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La FAES mató a 120 personas en Lara en el primer semestre de 2019
De los 276 homicidios ocurridos en el estado en 6 meses, los cuerpos de seguridad son responsables de 156, más de 50% de los casos

 

LA FUERZA DE ACCIONES ESPECIALES (FAES) de la Policía Nacional acabó con la vida de 120 personas en el estado Lara en el primer semestre de 2019. En promedio este cuerpo de seguridad mató dos personas cada tres días en un lapso de 182 días, según registra la ONG Provea.

La FAES operó en ocho de los nueves municipios de la región, siendo el principal Iribarren (Barquisimeto), donde asesinaron 90 personas; seguido de Palavecino con 11 víctimas; Torres con seis personas asesinadas; Simón Planas con cuatro; Morán y Jiménez con tres cada uno; en Crespo fueron dos y en Urdaneta uno. El único municipio que no fue tocado por este grupo fue Andrés Eloy Blanco. El total de personas muertas en los municipios foráneos fue 30.
De las 120 víctimas, una era mujer, un adulto mayor, dos adolescentes. 73 personas tenían una edad promedio entre 18 y 30 años. El registro incluye 31 víctimas que tenían más de 30 años y 13 personas de las que no se pudo conocer la edad.

Las 120 víctimas de las FAES son el registro más alto en la historia larense de supuestos casos de “resistencias a la autoridad”.

Durante el mismo período de seis meses, se reportó la muerte por presuntos enfrentamientos de otras 36 personas a manos de diversos cuerpos de seguridad de la región, que sumados a los 120 casos de la FAES son 156 homicidios cometidos por la fuerza pública. Adicionalmente ocurrieron 120 homicidios cometidos por civiles. Esto significa que los cuerpos de seguridad son responsables de más de 50% de los homicidios ocurridos en Lara en los primeros seis meses de 2019.

Las FAES llegaron al estado Lara a mediados en agosto de 2018, y en esos cuatro meses y medio mataron a 97 personas. En lo que va de 2019 han sumado las otras 120 víctimas para un total de 217 personas asesinadas por este cuerpo policial que viste de negro, cubre sus rostros con capuchas y porta armas largas, consideradas armas de guerra.

Este grupo además utiliza armas calibre 9 milímetros, de uso oficial y repite el patrón, ya identifica en la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), de dos disparos en el pecho de las víctimas.

Tomando en cuenta las cifras de Monitor de Víctimas, que registra que en 2018 la FAES fue responsable de 256 homicidios en el Área Metropolitana de Caracas, en 10 meses y medio en el estado Lara la cifra muy similar, pues en menos de un año la FAES cometió 217 ejecuciones judiciales, o lo que ellos llaman resistencia a la autoridad, en una sola región. La diferencia es de 39 víctimas.

Por esta razón, Lara podría ser considerado uno de los estados en donde el FAES actúa con mayor letalidad en Venezuela.

Paradas por Bachelet

Según las cifras recabadas en esta región, en el mes de enero fueron asesinadas 27 personas, la misma cantidad para febrero, y en marzo fueron 16. Hubo una parada por parte de este grupo armado en su accionar una vez que la comisión técnica de derechos humanos de la ONU pisó suelo larense.

En el mes de abril, cuando hubo un primer pronunciamiento por parte de la alta comisionada Michelle Bachelet, este grupo continuaba operando bajo perfil. Sin embargo, en abril mataron a 13 personas, y en mayo aumentaron la letalidad nuevamente al repuntar con 24 casos.

Con la llegada de Bachelet a Venezuela, en junio, las FAES disminuyeron sus acciones en Lara, dejando 13 procedimientos con igual cantidad de muertos.

Es de resaltar que la Alta Comisionada de la ONU en su informe hace alusión a la letalidad del FAES y pide disolverlas. Bachelet pudo tener acceso a víctimas de este grupo armado, incluyendo casos del estado Lara. La muerte de unos hermanos y su vecino en El Tocuyo, municipio Morán; la de un deportista y su vecino en Carora, municipio Torres, fueron al menos dos de los casos escuchados por la funcionaria de Naciones Unidas.

