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Estados Unidos, Venezuela y Unasur: cuatro preguntas por Paz Zárate

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El reciente anuncio de sanciones por parte de Estados Unidos a siete funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en razón de severas violaciones a los derechos humanos ha gatillado pronunciamientos de alto calibre en la región. La Asamblea Nacional venezolana concedió a Maduro autorización para gobernar por decreto para “garantizar la pervivencia de la nación” ante sanciones que el Presidente calificó como una intervención de tipo “enloquecido, infame, infausto y vergonzante”. Legislar “de manera ágil” evitaría efectos perniciosos de la injerencia de “potencias extranjeras” —en plural— y reforzaría la “protección de la economía local ante los causantes de la guerra económica”.

No menos dramática fue la encrucijada trazada por Maduro para el resto de la región (“o se está con Venezuela, o se está con el imperio yanqui”). La Unión de naciones sudamericanas, UNASUR, no dejó lugar a dudas de su posición, pues consideró estas medidas como contravenientes de la legalidad internacional, al amenazar —a su juicio— la soberanía y el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados. La expresión “derechos humanos” brilla por su ausencia en el breve comunicado de UNASUR. Su identificación con la posición del gobierno venezolano es total, erosionando la posibilidad de ejercer buenos oficios para fomentar diálogo o mediación en calidad de tercero imparcial.

Estos hechos deben generarnos cuatro preguntas. Y la primera debe ser si estas reacciones son proporcionales a la causa que las genera. No cabe duda que Caracas tiene el derecho soberano de sentirse ofendida por las medidas tomadas por el gobierno estadounidense. Sin embargo, estas acciones no son “el paso más agresivo, injusto y nefasto jamás dado contra Venezuela” como las describió Maduro. Las medidas no se han tomado contra el país en su conjunto, ni contra todos sus ciudadanos, ni contra su economía, el comercio o las inversiones bilaterales, sino sólo respecto de siete funcionarios con responsabilidades individuales por violaciones severas y masivas a los derechos humanos. Individuos que —a mayor abundamiento— no están amparados por inmunidad (que podría caber para altos oficiales). A estos siete individuos se les prohíbe el ingreso a territorio estadounidense y se les impide realizar transacciones relativas a bienes localizados en Estados Unidos.

El restringido ámbito material y personal de estas sanciones responde a la primera pregunta. Lo siguiente es que nos preguntemos si estas sanciones —tan individuales que llegan a ser simbólicas—se ajustan a derecho. ¿Tiene razón Unasur en llamarlas ilegales? La justificación dada por la administración Obama fue el respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de instituciones democráticas en el marco del derecho internacional. Estas normas se contienen tanto en tratados de los cuales Venezuela y Estados Unidos son signatarios, como en el derecho internacional consuetudinario.

Las violaciones graves a los Derechos Humanos no constituyen “asuntos internos”. Son la excepción al principio de no intervención

Unasur —que curiosamente no contempla un director jurídico entre su staff senior, recientemente reclutado— da la impresión a través de su comunicado que los doce cancilleres firmantes no creyeron necesario evaluar la legalidad de estas medidas con la ayuda de un jurista especializado. Pues si lo hubieran hecho, los cancilleres habrían sopesado —antes de firmar— el hecho que las violaciones graves a los Derechos Humanos no constituyen “asuntos internos”. Es decir, tales violaciones son la excepción al principio de no intervención. Y en el caso de Venezuela, estas violaciones han sido establecidas por la ONU y los más respetados organismos internacionales no gubernamentales de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Las obligaciones internacionales esenciales relativas a los derechos humanos las asume cada Estado frente a toda la comunidad internacional: no frente a grupo de Estados en particular. Ni siquiera es necesario firmar un tratado para estar obligado por estos principios. Como revisten suprema jerarquía, y los mecanismos multilaterales existentes no cuentan con una policía central para forzar la ejecución de estas obligaciones, es posible adoptar sanciones contra el Estado infractor tanto en foros multilaterales como de manera unilateral. Lo de Venezuela es un caso que tiene precedentes de sanciones de rango material y personal muchísimo más elevado (Siria, Zimbabue, Irán, Corea del Norte, por nombrar algunos). Frente a esas sanciones, las sanciones de Estados Unidos para siete funcionarios venezolanos quedan como lo que son: un gesto menor y que el derecho, excepcionalmente, permite.

