2014

En el año 2014 se produjeron en Venezuela las primeras protestas antigubernamentales que dejaron como saldo 43 personas asesinadas y más de 800 heridos 

Este lunes, 12 de febrero, Día de la Juventud, se cumplen 10 años del asesinato de Bassil Da Costa, de 23 años y el piloto Robert Redman.

Da Costa recibió un disparo en la cabeza  a manos de funcionarios SEBIN en una manifestación, en la esquina de Tracabordo, en La Candelaria, Caracas, en las primeras protestas en contra de Nicolás Maduro.

El abogado Joel García publicó un video en su cuenta en X, antes Twitter, en el que expone distintas fotografías del joven y su lucha por querer un país mejor. 

Conmemoramos 10 años del falleciniento a manos del régimen de Bassil Dacosta, a su madre Jeneth Frías mi abrazo de solidaridad y agradecimiento por confiarnos a @Elenisrodrigue @caponte496 y a mí su representación para el juzgamiento de sus asesinos. pic.twitter.com/Op1Ye1COgt

— Joel García (@joelgarcia69) February 12, 2024

Por el asesinato de Da Costa, fueron aprehendidos ocho funcionarios, seis del Sebin, uno de la PNB  y otro del Ejército.

Pero solo José Ramón Perdomo (comisario del Sebin) fue acusado formalmente por el caso como autor material del asesinato de Da Costa.

A Perdomo lo condenaron a 29 años y seis meses de prisión por los cargos de homicidio intencional calificado con alevosía, motivos innobles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República en 2016. 

Al resto de los funcionarios involucrados en la muerte de Da Costa les concedieron libertad bajo régimen de presentación.

Robert cargó el cuerpo de Bassil 

Robert Redman, piloto de avión de 31 años y abiertamente opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, fue testigo de los dos primeros asesinatos de ‘La Salida’.

En las primeras horas de la revuelta, Robert ayudó a cargar al joven Bassil Da Costa.

Más tarde, ya en casa, su padre lo vio manchado con sangre del fallecido y con heridas causadas por los perdigones que disparó la Policía, lo que no impidió que volviera a salir, de noche, a otra manifestación.

La protesta nocturna en la que participó fue disuadida a disparos por un grupo de hombres que no fueron identificados, pese a que múltiples medios coincidieron en asegurar que eran policías.

La siguiente vez que Derek Redman, padre de Robert, vio a su hijo fue en la morgue, con la cabeza atravesada por una bala.

Por el caso de Redman fueron detenidos unos policías pero ninguno fue sentenciado, según explicó su padre a EFE.

La ONG Provea recordó que en las protestas de 2014 se registraron 854 heridos y lesionados, 3.172 detenciones arbitrarias, 204 ataques a zonas residenciales y 43 personas asesinadas.

Hoy se cumplen 10 años del inicio de las protestas de 2014. Durante este ciclo de manifestaciones registramos:
➡️854 heridos y lesionados
➡️3.172 detenciones arbitrarias
➡️204 ataques a zonas residenciales
➡️43 personas asesinadashttps://t.co/RT0pAtor7q

— PROVEA (@_Provea) February 12, 2024

*Con información de Efe

La justicia electoral brasileña inició hoy las audiencias del juicio que decidirá si hubo irregularidades en las finanzas de la campaña de Dilma Rousseff y Michel Temer en 2014 y que amenaza con desalojar del poder al actual mandatario.

Los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht salpicaron el martes al presidente colombiano Juan Manuel Santos tras una declaración de la Fiscalía sobre el financiamiento de su reelección en 2014.

El fiscal general del país, Néstor Humberto Martínez, aseguró en una comparecencia que el exlegislador Otto Bula presuntamente entregó un millón de dólares a la campaña del presidente. Bula está detenido en Colombia por haber recibido 4,6 millones de dólares en sobornos de la firma, los cuales habría ayudado a distribuir.

El Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad electoral del país, deberá definir si el presidente incurrió o no en un delito, en caso de que se demuestre la validez de la información de la Fiscalía.

«Manifiesto mi más enérgico rechazo a las infundadas, tendenciosas y calumniosas declaraciones sobre mi persona dadas por el señor Otto Bula a la Fiscalía General de la Nación», afirmó en un comunicado el gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto. «Como gerente de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014 promoví y lideré al interior de la campaña la política de no recibir donaciones», agregó, y aseguró que los gastos de esa carrera presidencial «fueron sufragados con los ingresos por reposición establecidos en ley».