Mandados por la Gobernación

Además de las ejecuciones extrajudiciales que han cometido las FAES, en la región también se han realizado detenciones y acciones netamente políticas, las cuales son comandadas por Kleyder Ferreiro, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, denuncia la ONG Provea.

Entre los eventos registrados está la incautación de un sonido para una concentración de la oposición, además de la detención de su chofer, las constantes alcabalas en la urbanización Sucre de Barquisimeto, así como el asedio a sus residentes a quienes les han violentado sus hogares, la detención de personas, las arremetidas en manifestaciones incluyendo las del 30 de abril cuando una funcionaria de las FAES disparó a quemarropa perdigones en sus brazos a Julio Colmenárez, reportero gráfico del diario El Informador.

 

Ese mismo día del ocurrió la detención del estudiante de comunicación social Oscar Sayago, a quien golpearon y le dispararon perdigones en su espalda y glúteos. Provea denuncia que el monitoreo en concentraciones y reuniones de la oposición, son algunas de las acciones que este grupo armado realiza en toda la región.

Las acciones de las FAES en la región larense han sido catalogadas como letales. Algunas denuncias por parte de los familiares se han hecho ante la Fiscalía 21 con competencia en Derechos Fundamentales del Ministerio Público pero no pasan del simple recibimiento de la denuncia. No existe una investigación posterior.

“Desde la Gobernación del estado Lara y de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana aplauden y justifican el accionar de las FAES, y es que Kleyder Ferreiro quien es el responsable de la seguridad en la región, ha comandado mucho de los procedimientos de las FAES en Lara y también se ha visto vestido de negro y encapuchado en algunos procedimientos”, afirma Provea.

En respuesta a estos señalamientos y al incremento en los casos registrados como resistencia a la autoridad, el funcionario aseguró: “Se está haciendo el trabajo lo que pasa que los años anteriores excepto finales de 2017 y 2018 los nueve años anteriores no hubo un combate al delito cuerpo a cuerpo en las zonas donde se registraban incidencia delictiva”.

El director de Seguridad Ciudadana de Lara también ha señalado que las FAES se meten en “el territorio de los lobos”, negó algún abuso policial y dijo que las denuncias surgen porque incluso los delincuentes tienen quienes los defiendan. “Lamentablemente, señora madre, señora esposa, señor hermano, aconseje a su familiar delincuente a que primero deje de ejecutar acciones delictivas; segundo, si está solicitado que se entregue, se ponga a derecho; y tercero que si le llega la policía sea inteligente, se entregue. Después no salgan diciendo ‘mi hijo era deportista, iba al triatlón de las Américas’”.

#MonitordeVíctimas | La policía cometió la mitad de los homicidios ocurridos en Caracas en 2018
607 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad en Caracas, de los cuales 58% fueron asesinados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). 5 de cada 10 eran jóvenes menores de 25 años y 41% de los casos ocurrieron dentro de sus vivienda, según registros de Monitor de Víctimas

 

@fabicrisci17

DANNYS OROPEZA TENÍA 18 AÑOS Y ERA BACHILLER, vivía con su familia paterna. Su tía Neida Oropeza lo describe como “moreno, delgado y aficionado al basket”. Fue asesinado en el sector San Andrés de El Valle, municipio Libertador, en un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

El joven salía de casa de la familia de su madre cuando los perros comenzaron a ladrar: Había llegado la FAES. “Su abuela vio pasar a los funcionarios y al momento se escuchó la explosión. Dicen que cuando él estaba terminando de subir las escaleras de la vereda, la policía lo detuvo. Luego supimos que estaba muerto”, contó Oropeza. El cuerpo de Dannys tenía 10 disparos. “Nosotros no teníamos por qué temer cuando habían explosiones o tiros; mi sobrino no estaba en nada malo ni había estado preso.”