La tercera pregunta es ¿Por qué Estados Unidos? ¿No hay aquí doble estándares? Se argumenta que que el récord de cumplimiento de derechos humanos de las potencias –y hablemos en plural- dista de ser perfecto. Es verdad que pese a la jerarquía de los derechos humanos en el sistema internacional, los países en general tienden a evitar tomar acciones propias cuando se violan los derechos humanos en otro Estado: inevitablemente, las medidas generarán una controversia con el país frente al cual se adoptan. Pero tal renuencia no significa que cada Estado –cualquiera- no pueda, individualmente, adoptar sanciones, algunas pequeñas, otras más considerables. Y para hacerlo, el derecho internacional no pide exhibir una hoja de vida sin mácula (no hay Estado que la tenga).

Los efectos prácticos para los siete funcionarios venezolanos afectados por las sanciones son mínimos. El impasse entre Washington y Caracas eventualmente se solucionará. Pero la pregunta final, la más importante, queda sin respuesta: ¿qué efectos tendrá para las garantías individuales de sus ciudadanos el que Venezuela -donde ya la represión lleva una cuenta creciente de muerte y tortura- sea gobernada por decreto?

 

@pyz30

El País 

 

Banco Madrid será liquidado

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bancoMadrid

El Estado ha dado ya vía libre a la justicia para que liquide Banco Madrid. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha rechazado abrir un proceso de reestructuración o resolución de la entidad financiera –esto es, rescatarla– y devuelve la gestión de su futuro al juzgado de los mercantil número uno de Madrid. El magistrado tendrá que decidir ahora si admite o no a trámite el concurso de acreedores, que la entidad solicitó el pasado lunes. Lo previsible es que lo haga, y entonces se iniciará la liquidación de Banco Madrid.

El juez consultó el martes al organismo si era este, en base a la ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito, el que debía abordar la solución de Banco Madrid, o si correspondía hacerlo mediante la ley concursal y por tanto por la vía judicial. La comisión rectora del fondo de rescate español acordó ayer, según informó en un comunicado, «la no apertura de un proceso de resolución a la entidad».

El FROB tomó esa decisión tras recibir el veredicto de la comisión ejecutiva del Banco de España, que consideró que «no concurren los requisitos previstos legalmente» para que el Estado salga al rescate de Banco Madrid. Es decir, las autoridades consideran que la liquidación del banco, tanto por su reducido tamaño como por el perfil de sus clientes y su tipo de negocio, no supone un riesgo para la estabilidad del conjunto del sistema financiero español.

Así, el supervisor y el fondo de rescate despejan el camino para que el juez nombre una administración concursal que valore los activos y pasivos de la entidad e inicie un proceso de venta de los primeros para pagar las deudas de Banco Madrid, entre ellas los depósitos de sus clientes, todavía atrapados por la suspensión de la operativa –corralito– decretado por el Banco de España.

En este sentido, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), nutrido con las aportaciones de los bancos, informó ayer al mismo tiempo de que Banco Madrid «se encuentra en situación de imposibilidad» de devolver esos ahorros ni ahora ni en un futuro inmediato.

Por ello, y como ya había avanzado tras intervenir el banco, el fondo informó en un comunicado de que «se dirigirá próximamente a todos y cada uno de los titulares» de los depósitos «para proceder al pago de los importes garantizados», es decir, hasta 100.000 euros por titular de cuenta. El FGD, añadió, procederá a pagar esas cantidaes «con la máxima celeridad».

Persiste escasez de medicamentos

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medicamentos

 

Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), alerta que la escasez de medicamentos en la capital es de 60%, mientras en el interior del país es de 70%.

Tales cifras indican que las fallas de abastecimiento persisten como consecuencia del retardo en la entrega de divisas para el sector, situación que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por la directiva.

Sin duda la población es la más perjudicada, porque el acceso a los fármacos para tratar patologías crónicas, incluso las más severas se ve limitado, por lo tanto es un gran reto para ellos preservar la vida.

El representante de la Fefarven, reporta que hay fallas en los anticonceptivos, preservativos, vitaminas para embarazadas, cremas para quemaduras, asma, antihipertensivos, así como también fármacos para el sistema nervioso central, lo que genera molestia y desconcierto entre la colectividad.

“Tenemos que hacer énfasis en los problemas de sector salud, porque está comprometido tanto el diagnóstico como el tratamiento”.

Reconoce que el gremio tiene la obligación de denunciar la crisis que arropa a todo el territorio y además de los establecimientos farmacéuticos se evidencia en los hospitales con la falta de insumos médico quirúrgicos; gasas, algodón, inyectadoras, pruebas de diagnósticos y reactivos que necesitan los laboratorios.

 

Sin productividad

Aseveró que el Gobierno nacional tiene que incentivar la producción en Venezuela, para que las divisas puedan invertirse en el sector prioritario como el farmacéutico, de lo contrario las insuficiencias alcanzarán niveles más altos.