Por su parte, Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia, dijo en conferencia de prensa: «Es entonces la palabra de un delincuente que busca a cualquier precio beneficios judiciales contra la palabra del gerente de la campaña. De todos modos la presidencia de la República solicita a las autoridades competentes que adelanten todas las investigaciones necesarias para establecer la verdad de esta nueva acusación».

Santos, que no hizo declaraciones tras esta información, dijo en enero: «Hasta ahora ningún funcionario de mi gobierno ha sido señalado de haber sido sobornado por Odebrecht, pero si llegara a haberlo, que le caiga todo, todo el peso de la ley».

La Fiscalía agregó que del millón de dólares se habría descontado una comisión del 10% a favor de terceros ya identificados por las autoridades.

En Colombia no están permitidas las donaciones de personas jurídicas ni de entidades extranjeras y la donación máxima que puede hacer una persona es de 100.000 dólares, según un informe de Transparencia Colombia sobre la campaña de 2014.

Además, en el caso de que esa donación fuera cierta, la campaña de Santos no la declaró, según un informe de Cuentas Claras, una herramienta de transparencia donde se declara este tipo de información, difundido por la senadora Claudia López. En ese documento se especifica que la única fuente de financiación de esa campaña —tanto en la primera como en la segunda vuelta— fueron créditos del sector financiero.

Otto Nicolás Bula fue detenido el 14 de enero por haber recibido en 2013 al menos 4,6 millones de dólares en pagos fraccionados para que ayudara a que Odebrecht se hiciera con el contrato de construcción de la vía Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol, según pruebas en poder de la Fiscalía. Será imputado por los delitos de «cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito», precisó la máxima entidad investigativa del país en una comunicación ante reporteros.

El exfuncionario consiguió llegar al Senado colombiano en 2000 como suplente en la lista de Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, y quien hoy está en prisión por nexos con grupos paramilitares.

La primera captura en Colombia por el caso Odebrecht fue la de Gabriel García, también en enero, acusado de solicitar un pago de 6,5 millones de dólares cuando era viceministro de Transporte en 2009 a cambio de favorecer a la constructora en un importante contrato carretero.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad alcanzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos el mes pasado, y debido al cual cubrirá una multa de 3.500 millones de dólares, Odebrecht admitió haber pagado al menos 800 millones en sobornos para obtener contratos en 12 países, la mayoría de ellos en Latinoamérica.

Cuando se cumplirán 2 años de los primeros tres asesinatos del grupo de 43 personas que perdieron la vida en el contexto de manifestaciones durante el año 2014, la ausencia de justicia, en la gran mayoría de los casos, refleja las dificultades de la justicia en el país, que en la práctica ocasionan la existencia de una impunidad estructural en Venezuela. Se habla de la existencia de impunidad estructural cuando la actuación, de los diferentes órganos del sistema de administración de justicia, de manera articulada o no, genera en un alto porcentaje la no sanción de los delitos y violaciones de derechos humanos.

Al revisar los sitios web, tanto del Ministerio Público como del Tribunal Supremo de Justicia, se constata que la mayoría de los casos se encuentran en fase de investigación y juicio. Si bien algunos de los presuntos responsables se encuentran privados de libertad, la ausencia de sentencias definitivamente firmes  en casi todos los casos, nos obliga a afirmar la carencia de justicia, lo cual favorece que hechos similares puedan repetirse.

Por otra parte, el Informe de Gestión Anual 2015, presentado recientemente por el Ministerio Público ante la Asamblea Nacional, no informa sobre el adelanto del conjunto de los casos reportados, contabilizados en 43 víctimas por la propia Fiscalía, 32 de ellos civiles y 10 funcionarios policiales y militares. Esta opacidad en el acceso a la información forma parte del conjunto de situaciones que promueven impunidad en el país.

Si bien todos los delitos y violaciones de derechos humanos deben ser sancionados, estableciendo diferentes mecanismos de reparación a las víctimas, la conmoción nacional generada por las 43 personas que perdieron la vida en el contexto de la conflictividad iniciada a comienzos de febrero de 2014 debió haber motivado un especial interés de las autoridades por resolver todos y cada uno de los casos, sin discriminación alguna, garantizando el debido proceso para las personas imputadas.

