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Maduro tiene hasta el 10 de abril para firmar la Ley de Amnistía: abogada Ana Leonor Acosta

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La abogada Ana Leonor Acosta, informó que el presidente Nicolás Maduro tiene hasta el 10 de abril para firmar la Ley de Amnistía, según lo establece la Constitución en su artículo 214.

Recordó que el primer mandatario “no tiene la capacidad para establecer la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional sancionada el pasado 29 de marzo”.

La integrante de la campaña Todos Por La Libertad informó que “una vez que la ley llega a manos del presidente Maduro, este puede promulgarla o hacer observaciones dentro de los 10 días continuos después de haber recibido la ley”.

En relación a las competencias del Tribunal Supremo de Justicia, Acosta recordó que la Sala Constitucional solo puede pronunciarse sobre el artículo 29 de la Carta Magna referente a los derechos humanos, “lo cual en este caso no se aplica porque la Ley de Amnistía se ajusta a la legislación venezolana”.

En el artículo 29 de la Constitución, detalla Acosta, se explica que no puede dictarse una ley para olvidar delitos por violaciones de derechos humanos ni los delitos de lesa humanidad.

La penalista rechazó los comentarios hechos por el Presidente sobre la inconstitucionalidad de la ley antes de consultarla con el TSJ porque “con estas acciones se demuestran las instrucciones que el Ejecutivo le manda a la Sala Constitucional pronunciándose sobre algo que sale de su competencia”.

El martes 29 de marzo la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, luego de un proceso en el que se tomaron en cuenta las observaciones de diferentes ONG, víctimas, universidades y ciudadanos. “Desde hace tiempo no veíamos en Venezuela  un proceso de aprobación de una ley. No es una ley que se sacó de un escritorio, sino que surgió de la consulta pública”, puntualizó Acosta.

Una propuesta indecente por Marianella Salazar

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Termina el primer trimestre del año con la terrible sensación de que el gobierno gana tiempo para burlar el mandato de cambio que dimos el 6 de diciembre y quedarse “como sea” en el poder. La Asamblea Nacional luce entrampada con un Tribunal Supremo de Justicia que invalida sus decisiones. Lo peor que puede pasarnos es que las esperanzas puestas en nuestros diputados para activar una salida constitucional se convierta en desengaño.

Están muy equivocados quienes piensan en estirar la arruga hasta diciembre, cuando se realicen elecciones de gobernadores y diputados regionales, porque para esa fecha las aspiraciones cívicas de la población estarán centradas exclusivamente en el hecho de poder comer cada día, y las colas, que han degenerado en hábito, no se harán precisamente para votar por opositores que incumplieron la promesa de cambiar el nefasto gobierno de Maduro, sino para buscar alimento, porque el pueblo ha sido condenado a luchar ferozmente para sobrevivir y ese será su foco. Cada día que pase sin que la oposición representada en la MUD active la salida, como lo prometió hacer en seis meses –le quedan tres–, lamentablemente perderá credibilidad y surgirá la desconfianza en un nuevo proceso electoral.

La grave crisis que atraviesa el país es un tema de preocupación internacional; hasta el papa Francisco hizo un llamado el Domingo de Pascua a todos los sectores en Venezuela para buscar el diálogo, y pidió que “se promueva en todo lugar la cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco, lo único que puede asegurar el bienestar espiritual y material de los ciudadanos”. Sin embargo, surgen otras voces con propuestas alejadas de los valores morales y éticos que pregona el pontífice; la crisis económica que nos ha dejado desabastecidos de alimentos y medicinas, así como la crisis en los servicios públicos, se generó gracias a una gran red de corrupción en todos los ámbitos. Los ciudadanos claman por el enjuiciamiento de los responsables que arruinaron la nación a costa de milmillonarios negocios. No se puede perdonar a los corruptos.