Dijo que el escenario actual está marcado por el mercado intermitente “a veces llegan los productos otras no” concluyó.

 

Encuentro nacional

Desde este miércoles 18 hasta el viernes 20 de marzo, se llevará a cabo la XLIX Asamblea Nacional Farmacéutica Dr. Darío Conde Alcalá.

Los espacios del Colegio Farmacéutico del estado Lara y el Auditorio Ambrosio Oropeza de la Ucla, servirán de escenario para el encuentro que contará con la participación de afiliados, delegados y presidentes de dichas instancias, dispuestos a profundizar sobre el tema de la escasez.

 

Jornadas de actualización

Simultáneamente, en la UCLA, los días 18 y 19 de marzo tendrán lugar las XVIII Jornadas de Actualización.

Freddy Ceballos, señaló que la actividad fue diseñada en beneficio del mejoramiento continuo del gremio. Esperan contar con la asistencia de médicos, licenciados en bioanálisis, administradores y otros profesionales del área de la salud.

Entre los invitados especiales destacan Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, quien centrará su ponencia en el derecho a la información y libertad de expresión. Asimismo, el economista José Guerra hablará sobre economía y salud.

La guerra intergaláctica y el bigote de Stalin por Andrés Volpe

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AN3

 

Military dictatorship is born from the power of the gun,

and so it undermines the concept of the rule of law

and gives birth to a culture of might,

a culture of weapons, violence and intolerance.

Benazir Bhutto.

Irónico es que la Asamblea Nacional, amarrada al Poder Ejecutivo con un mecate como el del infame misil visto en el despliegue militar, le otorgue al presidente poderes extraordinarios para legislar sin ella. ¿Será que se tomaron en serio aquella aberrante declaración de Samper en la cual afirmaba la existencia de la separación de poderes en el país? ¿De verdad necesita el dictador Nicolás Maduro permiso de la Asamblea Nacional para hacer lo que le da la gana? Desde que mantienen secuestrados a líderes políticos, y los policías asesinan a adolescentes que protestan por la libertad en las calles, se conoce como un hecho notorio el carácter dictatorial del régimen que sufre Venezuela.

Triste es ver cómo algunos opositores han malentendido el problema y han sido consumidos por la falsa dicotomía auspiciada por la dictadura: Venezuela vs. Estados Unidos. Las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano apuntan hacia los corruptos revolucionarios que, mediante el robo descarado y la sinvergüenza que creen les otorga el cargo, incurren en delitos dignos de ser sancionados internacionalmente. Mal podría creerse que ellos son la patria, Venezuela, y que todos nosotros, los venezolanos, somos una amenaza para Estados Unidos. Quizás Barack Obama pecó al no ser más específico en su declaración, como afirma Carlos Alberto Montaner en su artículo “Historia secreta de un conflicto inevitable”, pero el objetivo es claro y no debe ser malentendido por aquellos que sufren las injusticias de la dictadura. ¿Será que nos estamos acostumbrando a la ignorancia de Nicolás?

La Ley Habilitante Antiimperialista, incluso promulgada preservando una legalidad hueca, es un instrumento que destruye cualquier pretensión democrática, más aún bajo el falso argumento de la defensa de la patria. Ya advierte el abogado Alberto Arteaga Sánchez que hay elementos, dentro de la amplitud e imprecisión conceptual en la redacción del instrumento, que están siendo dirigidos hacia la supresión de la disidencia interna. No debería causar ninguna sorpresa entonces que esta Ley Habilitante Antiimperialista no sea usada para atacar a los monstruos que se le presentan a Nicolás en sus delirios de guerras intergalácticas –¿hacia dónde apuntarían las armas?–, sino para la represión sistemática de todo aquel que, convencido en los principios democráticos, piense diferente y denuncie a Nicolás como el criminal que confiesa ser. Sobre todo, luego de que, en un ánimo grotesco y burdo, comparara su bigote con el de Stalin. ¿Será que nadie le dijo alguna vez que Stalin fue el responsable de una hambruna que acabó con la vida de más de 5 millones de ucranianos? Un chiste muy pesado para el venezolano que empieza a morir haciendo colas para comprar alimentos escasos.

