Acusaciones

 

 

El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, acudió este jueves al Ministerio Público para denunciar nuevamente el lanzamiento de una granada en la sede de la Policía de Sucre en Petare, luego de que el Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, lo acusara de estar implicado en el hecho violento y en otros actos «terrorista».

“El director del Sebin hace una denuncia en mi contra por este caso cuando lo único que hice desde el suceso fue pedir que todas las autoridades respaldaran la investigación. Por eso le pedimos a la Fiscalía que realice una investigación seria sin motivos politiqueros”, señaló Ocaríz.

Ocariz indicó que nunca ha financiado ni apoyado la violencia ni el terrorismo, además que el artefacto explosivo encontrado aquel día es exclusivamente de uso militar.

El alcalde de Sucre indicó que las acusaciones responden a un “pase de factura” porque él lleva la campaña de promoción del referéndum revocatorio presidencial.

“Sí queremos un cambio, sí queremos una elección, pero nunca tuvimos contacto con personas que auspicien la violencia”, agregó.

 

 

 

 

 

OMAR FARÍAS LUCES, que habría cultivado una gran fortuna gracias a sus nexos con el fallecido presidente Hugo Chávez, fue apresado por las autoridades de Dominicana por presunto lavado de dinero en el caso del Banco Peravia. El empresario es dueño en Venezuela de Seguros Constitución y su nombre también aparecía en los documentos del bufete Mossack Fonseca, conocido como Panamá Papers. También habría sido investigado en Ecuador por legitimación de capitales y se le ha relacionado con el tráfico de drogas.

La Fiscalía del Distrito Nacional informó hoy que arrestó a Omar José Farías Luces, uno de los acusados en el fraude millonario del Banco Peravia, en el momento en que se disponía a salir del país en un avión privado a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Farías Luces, acusado de complicidad de violación a la Ley Monetaria y Financiera y coautor en lavado de activos, fue detenido la noche del pasado jueves 4 de agosto, mediante orden de arresto emitida por la jueza Solange Raquel Vásquez, de la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El arresto fue posible con la colaboración de la Dirección Central De Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim), el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesap) y la Dirección Nacional de Migración, informó la Fiscalía.

El pasado 28 de junio, Farías Luces fue acusado formalmente de fraude bancario, estafa, abuso de confianza, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de ahorradores de esa entidad financiera.

El abogado César Amadeo Peralta, quien representa a varios empresarios extranjeros, había denunciado la situación por la presunta comisión de diferentes fraudes que estaban ocurriendo dentro del Banco Peravia.

Las acusaciones  aseguraban que los directivos del banco, encabezados por Gabriel Arturo Jiménez Aray y José Luis Santoro Castellano, realizaban captaciones de depósitos en dólares, prohibido por el artículo 42 de la Ley Monetaria y Financiera, además de sustraer dinero de las cuentas de ahorros de sus clientes.

También, emitían préstamos de manera fraudulenta y pagaban sobornos con tarjetas de crédito, además de que uno de sus clientes le fue frustrado el intento de secuestro en un hotel de la capital con la intención de no devolverle el dinero que le reclamaba a los directivos del Banco Peravia.

Las denuncias también aseguraban que cuando captaban los recursos en dólares, entregaban a los clientes unos «certificados financieros» falsos, ya que no reportaban el ingreso de estos valores y luego se querellaban contra dichos ahorrantes y el ahorrante terminaba siendo acusado en la mafia que allí operaba.

 

*Con información de 7dias.com.do

 

Solo en el mes de junio de este año podemos contar protestas y saqueos de magnitud en Barinas, Táchira, Caracas, Carabobo, Nueva Esparta, Trujillo, Yaracuy, Anzoátegui y Aragua, todos ellos con saldos lamentables.

Ha destacado en la palestra pública la grave situación de Cumaná, en el estado Sucre, en la que se reportan más de 70 comercios destrozados, al menos 420 detenciones, decenas de heridos y 4 personas fallecidas; pero eso no es lo único grave que allí ha pasado. A los detenidos, entre los que hay justos y pecadores, se les mantiene incomunicados, se les niega su derecho a elegir su defensa, imponiéndoles defensores públicos, y para ellos, contra cualquier previsión legal, se habilitaron cuatro tribunales de control para que, en esas condiciones precarias, “sean escuchados”. Llama esto particularmente la atención porque una vez que una persona es detenida, lo que corresponde es presentarlo formalmente ante los tribunales, para que allí se decida si cabe precalificarles algún delito o no, qué tipo de procedimiento se le seguirá y si permanecerá privado de su libertad o bajo medidas cautelares. En esas audiencias de presentación, que así se llaman, también se les escucha, si es que los detenidos quieren hacer uso de su derecho de palabra, pero no existe tal cosa como un procedimiento judicial que solo sirva para “escuchar” a nadie.

