De acuerdo al “aviso oficial” emitido por el ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública, y el Banco Central de Venezuela (BCV) las operaciones en el recién creado Sistema Marginal de Divisas (Simadi) pueden ser así:
En los bancos: la compra mínima de dólares que una persona podrá realizar por transferencia bancaria, bien sea a través de la compra de títulos valores u otra operación, será de 3.000 dólares.
Si la operación fuera en el “mercado de menudeo” a través de los bancos universales el “monto mínimo” de compra es 300 dólares.
En las casas de cambio: las personas podrán comprar un máximo de 300 dólares diarios. El tope mensual es de 2.000 dólares y el techo anual es de 10.000 mil dólares por cada persona natural.
¿Cuál será la tasa del Simadi? El artículo 5 del Convenio Cambiario 33 señala que los tipos de cambio en el Simadi “serán aquellos que libremente acuerden las partes intervinientes en la operación, y serán registrados en la plataforma tecnológica que al efecto establezca el Banco Central de Venezuela, para su seguimiento y control”.
¿Cuándo entra en funcionamiento el Simadi? El artículo 37 el Convenio Cambiario 33, que oficializa el nacimiento del Simadi, entrará en vigencia este jueves 12 de febrero. Sin embargo, en el caso de las operaciones en las casas de cambio la fecha de inicio será el 19 de febrero a los fines de que “efectúen las adecuaciones pertinentes que le permitan realizar tales transacciones”.
El día en que Andrés amaneció en la estación de metro de Goya, en la milla de oro de Madrid -“0no podría decir que dormí allí, porque no pegué ojo en toda la noche”-, supuso un punto de inflexión en su vida. Este venezolano de 28 años llegó a la capital española en octubre, para estudiar un máster de Administración y Dirección de Empresas en una escuela de negocios. Hoy se siente un “nómada”, con su mochila “de arriba para abajo”, se aloja en casa de un amigo hasta el fin de semana. “Después, no sé dónde voy a dormir”, asegura.
Andrés es sólo uno de los 25.000 estudiantes venezolanos que subsisten como pueden en todo el mundo, con su dinero retenido en su país de origen.
La razón de su desamparo se encuentra en que, desde 2003, el Gobierno no les permite cambiar sus bolívares a euros o dólares directamente. Quienes quieran cursar posgrados o doctorados en el exterior depende, para poder obtener divisas extranjeras, de la aprobación del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex). Este curso, las solicitudes estudiantiles o se encuentran en un permanente ‘stand by’ o son rechazadas. El problema es que muchos de estos jóvenes se encuentran ya fuera de sus casas. Y no pueden acceder a sus cuentas corrientes.
De la gestión de Cencoex depende también, además, el pago de sus matrículas universitarias. Por eso, a la ya precaria situación estos jóvenes han de añadir la presión de los centros, algunos de los cuales amenazan con retirarles el visado de estudiante si no saldan su deuda.
Manifestaciones en todo el mundo
Según sus propios cálculos, son unos 4.000 los estudiantes venezolanos que se encuentran en esta situación en España, aunque no existen datos oficiales. Este jueves juntarán sus voces a las de los miles de compatriotas que se concentrarán ante las embajadas en todo el mundo para exigir una solución al Gobierno de Caracas.
“No es que no tengamos el dinero, es que no nos dejan llegar a él”, explica Carlos Moreno, estudiante de posgrado en Salt Lake City (EEUU), que se ha erigido en portavoz de sus compañeros en todo el mundo, y es el único de ellos que se atreve a ver publicado su nombre y apellido. “Tienen miedo de lo que les pueda pasar, a ellos y a sus familias, que siguen allí. Miedo a la fortísima represión que sufre la población en Venezuela”, confiesa.
Ninguno de los jóvenes revela su identidad por miedo a represalias, a ellos o a sus familias
“Es muy difícil explicar lo que nos está pasando porque para nadie, fuera de Venezuela, tiene sentido que no podamos acceder a nuestras cuentas corrientes para cambiar nuestros bolívares a dólares o euros”, afirma este joven politólogo. “No es un favor del Estado, no es una beca, mucho menos un regalo”, recoge el comunicado elaborado por los residentes en Madrid.