Así mismo, resulta preocupante que, mediante esta Ley Habilitante, el discurso oficial ahora pretenda separar a los venezolanos entre patriotas y traidores, ya que el traidor siempre es deshumanizado. Vieja técnica socialista la de deshumanizar al oponente para asesinarlo sin remordimiento. Quizás Roy Chaderton pueda decirnos nuevamente cómo es que suena una bala al atravesar la cabeza de un opositor. No obstante, independientemente del ruido que haga, la Ley Habilitante Antiimperialista pretende poner al país en alerta de guerra, donde los asesinos del régimen dispararán bajo el argumento de proteger a la patria del imperialismo invasor, del espía imperialista que puede ser un John Smith o un Pedro Pérez, un demócrata o un comunista arrepentido, un sifrino del Country o alguien que no consiguió pollo después de hacer una cola por más de tres horas; no importa, porque el traidor no es gente y la cabeza seguramente le suena hueca, si se sigue la lógica de los voceros de la dictadura.

La dictadura sigue en camino hacia la radicalización y este instrumento es un escalón más en la escalera que Nicolás construye, bajo el tutelaje de sus gurúes cubanos, para ascender hacia el dominio total del país por medio de la militarización. Si bien el despliegue militar estuvo plagado de eventos tragicómicos y, sin lugar a dudas, echan por el suelo cualquier posibilidad real de resistir una invasión armada por parte de alguna potencia extranjera, el régimen tiene suficiente fuerza bruta para reprimir a los demócratas desarmados y pacíficos a nivel interno. Por ende, una vez allá arriba, no hay nadie quien lo baje de esa nube, sino los mismos militares que, con bozal de arepa, le construyeron los peldaños.

 

@andresvolpe

El Nacional

Concejal Prat denuncia abandono de la parroquia Unare

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UnarePtoOrdaz

 

“Seguramente este año veremos a personeros del Gobierno en la UD-338”. El concejal de Caroní, José Prat, acudió al llamado de los vecinos del sector popular UD-338, perteneciente a la parroquia Unare de Puerto Ordaz, quienes solicitaron su presencia para que constatara el “abandono absoluto” en el que se encuentra esta comunidad.

Los residentes de la zona no solo solicitaron la presencia del gobernador Rangel Gómez y del alcalde José Ramón López en el lugar, sino también el apoyo de los concejales y diputados para que canalicen las peticiones y agilicen las respuestas.

“Nosotros seguimos atendiendo el llamado de los vecinos, así como lo hicimos en San José de Cacahual y en Pozo Verde. Este sector popular carece de todos los servicios y es evidente que las autoridades solo pasan a buscar votos”, manifestó el dirigente.

El problema de la inseguridad encabeza la lista en esta comunidad, ya que el módulo policial, que está identificado con el logo de la Policía del estado Bolívar, está solo: “sin funcionarios, sin herramientas de seguridad, sin indicios de que está operativo”.

Por otro lado, el deterioro de la vialidad ha impedido el libre tránsito del transporte público y privado, por lo que los habitantes de la UD – 338, sector cercano al Core 8, no pueden movilizarse hacia y desde sus hogares. “Aquí es donde es bueno preguntarse: ¿dónde están los grandes planes de asfaltado anunciados con bombos y platillos?”.

El líder causerrista resaltó que la realidad contrasta “drásticamente” con el discurso del alcalde López que “se dice a sí mismo ‘El campeón del asfalto’ cada vez que se le menciona el tema del mal estado de las calles y avenidas”.

El resultado de esta “pésima gestión” es, por supuesto, que tanto los autobuses como las camionetas y los taxis no quieran transitar por el lugar, no solo porque van a destruir sus vehículos al pasar por huecos y lagunas, y no se consiguen los repuestos; sino también por temor a ser atracados en plena vía.

Por último, recordó el problema con las aguas servidas y drenajes, que son focos de enfermedades e infecciones para niños y adultos. “Este asunto tiene años, siete para ser exactos, y no se ha atendido. El gobierno prometió poner a funcionar la planta de tratamiento y quienes trabajan en ella aseguran que solo les autorizaron hacerle mantenimiento. Mientras, las aguas negras siguen bordeando las casas”.

 

Notable ausencia

El concejal, que continúa su recorrido por distintas comunidades de Caroní, evidenció la mala calidad de vida que tienen los residentes de la UD-338 y certificó la decepción que sienten ante tantas promesas incumplidas.

“Uno de los comentarios más comunes que escuché fue que hace tiempo ninguno de los vecinos ha notado la presencia de las autoridades por el sector. Ojalá que no aparezcan justo este año que es electoral con nuevas promesas para buscar votos. Ojalá tengan vergüenza.”

