toda costa su derecho a comprar armas y municiones.

También está el asunto del sistema que permite que una persona compre más de 30 armas automáticas, varios cientos de balas, explosivos sofisticados (el asesino tenía en su posesión casi 100 kilos de Tannerite que usan los comandos del ejército de Estados Unidos), y que llegue a un hotel de Las Vagas con más de 10 maletas, y que monte un sistema de vigilancia en vídeo en ese mismo hotel, y que finalmente cometa la masacre con frío cálculo. Pero ese es el sistema que existe en el supuesto país más poderoso del mundo, que quiere montar muros para evitar que los “hombres malos” lleguen desde México y que prohíbe la entrada de musulmanes a quienes pone en la categoría de “terroristas esenciales”.  Todo el sofisticado aparataje de policía y de inteligencia no sirve para detectar a un asesino que acumula armas de forma sistemática.  Un “experto” comentaba en CNN (¡ay los expertos!) que no es de extrañar que una persona compre tantas armas, porque eso es común entre los coleccionistas que aman en su fetichismo los largos fusiles.

Pero volvamos al motivo del crimen. No importa un carajo el motivo del monstruo de Las Vegas. Psicótico, maniático, “islamizado”, conspirador. Busquen todos los motivos del mundo, son irrelevantes. Lo más relevante aquí, como en otras masacres, es el sistema que permite que esto ocurra, que permite que las armas y municiones se vendan como caramelos, y que en un hotel de Las Vegas a ninguno de los agentes de seguridad (que son muy buenos para atrapar a tramposos en el juego) se les haya ocurrido que había algo “podrido” en el viajero solitario con tantas maletas. Sin embargo, nada pasará. CNN y Fox News seguirán preguntándose por el motivo sin ir al fondo del sistema, de un sistema monstruoso.  

*Profesor en la Universidad de Ottawa (Canadá)

Stephen Craig Paddock tenía al menos dos culatas especiales (en inglés, bump-stocks) para convertir los rifles en armas automáticas, o lo que es lo mismo, para trabar el gatillo de forma que disparen como una ametralladora. Además, colocó cámaras en el interior y exterior de la suite del casino Mandalay Bay donde se alojaba desde el día 28 de septiembre y desde la que, a última hora del domingo, asesinó a 58 personas que asistían a un concierto al otro lado de la calle.

 Las autoridades de Las Vegas han rebajado la cifra de víctimas de 59 a 58, porque en la información proporcionada ayer se incluyó al asesino, que se suicidó tras la matanza. Además, han señalado que el tiroteo duró entre nueve y 11 minutos, y que el tirador transfirió 100.000 dólares a una cuenta en el extranjero antes de la matanza.

El sheriff Joe Lombardo, al frente de la investigación del tiroteo, ha asegurado además en una rueda de prensa en la tarde del martes que Paddock contaba con cinco pistolas, dos escopetas y numerosa munición en una vivienda de Reno (Nevada). Ese arsenal se suma a las 23 armas que tenía en la habitación del hotel y otras tantas que guardaba en una vivienda en Mesquite (Nevada). Noticias Telemundo ha tenido acceso a unas imágenes de la suite del hotel, ubicada en el piso 32, en las se puede observar una de las armas de Paddock. También se puede ver un carrito de servicio en el que presuntamente colocó cámaras, según el sheriff.

El uso de armas automáticas está prohibida en Estados Unidos desde 1986 (aunque se pueden mantener las fabricadas antes, siempre y cuando estén registradas), pero las culatas especiales sí están permitidas y se pueden comprar por menos de 100 dólares.

Sustituyen a la culata del rifle pero incluyen un mecanismo que cubre el gatillo de forma que el mismo retroceso del arma lo mantiene presionado; como el dedo sigue en el gatillo, técnicamente el arma sigue siendo semi-automática, explica la agencia de noticias Associated Press.

Con este mecanismo (las autoridades han confirmado que tenía dos, pero no si los usó en la matanza), Paddock podría haber disparado entre 400 y 800 balas por minuto. La matanza se desarrolló durante nueve minutos, según la policía, aunque los disparos que se escuchan en los vídeos difundidos son ráfagas continuas pero con intervalos de silencio.

“Hablaremos de leyes sobre armas dentro de un tiempo”, ha asegurado el presidente, Donald Trump, este martes durante su visita a Puerto Rico, una isla devastada por el huracán María hace más de una semana; mañana tiene previsto viajar a Las Vegas.

“Estamos atascados”, ha lamentado la congresista demócrata Linda Sánchez sobre las iniciativas legislativas de control de armas, culpando a los republicanos de “ser incapaces de ayudar en esta materia”. “No podemos permitir que las acciones de una sola persona nos definan como país”, ha señalado el líder republicano en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, según informa el diario The New York Times.