Estas irregularidades deberían ponernos ya en guardia, pero para mal mayor, debemos sumarles otras situaciones que nos permitan tener una visión más amplia sobre qué es lo que puede estarse “cocinando” tras todo esto.

Justo esta semana Maduro, al referirse a estos acontecimientos, ya impartía la “orden” de que a los involucrados en estos eventos se les aplicara “la mayor pena que se pueda”. Cierto es que en muchos casos la violencia contra propiedades ajenas y contra nuestros semejantes, incluso la motivada (más no justificada) por la grave desesperación que se respira en el ambiente, ha sido la regla, y también es cierto que no pueden tolerarse tales excesos, pero de allí a aceptar que un presidente, sin atribuciones constitucionales o legales para ello, ya esté prejuzgando y adelantándole la línea al Poder Judicial, hay mucho trecho.

Además, ya comenzó la construcción de la “verdad oficial” sobre todos estos sucesos, y es por ello que el caso de Cumaná, con las irregularidades que antes denunciamos, nos llama tanto la atención. Hace unos días Maduro responsabilizó, no faltaba más, de los saqueos y de las protestas generalizadas a Voluntad Popular y a Primero Justicia, y en este caso, la cosa irá más allá de la simple retórica ¿Por qué? Porque solo en Cumaná (y hay muchos otros detenidos a nivel nacional) tiene el poder virtualmente secuestradas a más de 420 personas, privadas de su libertad y sin posibilidad alguna de aceptar una defensa que no le sea impuesta por el mismo gobierno. Todas están expuestas a abusos graves y pueden ser obligadas, en consecuencia, a decir cualquier cosa que al poder le convenga para apuntalar sus acusaciones. Más allá de que nadie puede juzgar al que, para recuperar su libertad en oprobios como el nuestro, se juega hasta la verdad, lo cierto también es que más de uno en estos acontecimientos la debe, y la teme, pues fue detenido saqueando no por hambre, sino por viveza criminal, así que todo apunta a que en los próximos días veremos a algunos, seguramente bajo coacción o ansiando su libertad, saldrán a “confesar” que participaron en las protestas o en los saqueos porque se los ordenó o se los “pagó” tal o cual opositor.

De estas “sumas” el resultado ya lo conocemos. Varios detenidos han relatado cómo se les exige, a cambio de “perdón”, que digan contra líderes opositores lo que es y, las más de las de las veces, lo que no es. Es una de las aviesas maneras en las que el poder en Venezuela busca deslastrarse de sus cargas, culpas y responsabilidades para ponerlas, cual es su costumbre, sobre los hombros de quien más le convenga.

@HimiobSantome

 

El gobernador del Táchira José Vielma Mora señaló que no ha recibido del ministerio de Relaciones Exteriores, la comunicación en la que lo insta a que presente pruebas sobre sus denuncias hechas en redes sociales en contra de los colombianos y su gobierno como los responsables de delitos ocurridos en el estado, a propósito del asesinato del diputado suplente al Consejo Legislativo César Vera, ocurrido el jueves de Semana Santa.

El día de ayer, la Cancillería colombiana solicitó al gobernador «que presente las evidencias que sustenten las graves acusaciones que viene realizando continuamente a través de sus redes sociales».

“No tengo ninguna notificación de parte de la Cancillería colombiana. Yo dudo que lo haya hecho. Le corresponde a la Cancillería venezolana hacerlo. No tengo ninguna respuesta sobre el particular. Solamente siempre me refiero a los hechos, a las acciones. Jamás he dicho algo; ha salido algo de mi boca que no esté dentro de los estamentos de la verdad, de la investigación y de la lucha contra el crimen. Le corresponderá a la Cancillería contestar a la hermana república de Colombia en este caso. Ya hay un fiscal del ministerio Público asignado por Caracas y hay un bloque de búsqueda del Cicpc que llegó el viernes al Táchira. La orden de instrucción es la captura de los gatilleros, de los sicarios que organizaron la muerte política  del señor César Vera. Ahora ocúltenme que no hubo una muerte por sicariato, por bandas criminales que hacen vida en Colombia. El autor intelectual del hecho es un paramilitar colombiano apodado Amas. Está enconchando en Cúcuta. En vez de estar mandando notificaciones a nuestra Cancillería, ocúpense de hacer las labores de búsqueda de los delincuentes que tienen enconchando en su país”, dijo Vielma.

En el comunicado emitido este domingo, el gobierno de Colombia expresa su solidaridad al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por la muerte del diputado Vera, y ofrece toda su colaboración para trabajar de manera coordinada con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de adelantar las investigaciones que permitan establecer los hechos en que perdió la vida.