 

 

 

Kerry dice que el gobierno venezolano es el único molesto por apertura de EEUU a Cuba

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El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, dijo hoy que Venezuela es el único país al que molesta el proceso de normalización de relaciones con Cuba iniciado por el Gobierno de Barack Obama el pasado diciembre.
“Este cambio de política ha sido recibido con una extraordinaria bienvenida en Latinoamérica, en Centroamérica, en Europa. Creen que era necesario hacerlo desde hace mucho tiempo. Los únicos que se han inquietado por ello son los venezolanos”, dijo Kerry en una audiencia ante el Comité de Gastos del Senado de EE.UU.

El titular de Exteriores estadounidense subrayó que la apertura a Cuba “no se trata” de lo que el Gobierno cubano “puede hacer” por EE.UU., sino de lo que Washington puede “hacer por el pueblo cubano”.

“Esta es la decisión correcta, y el futuro lo dejará claro”, aseguró.

Según Kerry, el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, rotas desde 1961, “elimina el pretexto” con el que contaba el Gobierno cubano para limitar “las libertades y la prosperidad económica” de su pueblo.

Kerry se pronunció así en respuesta a las preguntas del senador demócrata Patrick Leahy, uno de los grandes defensores de la política de Obama para una mayor apertura a Cuba.

Estados Unidos y Cuba mantendrán este viernes en Washington la segunda ronda de negociaciones para el restablecimiento de sus relaciones, después de mantener unos primeros contactos en La Habana en enero.

Durante su primer encuentro en Cuba, las delegaciones de ambos países intercambiaron propuestas sobre la reapertura de sus respectivas embajadas, las cuotas de personal diplomático de las mismas y el tipo de acreditación que tendrá el resto de personal de las misiones diplomáticas.

Para el Gobierno cubano, es esencial que Estados Unidos elimine el embargo sobre la isla -algo que solo puede hacer el Congreso estadounidense- y que Cuba salga de la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado.

Otro de los puntos de fricción frecuente entre ambos países es el tema de los derechos humanos, un asunto que Estados Unidos ha asegurado que formará parte del proceso de negociación.

Madre de Bassil Da Costa no deja de llorar su muerte y de reclamar justicia

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BasilDaCostaElPitazo

 

Janeth Frías perdió a su hijo el 12 de febrero de 2014. Fue el primer joven manifestante caído ese día, asesinado por un funcionario del Sebin según la imputación de la Fiscalía. Mientras espera que se haga justicia, visita con frecuencia la tumba de su hijo.

 

Las 10 noticias económicas más importantes de hoy #19M

contrabando

 

Dólar Simadi cierra en Bs. 190,50 y registra nuevo récord

La tasa de cambio del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) subió este miércoles a su mayor valor desde que entró en funcionamiento al cerrar en Bs. 190,50 por dólar, informó el Banco Central de Venezuela.

 

El valor del dólar en este mercado tuvo un alza de Bs. 1,11 con respecto al cierre del martes. Es la séptima vez, en  23 días de operaciones que sube más de Bs. 1.

 

El BCV informó también que este día se atendió 1,34% de la demanda de divisas en este Sistema.

 

Con este cierre la tasa promedio del Simadi desde su implementación es de Bs./$ 178,35. Y el incremento de la tasa es de Bs. 20,47 desde que inició operaciones.

 

En la frontera con Colombia, el dólar Cúcuta se cotiza a Bs. 236. (El Mundo)

 

Carniceros reportan pérdidas hasta de 80% por ventas reguladas

Los dueños de carnicerías que funcionan en el mercado de Boyacá III, en Barcelona, se acercaron al Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), con la finalidad de plantear el rechazo a las multas que recientemente les aplicó la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde). Así lo reseñaeltiempo.com.ve / Catherine Rodríguez

 

Por esta misma razón, los expendedores de carne protestaron el pasado martes en las afueras de la Gobernación de Anzoátegui.

 

María Curbata, delegada del área de Carnicería del recinto comercial, destacó que 100 propietarios han registrado pérdidas de hasta 80% por vender a precio regulado.

 

“Compramos el kilo de pollo a Bs 130 al mayor y durante varias semanas lo hemos vendido a Bs 65 por orden de la Sundde. Venderemos regulados cuando nos suministren a precios justos”.

 

Reiteró que el expendio de carne y pollo, suspendido por los expendedores este domingo, se retomará cuando los legisladores medien una solución que beneficie a consumidores y vendedores.

 

Peticiones

Otra vocera del mercado de Boyacá III, Raizugel Delgado, indicó que la situación de sobreprecio por parte de los proveedores ocurre con los locales de víveres y otros rubros. Solicitó la revisión del continuo aumento de precios.

 

Nelson Moreno, presidente del Cleanz, informó que para hoy fue convocada una mesa de diálogo con el secretario general de Gobierno Evencio Gallardo, el coordinador regional de la Sundee Francisco Álvarez y el coordinador de la Misión Alimentación Jimmy Natera.