Burocracia cada vez más dura
Desde la instauración del control cambiario en el país bolivariano, los estudiantes han tenido que seguir un estricto protocolo antes de poder salir a estudiar fuera. Primero, deben presentar ante Cencoex un documento en el que explican qué van a estudiar, durante cuánto tiempo y por qué sus estudios serán “beneficiosos para el país”. Después, el Estado les aprueba la solicitud y, siempre con Cencoex como intermediario, ingresa el importe de la matrícula y, en su caso, el seguro médico, a la Universidad de destino. Además, es también el encargado de enviar al alumno una cantidad mensual para su manutención (en Europa, un máximo de 1.370 euros mensuales), que tomará de la cuenta corriente del beneficiario.
Los requisitos para aprobar la adquisición de divisas destinadas a fines académicos se endurecieron en la primavera de 2012, cuando el Gobierno estableció unas “áreas prioritarias de formación”, que tendrían como referente el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
“Si tus estudios están fuera de la lista, lo tienes difícil”, asegura Ana, portavoz de sus compañeros en Madrid. Los problemas empezaron a surgir en Dublín, la primavera pasada. El Gobierno de Maduro sospechaba que tras el incremento de casi un 90% del número de venezolanos residentes en Irlanda entre 2008 y 2013 se escondía un mercado negro de divisas, así que decidió cerrar el grifo. “Tenemos casos de prostitución, algunos comen una vez al día”, denunciaron los jóvenes.
Aquello supuso un punto de inflexión y, hoy, 25.000 estudiantes en todo el mundo esperan una respuesta de la institución cambiaria, según los propios listados del gobierno bolivariano. Las que llegan, son siempre negativas.
4.000 afectados en España
A falta de datos oficiales, los propios jóvenes han calculado que son unos 4.000 los afectados que se encuentran en territorio español. “En 2011, llegaron 2.033 venezolanos entre 20 y 28 años, un 13% más que el año anterior. Hemos realizado una proyección, teniendo en cuenta que el endurecimiento de las condiciones de vida allí ha favorecido una salida masiva de jóvenes del país”, explica María, residente en Madrid.
Las deudas con las líneas aéreas internacionales impiden que vuelvan a casa
Al teléfono de Carlos Moreno han llegado todo tipo de llamadas “desesperadas”: “Un chico que vino a jugar al baloncesto a Utah me pidió ayuda. Tiene 18 años y llevaba dos noches durmiendo en un McDonald’s. Otra chica tuvo que ser hospitalizada por cálculos renales y, como no había pagado el seguro internacional, ahora debe al hospital más de 20.000 dólares por cinco días de ingreso”.
Tan extrema ha llegado a ser la realidad de estos jóvenes que la rectora de la Universidad de Salt Lake aceptó concederles una prórroga en el pago, calificando el caso de “humanitario”, a cinco estudiantes que se encontraban a punto de ser deportados. En España, la Universidad de Alcalá (UAH) también ha admitido retrasar la obligación de pagar sus másteres hasta abril a los 26 alumnos que tiene en esta situación. La defensora universitaria, Enriqueta Arias, ha sugerido incluso que el centro se dirija directamente al gobierno venezolano, aunque todavía no hay un plan de acción claro. “Estos chicos están en una situación muy angustiosa, se sienten desamparados. La Universidad tiene que brindarse a escucharles y actuar solidariamente”, asevera.
Caridad y ayuda comunitaria
“Te dejan seguir estudiando, sí, ¿pero cómo vives?”, se pregunta Moreno. Las distintas soluciones a esa pregunta pasan de la ayuda desinteresada de amigos y familiares al recurso a organizaciones caritativas. La comunidad venezolana en Toronto (Canadá), ha sido la salvación de Paulina. Han recogido alimentos y ropa de abrigo para pasar el crudo invierno.
“Llevo cinco meses esperando una respuesta para poder acceder a mis divisas. En mi college había, hasta diciembre, 400 compañeros en la misma situación que yo, y en enero han llegado muchos más. Hay tantos, que la universidad ha aceptado un pago fraccionado, pero quién no cumpla los plazos se enfrentará a problemas legales”, relata esta joven, que limpia o cuida niños para poder salir adelante.”Si abandonas, es casi peor, porque pierdes el visado de estudiante y te conviertes en ilegal”, dice.
La Embajada Venezolana en España no ofrece ninguna soluciona estos jóvenes ni ha respondido a las preguntas de EL MUNDO. “A quien se queje allí, lo investigan inmediatamente”, sostiene Moreno.
