El gobierno venezolano continúa haciendo uso de la judicatura “de manera selectiva” para intimidar y encarcelar a opositores, denunció el Departamento de Estado de EE UU, al subrayar también que “la corrupción e impunidad” son “preocupaciones serias” dentro de las fuerzas de seguridad.
El Departamento de Estado destacó en el informe que Venezuela es un ejemplo emblemático de la relación entre corrupción, violaciones a los derechos humanos y gobiernos represivos.
En su informe anual sobre Derechos Humanos en todo el mundo, correspondiente a 2014, EE UU remarcó además “los abusos” por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela durante las protestas del pasado año entre febrero y mayo con “detenciones arbitrarias, tortura y encarcelamiento de los manifestantes”.
Asimismo, el reporte denunció que el gobierno de Nicolás Maduro “arrestó y encarceló a varias figuras de la oposición, bloqueó medios de comunicación, e intimidó a periodistas mediante el uso de amenazas, multas, tomas de propiedades, regulaciones hechas a medida e investigaciones criminales”. Reiteró que la corrupción y la impunidad son “preocupaciones serias” en el seno de las fuerzas de seguridad de Venezuela, y apuntó que “a veces se habían tomado medidas para castigar a funcionarios de bajo rango por los abusos, pero pocas investigaciones se había adoptado contra altos cargos gubernamentales”.
Asimismo, las acciones del gobierno “impidieron el disfrute de la libertad de expresión y restringieron las libertades de prensa” en Venezuela, según el informe.
El informe también advierte que el poder está concentrado en las manos de un solo partido y que un poder ejecutivo cada vez más autoritario ejerce gran control sobre los poderes legislativo y judicial, así como sobre el organismo electoral.
“El gobierno utilizó el poder judicial para intimidar y procesar selectivamente a líderes políticos, de la sociedad civil, de los sindicatos, y del sector privado que son críticos de las políticas y de las acciones del gobierno”, resaltó el informe.
“El gobierno no respeta la independencia del poder judicial o permite que jueces actúen en base a la ley sin temor de sufrir represalias”, sentenció.
Washington ya había sancionado en marzo de 2015 a siete funcionarios gubernamentales acusados de violar derechos humanos durante las protestas que dejaron 43 muertes en 2014.
La relación bilateral sufrió un importante traspié tras las sanciones, pero ambas capitales han logrado un diálogo de alto nivel durante las semanas recientes.
Siguen las denuncias sobre Cuba
En el mismo informe, EEUU reiteró denuncias sobre violaciones y el aumento de los arrestos temporales en Cuba en momentos en que ambos gobiernos negocian desde diciembre la normalización de relaciones diplomáticas.
Según el informe, en Cuba, donde Washington espera abrir este año una embajada por primera vez en medio siglo, el gobierno alcanzó con casi 9.000 la mayor cantidad de integrantes de la sociedad civil sometidos arrestos temporales y arbitrarios durante los últimos cinco años.
Las principales violaciones de los derechos humanos en Cuba, según el informe, incluyen “la limitación de la capacidad de los ciudadanos para cambiar el gobierno y el uso de las amenazas del gobierno, asaltos físicos extrajudiciales, intimidación, protestas violentas organizadas por el gobierno contra la disidencia pacífica, y el acoso y detenciones para evitar la libre expresión y reunión”.
El documento también se refiere al “monopolio de los medios de comunicación”, las restricciones de viaje así como las limitaciones a la libertad académica y la formación de sindicatos independientes como problemas que subsisten en la isla.
“La situación necesita mejorar bastante antes de que cualquiera de nosotros pueda decir que estamos donde queremos estar”, dijo el funcionario en conferencia de prensa. “Pero creemos que lo que hemos hecho es quitarle al gobierno cubano la posibilidad de decir que los problemas en la isla son culpa de Estados Unidos, y poner el énfasis donde corresponde: en sus acciones y políticas”.
Otros casos
Sobre México, el informe indica que aumentaron las ejecuciones extraoficiales, desapariciones y torturas. La introducción ni el prólogo del informe mencionaron a México, donde 43 estudiantes universitarios permanecen desaparecidos desde el 26 de septiembre tras ser reprimidos por la policía municipal de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, por participar en una protesta.
Otros de los países tratados en el informe fue Ecuador, en el que lo señalan como uno de los principales referentes de países que cada vez bloquean más sitios web y redes sociales. Aseguró que el país sudamericano emplea leyes de protección intelectual para identificar sitios web críticos al gobierno.