Según las subcategorías de violencia policial registradas por Monitor de Víctimas -ejecuciones y resistencia a la autoridad- fueron registradas 568 víctimas, mientras que con otros delitos cometidos por los funcionarios suman 607 personas que murieron a manos de los cuerpos de seguridad en Caracas en 2018, lo que representa la mitad del total de los 1.371 homicidios que ocurrieron en el Distrito Capital de Venezuela ese año. Esto significa que hubo un aumento 48% respecto a 2017, cuando las policías mataron a 409 personas. Incluso en el segundo semestre de 2018 el incremento fue de 61% con respecto al segundo semestre de 2017.

El promedio de edad de las víctimas fue de 24 años. Cinco de cada 10 personas muertas eran menores de 25 años, y 35 víctimas eran menores de edad. 12% de estos jóvenes eran estudiante, 16% estaba desempleado y 22% trabajaba en la construcción. El resto se dedicaba al comercio informal, trabajos de mototaxi, barbería y mecánica.

 

Estigmatización social: jóvenes, morenos y de bajos recursos

La tarde del 2 de agosto una comisión del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística (CICPC) entró por la parte trasera de la casa de Lewis Reyes, en el sector González Cabrera de El Junquito, en el municipio Libertador. Lo desnudaron y lo golpearon en el pecho. Los funcionarios sacaron a su novia de la casa y los vecinos se empezaron a concentrar afuera, desde la calle vieron cómo los funcionarios lo arrodillaron y golpearon en el interior de la casa. Después oyeron los disparos.

Los vecinos grabaron videos y tomaron fotos del momento, pero los funcionarios los obligaron a borrarlos. “La policía llegó sin una orden y la gente quiso ayudar porque mi nieto era muy querido en la zona, pero no lo permitieron, incluso, a un muchacho hasta lo detuvieron”, contó su abuela, Elsy Laguna. Lewis estaba en régimen de presentación desde hacía cuatro meses, había estado preso por tenencia ilegal de una arma.

Lewis Reyes era uno de los 23 jóvenes, menores de 25 años, que estaban estudiando y fueron asesinados por la policía en Caracas. A sus 22 años estaba terminando el bachillerato. Su madre había emigrado con el hijo más pequeño, y él vivía con su novia y su hermana mayor.

La socióloga Verónica Zubillaga explica que la escalada de violencia en los últimos años se le puede atribuir al lanzamiento en 2009 de “una nueva etapa de operativos militarizados que abrió paso a una práctica de matanza extralegal”. Así lo asegura su artículo “Del punitivismo carcelario a la matanza sistemática”, publicado en junio de 2018 en la Revista M de Río de Janeiro.

La académica agrega que estos modelos se han convertido en una forma de control sobre los sectores populares y una estrategia para mantener la hegemonía del poder, ubicando al Estado como un actor fundamental de la violencia en el país.

En el ensayo se documentan los testimonios de violencia policial hacia hombres jóvenes que habitan en barrios caraqueños. Estas muertes revelan una estigmatización social y territorial “centrada en hombres de piel oscura que viven en zonas de bajos ingresos”. Las partes altas de los barrios comenzaron a ser llamados “corredores de la muerte” después que Freddy Bernal, expolicía, exdiputado y excoordinador de la Comisión para la Reforma Policial, utilizara el término.

Las denuncias plasmadas en el artículo de Zubillaga se ven reflejadas, además, en las cifras recabadas por Monitor de Víctimas en 2018 en el Distrito Capital. 66% de las víctimas de homicidio por resistencia a la autoridad y ejecuciones eran de piel morena; en el municipio Libertador 7 de cada 10 homicidios fueron responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado; 32% de los casos de jóvenes menores de 25 años asesinados por la policía ocurrieron en las parroquias Sucre, El Valle y Petare, del municipio Sucre.

Leonardo Silva, líder comunitario de la organización Caracas Mi Convive en Catia, explicó que en la parroquia Sucre “cuando llega la policía todos los vecinos se esconden. Si ven jóvenes entre 18 y 19 años los desnudan y los matan. Aunque no estén al margen de la ley, igual los identifican como delincuentes”.