El pasado viernes, Ana y sus compañeros en Madrid acudieron a Williams Cárdenas, coordinador de la Plataforma Democrática Venezolanos en España, en busca de consejo. “Lo que sucede con los estudiantes forma parte del gran desbarajuste económico, del caos total de un Gobierno que no asume sus compromisos internacionales”, denuncia este abogado. Por su parte, llevará el caso ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Cree que la solución pasa por dar visibilidad a su problema, pero entiende que muchos teman dar la cara en las concentraciones internacionales de mañana. “Si alguno alza la voz, las consecuencias pueden ir más allá de la revocación de sus divisas. Hay que recordar que esta semana se ha revelado la existencia de una terrible prisión en el centro de Caracas. No por nada la llaman ‘la tumba’…”, dice.
Las filtraciones en los medios de las cuentas del HSBC en Suiza “son sólo la punta del iceberg”, dijo a un diario francés Herve Falciani, el exempleado del banco británico que suministró información sobre clientes de la entidad y su situación impositiva.
Falciani, quien no dio detalles en la entrevista con Le Parisien, dijo que las autoridades impositivas tuvieron acceso a muchos más datos que los medios, incluyendo el diario francés Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Al ser consultado sobre si más clientes fueron involucrados que los 106.000 identificados por Le Monde, Falciani dijo:
“Por supuesto, hay mucho más de lo que tuvieron los periodistas. Hay millones de transacciones (entre bancos) en los documentos que di (al gobierno).
“HSBC admitió el domingo fallas en su subsidiaria suiza y se enfrenta a investigaciones de autoridades estadounidenses y abogados británicos, luego de que reportes de prensa dijeran que ayudó a clientes ricos a evadir impuestos y ocultar millones de dólares en activos.
Bautizada “SwissLeaks”, la investigación es un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz del día las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.
El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a un exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y luego alto cargo de su gobierno, al también fallecido banquero español Emilio Botín, o a futbolistas como el uruguayo Diego Forlán.
En el período analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer país con una mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de 14.800 millones, según los archivos filtrados.
Los ficheros publicados son extraídos de datos copiados por el informático Hervé Falciani, ex empleado de la filial suiza de HSBC. Estos datos sólo eran conocidos por la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa.
SOBRE CÓMO SE SACARON 60 MIL ARCHIVOS de la filial del banco HSBC en Suiza hasta el impacto que ha tenido la publicación de una de las mayores filtraciones de información de los últimos tiempos, hablan los periodistas venezolanos Joseph Poliszuk y Emilia Díaz Struck, quienes participaron en la investigación global conocida como Swiss Leaks, que demostró cómo el secreto bancario favorece actividades ilícitas en el mundo.
Poliszuk y Díaz formaron parte de los 145 reporteros de 45 países que agrupa el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que coordinó la investigación basada en el análisis de más de 100 mil clientes de la institución financiera en Ginebra. El nombre de Venezuela resalta especialmente en el escándalo de la también llamada Lista Falciani, al ubicarse como el tercer país con mayor cantidad de dinero en cuentas ocultas de la banca suiza, después de la propia Suiza y Gran Bretaña. El reportaje sobre el capítulo venezolano, publicado en el portal www.armando.info el domingo 8 de febrero de 2015, confirma que 85% de los fondos colocados por Venezuela en la filial suiza del HSBC (casi 12 mil millones de dólares de $14.800) corresponde a las estatales Tesorería Nacional y Banco del Tesoro. El exteniente Alejandro Andrade y el actual ministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, figuran como los depositantes.
Pero ¿y cómo lo hicieron? ¿Cuál es el “detrás de cámara” de este escándalo internacional?
Los periodistas Joseph Poliszuk y Emilia Díaz Struck revelan los entretelones del Swiss Leaks
Diez pasos para destapar las cuentas ocultas con dinero venezolano en la banca suiza:
Se filtraron los documentos
Hervé Falciani, programador informático franco-italiano, quien trabajaba en la sucursal HSBC en Ginebra, extrajo 60 mil archivos digitales de la institución, registrados entre 2005 y 2007, con los cuales huye a Francia en 2008 por temor de ser apresado. Se convirtió de inmediato en testigo protegido y la Hacienda francesa abrió una investigación sobre el caso, que compartió con los gobiernos de Argentina, Bélgica, Inglaterra y España.