Al menos, la justicia norteamericana viene trabajando en la megacorrupción detectada en Pdvsa, donde se esfumó la bicoca de unos 300.000 millones de dólares, según denuncias hechas por los ex ministros disidentes Héctor Navarro y Jorge Giordani. No se puede menos que ser suspicaz cuando aparece una señora como Jennifer McCoy, de ingrata recordación, que a través del Centro Carter intervino como mediadora en nuestros asuntos políticos-electorales, validando siempre al CNE en los procesos pasados, y para esta oportunidad propone una amnistía para la corrupción.

En entrevista realizada el pasado domingo en el semanario La Razón, la señora McCoy lanza su tesis valedora para funcionarios corruptos cuando afirma: “También se podría pensar en una amnistía, por cierto tiempo, para la corrupción. En algunos países se ha visto una amnistía de impuestos para aquellos que no han pagado, el gobierno da un año de amnistía y después hay que pagar, podría pensarse para la corrupción. Es algo como la justicia transicional cuando se habla del fin de un conflicto, se demanda responsabilidades por violación a los derechos humanos. Podrían pensar en algo así para la corrupción. Justicia transicional: una parte amnistía y otra parte en la que se hagan recaudaciones de los fondos robados”.

Por allí apuntan los tiros. Cuando el gobierno y la oposición se sienten a negociar la salida, surgirá la amnistía para los grandes corruptos acompañada de un saludo a la bandera –a lo mejor– de devolver unas minucias del enorme botín. Y entonces, por fin, habrá amnistía para los presos políticos.

 

@AliasMalula

El Nacional 

Parlamentarios brasileros llevarán al Senado propuesta en apoyo a Ley de Amnistía de Venezuela

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Tras visita a Brasil de los diputados venezolanos, Luis Florido, Williams Dávila y el exiliado político, Carlos Vecchio, elevarán exhorto a la presidenta, Dilma Rousseff para que se pronuncie por la libertad de los presos políticos

Tras la gira en Brasil de una delegación de la Comisión de Política Exterior, conformada por los diputados Luis Florido, Williams Dávila y el exiliado político Carlos Vecchio, continúan las muestras de solidaridad por parte de autoridades brasileras hacia los presos políticos y la crisis que sufren los venezolanos.

Así lo informó el diputado Luis Florido quien estuvo presente este jueves en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Exterior y Defensa del Senado Brasil, donde los parlamentarios brasileros aprobaron un voto de solidaridad hacia la Asamblea Nacional de Venezuela por la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional y anunció que en los próximos días llevarán esta propuesta para que sea ratificada ante el pleno del Senado.

El legislador venezolano, recalcó que de aprobarse el voto de apoyo hacia la Ley de Amnistía, elevarán un exhorto a la presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff para que se pronuncie por la liberación inmediata de los presos de conciencia.

Florido, en audiencia pública denunció “las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y el injusto encarcelamiento de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, y 75 presos políticos más de los cuales también se encuentran diputados electos por los venezolanos a los que el régimen no le ha cercenado su inmunidad parlamentaria y los mantiene tras las rejas”, argumentó.

Por su parte, el diputado Williams Dávila indicó que “el propósito es esta gira es defender la dignidad de la Asamblea Nacional frente al abuso y la arbitrariedad del gobierno de Nicolás Maduro que no quiere que los diputados cumplan sus funciones constitucionales, sino por el contrario tiene al país sumergido en una profunda crisis económica y se niega a rectificar”, señaló.

El exiliado y perseguido político, Carlos Vecchio, también elevó su voz para solicitar el apoyo internacional por la liberación de los presos políticos en Venezuela, logrando así que próximamente una comisión de senadores de Brasil visite el país para constatar la difícil situación venezolana.

A continuación, se presenta el texto del requerimiento realizado por los senadores brasileros en apoyo a la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Nº requisito, la CRE-2016

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 222 de las Normas Internas del Senado, requieren la solidaridad de votación con la Asamblea Nacional de Venezuela, la adopción de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.