La policía: El más sofisticado grupo de crimen organizado en Venezuela

Un tiro en la pared le recuerda a Nelly Rivas la muerte de su nieto Adrián. Apenas le avisaron que lo habían matado,  salió a casa de su hija y en el camino vio pasar la furgoneta que llevaba el cuerpo del joven. La madrugada del 21 de septiembre, el CICPC entró a casa de Adrián rompiendo la puerta en Filas de Mariches y lo asesinó frente a su esposa, su hija de tres años y su madre. A su mamá la agredieron verbalmente y la apresaron.

Adrián de Jesús Sanabria tenía 23 años, era moreno, alto, “bien simpático”, contó su abuela. Trabajaba vendiendo frutas con su papá. Lo señalaron de ser miembro de una banda de robo de vehículos, pero Rivas aseguró que nunca había tenido antecedentes penales.

Según los datos recabados por Monitor de Víctimas, 41% de los homicidios cometidos por la policía ocurrieron dentro de las viviendas. Las muertes a manos de los cuerpos policiales en los hogares aumentaron 100% con respecto a 2017. Pero las ejecuciones dentro de las viviendas van acompañadas de violaciones a la propiedad privada por parte de los funcionarios, pues ingresan a las residencias sin una orden judicial, como establece la ley. En la mayoría de los casos destruyen las viviendas, roban y maltratan a los familiares de las víctimas.  

Son recurrentes las denuncias de robos de enseres domésticos y el anonimato con el uso de capuchas, explica Zubillaga en el informe. Este patrón definiría al sector estatal militarizado como “el más sofisticado y poderoso grupo de crimen organizado venezolano en la actualidad”.

Los líderes comunitarios de Catia cuentan que las comunidades viven con miedo. “Casi siempre hacen los operativos en la noche y se llevan todo de las casas. Los funcionarios no tienen identificación, llegan con la cara tapada o las máscaras de la muerte”.  

La abuela de Adrián consideró que si su nieto había cometido un delito debían llevarlo preso, no matarlo. “Uno no sabe, pero mi nieto no estaba en nada malo y aquí no hay pena de muerte. Cuando Adrián estaba recién nacido tuvieron un accidente, su hermano mayor murió pero a él no le pasó nada… Imagínese, para que me lo vengan a matar así”, dijo entre lágrimas.

El joven era la fuente principal de ingresos de su hogar, y ahora que no está, entre todos los miembros de su familia están ayudando a su esposa. Nelly Rivas contó que estaba esperando cobrar la pensión para poder comprarle útiles escolares a su bisnieta.

Adrián fue una de las 175 víctimas asesinadas por la policía en 2018 que eran responsables de sus hogares, lo que resulta en 474 personas desamparados económicamente.

434 huérfanos, la cifra de la que nadie habla

Según las estadísticas de Monitor de Víctimas, Adrián Sanabria era también una de las 212 personas asesinadas en 2018 por los cuerpos de seguridad que tenían hijos menores de edad. En 2018, 434 niños y jóvenes perdieron a uno de sus padres.

La hija de tres años de Johan Escorcia también quedó huérfana. Su papá fue víctima de funcionarios de las FAES de la Policía Nacional Bolivariana. El 4 de julio de 2018 los uniformados lo detuvieron, requisaron y dentro de la casa de la casa lo desnudaron y le dispararon.

En la vivienda, ubicada en El Morro de Paulo Sexto en Petare, se encontraba su esposa, su hijastra de siete años y su niña pequeña, quien no deja de repetir cómo fue la muerte de su padre y quién lo hizo. A la familia la sacaron de la casa y luego lo ejecutaron.

“Él no tenía antecedentes ni armas. Cuando nosotros llegamos a su casa nos dijeron que era un allanamiento pero no tenían orden de detención. Si hubiese cometido un delito, tenían que llevárselo preso pero no matarlo. Los funcionarios estaban con  la cara cubierta y una de ellos nos dijo que ya no podía hacerse nada” contó Yuleidis Escorcia, hermana de Johan.