La reputación de HSBC ya era cuestionada por una investigación del Congreso norteamericano, que en 2012 advirtió sobre la falta de controles de la filial suiza, que permitió el posible manejo de millones de dólares provenientes de los carteles de la droga en América Latina y vínculos con la organización terrorista Al Qaeda . Para evitar que las denuncias llegaran a un juicio, los directivos de la institución pagaron 2.000 millones en EEUU.
El primer contacto
En 2014 el periódico francés Le Monde tuvo acceso a los archivos del banco HSBC que Falciani proporcionó a la Hacienda francesa. En vista de que el diario sólo estaba en capacidad de manejar periodísticamente 3 mil cuentas bancarias correspondientes a Francia, contactó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) para gestionar el resto del trabajo sobre clientes de otros países.
El ICIJ es una organización sin fines de lucro, con reconocida experiencia en coordinar investigaciones transnacionales, sobre temas globales como el crimen organizado, evasión de impuestos y lavado de capitales. Con sede en Washington, agrupa a 160 periodistas de investigación alrededor del mundo. Entre sus investigaciones globales, destacan la filtración sobre los paraísos fiscales (conocida como los Off shore leaks) y Luxemburg leaks, acerca de la evasión de impuestos de empresas.
Había que distribuir el trabajo
Debido a la dimensión de los archivos, el ICIJ reparte el trabajo entre 45 medios aliados en todo el mundo para procesar los datos periodísticamente. El capítulo venezolano lo asumen, en septiembre de 2014, los periodistas Emilia Díaz Struck (miembro del ICIJ), quien también actuó como editora de la investigación global, y Joseph Poliszuk, que ha participado en investigaciones transnacionales coordinadas por el ICIJ, como el tráfico del mineral Coltán. Los hallazgos sobre cuentas de Venezuela fueron publicados en el portal armando-info, dedicado a reportajes de investigación.
Se capacitaron para usar una plataforma especial
La data digital original, almacenada en discos duros, era muy compleja para procesar e interpretar. Estaba estructurada por diferentes tipos de archivos, entre ellos los que detallaban números, o los que presentaban listas de nombres sin datos, por lo que se requirió la ayuda de un equipo de especialistas en área informática no sólo para realizar una primera filtración sino también para crear plataformas que permitiesen compartir información de manera segura entre los periodistas involucrados en la investigación transnacional.
Crearon una redacción virtual
De esta manera, los 145 periodistas desde los 45 países podían intercambiar datos y compartir pistas para el seguimiento de los temas. También fue necesaria la capacitación para el manejo de archivos e interpretación de datos.
Empezó el análisis de datos
Cada periodista en su respectivo país emprendió la búsqueda de información en la base de datos procesada por el ICIJ. El consorcio trabajó en el análisis global y algunos casos puntuales, pero los reporteros extrajeron datos de los archivos para construir su propia historia.
Armar el cuento
A pesar de que Venezuela es un cliente VIP del HSBC en Suiza, fue un capítulo difícil de investigar porque a diferencia de otros países, existen muy pocos registros de las operaciones efectuadas por los venezolanos. En otros casos, el banco dejó por escrito constancia de visitas de titulares, detalles de sus requerimientos e incluso las cuestionadas recomendaciones para evadir impuestos mediante la creación de empresas en paraísos fiscales. No ocurrió así con los clientes venezolanos, de los cuales no hay rastro ni de posibles visitas a la oficinas bancarias.
En Venezuela, las pesquisas no fueron menos complicadas. Pocas personas accedieron a declarar sobre temas financieros, salvo el diputado Andrés Velásquez, quien solicitará abrir una investigación sobre el caso en la Asamblea Nacional. Las fuentes involucradas en Swiss Leaks venezolano, el exteniente Alejandro Andrade, ex secretario privado de Hugo Chávez y el ministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, no respondieron a las reiteradas peticiones de entrevista.
Publicación mundial simultánea
Los 60 medios de 45 países que participaron en la investigación acordaron publicar las primeras revelaciones el domingo 8 de febrero a las 4:30 pm (hora local Venezuela) para lograr un mayor impacto internacional.