“Lo que he dicho será reconocido como una verdad en Venezuela y en Colombia. Solamente esperemos los resultados que los vamos a tener prontamente”, dijo Vielma.

Al día siguiente del asesinato del parlamentario suplente regional, el gobernador dijo que Vera recibió cuatro disparos y que las conchas coincidían con el arma utilizada en otros homicidios.

 

 

 

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha estado luchando para evitar la extradición a Suecia, que quiere interrogarlo sobre acusaciones de violación. Ha pasado más de tres años al interior de la embajada de Ecuador en Londres, para evitar ser enviado a Suecia y posiblemente obligado a ir a Estados Unidos para ahí hacerle frente a las acusaciones. Un comité de las Naciones Unidas dijo el viernes que ha sido detenido ilegalmente por las autoridades suecas y británicas. Aquí una cronología de las fechas clave de la travesía de Assange:

2010

20 de agosto: Una fiscal sueca emite orden de aprehensión de Assange basado en la acusación de violación de una mujer y de abuso sexual a otra.

21 de agosto: Se retira la orden de aprehensión. La fiscal Eva Finne dice que no parece haber suficiente evidencia para la acusación de violación.

31 de agosto: La policía sueca interroga a Assange, quien niega las acusaciones.

1 de septiembre: La directora de la fiscalía sueca, Marianne Ny, reabre la investigación de violación.

27 de septiembre: Assange deja Suecia para irse a Gran Bretaña.

18 de noviembre: Una corte en Estocolmo aprueba la petición de detener a Assange para poder interrogarlo.

20 de noviembre: La policía sueca emite una orden de aprehensión internacional para Assange.

8 de diciembre: Assange se entrega a la policía en Londres y es detenido en espera de una audiencia de extradición.

14 de diciembre: Assange es liberado bajo fianza, pero los fiscales apelan.

16 de diciembre: El Tribunal Superior autoriza la fianza. Assange es liberado después de que defensores depositan 240.000 libras (375.000 dólares) en efectivo y garantías.

2011

24 de febrero: Una corte en Gran Bretaña falla que Assange debe ser extraditado a Suecia.

2 de noviembre: Tribunal Superior niega apelación a extradición de Assange.

5 de diciembre: Le otorgan apelación a Assange en la Suprema Corte.

2012

30 de mayo: Corte Suprema rechaza apelación de Assange.

12 de junio: Assange solicita a la Corte Suprema reabrir caso.

14 de junio: Corte Suprema se niega a reabrir caso.

19 de junio: Assange entra a la embajada ecuatoriana en el centro de Londres para buscar asilo. La policía monta vigilancia 24 horas para arrestarlo de dar un paso afuera.

16 de agosto: Assange recibe asilo político de Ecuador.

2013

Junio: Assange le dice a la prensa que no dejará la embajada incluso de desestimarse las acusaciones de abuso sexual por temor a ser extraditado a Estados Unidos.

2014

Julio: Assange pierde el intento de que se descarte la orden de su aprehensión en Suecia. Un juez en Estocolmo ratifica la orden por los abusos sexuales a las dos mujeres.

Septiembre: Los abogados de Assange presentan una queja contra Suecia y Gran Bretaña ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas argumentando que su situación en la embajada representa una detención ilegal.

Noviembre: Assange pierde un intento legal en una corte de apelaciones sueca cuyo objetivo era anular su orden de aprehensión.

2015

Marzo: Los fiscales suecos solicitan interrogar a Assange en la embajada ecuatoriana.

Junio: Assange dice que el fiscal sueco canceló una cita para interrogarlo en la embajada.

13 de agosto: Fiscales suecos desestiman la investigación de algunas de las acusaciones de abuso sexual contra Assange por materia de plazos; permanece activa la acusación de violación.

16 de agosto: El canciller británico Hugo Swire dice que la decisión de Ecuador de albergar a Assange obstaculizó el camino correcto de la justica. Dijo que el Reino Unido tiene la obligación legal de extraditarlo a Suecia.

12 de octubre: La policía londinense suspende su vigilancia de 24 horas afuera de la embajada ecuatoriana, pero dicen que utilizará medidas públicas y encubiertas para rastrear y arrestar a Assange sale de ahí. Se calcula que la operación policial costó más de 12 millones de libras (17 millones de dólares).

2016

5 de febrero: Assange afirma «vindicación total» cuando el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU falla que está detenido de forma ilegal y recomienda que sea liberado de inmediato y se le compense. Gran Bretaña y Suecia dicen que el hallazgo no impactará su política. El canciller británico califica al veredicto de «francamente ridículo».