 

“Queremos que haya buen abastecimiento, mejorar la distribución y que también los fiscales apliquen las leyes establecidas por la Sundde”

 

Destacó que para el diálogo se conformó una delegación de 15 personas del sector de los carnicero.

 

“No podemos dejar a la comunidad sin el abastecimiento de comida, queremos que ellos vuelvan a sus labores”. (La Patilla)

 

20% de producción local de repuestos debe ir al transporte público y terrestre

Las empresas fabricantes de algunos repuestos e insumos deberán destinar 20% de su producción a las proveedurías de estos artículos para el transporte público y de carga, así lo establece la resolución conjunta del Ministerio de Comercio y Transporte Terrestre publicada en Gaceta Oficial N°40.622.

 

En el texto se lee que las cuotas o las asignaciones “serán de 20% de su producción para atender a los prestadores de servicio público de transporte de pasajeros y de transporte de carga”.

 

Además, los productores de repuestos e insumos para todas las modalidades de vehículos colectivos y de carga deben inscribirse en el Sistema Venezolano de Repuestos e Insumos para el Sector Transporte Público Terrestre (Siverist).

 

El documento señala que dentro de este sistema quedan incluidos cauchos, baterías, lubricantes, frenos, filtros, correas, guayas, mangueras, espirales, amortiguadores y ballestas, y podrían agregarse otros, establece el artículo 6 del instrumento legal.

 

En este sentido, Siverist será la plataforma tecnológica para el seguimiento y control de las cuotas de producción que los fabricantes destinarán a las proveedurías de repuestos e insumos, así como la de las operaciones de comercialización ejecutadas por estos comercios para abastecer al transporte público terrestre.

 

Las proveedurías serán las responsables de retirar los productos asignados mediante Siverist en las empresas participantes en el convenio marco.

 

La normativa también establece que todas las compañías encargadas de distribuir los artículos para el sector público de transporte deben estar registradas e interconectadas en línea al nuevo sistema con el objetivo de monitorear los inventarios y generar reportes respectivos ante el Ministerio de Transporte Terrestre, de Comercio y la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur).

 

Por su parte el ministro de Transporte, Haiman El Troudi, informó a través de su cuenta en la red social Twitter (@HaimanVzla) que el transporte público moviliza 80% de la población, y el de carga los productos de primera necesidad por lo que hay que asegurar su plena operatividad.

 

Asimismo, el representante de la cartera de Transporte Terrestre agregó en un tuit “aseguramos la venta a Precio Justo y sin intermediarios de los principales consumibles a los transportistas en las 25 Proveedurías instaladas”.

 

Precio de los productos

Los “precios justos” a los que venderán los fabricantes de estos artículos, así como el precio final de venta al público, serán fijados “según los parámetros regulatorios” de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).

 

Seguimiento

Según el artículo 10 del documento, Fontur en coordinación con el Ministerio de Transporte y el de Comercio “será el encargado de ejecutar y supervisar lo establecido en el instrumento legal y por lo tanto deberá realizar reuniones mensuales con los fabricantes e importadores de repuestos e insumos para el sector de transporte público de pasajeros y de transporte de carga, con el objetivo de garantizar su cumplimiento”.

 

Proveedurías de insumos y repuestos para transporte público

En el año 2013 presentaron el Plan de Masificación de Proveedurías de Insumos y Repuestos para el Transporte Público con el propósito de ofrecer estos productos al sector de transporte público para el mantenimiento y operación de sus unidades, a precios “por debajo de lo que fija la dinámica especulativa del mercado”.

 

Luego, en la Gaceta Oficial Nº 6.101 del 5 de junio de 2013 se estableció que el Ejecutivo articularía con los fabricantes nacionales y su red de distribuidores, el suministro de repuestos a las organizaciones del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, a través del Siverist, por medio del cual podrían adquirir los principales repuestos e insumos utilizados en las unidades a un precio justo.

 

Más tarde, el 13 de agosto de 2013, mediante Punto de Cuenta Nº 070-13, presentado al presidente Nicolás Maduro, se autorizó “al Ministerio del poder popular para Transporte Terrestre (Mpptt) poner en práctica la primera fase del Programa de Instalación y operación a nivel nacional de las Proveedurías de Insumos y repuestos, dirigidas al sector público de pasajeros en las modalidades de urbano, suburbano e interurbano”. (El Mundo)

 

Producción de Orinoquia y Vtelca cayó entre 14% y 20%

A las empresas mixtas venezolanas de producción de teléfonos móviles Orinoquia y Vtelca no les fue bien en 2014, de acuerdo con la memoria y cuenta del Ministerio de Industrias, consignada recientemente ante la Asamblea Nacional.