Definiendo la lista
Aunque se habla de la “Lista Falciani”, que remite al responsable de la filtración de documentos, en los Swiss Leaks no existe una lista única de nombres como tal sino una serie de documentos con información dispersa que debe depurarse.
La investigación no pierde de vista que no todo aquel que tenga una cuenta en un banco en Suiza sea necesariamente un delincuente. Entre los 100 mil clientes del HSBC provenientes de 34 países, hay que distinguir los que comenten ilícitos. Por ello, atendiendo a la política común del ICIJ de privilegiar el interés público, los periodistas venezolanos investigan responsablemente si existen o no irregularidades detrás de cada nombre para evitar quedarse en la simple publicación de una lista de clientes.
Tampoco es ilegal que un Estado deposite fondos públicos en una cuenta internacional, aunque estas prácticas pueden revelar los intereses y cómo el poder mueve el dinero en cada país. En el caso venezolano, se cuestiona la falta de transparencia de las autoridades sobre el destino del erario público. Mientras que en España, la polémica está encendida por la evasión fiscal de multimillonarios, como el banquero Emilio Botín, ex presidente del Banco Santander.
Esta historia continúa
La investigación sobre las cuentas de venezolanos en la banca suiza está en progreso. La publicación del 8 de febrero de 2015 es apenas una primera entrega.
El Swiss Leaks va más allá de los movimientos del dinero en cada país. Se trata de la punta del iceberg de los manejos irregulares de la institución bancaria en el mundo. Abre el debate sobre el secreto bancario en la lucha global contra la corrupción y el tráfico de armas y drogas. El impacto que ha tenido la investigación del ICIJ local e internacionalmente confirma que los mecanismos para evadir impuestos o desviar recursos de los países terminan afectando al ciudadano común.
Lee el trabajo completo sobre los Swiss Leaks venezolanos publicado en www.armando.info
“LAS ACTAS FIRMADAS POR ESTOS JÓVENES revelan que ellos no han sido torturados en el Sebin, revelan que han recibido a los familiares directos y sus abogados”. Las palabras del Defensor del pueblo, Tareck William Saab, producen en seguida miradas y gestos de rechazo en Mariana Serrano. Su esposo, Gerardo Carrero, está encerrado en una celda de 2×3 metros. El aire acondicionado está en la mínima temperatura y las luces blancas no se apagan a ninguna hora del día ni de la noche.
Carrero está detenido en el sótano 4 de la sede del Sebin en Plaza Venezuela en una celda a la que llaman “La Tumba”. En celdas contiguas están Gabriel Valles, Lorent Saleh y Juan Miguel de Sousa. La luz solar les está racionada: media hora por semana. Saab asegura que no ha habido tortura, pero para los familiares de los detenidos y las organizaciones de Derechos Humanos, el solo lugar atenta ya contra sus derechos fundamentales.
Fotografías de “La Tumba” no existen. Estas ilustraciones son una primera aproximación con base en las descripciones de quienes han entrado al lugar:
Lea también: Estar en “La Tumba” es una muerte lenta
Mariana Serrano es la esposa de Gerardo Carrero, joven detenido en el cuarto nivel de sótanos del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela. Allí funciona un centro de detención y tortura conocido como ‘La Tumba’ en el que también se encuentran Gabriel Valles Sguerzi y Lorent Gómez Saleh
¿LA TUMBA? ESE NOMBRE NO SE LO PUSIERON ELLOS a ese lugar. Los agentes del Sebin solían decir a los estudiantes y manifestantes detenidos en el Helicoide: “¡No se quejen! portense bien y den gracias a Dios que están aquí y no en La Tumba”. Se referían a los siete calabozos en el cuarto nivel de sótanos de la torre del Sebin en Plaza Venezuela. En el Helicoide, a Gerardo lo colgaron por los brazos y le rompieron tablas en las piernas. Pero las torturas en ‘La Tumba’ son peores, porque dejan huellas más profundas, que no se borran.
Mi nombre es Mariana Serrano, soy la esposa de Gerardo Carrero, detenido en ‘La Tumba’ del Sebin en Plaza Venezuela. Mi esposo fue detenido el 8 de mayo del año pasado en el campamento frente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas. Su última audiencia fue el 16 de enero. Ese día, la jueza renunció y ahora todo el juicio se echó para atrás y debemos comenzar de nuevo.