 

JUSTIFICACIÓN

 

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en la primera ronda, el Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. El proyecto de ley permitiría el regreso de los exiliados como Carlos Vecchio, Carlos Ortega, Oscar Pérez, entre otros, y la liberación de presos políticos, como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y tres miembros recién elegidos. Este proyecto es el primer paso para lograr la estabilidad política en el país vecino y que allanaría el camino para la necesaria reconciliación entre los venezolanos.

 

El gobierno de Maduro ya ha anunciado que va a promulgar esta ley, en caso de que finalmente se adopte. El gobierno de Maduro se está aprovechando de su influencia sobre el Tribunal Supremo, cuyos miembros son militantes confesado el partido de gobierno, para crear un ambiente de conflicto institucional abierto, incompatible con los principios establecidos en la Constitución venezolana y las cláusulas democráticas en los acuerdos internacional que sean partes, Brasil y Venezuela.

 

En este contexto, la Comisión tendrá derecho a voto instando al gobierno brasileño para activar los mecanismos de consulta, supervisión y vigilancia de las cuestiones relativas a la democracia y los derechos humanos en virtud de estos acuerdos internacionales, en particular en la Carta Democrática de la OEA y el Protocolo de Ushuaia a Mercosur respetar plenamente la voluntad popular expresada en las urnas en las últimas elecciones legislativas.

Habitación Comisión 25 de febrero de 2016.

¿Palabras que infunden terror? por Antonio José Monagas

AsambleaNacionalParlatino

 

No siempre las realidades pueden interpretarse según sus apariencias. Aunque es sabido que las apariencias engañan, no todas son lo que su exterioridad permite inferir a primera vista. Al menos, hasta tanto un nombre o una palabra le endilgue el sentido que merecen. Es decir, la existencia de todo cuanto gira alrededor del ser humano en aras de su crecimiento, desarrollo, madurez y ocaso, adquiere razón, contenido, explicación y justificación, toda vez que su existencia se corresponde con un nombre o una palabra que dignifique su esencia y trascendencia. Su prestigio y fuerza es, precisamente, función de todo ello. O sea que nada escapa de la palabra, pues su significación es expresión de la denominación que califica todo aquello que exalta la vida del hombre en lo político, social y económico. Pero también, en lo cultural, emocional y espiritual.

 

El ejercicio de la política, se presta mucho para desvirtuar el significado de las ideas. Y por tanto, de las palabras. Justamente, es lo que alimenta al populismo debido a que su praxis se apoya en discursos para los cuales los compromisos, en tanto palabras sueltas y aventuradas, apenas alcanzan a verse y sentirse como tétricas aspirantes a una dignidad que sólo una concepción clara y precisa es capaz de situarla ante el firme camino hacia el logro esperado. De ahí que el populista se aprovecha de su torpeza al convertir la palabra en cualidad política para así jugar a la mediocridad con quienes, por cándidos, desinformados o ignorantes, se atraviesan en su raudo tránsito. Tránsito o ruta ésta, en donde hace de exterminador de esperanzas y usurpador de sueños.

 

La iracunda bulla de parlamentarios del oficialismo en las sesiones de la Asamblea Nacional, convocadas con propósitos institucionales, dada su condición de poder público con la autonomía que la Constitución le endosa en tanto que es uno de los principios que caracterizan al Estado de Derecho, es reveladora de problemas asociados a estas razones. Problemas que además dan cuenta del escabroso miedo que estos padecen al verse en la antesala de sus últimos escarceos legislativos.

 

Desde luego, ese temor o pavor que los tiene y mantiene aturdidos y casi impedidos de concatenar ideas que les permita estructurar una defensa políticamente hilvanada de los proyectos que, aunque torcidos, propugnaron en su momento, desenfocó por entero su visual de las realidades. Ahora, pretenden hacer parlamentarismo a gritos, al peor estilo chicharronero, de modo chabacano, a desdén de elementales normas de convivencia ciudadana y avenencia político-legislativa, al margen de valores que exalten respeto, tolerancia y educación moral y cívica, entre otros males no menos cuestionados que dejan pésimamente parado al país ante el resto del mundo.