Escorcia es una las 328 víctimas que fueron asesinadas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el FAES en 2018, organismo responsable de 6 de cada 10 homicidios, siendo el primer victimario entre los cuerpos policiales. 35% es responsabilidad del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística (CICPC). El porcentaje restante corresponde a policías municipales y Guardia Nacional Bolivariana.

Zubillaga señala que las declaraciones de los funcionarios, plasmadas en el informe, revelan que, más allá de los policías que cometen los homicidios, está “una red de funcionarios y superiores que ignoran, excusan, apoyan e inclusive recompensan estas muertes”.

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#MonitorDeVíctimas | Denuncian que Cicpc mató a joven en Misión Vivienda en Terrazas del Alba

Edison Mata deja una niña de 2 años huérfana  / Cortesía familia Mata

@franzambranor

A EDISON MIGUEL MATA (21) LO ASESINARON dentro del apartamento de una vecina en el Complejo Habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela de Terrazas del Alba en San Agustín este martes 31 de julio.

Así lo informaron familiares de Mata el pasado miércoles en la morgue de Bello Monte.

Según la versión de la familia, Mata estaba en las inmediaciones de la Torre A cuando llegaron funcionarios de Cicpc. Aparentemente se asustó y corrió hacia el apartamento de una vecina que le dio refugio.

Una hermana de Mata dijo que los efectivos irrumpieron en la vivienda y mataron a Mata frente a la vecina y dos niñas.

Denunciaron que la comisión del Cicpc simuló un enfrentamiento a la par que aseguraron que Mata no estaba armado ni estaba solicitado por las autoridades.

Mata de 21 años y de profesión comerciante deja huérfana a una niña de dos años. Su hermano Ángel Efraín Mata fue asesinado en Coche el año pasado también por agentes del Cicpc, a juicio de los familiares.

Hermana y esposa de Mata manifestaron que pusieron la denuncia tanto en el Cicpc como en la Fiscalía General de la República.

Mecánico muerto en La Pastora

La hermana de Wense Ordóñez, aseguró que al joven de 18 años lo asesinaron agentes del FAES en un supuesto enfrentamiento en La Pastora.

El hecho se produjo en el sector conocido como La Cochinera de Lídice.

Familiares señalaron que para el momento del asesinato, Ordóñez no estaba armado, pero reconocieron que este poseía antecedentes penales. Fue trasladado por los mismos funcionarios al Hospital “Dr. Jesús Yerena” en Lídice donde murió.

#MonitorDeVíctimas | Acusan a Cicpc de matar a joven en su casa después de tomarle fotos

@MoreLosasa24 | Fotografía Carlos Ramírez

SIN DAR EXPLICACIONES, FUNCIONARIOS del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Cicpc, ingresaron a la vivienda de Andy José Salas Barcelo, lo interrogaron, le tomaron fotos y horas más tarde lo asesinaron. Así lo denunciaron sus parientes en la morgue de Bello Monte.

“Tanto que me costó a mí formar a mi hijo, darle una educación y verlo crecer. Me lo mataron sin ninguna explicación”, indicó aMonitor de Víctimas el padre de la víctima de una presunta ejecución policial, Ever Salas.

El hecho ocurrió en el Barrio Metropolitano de Petare, municipio Sucre, estado Miranda, el 3 de julio. Según el padre de la víctima, a la 1:00 pm aproximadamente una patrulla con dos funcionarios llegaron a la residencia y solicitaron hablar con su hijo Andy José, de 23 años.

Los uniformados le preguntaron por la moto que estaba estacionada frente a la vivienda y le tomaron una fotografía. Luego le tomaron una foto al joven. No dieron explicaciones de ese procedimiento. “Esto es rutina”, mencionaron a la madre del muchacho.

Dos horas después, tres patrullas regresaron a la casa de los Salas. Cuatro funcionarios del Cicpc ingresaron sin una orden judicial, sacaron a la madre y esposa de Andy José, al igual que a los niños. Cuando terminaron de vaciar la vivienda, encerraron al joven un cuarto y 20 minutos después le dispararon en el estómago.