Mi esposo usa braga color beige, un uniforme. Solo le permiten vestirse con su ropa los días de visita: domingos y martes. No les dejan leer periódicos, ni ver noticias. Le he llevado cuadernos, lápices y colores, un block de dibujo. Él pintó un paisaje para uno de nuestros hijos y luego tuve que rogar a un funcionario para que me dejara sacar el pedazo de papel. “No quiero ver eso en redes sociales”, me dijo. Gerardo me ha pedido que le lleve un ajedrez, no he podido comprárselo.
Gerardo está cumpliendo hoy (8 de febrero) nueve meses de encarcelamiento. Hoy no podré llevarle comida, almorzar juntos como cada vez que lo visito. Eso sería como torturarlo, porque Gerardo, Gabo (Gabriel Valles Sguerzi) y Lorent (Gómez Saleh) iniciaron el sábado 7 de febrero una huelga de hambre para exigir el cese de las torturas y el traslado a otras instalaciones.
Yo me opuse, le dije que no estaba de acuerdo, lo conversé con él. Pero Gerardo es terco, me respondió que los tres han llegado a un punto en el que prefieren morir que seguir allí adentro. Me dijo, sobre todo: “Ya esto es una muerte lenta”. Yo lo comprendo, pero tenemos dos hijos. El mayor tiene seis años, el pequeño apenas cumplió dos el 28 de diciembre. Ellos ya entienden, no podemos mentirles.
Llevo un suéter y ropa abrigada cada vez que lo visito. Ese es un lugar frío, bajo tierra, mantenido a bajísimas temperaturas, casi como un frigorífico. Varias veces he tenido que pedirle a un comisario que controle el aire acondicionado. Es insoportable. Aunque sé que después de que termine la visita volverán a ajustarlo para torturarlos. En las otras celdas están Gabriel Valles Sguerzi y Lorent Gómez Saleh. Los tres están aislados de todo, en esa bóveda forrada de concreto macizo. Se ven poco, a veces se gritan entre celda y celda. La soledad es muy grande allí abajo. El otro día estaba yo con Gerardo en la sala de visitas y Lorent hacía sonar el timbre para ir al baño una y otra y otra vez. Gritaba: ‘Gerardoooo, por favor, dígales que me abran, necesito ir al baño’. Nadie se movió.
Esto nos ha cambiado la vida a todos.
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Gerardo está delgado, si ya comía poco o nada de lo que le servían ahora estará peor. La comida es terrible, yo misma la he visto. Lo veo pálido, tembloroso. Siempre se enferma del estómago, me cuenta que pasa días con vómitos y diarrea. Le sobrevienen dolores de cabeza y a ratos le dan puntadas en el estomago, dolores de muela, molestia en los ojos. Tiene unos abscesos en los glúteos y en los brazos.
Solo están tomando agua. Ni la mamá de Lorent, ni los de Gabo, ni los de Gerardo, ni yo hemos podido conseguir suero. Gerardo duerme muy poco, porque la luz los atormenta. La mantienen día y noche encendida. Les dan la comida a distintas horas, para que no tengan noción del tiempo ni sepan ya qué día es. Les hemos advertido que cuando dejen de oír el metro es porque es de noche.
Yo he tenido que mudarme desde San Cristóbal, estoy quedándome en casa de familiares en Caracas, mientras él sigue aquí. Mi otro hijo está con la mamá de Gerardo, quien es docente y trabaja en el Gobierno de Táchira, en manos de Vielma Mora. El papá de Gerardo es comerciante, se mata para hacer dinero y se lo gasta todo en una semana en Caracas. Todos nos turnamos para ir a verlo y darle fuerzas. Su hermana viene una semana, la otra va la mamá, el papá cuando puede y yo que estoy pendiente de ir a verlo todas las semanas.
¿Qué me molesta? Saber que Gerardo está preso injustamente, que no hizo nada ilegal, que lo agarraron en una carpa, en un campamento de estudiantes que pedía el cese de la represión y la libertad de los estudiantes detenidos. El abuso de las autoridades, el maltrato y la tortura a la que los someten.
¿El momento más duro? Que mis hijos lloren por su papá, que se le guinden y no quieran separarse de él. Mis hijos le lloran, le imploran, a los custodios para que no los saquen. “Un ratico más”, les dicen. Los niños lo extrañan, quieren ir al parque con él, jugar. Uno espera que los cumpleaños sean reuniones de amiguitos, con globos y tortas. Uno nunca se imagina que el cumpleaños de un hijo va a ser una visita en un centro de detención y torturas.