En un comunicado, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, rechazó las acusaciones hechas a través de declaraciones, comunicados y artículos de opinión, las cuales, afirmó, pretenden poner en entredicho la rectitud y la transparencia de los encargados de administrar justicia.

A continuación el comunicado:

 

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, ratificó la autonomía e independencia del Poder Judicial venezolano, al tiempo que expresó palabras de apoyo a las juezas y jueces de todo el país por su ardua labor, guiada por la ética, la profesionalidad, y siempre apegada de forma estricta a los postulados establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el ordenamiento jurídico nacional.

Igualmente, rechazó de forma categórica, las acusaciones hechas a través de declaraciones, comunicados y artículos de opinión, pretendiendo poner en entredicho la rectitud y la transparencia de los encargados de administrar justicia en el país.

“Irrespetuosamente realizan acusaciones que no se apegan a la realidad, por lo que desde el Máximo Juzgado, rechazamos estas afrentas, que en nada podrán hacer mella en la moral de las juezas y jueces, quienes continuarán cumpliendo sus funciones, como lo han venido haciendo, apegados a la Carta Magna y a las leyes, con el objeto de seguir fortaleciendo al Poder Judicial y ofrecer al pueblo venezolano un servicio eficiente y célere”, manifestó la Magistrada Presidenta.

Precisó la Magistrada, “que a todo ciudadano o ciudadana, a quien se le siga un proceso judicial en el territorio nacional, se les respetan sus garantías y derechos humanos, tal como lo establece nuestro Texto Fundamental, entre ellos el derecho a la defensa y al debido proceso”.

Finalmente, reiteró que las juezas y jueces, se mantendrán firmes en el desempeño de su labor, de impartir justicia de manera imparcial e igualitaria, para junto al trabajo diario de las servidoras y servidores judiciales, continuar fortaleciendo el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia plasmado en la Constitución de 1999.

 

*Con información de Prensa TSJ

 

 

El gobierno de Estados Unidos aseguró hoy que, en sus conversaciones privadas con varios países de Latinoamérica, está trasladando el mensaje de que las acusaciones de la Administración de Venezuela sobre un intento de golpe orquestado desde Washington son falsas y «ridículas».

La portavoz del Departamento de Estado de EE UU, Jen Psaki, confirmó en su conferencia de prensa diaria que Washington está comentando con otros países del continente la reciente acusación del presidente Nicolás Maduro, sobre la implicación del gobierno estadounidense en un plan de golpe para derrocarlo.

«Estamos dejando claro en todas nuestras conversaciones (con países del continente) las mismas cosas que decimos en público: que estas acusaciones son falsas, son ridículas», dijo Psaki.

«El gobierno de Venezuela tiene que dejar de culpar a Estados Unidos y a otros miembros de la comunidad internacional por cosas que suceden dentro de Venezuela (…), y centrarse más en los retos dentro de su propio país, porque esto es solo un esfuerzo para distraer», añadió la portavoz.

Psaki afirmó que a EE UU le preocupan «algunos arrestos recientes» en Venezuela, como el del alcalde opositor Antonio Ledezma, y esa «es una de las razones» por las que conversa sobre ello con otros países «de la región».

Maduro aseguró a mediados de este mes que había sido frustrado un plan de golpe de Estado que, según él, había sido «trazado» desde Washington y en el que habían participado militares y dirigentes opositores venezolanos.

Ese supuesto complot, por el que ha sido detenido un número no precisado de militares, entre ellos siete oficiales de la Aviación Militar, marca la última de las más de una decena de presuntas intentonas golpistas denunciadas por Maduro desde que asumió la presidencia hace casi dos años.

La Embajada de Canadá en Venezuela afirmó el domingo que son falsas las acusaciones del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que vinculó a una funcionaria de la institución canadiense con los planes de golpe de Estado denunciados por el gobierno de Venezuela.

La Embajada de Canadá en el país publicó en su cuenta oficial de Twitter: “Las acusaciones hechas por el presidente de la AN en un programa especial en VTV, canal 8, son completamente falsas”. “La Embajada de Canadá informó de antemano al gobierno de Venezuela, por medio de una carta, sobre el viaje a Valencia”, indicó, y agregó: “Esto corresponde a rutina de planificación para emergencias para asistir a ciudadanos canadienses, como hacemos en cualquier país del mundo”.

Cabello declaró el viernes pasado, durante un programa transmitido por VTV, luego de que la funcionaria preguntara sobre las capacidades del aeropuerto Arturo Michelena de Valencia en casos especiales. “El lunes, junto a otro funcionario de la embajada canadiense, esta señora, identificada como Nancy Birbeck, estuvo indagando sobre las capacidades del mismo (aeropuerto) para casos especiales”.