En su momento diferentes altos funcionarios, incluyendo el presidente Nicolás Maduro, adelantaron públicamente responsabilidades por los hechos, violando los principios de no intervención en el Poder Judicial y presunción de inocencia que forman parte del derecho humano a la justicia. La propia Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, en una comunicación enviada a Amnistía Internacional en febrero de 2015 afirmaba que las protestas eran motivadas por “planes políticos injerencistas” y que las personas muertas y lesionadas eran producto de acciones violentas con fines políticos, lo cual evidenciada la ausencia de independencia del Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones con imparcialidad, transparencia y autonomía.

La impunidad en delitos y violaciones de derechos humanos es utilizada por el Ejecutivo Nacional como herramienta propagandística para la criminalización de la crítica a su gestión. Omitiendo su responsabilidad de impartir justicia y sancionar  a los responsables, los esfuerzos oficiales se han canalizado en intentar capitalizar políticamente los crímenes, incluyendo aquellos donde se han señalado a funcionarios policiales y militares como responsables. A pesar que el informe presentado por el propio Ministerio Público en febrero de 2015, que no es de acceso público y al cual sólo accedieron los medios de comunicación, afirma que en un caso, el del obrero Elvis Rafael Durán De La Rosa (29), falleció producto de politraumatismos tras impactar contra un alambre colocado en la Avenida Rómulo Gallegos de Caracas, diferentes voceros del Ejecutivo Nacional y el Sistema Nacional de Medios Públicos afirman insistentemente la existencia de asesinados por “degollamiento” durante las protestas. Otros lamentables hechos de conmoción también se mantienen sin resolver con objetivos similares, como por ejemplo las muertes ocurridas durante los hechos del Golpe de Estado de 2002 o el asesinato del Fiscal Danilo Anderson o sucesos más antiguos como el Caracazo. Este uso propagandístico de la impunidad, por quien debería garantizar el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia, es inaceptable en una sociedad democrática.

En opinión de Provea la impunidad, junto con la pobreza, constituyen las violaciones de derechos humanos más preocupantes del país y agudizan otras problemáticas, como la violencia e inseguridad ciudadana. El irregular funcionamiento del sistema de administración de justicia afecta especialmente a los sectores más vulnerables del país, quienes no tienen la capacidad económica o el acceso a los medios de comunicación para hacer frente al abuso de poder cometido por funcionarios policiales, cuerpos de investigación, fiscales, tribunales y centros penitenciarios del país. Cualquier proyecto de fortalecimiento de las instituciones democráticas del país pasa, necesariamente, por una profunda reestructuración de las condiciones en que los ciudadanos acceden a su derecho humano a la justicia.

Ante un nuevo aniversario se repetirán los discursos oficiales sobre la voluntad de hacer justicia. Sin embargo, los familiares de las víctimas –del 2004, del 2002, del Caracazo o de La Masacre del Amparo- y el país siguen esperando que se sancione a los responsables materiales e intelectuales.

Una falla mecánica fue la causa principal del accidente del Airbus 320-200 de AirAsia, vuelo QZ8501, que el 28 de diciembre de 2014 se estrelló en aguas de la isla de Borneo con 162 personas a bordo, anunciaron hoy las autoridades indonesias.

Los repetidos errores en el ordenador de control de vuelo del avión debido a una grieta en la unión de una soldadura llevó a que el piloto perdiese el control del aparato, dijo el Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia en rueda de prensa en Yakarta, según la cadena de televisión Channel NewsAsia.

El informe final presentado hoy establece cuatro fallos antes de que la aeronave entrase «en un estado de bloqueo prolongado que estaba más allá de la capacidad de la tripulación de vuelo para recuperarse».

El defecto se localizó en el limitador de deflexión del timón, controlado por los FAC (sigla de Flight Augmentation Computer).

El servicio de mantenimiento de AirAsia Indonesia, filial de la compañía aérea malasia, tenía conocimiento de las deficiencias de esta pieza.

«En los meses previos al accidente, los fallos en el RTLU (sigla de Rudder Travel Limiting Unit, unidad limitador de deflexión del timón) habían sucedido con mayor frecuencia», señaló el indonesio Nurchayo Utomo, jefe de la investigación del accidente.

El problema hacía que el limitador de deflexión del timón emitiese alertas de error y los pilotos solucionaban el mal funcionamiento reiniciando el ordenador.