 

El presidencialismo acostumbró a los representantes del partido de gobierno, a actuar con la alevosía y premeditación propia de cualquier pandillero cuando, por sentirse guapo y apoyado, amenazan a cualquiera valiéndose del carácter grosero, bravucón y soberbio que los caracteriza.

 

La causa que dio lugar a la primera discusión del proyecto de Ley de Amnistía y de Reconciliación Nacional, presentado por la bancada parlamentaria de la Unidad Democrática, fue ocasión para que los diputados del oficialismo volvieran a dar cuenta del talante marginal que es propio de quienes se valen del poder gubernamental para trastocar leyes. Incluso, la Constitución Nacional. Por todo lo que sus actitudes reflejan, pareciera que estos diputados, tanto como el resto de funcionarios en todo el país, se rigen por una normativa que desmerece de los principios y valores sobre los cuales se fundamenta el civismo, la convivencia ciudadana, la moralidad y la ética pública. De hecho, la malcriadez que demuestran cuando se consiguen con realidades que no se alinean con su altanería y petulancia, los enceguece y ensordece de cara a las verdades, necesidades y reclamos que la población o el país en general les hace.

 

El miedo que estos personajes viven al sentir que su final se acerca, los ha idiotizado tanto que reaccionan fuera del ámbito de racionalidad y de inteligencia, así como en contraposición con sentimientos y esperanzas de democracia y de libertades. O como dijera el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, “(…) no podrán seguir sosteniéndose de espaldas a la realidad nacional ni que nos metan presos, ni que nos amenacen con fusiles, ni que nos atropellen (…)”. Quizás en ellos se desataron otros miedos. No sólo a la justicia que, en su momento, sabrá actuar contra decisiones que han mancillado la dignidad del venezolano, tanto como la seguridad y el desarrollo de la nación.

 

También a la palabra libre, por cuyo miedo, se han dedicado a gritar sandeces y estupideces sin posibilidad de articular razones por las cuales podrían haberse valido para alejarse de las debilidades que los oprime y los tiene asfixiados políticamente. Creían que insultando al adversario, justificaban su arremetida de torpeza e indecencia. Lejos de tal presunción, cada insulto que profieren se devuelve en su contra. Esta conducta hace que el país y el mundo entero adviertan que su revolución es simplemente el centro de gravedad del resentimiento que acompaña cada una de las ejecutorias asumidas durante el tiempo que va de siglo XXI. Tanto fue el miedo reflejado ese momento en la Asamblea Nacional, que el sonido que emana de la palabra “Amnistía” o de “Reconciliación”, y que entraña conceptos tan sublimes como vida, justicia, libertad y democracia, fueron para sus oídos expresiones incomprendidas dada su magnitud semántica en el contexto de la  dialéctica democrática. O acaso son para ellos ¿palabras que infunden terror?

 

@ajmonagas

Julio Borges: La Ley de Producción Nacional representa un vuelco radical  al modelo económico fracasado
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El jefe de la Fracción de la Unidad, diputado a la AN, Julio Borges, informó que este martes se realizará la primera discusión de la Ley de Amnistía que, a su juicio, es un  paso fundamental y obligatorio para la reconciliación del país.
«Es el primer paso para que Venezuela no siga siendo un país dividido y enfrentado. No vamos a progresar mientras continuemos en la confrontación; y haya  personas encarceladas como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Manuel Rosales, y casi 80 procesados por motivos políticos».
Asimismo destacó que el próximo jueves se aprobará en primera discusión la Ley de Producción Nacional para dar un «vuelco radical al sistema económico que hay en Venezuela y de esa forma produzcamos empleo y riqueza».
«Con esta Ley buscamos de manera concreta rescatar el aparato productivo incentivando a todas aquellas empresas que inviertan en el país, desde el punto de vista fiscal», dijo.
Destacó Borges que mediante esta Ley se realizará  una auditoria a las 1200 empresas expropiadas para que sean devueltas a los pequeños y medianos productores. «En Venezuela también hay 4 millones de hectáreas que no producen, y están en manos del gobierno, vamos a hacer el arqueo de estas tierras y las pondremos a producir, para que de manera clara pasemos a un modelo en donde se privilegie la inversión venezolana y la creación de empleo en el país».
De igual forma se refirió al decreto de emergencia económica presentado por el gobierno nacional y a las medidas que presentará este miércoles el Nicolás Maduro.
«Todo indica que estas  medidas son la repetición, la fotocopia de todas las decisiones que nos han llevado a la crisis que tenemos hoy».
Foro Penal Venezolano tiene 78 presos políticos registrados

