CEPAZ señaló que las recomendaciones del Alto Comisionado hacen un llamado al Estado a poner fin a estos actos sistemáticos y violatorios de los derechos humanos
El 4 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, dirigida por Volker Türk, presentó un informe actualizado sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.
El informe se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, el Estado de derecho y el espacio cívico, así como en el grado de aplicación de las correspondientes recomendaciones formuladas en informes anteriores.
El documento abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023.
Ante ello, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) resaltó que el Estado venezolano incumplió las 19 recomendaciones previas del Alto Comisionado, las cuales exigen justicia, reparación y garantías en el ejercicio de los derechos humanos de los venezolanos.
«Estas recomendaciones se encuentran enmarcadas en las garantías de los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales y políticos de la población venezolana, protegiendo especialmente a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas campesinas, trabajadoras rurales, dirigentes sindicales, laborales y personas vinculadas con la política que son constantemente perseguidas y criminalizadas por parte del Estado», indicó CEPAZ en un comunicado.
Según la organización, las recomendaciones del Alto Comisionado hacen un llamado al Estado a poner fin a estos actos sistemáticos y violatorios de los derechos humanos, pero además a la adopción de medidas que permitan sin demora investigaciones independientes e imparciales, rendición de cuentas de los perpetradores y la reparación de las víctimas o de sus familiares.
Lo que recomienda el nuevo informe
Las recomendaciones que cita el informe son las siguientes:
Reactivar el proceso de demarcación de las tierras de los pueblos indígenas, respetando la participación plena, significativa y el consentimiento informado de los pueblos indígenas.
Elaborar y adoptar un protocolo sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, personas campesinas, trabajadoras rurales, dirigentes sindicales y laborales en situación de riesgo. Tomar las medidas adecuadas para poner fin a los actos de estigmatización por parte de personas funcionarias públicas y adoptar las medidas de rendición de cuentas correspondientes.
Aplicar plenamente los compromisos adoptados en el plan de acción del Foro de Diálogo Social de febrero de 2023; llevando a cabo investigaciones rápidas, independientes, imparciales y efectivas de todas las alegaciones de violaciones de los derechos a la libertad de asociación, incluido el derecho a sindicarse, y de reunión pacífica, y lleve a todas las personas responsables ante la justicia; adopte medidas concretas para abordar las causas de fondo de las protestas de trabajadores, trabajadoras y personas jubiladas, incluidos los salarios y las condiciones laborales.
Adoptar medidas para garantizar el disfrute del derecho a la salud, incluido el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y la despenalización del aborto, prestando especial atención a las necesidades diferenciadas de las mujeres.
Acelerar la adopción del proyecto de ley sobre igualdad de género, actualmente pendiente en la Asamblea Nacional, y elaborar un plan de acción nacional para abordar la violencia de género en consonancia con las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Adoptar medidas para garantizar el goce de los derechos humanos, libres de discriminación, incluyendo una ley que garantice el derecho de las personas transgénero a su identidad de género autopercibida, además de la implementación del artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil.
Desarrollar una política integral y unas directrices sobre la ejecución oportuna de las órdenes de liberación, los programas de redención de penas y su cómputo, garantizando al mismo tiempo el pleno acceso y la transparencia de los procedimientos que se establezcan.
Garantizar investigaciones y procedimientos judiciales rápidos, independientes, efectivos, imparciales, transparentes, exhaustivos y creíbles en los casos de muertes en el contexto de operaciones de seguridad y protestas, denuncias de tortura u otras formas de malos tratos y desapariciones en alta mar. Detener, procesar y castigar a los responsables, incluidos los superiores jerárquicos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos; y proporcione a las víctimas plena reparación.
Garantizar el cumplimiento efectivo de las reformas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) destinadas a reducir la detención preventiva, incluyendo el examen oportuno de las solicitudes presentadas y de los casos que calificarían para la aplicación del artículo 230 del COPP.
Promover consultas públicas transparentes, amplias, inclusivas y significativas antes de la adopción de leyes, políticas o proyectos públicos.
Garantizar que la aplicación de la legislación sobre delitos motivados por el odio e incitación al odio cumple el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se adhiere al Plan de Acción de Rabat.
Revisar la legislación sobre interceptación de comunicaciones, recopilación y uso de datos personales para garantizar el cumplimiento del derecho a la intimidad.
Establecer un plan de regularización que permita a las emisoras de radio acceder al uso del espectro radioeléctrico en condiciones que garanticen la pluralidad informativa y la seguridad jurídica, incluso mediante la participación efectiva de representantes del sector, organizaciones dedicadas a la promoción de la libertad de expresión y otros actores interesados.
Establecer mecanismos para garantizar respuestas oportunas a las solicitudes de información pública de la sociedad civil.
Garantizar el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la Contraloría General de la República con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos.
Ampliar la cooperación con el ACNUDH con vistas a aplicar las recomendaciones basadas en los derechos humanos, incluidas las derivadas de mecanismos internacionales, como los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Instar a las autoridades venezolanas a que, en virtud del principio de complementariedad, sigan cooperando con el OTP y demuestren su voluntad y capacidad para emprender las investigaciones y enjuiciamientos nacionales pertinentes de alcance suficiente, con miras a garantizar la debida rendición de cuentas de conformidad con las normas internacionales.
Aprovechar la cooperación preexistente con el sistema de las Naciones Unidas, incluida la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional, fomentar el apoyo al proceso de diálogo nacional y la aplicación de los acuerdos alcanzados, y levantar las sanciones sectoriales que agravan los problemas preexistentes y repercuten negativamente en el disfrute de los derechos humanos de la población.