En el caso del QZ8501 siniestrado, el piloto recurrió a la operación pero al soltarse el piloto automático no pudo hacerse con el control del aparato y este se estrelló.

«Tenemos mucho que aprender de esto, AirAsia, el fabricante y la industria de la aviación», señaló el director ejecutivo de la aerolínea, Tony Fernandes.

El avión del vuelo QZ8501 de AirAsia despegó de Surabaya, en la isla de Java, en la madrugada del 28 de diciembre de 2014 con 162 personas a bordo y tenía previsto aterrizar en Singapur unas horas más tarde.

En el interior viajaban tres surcoreanos, un británico, un francés, un malasio, un singapurés y 155 indonesios, entre los pasajeros y una tripulación de siete personas.

El avión volaba a una altura estable y dentro de los límites de peso y equilibrio cuando el piloto, antes de que se cortase la comunicación, solicitó permiso a la torre de control para subir de 32.000 pies a 38.000 para eludir una tormenta que había encontrado en su camino.

En ese momento, el aparato sobrevolaba el mar al sur de la isla de Borneo.

La torre de control concedió el permiso pero el avión viró a la izquierda, subió hasta los 37.400 pies en 30 segundos y luego descendió a 32.000 pies en otros 30 segundos, antes de comenzar la caída mortal hacia el mar.

El primer ministro malasio, Najib Razak, dijo este jueves que los restos de un avión hallados en la isla francesa de la Reunión, en el Índico, son «probablemente» de un Boeing 777, similar a la aeronave de Malaysia Airlines desaparecida en 2014.

Las autoridades francesas enviaron un informe al Gobierno de Malasia sobre un trozo de ala hallado en esa isla, situada al este de Madagascar, publicó el jefe del Ejecutivo malasio en su perfil de Facebook.

«Necesitamos verificar si pertenece al vuelo MH370. En este momento es muy pronto para especular», precisó Najib. Los restos serán enviados a la ciudad francesa de Toulouse para ser investigados por las autoridades de aviación del país galo.

Un equipo malasio, que incluye representantes del ministerio de Transporte, departamento de Aviación Civil, Malaysia Airlines y un equipo de investigación, viaja hacia la ciudad de Francia.

Mientras un segundo equipo se trasladará a la reunión
«La localización (de los restos) es congruente con los análisis de los investigadores malasios, que muestran una posible ruta desde el sur del océano Índico hacia África», dijo el primer ministro.

Los expertos barajan también que el fragmento pertenezca a otros aviones, incluidos un bimotor accidentado en mayo de 2006 cerca del litoral de la isla, un Airbus 310-300 de Air Yemenia estrellado en junio de 2009 y un Boeing 767 de Ethiopian Airlines siniestrado en 1996, los dos últimos en aguas del archipiélago de Comoras.

El Boeing 777 de la aerolínea malasia desapareció el 8 de marzo de 2014 tras cambiar de rumbo en una «acción deliberada», según los expertos, tan solo cuarenta minutos después de haber despegado de Kuala Lumpur y de que alguien apagara los sistemas de comunicación.

A bordo del avión viajaban 239 personas: 153 chinos, 50 malasios (12 formaban la tripulación), siete indonesios, seis australianos, cinco indios, cuatro franceses, tres estadounidenses, dos neozelandeses, dos ucranianos, dos canadienses, un ruso, un holandés, un taiwanés y dos iraníes.

«Tan pronto como tengamos más información o la verificación lo haremos público. Hemos tenido muchas falsas alarmas, por el bien de las familias que han perdido sus seres queridos y han sufrido una incertidumbre desgarradora, rezo para que podamos encontrar la verdad y cerrar esta etapa en paz», sentenció Najib.

El gobierno venezolano continúa haciendo uso de la judicatura «de manera selectiva» para intimidar y encarcelar a opositores, denunció el Departamento de Estado de EE UU, al subrayar también que «la corrupción e impunidad» son «preocupaciones serias» dentro de las fuerzas de seguridad.

El Departamento de Estado destacó en el informe que Venezuela es un ejemplo emblemático de la relación entre corrupción, violaciones a los derechos humanos y gobiernos represivos.