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«No hay peor castigo para un preso político que el olvido». Palabras del abogado Gonzalo Himiob, que aparecen en la página de la organización no gubernamental de la que es director: el Foro Penal Venezolano, que tiene registradas, en este momento, a 78 personas detenidas por motivos políticos.

Hoy el proyecto de amnistía entrará en la Cámara Plena de la Asamblea Nacional. Dos amnistías promulgó el fallecido presidente Hugo Chávez. La primera se realizó en 2000 para exonerar a los militares golpistas de 1992. La segunda se hizo en 2007, y su objetivo fue perdonar a los que atentaron contra su gobierno en abril de 2002, a excepción de quienes cometieron delitos de lesa humanidad.

De los 78 presos políticos, 28 están detenidos por protestar, 19 por rebelión militar, cuatro por uso de redes sociales, uno por rebelión civil y 26 por otros motivos. Están distribuidos en los siguientes centros de reclusión: Santa Ana (Táchira), INOF (Miranda), La Pica (Monagas), Penitenciaría 26 de julio (Guárico), Penitenciaría de Cumaná (Sucre), DGCIM de Boleíta (Caracas), PNB de La Yaguara (Caracas), Policía Militar de Fuerte Tiuna (Caracas), Ramo Verde (Miranda), Rodeo II (Miranda), Sebin Helicoide (Caracas), Sebin de Maracaibo (Zulia), Sebin de Plaza Venezuela (Caracas), Yare II (Miranda), El Marite (Zulia) y Tocuyito (Carabobo). También hay un grupo de privados de libertad que están bajo régimen penitenciario, entre los que se encuentra el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma.

El caso más reciente fue el de Humberto Yusuino, presidente del centro de votación Bambu Lucera (Amazonas), que está detenido en el Sebin Helicoide por presuntamente haber coaccionado a electores a votar por la MUD en los comicios legislativos, realizados el 6 de diciembre de 2015. Fue acusado por delitos de sabotaje o daños a programas informáticos, instigación pública, corrupción y asociación para delinquir.

Es, precisamente, el Sebin Helicoide el centro de reclusión donde hay más privados de libertad por motivos políticos, con 25. De allí pueden mencionarse los casos de Gilberto Sojo, Renzo Prieto y Rosmit Mantilla, los tres están detenidos por manifestar y fueron electos diputados suplentes. Parlamentarios de la bancada opositora han mostrado en la Asamblea Nacional carteles, en los que exigen que sean liberados por inmunidad para que ejerzan sus cargos.

Víctor Ugas es otro caso particular, debido a que fue detenido por presuntamente haber difundido fotos del cadáver de Robert Serra a través de Twitter. Aunque tiene boleta de excarcelación, no ha salido de la prisión.

En el INOF está recluida la TSU en procesos químicos Araminta González, acusada por José Pérez Venta (asesino de Liana Hergueta junto con Carlos Trejo) de fabricar explosivos. Sobre ella pesan los cargos de delitos de asociación para delinquir, agavillamiento e instigación a la rebelión, aunque su audiencia ha sido diferida más de 20 veces.

Dentro del Sebin de Plaza Venezuela, donde hay un lugar que llaman «La tumba», hay solo tres privados de libertad considerados presos políticos: Juan Miguel de Sousa, Gabriel Valles Sguerzi y Lorent Saleh.

