La fiscal general Luisa Ortega Díaz enfatizó que no es necesario utilizar armas de fuego para controlar protestas y anunció que en las próximas horas su despacho hará llegar al Ministerio de la Defensa las observaciones a la resolución 8.610, que autoriza la intervención del Ejército, la Armada y la Aviación en manifestaciones.
No puede haber dudas porque para el momento de la implementación de esas normas, si no existe claridad, la actuación no será uniforme ni adecuada , comentó.
Ortega Díaz precisó que el derecho a la protesta pacífica está reconocido en la Constitución, la cual establece que los órganos de policía civil deben encargarse por velar por el orden público. Indicó que en caso de que se produzcan situaciones de gran magnitud se puede recurrir al apoyo de la Guardia Nacional.
A pesar de estas observaciones la fiscal general calificó como positivos los intentos por establecer normas que regulen el control de las manifestaciones, se reconozca la necesidad de coordinar con el Ministerio Público y la Defensoría y se delimite la responsabilidad de los efectivos militares.
Balance
Ortega Díaz presentó un balance de la actuación de su despacho durante las protestas que se registraron durante el primer semestre del año pasado.
Indicó que las acciones violentas que se generaron en el marco de estas manifestaciones dejaron un saldo de 43 fallecidos y 878 lesionados. De esta cantidad 600 fueron civiles y 278 efectivos policiales y de la Guardia Nacional.
Señaló que fueron aprehendidas 3 mil 351 personas, de las cuales a 1 mil 436 se les solicitó sobreseimiento, 1 mil 402 fueron acusadas, 6 tienen archivos fiscales y 507 siguen en proceso de investigación.
Informó que un total de 41 personas tienen medidas privativas de libertad, de las cuales 27 son civiles y 14 son funcionarios.
Uno de los detenidos por estos casos fue el abogado Marcelo Crovato, quien, actualmente permanece recluido en el internado judicial de Yare. La fiscal general indicó que el Ministerio Público solicitó a los tribunales el otorgamiento de una medida menos gravosa que le permita ser juzgado en libertad.