En su informe anual sobre Derechos Humanos en todo el mundo, correspondiente a 2014, EE UU remarcó además «los abusos» por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela durante las protestas del pasado año entre febrero y mayo con «detenciones arbitrarias, tortura y encarcelamiento de los manifestantes».

Asimismo, el reporte denunció que el gobierno de Nicolás Maduro «arrestó y encarceló a varias figuras de la oposición, bloqueó medios de comunicación, e intimidó a periodistas mediante el uso de amenazas, multas, tomas de propiedades, regulaciones hechas a medida e investigaciones criminales». Reiteró que la corrupción y la impunidad son «preocupaciones serias» en el seno de las fuerzas de seguridad de Venezuela, y apuntó que «a veces se habían tomado medidas para castigar a funcionarios de bajo rango por los abusos, pero pocas investigaciones se había adoptado contra altos cargos gubernamentales».

Asimismo, las acciones del gobierno «impidieron el disfrute de la libertad de expresión y restringieron las libertades de prensa» en Venezuela, según el informe.

El informe también advierte que el poder está concentrado en las manos de un solo partido y que un poder ejecutivo cada vez más autoritario ejerce gran control sobre los poderes legislativo y judicial, así como sobre el organismo electoral.

“El gobierno utilizó el poder judicial para intimidar y procesar selectivamente a líderes políticos, de la sociedad civil, de los sindicatos, y del sector privado que son críticos de las políticas y de las acciones del gobierno”, resaltó el informe.

“El gobierno no respeta la independencia del poder judicial o permite que jueces actúen en base a la ley sin temor de sufrir represalias”, sentenció.

Washington ya había sancionado en marzo de 2015 a siete funcionarios gubernamentales acusados de violar derechos humanos durante las protestas que dejaron 43 muertes en 2014.

La relación bilateral sufrió un importante traspié tras las sanciones, pero ambas capitales han logrado un diálogo de alto nivel durante las semanas recientes.

Siguen las denuncias sobre Cuba

En el mismo informe, EEUU reiteró denuncias sobre violaciones y el aumento de los arrestos temporales en Cuba en momentos en que ambos gobiernos negocian desde diciembre la normalización de relaciones diplomáticas.

Según el informe, en Cuba, donde Washington espera abrir este año una embajada por primera vez en medio siglo, el gobierno alcanzó con casi 9.000 la mayor cantidad de integrantes de la sociedad civil sometidos arrestos temporales y arbitrarios durante los últimos cinco años.

Las principales violaciones de los derechos humanos en Cuba, según el informe, incluyen “la limitación de la capacidad de los ciudadanos para cambiar el gobierno y el uso de las amenazas del gobierno, asaltos físicos extrajudiciales, intimidación, protestas violentas organizadas por el gobierno contra la disidencia pacífica, y el acoso y detenciones para evitar la libre expresión y reunión”.

El documento también se refiere al “monopolio de los medios de comunicación”, las restricciones de viaje así como las limitaciones a la libertad académica y la formación de sindicatos independientes como problemas que subsisten en la isla.

«La situación necesita mejorar bastante antes de que cualquiera de nosotros pueda decir que estamos donde queremos estar», dijo el funcionario en conferencia de prensa. «Pero creemos que lo que hemos hecho es quitarle al gobierno cubano la posibilidad de decir que los problemas en la isla son culpa de Estados Unidos, y poner el énfasis donde corresponde: en sus acciones y políticas».

Otros casos

Sobre México, el informe indica que aumentaron las ejecuciones extraoficiales, desapariciones y torturas. La introducción ni el prólogo del informe mencionaron a México, donde 43 estudiantes universitarios permanecen desaparecidos desde el 26 de septiembre tras ser reprimidos por la policía municipal de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, por participar en una protesta.

Otros de los países tratados en el informe fue Ecuador, en el que lo señalan como uno de los principales referentes de países que cada vez bloquean más sitios web y redes sociales.  Aseguró que el país sudamericano emplea leyes de protección intelectual para identificar sitios web críticos al gobierno.

*Con información de EFE , The Associated Press y El Nuevo Herald

EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ÚLTIMAS NOTICIAS mostró una secuencia de fotos y videos que muestran cómo funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado venezolano disparaban contra manifestantes desarmados en el centro de Caracas el 12 de febrero. Un año después el equipo de investigación de Runrun.es aclara las dudas sobre quiénes son y el estatus de impunidad de esa investigación judicial, expediente en mano.