“Los vecinos dicen que los funcionarios salieron agitados hacia la calle y dispararon al aire. Uno de ellos usó su teléfono y pidió refuerzos. Dijo que estaba en medio de un enfrentamiento”, relató Salas.

Asegura que no hubo un intercambio de disparos en su residencia, sino una simulación de resistencia a la autoridad. “Lanzaban los tiros al aire y recogían las conchas”, agregó.

El cadáver del muchacho fue sacado de la vivienda arrastrado por los funcionarios, quienes lo habrían llevado en su patrulla hasta el hospital Domingo Luciani, ubicado en El Llanito, municipio Sucre. Horas más tardes llegó el personal del Servicio Nacional de Medicatura de Ciencias Forenses (Senamecf) para realizar el levantamiento del cuerpo, “pero no había cuerpo, se lo llevaron al Luciani”.

Andy José es padre de tres niños de 8, 6 y 5 años. Vivía con sus padres, pareja e hijos. En ese inmueble tenía un taller de arreglo de electrodomésticos, carrera para la que se formó académicamente.

Cicpc implicada

Su familia asegura que realizará las denuncias pertinentes para denunciar a los funcionarios del Cicpc implicados en lo que consideran una ejecución policial.

En lo que va de año, 148 personas más han sido víctimas de presuntas ejecuciones solo en el Área Metropolitana de Caracas (AMC). En 56 de los casos, los funcionarios actuantes son los del Cicpc.

#MonitordeVíctimas | “Mataron a mi papá, le hicieron ¡po, po, po!”
La hija de tres años de Johan José Escorcia Pérez presenció cuando funcionarios de las FAES le dispararon, dentro de su casa en el sector El Morro de Petare. Su papá, José Escorcia, aseguró que su hijo no portaba armas pero las autoridades alegaron enfrentamiento.

 

@yohanamarra | Fotografía Carlos Ramírez

“MATARON A MI PAPÁ, le hicieron así: po, po, po”. Repite la hija de tres años de Johan José Escorcia Pérez, asesinado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) el miércoles 4 de julio en el sector El Morro de Petare.

Recibió dos impactos de bala en el pecho frente a su pequeña, quien se encontraba en brazos de su tía. El hecho ocurrió dentro de su vivienda, pues regresaba de buscar un televisor en el sector Paulo IV, donde vivió anteriormente.

Cuando llegaba fue detenido por los uniformados, quienes lo requisaron y le quitaron la camisa. Luego le tomaron una fotografía y le ordenaron a la cuñada de Johan que cargara a la niña y se retirara, pues tenían que hablar con él.

Ella iba a salir con la niña porque los policías y que iban a hablar con él, pero lo que hicieron fue matarlo. “La niña estaba ahí. Ahora le quedó un trauma muy grande, lo que hace es decir que mataron a su papá”, contó José Escorcia, papá del joven de 23 años.

Se enteró porque un vecino lo llamó. “Creo que mataron a Johan”, le dijo. Él de inmediato dejó lo que estaba haciendo y se fue hasta El Morro, donde aún estaba su hijo dentro de la casa ya sin signos vitales. Después lo llevaron al hospital Domingo Luciani, muerto. Los funcionarios alegaron que el muchacho se enfrentó a las FAES.

“Amenazaron con matarme a mí también si intentaba entrar a la casa. Yo me fui y busqué a mis otros dos hijos para que me acompañaran, pero tampoco me dejaron pasar. Luego lo llevaron al hospital, pero él ya estaba muerto”.

Denunció que se llevaron comida de la casa como harina y arroz. “Hasta comieron. Él tenía un dinero en efectivo, si querían eso solo tenían que quitárselo y ya”.

Según su padre, Johan no se encontraba solicitado ni había estado preso. Vivía con su esposa y única hija, y trabajaba como vendedor de frutas y hortalizas en el sector Carpintero, de Petare.

“Uno pide justicia, pero qué se va a hacer. Los funcionarios nos decían que esa era la orden”, dijo.

El miércoles 4 de julio también asesinaron a Nazareth Moreno Peralta, de 27 años, en medio del operativo de las FAES. Ocurrió en el sector Las Colinas en Petare.