¿Miedo? Gerardo no tiene miedo. A veces lo noto triste, pero no les tiene miedo. Su papá quiere que cuando todo termine —si es que termina algún día— Gerardo se vaya con nosotros fuera del país. Él le dice que no, que nunca se irá de Venezuela. Él sigue estudiando, sigue leyendo, aunque los guardias revisan todo lo que llevamos y no permiten pasar ningún texto de política. Dice una y otra vez que no descansará, que seguirá luchando por el país. No han logrado quebrarlo, no van a doblegarlo. Nunca lo he sentido lleno de odio, su mamá me dice: ‘ya sabe lo que tiene que decirle, recuérdele a Gerardo que lo amo, que estamos rezando por él, que se mantenga fuerte’. Y él cumple, mantiene su fe, dice que cree en la reconciliación del país.
Las palizas son hoy el método más habitual de tortura y maltrato en todo el mundo, de acuerdo con Amnistía Internacional. Las palizas pueden consistir en patadas y puñetazos, y también pueden entrañar el uso de palos, culatas de armas, látigos improvisados, tuberías de hierro y bates de béisbol. Las víctimas pueden sufrir hematomas, hemorragias internas, fractura de huesos, pérdida de dientes, rotura de órganos y, en ocasiones, la muerte, indica la organización en su sitio en Internet. Amnistía Internacional también ha documentado entre 2013 y 2014 prácticas y métodos de torturas aplicados en todo el mundo, que incluyen, pero no se limitan a: aislamiento prolongado, privación del sueño, privación sensorial, condiciones de detención inhumanas, someter a las personas privadas de libertad a largos períodos de calor o frío extremo y negación de asistencia médica. Todas estas prácticas mencionadas han sido denunciadas por los detenidos en los sótanos del Sebin en Plaza Venezuela y sus familiares. En un comunicado difundido por los padres de Carrero, Valles y Gómez Saleh, los jóvenes exigen el cese de las torturas, de la privación de la luz solar, la libertad de los presos políticos, el cierre definitivo de ‘La Tumba’ y el cese del aislamiento celular, como se conoce a la práctica en los calabozos del Sebin.
El aislamiento prolongado es un método de tortura, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). Juan Méndez, representante especial de ONU para la Tortura, define el aislamiento carcelario como un régimen en donde se mantienen aislados a los internos, viendo sólo a guardias, durante al menos 22 horas al día.
Este procedimiento ha sido usado por países del norte de África, EEUU e Israel, pero también por grupos terroristas como Al Qaeda. El aislamiento prolongado puede producir daños irreversibles que comienzan con depresión, insomnio, ansiedad, privación sensorial y emocional, episodios de neurosis, pero que en casos extremos puede llegar hasta el entumecimiento emocional, el decaimiento de las capacidades intelectuales y pérdida de memoria, de acuerdo con estudios de la Universidad de California, que documentó los efectos de este método de tortura en prisioneros y que fueron publicados en un trabajo de la BBC.
La práctica del aislamiento es utilizada para intentar ‘quebrar’ a los recluso psicológica y emocionalmente. También para lograr que aporten información, o simplemente como castigo corporal y psicológico. La ausencia de contacto con otras personas, la soledad, el silencio y la privación de luz y aire natural, puede también causar trastornos y llevar a la locura.
El documental The Gatekeepers (Los Guardianes, 2012), del director israelí Dror Moreh revela algunas prácticas de aislamiento utilizadas por el Shin Bet, el servicio secreto interno israelí, contra prisioneros palestinos. Avraham Shalom y Yaakov Peri, ex jefes de esta agencia de inteligencia entre 1980 y 1994, revelaron en entrevistas que los servicios secretos cubrían los ojos de los prisioneros, les sacudían el cráneo, les dejaban horas en la oscuridad absoluta y los sometían a largos períodos de aislamiento para quebrar la voluntad los sospechosos.
Junto a la Fracción Parlamentaria de Primero Justicia, el diputado a la asamblea Nacional, Ismael García, presentó pruebas que demuestran al país que las empresas confiscadas por parte del Gobierno se encuentran totalmente abandonadas e inoperativas.