La historia narra que frecuentemente los pleitos entre grupos afines son más encarnizados que entre los  disímiles. Así, los cristianos seguidores del papado  se enfrentaron con otros cristianos considerados “herejes”. Judíos y musulmanes tienen raíces comunes y sin embargo no logran convivir. Sunitas y chiitas se matan  entre ellos. En Venezuela, para salir de la dictadura de Maduro, los demócratas estamos encasillados en cuatro grupos que parecieran aferrados a dogmas religiosos : los  partidarios de la intervención armada, los promotores de las protestas cívicas, los  defensores a ultranza del voto y los que insisten en la negociación.

Por principio pensamos que una intervención de nuestra Fuerza Armada no es lo más deseable, pero se justificaría ante una dictadura con apoyo de Cuba, Rusia, China, de la izquierda del Foro de Sao Paulo e infiltrada por el narcotráfico y favorecedora del terrorismo internacional. Sin embargo, esta opción tiene rechazo en la esfera política que  teme se cambie una dictadura por otra, lo cual pensamos no sería probable También por cierto prurito de que el problema lo debemos resolver los civiles. Este rechazo quizá impidió una deseable unión cívico-militar y explica la poca solidaridad con los militares presos. Hoy, con un alto mando servil es poco probable una intervención militar exitosa y aspirar que sea una fuerza foránea no solo es poco realista, sino ser ciegos ante sus indeseables consecuencias.                                                             

En el grupo de promotores de las protestas cívicas incluimos no solo a los que predican las  manifestaciones de calle, sino también a quienes promovieron paros y una actitud más frontal desde los inicios del régimen. Se logró desnudar a la dictadura. Lamentablemente, no conseguimos el cambio y, por ahora, la represión ha obligado a suspender las acciones de calle. Quienes critican esta salida han llegado al colmo de afirmar que la dictadura se impuso como reacción defensiva ante estos hechos e incluso que Maduro aprobó la constituyente cubana porque algunos dirigentes democráticos se opusieron al diálogo con Rodríguez Zapatero de intermediario.

Los electoralistas están convencidos de que el voto es la única vía válida para salir del régimen. Algunos llegan a sostener la necedad de que la lucha democrática y efectiva solo se inició en el 2006. Desde luego que votando hemos logrado importantes  resultados, al  evidenciar que somos mayoría y despertar la atención y apoyo internacional. Sí debemos reclamar a nuestra dirigencia que tardó mucho en calificar de dictadura al régimen actual, que durante los primeros años  prefirió la vía del apaciguamiento y que no actuó unida.

Sin embargo, es injusto criticar a la MUD por no lograr lo que aprobamos en el referendo del 16 de julio, así como aseverar que por aceptar ir a la elección de gobernadores esa organización se apartó del mandato del pueblo.  La MUD rechazó y desconoció   la constituyente cubana y gracias a su trabajo los principales países democráticos también lo hicieron. Ha demandado reiteradamente a la Fuerza Armada y a los funcionarios públicos que deben obedecer y defender la Constitución de 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. En cumplimiento de lo exigido, procedió a designar nuevos magistrados del TSJ. ¿Qué hizo la dictadura? Puso presos a quienes capturó y obligó al resto a auto exiliarse. Aprobamos la realización de elecciones libres y transparentes y la MUD lo ha estado requiriendo.

Cuando ninguna de las partes tiene la fuerza para imponerse, la negociación no es una entrega, sino una necesidad. El objetivo no puede ser una rendición incondicional de alguna de las partes. Ambas tienen que ceder algo. La Constitución de 1999 tiene que ser el punto de referencia. La presión nacional e internacional son imprescindibles y tiene que ser conducida por expertos en el tema, con avances graduales y sin micrófonos¿Es difícil una salida negociada? Claro que lo es.

La dirigencia democrática ha intentado salir del régimen por las vías mencionadas. Si no se ha logrado es porque estamos ante gente sin escrúpulos, con un proyecto político perverso gestado durante años, apoyado en las armas y en jueces corruptos.  De nuestro lado ha faltado cohesión. Los dirigentes de los cuatro grupos mencionados, los articulistas y usuarios de las redes sociales tenemos que cesar las descalificarnos mutuas, muchas de ellas sin fundamento. La votación para gobernadores es un escenario más de lucha, enfatizando las necesidades de la población y las promesas gubernamentales incumplidas. Ojalá elijamos nuevas caras. Claro que harán trampas, inhabilitarán a algunos y les quitarán atribuciones, pero no podemos doblegarnos.

Como (había) en botica: Gente el Petróleo no apoyará  ningún candidato en las primarias, pero sí a quienes sean designados abanderados de la unidad. Atención médica y libertad para los estudiantes Kevi Rojas, Alex González y José Dávila, presos políticos en la ergástula de El Dorado. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, informó que este sábado através de su cuenta en Twitter que fue detenido un militar de la Aviación quien supuestamente es el asesinó del joven David Vallenilla.

«Presunto homicida de David Vallenilla ya se encuentra preso en DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en presencia de fiscales del Ministerio Público a la orden de la justicia», escribió Saab.