Juan Miguel de Sousa, ingeniero en Computación de 51 años de edad, fue detenido tras ser acusado de manejar la cuenta de Twitter @enyukote, a través de la que se enviaban mensajes desastibilizadores. Motivado a la baja temperatura del lugar, ha sufrido de infecciones pulmonares, además de una infección odontológica que afectó su oído.

Gabriel Valles es ingeniero en Sistemas y tiene 27 años. Fue detenido por el gobierno colombiano y deportado a Venezuela en septiembre de 2014. El Ministerio Público le imputó por presuntamente cometer el delito de conspiración a la rebelión. Motivado a las violaciones de sus derechos humanos en el centro de reclusión, que denunció su defensa, hizo una huelga de hambre que duró 18 días, y logró mejoras, como salir por cuatro horas semanales.

Por otra parte, a Lorent Saleh también lo deportó el gobierno colombiano. Se le imputó el delito de conspiración a la rebelión. Su defensa denunció, en reiteradas oportunidades, violaciones a sus derechos humanos, pero después de que realizó una huelga de 18 días, mejoraron sus condiciones en el lugar.

Decreto o ley de amnistía

El Foro Penal entregó, el 11 de enero, el proyecto de amnistía a la Asamblea Nacional que, de aprobarse, beneficiará tanto a presos como a exiliados políticos. Para la propuesta se consultaron organizaciones no gubernamentales como Provea, Espacio Público, Proiuris, Observatorio Venezolano de la Justicia, Fundepro, Fundeci, Colegio de Abogados de Nueva Esparta, Un Mundo Sin Mordaza, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Academia de Ciencias Jurídicas del Zulia, Justicia y Proceso Venezuela, Centro Popular de Formación Ciudadana y Justicia Venezolana.

Existen dos mecanismos judiciales: el decreto legislativo y la ley de amnistía. Alfredo Romero, director del Foro Penal, explicó que ambos tienen el mismo objetivo. La diferencia es que la ley puede tardar más tiempo en ser promulgada.

«El decreto legislativo, por ser un decreto, es un acto de la Asamblea Nacional y no una ley», dijo Romero.

Añadió que con el decreto solo debe realizarse una discusión: «Levantan la mano y al día siguiente estará publicado en Gaceta. Así que los familiares pueden ir con su Gaceta al tribunal y solicitar la liberación de las personas».

El abogado indicó que la ley de amnistía tiene cuatro pasos: discusiones, aprobación, promulgación y publicación. Afirmó que este procedimiento podría tardar, por lo menos, un año, aunque acotó que las leyes no tienen un tiempo predeterminado.

El artículo 12, tanto del decreto como de la ley, establece a quién beneficiará la amnistía, en base a sucesos determinados, entre los que se mencionan los hechos de abril de 2002, el paro petrolero y las protestas de 2014.

«No aceptaré ninguna ley de amnistía»

El presidente Nicolás Maduro dijo, luego de que se conocieran los resultados de las elecciones parlamentarias, que no aceptará una ley de amnistía. «Me podrán enviar 1.000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar», manifestó.

Acerca de esto, Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, señaló que si el mandatario nacional se negaba a aprobar la amnistía, la aprobará y la promulgará el Parlamento.

 

Julio Borges: Queremos que se debata el decreto frente al país

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El diputado y jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Julio Borges, rechazó que el gobierno no haya tomado medidas para solventar la crisis en los últimos dos años y ahora pretenda que se apruebe un decreto en tan poco tiempo.

«El presidente tuvo dos años con la Ley Habilitante sin hacer reformas de manera profunda y ahora nos plantean esto», dijo Borges.

Durante una entrevista ofrecida a Globovisión, informó que este martes instalarán una comisión presidida por José Guerra para conocer los detalles del Decreto de Emergencia Económica.

«El diputado José Guerra presidirá la comisión que interpelará a distintos sectores sobre la crisis económica. Queremos que se conozca a fondo y frente al país los detalles del decreto», sostuvo.