En este sentido, destacó que a través de la Operación Lupa han llegado numerosas denuncias de irregularidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Destacó que recientemente los trabajadores del cemento escribieron en la página www.OperacionLupa.com para informar que la industria se paralizará en un 30% de su producción en un mes, y que en los próximos 45 días se paralizara totalmente, porque el año pasado no se adquirieron los insumos que requerían para la producción de este año.
García aseveró que la crisis económica que cada día se agrava más y que afecta al bolsillo de los venezolanos, se ha venido acentuando porque se destruyo el aparato productivo.
“Hace pocos días presentamos un video del eje industrial y agrícola del estado Aragua, entre Tejería, La Victoria y San Mateo, donde fueron expropiadas más de 53 mil hectáreas destinadas a producir desarrollos organopógicos, solo sin en el Paula Correa hay más de 136 hectáreas, construidos sobre ellas hay galpones donde no han sembrado ni una mata de cilantro y esperaban producir 156 mil toneladas de horalizas al año”.
El parlamentario recordó la expropiación de 4 millones de hectáreas que eran productivas, asimismo destacó que han cerrado más de 600 mil medianas y pequeñas empresas del sector productivo y manufacturero, y más de 6 mil empresas en el eje industrial que va entre Guarenas a Puerto Cabello.
Aseveró que Primero Justicia continuará desplegado por todo el país, recogiendo las denuncias “para poner en evidencia a estos corruptos e irresponsables, porque la corrupción se ha tragado este gobierno”.
Finalmente el diputado a la Asamblea Nacional, Ismael García, informó que junto al diputado Julio Montoya, acudirán a la Fiscalía General de la República para que se aperture una investigación en torno a la información que ha trascendido a través de los medios de Comunicación, en relación a depósitos mil millonarios por parte de venezolanos en la filial suiza del banco HSBC.
“Se ha anunciado que con 8 mil millones de dólares se resuelve el problema de la comida en Venezuela y el Gobierno ha hecho gestiones ante todo el mundo para conseguir préstamos y hasta ahora no se ha podido conseguir ese dinero, así que el gobierno tiene que dar explicaciones sobre ese tipo de depósitos en el exterior y todo lo que tenga un origen fraudulento debe repatriarse al país para compensar la grave crisis de ingresos por la caída en el precio del petróleo”
La fiscal general Luisa Ortega Díaz enfatizó que no es necesario utilizar armas de fuego para controlar protestas y anunció que en las próximas horas su despacho hará llegar al Ministerio de la Defensa las observaciones a la resolución 8.610, que autoriza la intervención del Ejército, la Armada y la Aviación en manifestaciones.
No puede haber dudas porque para el momento de la implementación de esas normas, si no existe claridad, la actuación no será uniforme ni adecuada , comentó.
Ortega Díaz precisó que el derecho a la protesta pacífica está reconocido en la Constitución, la cual establece que los órganos de policía civil deben encargarse por velar por el orden público. Indicó que en caso de que se produzcan situaciones de gran magnitud se puede recurrir al apoyo de la Guardia Nacional.
A pesar de estas observaciones la fiscal general calificó como positivos los intentos por establecer normas que regulen el control de las manifestaciones, se reconozca la necesidad de coordinar con el Ministerio Público y la Defensoría y se delimite la responsabilidad de los efectivos militares.
Balance
Ortega Díaz presentó un balance de la actuación de su despacho durante las protestas que se registraron durante el primer semestre del año pasado.
Indicó que las acciones violentas que se generaron en el marco de estas manifestaciones dejaron un saldo de 43 fallecidos y 878 lesionados. De esta cantidad 600 fueron civiles y 278 efectivos policiales y de la Guardia Nacional.
Señaló que fueron aprehendidas 3 mil 351 personas, de las cuales a 1 mil 436 se les solicitó sobreseimiento, 1 mil 402 fueron acusadas, 6 tienen archivos fiscales y 507 siguen en proceso de investigación.
Informó que un total de 41 personas tienen medidas privativas de libertad, de las cuales 27 son civiles y 14 son funcionarios.
Uno de los detenidos por estos casos fue el abogado Marcelo Crovato, quien, actualmente permanece recluido en el internado judicial de Yare. La fiscal general indicó que el Ministerio Público solicitó a los tribunales el otorgamiento de una medida menos gravosa que le permita ser juzgado en libertad.