El fiscal se reunió el martes con el padre del joven -de igual nombre- para indicarle que ya habían dictado la orden de captura contra el militar Arli Méndez.

El 22 de junio su hijo, recibió un disparo de cuatro perdigones de plomo a quemarropa por parte de un militar cuando protestaba con otros jóvenes frente a la base aérea de La Carlota.

Ese mismo día, Maduro advirtió que estaba prohibido el uso de armas de fuego y escopetas de perdigones para el control de las manifestaciones, que exigían su salida del poder, dejando unos 125 muertos entre abril y julio.

“¡Por favor, tengan piedad!”, rogó Lauche Fernández, familiar de uno de los 37 presos que murieron durante un motín en un centro de detención del estado Amazonas, sur de Venezuela, mientras esperaba que los cuerpos fuesen entregados por las autoridades.

Un centenar de familiares esperó horas este jueves frente al hospital de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, recibir los restos de las víctimas de lo que denuncian como “una masacre”.

“Ya empiezan a oler. Por favor, tengan piedad y entreguen los cuerpos de nuestros muertos. ¿Qué van a hacer reteniendo esos cuerpos?”, pidió Lauche Fernández, a gritos, ante los micrófonos de la prensa local, según videos cedidos a la AFP.

Varios ataúdes eran cargados este jueves por las calles de la localidad, pues ya comenzaron a ser entregados los cuerpos a las familias.

Un motín en calabozos del centro judicial de Amazonas, apartada región selvática fronteriza con Colombia y Brasil, se saldó el miércoles con 37 presos muertos y 15 policías y militares heridos, uno de ellos grave, confirmó este jueves el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol.

El funcionario, en declaraciones transmitidas por la televisora oficial VTV desde Puerto Ayacucho, señaló al gobernador de Amazonas, el opositor Liborio Guarulla, como “responsable directo”.

“Es un retén judicial que está bajo la custodia y la administración de la gobernación del estado”, expresó Reverol, quien pidió investigar a Guarulla por “inacción” pues -dijo- solo tres custodios, más el director, estaban a cargo de los 103 presos.

El motín reflotó la crisis penitenciaria venezolana, con frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas para tratar enfermedades como la tuberculosis.

Armas largas y granadas

Dirigiéndose al presidente Nicolás Maduro, Jackson Sanz, padre de uno de los fallecidos, pidió al mandatario socialista y a su gobierno “dar la cara por esta masacre”.

Según Guarulla, desde “hace tres meses y medio” la militar Guardia Nacional tenía acordonado el centro de reclusión a raíz de una denuncia de un posible ataque de miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“En razón de esto, se presumía que algunos de estos reclusos podían estar armados y por eso se solicitó la requisa”, afirmó.

Fuerzas especiales del Ministerio de Interior intervinieron y tomaron el centro de reclusión “de manera desmedida porque usaron granadas y armas sofisticadas, y el resultado es una verdadera masacre”, añadió el gobernador.

“Lo que no hizo la guerrilla lo hizo el gobierno nacional”, manifestó Guarulla, quien difundió en Twitter fotos de cadáveres apilados en un rincón.

Pero, según Reverol, los efectivos que realizaron la requisa fueron recibidos por los internos “con armas largas y granadas”, una veintena de las cuales estallaron durante los enfrentamientos.

Sin dar cifras, el ministro reportó que algunos de los 37 fallecidos “fueron ajusticiados por un pran” -líder de presos-, que “tenía sometidos a algunos privados de libertad que querían deponer las armas”.

Agregó que algunos más murieron “producto de la onda expansiva y las esquirlas de las granadas” y otros por la acción de los agentes de seguridad, que según él respetaron el principio de “uso progresivo y diferenciado de la fuerza”.

Guarulla asegura que un preso aprovechó el caos para fugarse, pero Reverol no lo mencionó.

Clausura

Tras lo ocurrido, el centro de detención de Amazonas fue clausurado y, según Reverol, será rehabilitado en un plan puesto en marcha por el gobierno en julio de 2011 para pacificar los penales y adecuarlos a estándares internacionales.

Veintisiete reclusos, todos condenados según Reverol, fueron trasladados a otros centros penitenciarios fuera de la región y el resto a calabozos policiales.

Hay unas 50 cárceles en Venezuela, de las cuales 98% funcionan bajo el nuevo régimen.

Pero Carlos Nieto, de la ONG defensora de los derechos de los presos Una Ventana a la Libertad, sostiene que el proyecto no ha avanzado según lo prometido. “Plantearon construir una cárcel en cada estado. En Amazonas no han puesto ni la primera piedra”, declaró a AFP.

Esa organización estima una población de 88.000 presos en Venezuela, sobrepasando la capacidad de las cárceles de 35.000.

Por falta de espacio en los penales y retrasos procesales, unas 33.000 personas están recluidas en centros de detención preventiva, como el de Amazonas. Nieto precisó que la sobrepoblación en esos establecimientos supera el 400%.