Acerca del proyecto de ley que propuso la semana pasada, el diputado rechazó la postura del presidente Nicolás Maduro sobre no otorgarle título de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

«Todo aquel que reciba una vivienda debe ser dueño de su inmueble», manifestó el parlamentario.

De igual forma, Borges mostró su rechazo a la Memoria y Cuenta que ofreció el mandatario, el pasado viernes, ante la Asamblea Nacional. Lamentó que no hablara del tema de la inseguridad, que a su juicio, es uno de los principales problemas que aqueja a los venezolanos.

«En más de 3 horas de discurso no se dio una sola palabra a la inseguridad, siendo el país más violento del mundo», acotó.

Ley de amnistía 

El vocero de la oposición informó que este martes se reunirá con el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, para instalar la comisión que tratará el tema de la amnistía, la reconciliación y la paz.

Sostuvo que es importante explorar todos los caminos para la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados.

 

Tres pasos a la libertad por Gonzalo Himiob Santomé

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Ya está en la palestra pública y en la Asamblea Nacional. La Amnistía está cada día más cercana a hacerse verdad y realidad. Desde todos los frentes se le han formulado observaciones, comentarios y críticas. Todos han sido bienvenidos y tomados en cuenta. Ahora toca explicar cómo funcionaría en caso de que se apruebe, como lo esperamos, tal y como fue planteada.

Hago esta salvedad: La última palabra la tienen ahora los Diputados. Es a ellos a quienes les corresponde revisar los anteproyectos entregados, modificarlos o añadirles o quitarles lo que crean conveniente. Como toda elaboración humana, la Amnistía es perfectible, pero yo hago votos para que no sea mucho lo que se modifique, o para que en todo caso lo que se haga sea ampliar las posibilidades de su aplicación a supuestos que se nos hayan podido escapar, pues tal y como está concebida la Amnistía presentada el pasado lunes a la AN es, desde el punto de vista jurídico y técnico, impecable. Fueron muchas las mentes que se dieron a ello, y en el proceso fueron escuchadas y valoradas las opiniones de todo el que quiso colaborar. Por eso puedo afirmar que la parte más ardua del camino, la de la elaboración de un texto coherente, amplio y viable, ya está completa.

Dicho esto, cabe explicar cómo funcionaría la Amnistía. La pregunta que más nos han formulado es: “¿Yo estoy allí?”. La inquietud más general ha sido la de saber, cada ciudadano, si su respectiva situación está considerada dentro de la Amnistía. lo cual en principio parece –solo lo parece- difícil de precisar, puesto que la Amnistía no versa ni puede versar sobre personas en particular, sino sobre sucesos o hechos determinados de los cuales, a modo de consecuencia, hayan derivado acciones de persecución de cualquier tipo que afecten, ahora sí, a los individuos. Además, esto supone que la valoración final sobre quiénes serán los destinatarios de la Amnistía, una vez vigente y pese a que nos cuidamos mucho de hacerla lo más precisa posible para no dejar espacios libres a interpretaciones arbitrarias o sesgadas, le corresponde a los entes y órganos del Poder Público y, en la mayoría de los casos, a los jueces.

¿Cómo se aplica? Es muy sencillo, para definir quién va a ser el beneficiario final de la Amnistía basta con seguir tres pasos puntuales o, como lo han planteado otras personas, entre ellas Alfredo Romero y Lilian Tintori, respetar “El Triángulo de la Libertad”.

El primer paso, o la primera punta del triángulo pasa por verificar si la persona puede ser tenida como un perseguido o como un preso político ¿Cómo se hace eso? El interesado debe leer los numerales 2 y 3 del Art. 3 de la Amnistía propuesta y revisar, a los efectos de la misma, si puede ser tenido como un perseguido o como un preso político. Pongamos un ejemplo: Carlos Pérez, actualmente preso en el SEBIN por haber sido parte del Campamento PNUD que fue desmantelado el 8 de mayo de 2014. Carlos fue detenido en un procedimiento en el que no hubo flagrancia ni medió siquiera una orden previa de captura, y en una manifestación pacífica, es decir, en una manifestación dentro de los parámetros constitucionales y legales. Su detención, además, fue considerada arbitraria por la ONU. Todas estas condiciones, con base en lo pautado en los numerales 2 y 3 del Art. 3 de la Amnistía propuesta, lo convierten definitivamente en un preso político. En este ejemplo, ya se ha cumplido el primer requisito.