 

La producción de la Industria Electrónica Orinoquia S.A. (Orinoquia) cayó 14,32 el año pasado en comparación con 2013 al pasar de 1.006.000 unidades a 856.761.

 

La empresa justifica la caída en “el ajuste del proceso de asignación de divisas para la adquisición de materia prima”, lo que llevó a reformular la producción planteada para el año de 1.000.000 de teléfonos.

 

En 2013 el ensamblaje de terminales, que se hace en sociedad entre la estatal Telecom Venezuela y la china Huawei, se mantuvo estable entre 2013 y 2012, según el reporte de la compañía mixta en 1.000.000 de equipos, aunque en un porcentaje de ejecución menor al proyectado.

 

En el caso de Venezolana de Telecomunicaciones, C.A. (Vtelca), la fabricante del famoso Vergatario, la producción cayó 19,56% en 2014 en relación con 2013. La empresa ensambló 1.047.893 teléfonos móviles, por debajo de los 1.302.692 producidos el año anterior.

 

Según la memoria y cuenta de la compañía mixta venezolano-china, la meta de ensamblar 1,3 millones de equipos en el año 2014 se cumplió en 82,18%.

 

Vtelca adjudica la baja en la producción a los recurrentes inconvenientes en la importación de partes y piezas provenientes de China.

 

Resaltó que este hecho afectó significativamente el cronograma de despachos acordado previamente con ZTE, su principal proveedor, se tradujo en inventarios insuficientes para cumplir los planes previstos y obligó a replantear las metas en distintas oportunidades para ajustarlas a la disponibilidad de materia prima.

 

Ambas compañías son las principales proveedoras de terminales telefónicos de la estatal Movilnet que, recientemente, aseguró que desde 2009 ha distribuido 10.000.000 de equipos ensamblados por Orinoquia y Vtelca.

 

Para Vtelca este es el segundo año consecutivo de caída en la producción. En 2013 la empresa ensambló 1,3 millones entre siete modelos de teléfonos móviles, muchos menos que en 2012, cuando alcanzó la cifra de 2 millones de terminales.

 

Planes para 2015

 

A pesar de las dificultades y de que por segundo año ambas empresas acusan problemas para importar partes y piezas por menor disponibilidad de divisas, proyectan un incremento en el ensamblaje de terminales telefónicos para 2015.

 

Orinoquia destaca en la memoria y cuenta que este año proyecta ensamblar 1,6 millones de unidades, casi el doble de 2014, en seis líneas de producción, tres ubicadas en su sede de La Carlota, en Caracas, y la planta que está montando en la Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná, C.A. (Zonfipca), ubicada en el estado Falcón.

 

Con ello, la compañía estaría satisfaciendo 8,02% de la demanda potencial de celulares del mercado venezolano.

 

Vtelca proyecta ensamblar 3,5 millones de unidades, tres veces más de lo que logró en 2014 a a través de la ampliación de la capacidad de la fábrica y el desarrollo de nuevas tecnologías, según reseña la memoria y cuenta de la compañía.

 

Con ello la empresa estaría elevando en 234% la producción respecto a 2014, apalancada en la culminación y puesta en marcha de la denominada Fase II de esta industria asentada en Paraguaná.

 

La empresa no abandona la idea de exportar hacia los países de la Alba, Mercosur y del resto del continente. (El Mundo)

 

En marcha planta Guacara del Complejo Siderúrgico Nacional

El Gobierno puso en marcha este miércoles la planta Guacara, del Complejo Siderúrgico Nacional, en el estado Carabobo, en el centro-norte del país.

 

El ministro para Industrias, José David Cabello, indicó vía Twitter que esta nueva fábrica “incrementará la producción de cabillas para suplir a las Grandes Misiones” o programas sociales del Estado, como la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.

 

“El presidente Nicolás Maduro sigue fortaleciendo la construcción a través del impulso de todas las plantas que producen para el sector”, añadió, a través de @jdavidcabello.

 

Del mismo modo, felicitó a los trabajadores de la planta. “Ustedes serán indispensables para el funcionamiento de esta unidad productiva”, agregó.

 

“El Gobierno revolucionario y bolivariano, liderado por el presidente Maduro, impulsa el nuevo sistema económico”, señaló.