De acuerdo con sus familiares, quienes no quisieron identificarse, salió de su casa a las 7:00 a. m. y a las 11:00 a. m. los llamaron para decirles que le habían dado un tiro en el pecho durante un presunto enfrentamiento.

Alegaron que hace dos años salió de la cárcel, pues estuvo preso siete años por robo. Era padre de dos niños.

#MonitorDeVíctimas | Denuncian al grupo FAES por asesinato de joven comerciante

GREGORY JOSÉ BLANCO VELÁSQUEZ, DE 26 AÑOS DE EDAD, fue asesinado el pasado jueves por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana en un procedimiento realizado en el sector San Miguel de La Vega.

Familiares de Blanco Velásquez señalan que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9:00 am del jueves cuando los funcionarios policiales llegaron a la vivienda ubicada en la calle Las 2 Rosas de La Vega, identificándose como trabajadores de Corpoelec.

“Cuando les abrimos las puertas, pensando que eran trabajadores de la electricidad, se metieron y nos dijeron que eran policías, que estaban realizando un operativo en el sector buscando a una banda. Les permitimos revisar la casa”, dijo su padre José Gregorio Blanco.

A los pocos minutos sacaron de la casa a su esposa, al hermano de Gregory, a la pareja de Gregory, quien está embarazada, y al niño. “Nos dijeron que los acompañáramos. Nos llevaron a El Paraíso. Cuando estábamos por La Paz, nos bajaron de la patrulla, porque supuestamente había un enfrentamiento”. Tardamos en llegar a la casa. Cuando llegamos no nos dejaban pasar, algo había sucedido”.

“Cuando preguntamos un policía nos dijo que si queríamos ver a Gregory que fuéramos al Hospital Pérez Carreño, pero en el centro de salud nos dijeron que no estaba. Al final, un familiar logró determinar que Gregory estaba en la morgue del Pérez Carreño, hasta donde llegué, lo habían matado, terminé identificándolo”, dijo con la voz quebrada.

El papá de la víctima aclaró que su hijo no tenía antecedentes penales, ni problemas con la ley, “era un muchacho trabajador y 100% deportista, era mi ayudante en el negocio de venta de carne y quesos que traíamos de Guárico. Además jugaba con el equipo de softbol Marabinos, era un muchacho sano que pronto iba a ser papá, acababa de cumplir años, el sábado íbamos a hacerle su fiesta de cumpleaños”.

Finalmente pidió justicia, “cometieron un crimen sin nombre, mi muchacho era un sano y trabajador”.

Denunció que de la casa se llevaron “comida y hasta el dinerito que teníamos de la carne y el queso”.

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#MonitorDeVíctimas | Denuncian supuesto ajusticiamiento de joven en Caricuao

EL PASADO VIERNES 9 DE FEBRERO fue localizado en una zona boscosa de Caricuao el cadáver de Freddy Alejandro Gutiérrez de 19 años, el joven supuestamente murió en un enfrentamiento con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

El joven había salido de su casa en Mamera a realizar unas diligencias junto a un primo. Sus familiares señalan que no tenía antecedentes policiales, ni problemas, con nadie, sin embargo fue detenido por una comisión de la PNB y no volvieron a verlo con vida.

“Ellos (los policías) dicen que Gutiérrez murió en un enfrentamiento, pero en realidad me lo mataron”, dijo Juana Gutiérrez madre del joven, quien agregó que es el segundo hijo que pierde debido a la violencia en Caracas.

Hace seis años a Juana le mataron un hijo, “tenía 17 años. Estaba haciendo una mezcla de cemento para una construcción, de repente comenzó un tiroteo y quedó en medio de la línea de fuego”, dijo mientras esperaba en la puerta de la morgue de Bello Monte para retirar el cadáver de su segundo hijo.

Freddy Alejandro presentó un impacto de bala en el pecho. “Eso fue una ejecución”, aseguró.

Familiares de Gutiérrez indicaron que esperan que se haga justicia, acudirán a la Fiscalía General de la República a denunciar el caso.

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