El segundo paso, o la segunda punta del triángulo, tiene que ver con los sucesos o hechos que están amparados por la Amnistía. Las amnistías no pueden ser indefinidas o “abiertas”, deben respetar limites espaciales y temporales precisos. En el Art. 12 de la propuesta está una extensa relación de los hechos o sucesos que estarían amparados por la Amnistía, en la que nos cuidamos mucho de no incurrir en fórmulas que, por su excesiva especificidad, pudieran desnaturalizarla y convertirla en “indultos encubiertos”, que están prohibidos. La Amnistía propuesta solo se aplica a los presos y perseguidos políticos que lo sean o lo hayan sido a consecuencia de determinados hechos o sucesos, así que el segundo paso en el ejemplo que proponemos es verificar si este preso político, Carlos Pérez, lo es a consecuencia de alguno de los hechos o sucesos descritos en el Art. 12 de la Amnistía. La respuesta, en este caso, es de nuevo afirmativa: Las detenciones masivas ocurridas en los campamentos de protesta, durante mayo de 2014, están previstas en el numeral 27 del Art. 12 propuesto. La segunda prueba ha sido superada.

El tercer paso, o la tercera punta del triángulo, consiste en verificar que la persona no esté sujeta a las limitaciones que, porque así lo ordena la Constitución en su Art. 29, tienen que estar contempladas en las amnistías. No se puede conceder amnistía a quien ha violado los derechos humanos, a quien ha cometido Crímenes de Guerra, Actos de Genocidio, de Agresión o Crímenes de Lesa Humanidad. Por eso el Art. 17 de la propuesta establece claramente que no serán beneficiados por la Amnistía quienes hayan cometido estos actos y crímenes, así como otros, también especificados, que no pueden estar amparados por amnistías ni indultos. En este sentido, es correcto afirmar que en Venezuela las amnistías pueden ser “plenas”, más no “generales”, pues aunque con respecto a sus beneficiarios tienen absolutos y plenos efectos, no todo el que así lo desee queda amparado por ellas. En este tercer paso toca entonces revisar, leyendo el Art. 17 propuesto, si el potencial beneficiario fue formalmente imputado, formalmente acusado y formalmente condenado por sentencia definitiva y firme por esos crímenes en específico, a saber, los que están previstos en la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma o los que están previstos en la Ley para sancionar y Prevenir la Tortura y los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otras. Ahora preguntamos: ¿Carlos Pérez fue imputado, acusado y condenado de manera definitiva y firme por esos crímenes en particular? La respuesta es negativa.

En consecuencia, a Carlos Pérez le es plenamente aplicable la Amnistía y es, definitivamente, beneficiario de la misma.

Lo mismo ocurre en muchos otros casos. En sentido contrario, hay casos de personas que, a diferencia de las anteriores, sí mataron, sí torturaron y sí persiguieron por motivos políticos, violando con ello los derechos humanos, y que sí están dentro de la limitación del Art. 17. Por ello, no estarán amparados por la Amnistía.

Este mismo ejercicio lo puede hacer cualquiera con cada caso en particular. Es muy sencillo y solo hay que tener la paciencia de buscarse en cada supuesto antes mencionado. Haciéndolo, encontrará su respuesta individualizada y precisa todo el que así lo desee, y por encima de todo, se verá claro que quienes hayan asesinado, torturado o perseguido, violando con ello los más esenciales derechos de la ciudadanía, no pueden ni van a estar amparados por la Amnistía.

@HimiobSantome