 

En la puesta en marcha de la instalación estuvieron presente, además de Cabello, el viceministro de Industrias Básicas, Justo Noguera Pietri; el presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Ferrominera del Orinoco, Jesús Zambrano Mata; el presidente del Complejo Siderúrgico Nacional, Leonel Rodríguez; y el gerente de la planta de Guacara, Daniel Labrador.

 

El Complejo Siderúrgico Nacional produce acero para la construcción y metalmecánica. Cuenta con dos centros operativos encargados de la producción de acero líquido: Planta Casima (Ciudad Guayana, estado Bolívar) y Barquisimeto (Lara).

 

Además, tiene unidades en Antímano (Caracas), Guarenas (Miranda), Valencia (Carabobo) y otra en Lara, refiere su portal web. (El Mundo)

 

Advierten que restan tres semanas de inventario de harina de trigo

El presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Harina (Fetraharina), Juan Crespo, reiteró que desde el viernes pasado el sector se declaró en emergencia.

 

En una entrevista con Globovisión, Crespo aseguró que el pan y la pasta podrían desaparecer de los anaqueles, dado que al sector le restan apenas tres semanas de inventario de harina de trigo.

 

Venezuela es un fuerte importador de trigo “y lamentablemente si no se liquidan las divisas a los empresarios vamos a entrar en desabastecimiento”, declaró a Globovisión.

 

“Alertamos con tiempo al Estado para que los ministerios de Comercio y de Alimentación busquen la manera de liquidar las divisas. Ya los trabajadores se pararon en Turmero, el tercero y cuarto turno están paralizados”, agregó.

 

Explicó que los molinos no pueden detenerse pues se deterioran. “No entendemos porque tenemos que llegar a esta situación más aún cuando hay una ley de seguridad agroalimentaria”. (El Mundo)

 

Industriales dicen que la situación es “crítica” por falta de mano de obra e insumos

Eduardo Garmendia, presidente de la Confederación Venezolana de Industrias (Conindustria), indicó que la situación es “crítica” porque las compañías han reducido sus inventarios a causa de la falta de materias primas e insumos.

 

Garmendia aseguró que la paralización de las industrias manejadas por el Estado, como las empresas básicas de Guayana y la petroquímica, impide reponer los inventarios.

 

Asimismo, dijo que el sector privado no tiene opción de comprar la materia prima en el exterior porque no hay liquidez de divisas para exportar.

 

A juicio, de Carlos Larrazábal, segundo vicepresidente de Fedecámaras y expresidente de Conindustria, El Sistema Marginal de Divisas (Simadi), no ha funcionado, pues no ha representado un alivio para el sector privado.

 

“Se nos anunció un mecanismo que iba a ser transparente e iba a tener flujo de dólares, pero la verdad es que no ha funcionado”, sentenció.

 

Por su parte, Gino de Benedettis, presidente de la Cámara de Industriales de Zulia (CIZ), enfatizó que para reactivar la producción en el país también hace falta la mano de obra calificada.

 

“Uno de los problemas que tenemos es que no contamos con mano de obra, la hemos perdido porque se ha ido del país“, dijo. (Noticias 24)

 

Denuncian despidos en Central Azucarero Cariaco

Un grupo de trabajadores del Central Azucarero Cariaco, Sucre, intervenido y en proceso de liquidación, en representación de 221 empleados y obreros, pidió la intervención de los Ministerios de Agricultura y Tierras y del Proceso Social del Trabajo, a objeto de que se les atienda no sólo en cuando a 14 despidos injustificados que allí se han presentado, sino en la violación flagrante a la contratación colectiva vigente.

 

Este es un Central expropiado desde el 28-5-09 y nunca ha podido repuntar la producción desde que está en manos del Estado. En la última zafra del 2014 procesaron 79 Tm, de un total de 670 cañicultores que arriman su producto de varios municipios aledaños.

 

Jonny Guerra dijo que son 14 los despedidos, algunos con fuero, “por liquidación y supresión, emanada del general Wilfredo Ramón Silva, presidente de la Corporación Venezolana Agraria del Azúcar, y su asesora jurídica, Laura Riera. Piden el reenganche.

 

José Cova denunció el incumplimiento de la contratación colectiva vigente, homologado el 9-1-09, violado por la Junta Liquidadora (Silva y Riera), que desmejoran las condiciones laborales al tiempo que emplean a personal tercerizado. En escrito a la PGR Laura Riera solicitó anular ese contrato. “Tienen 22 viajes a Caracas para reclamar sus derechos y las autoridades no los reciben”, dijo. (El Universal)

 

Contrabandistas continúan desafiando a las autoridades: “30% de alimentos salen ilegalmente”

En una discreta bodega venezolana, muy cerca de la frontera con Colombia, se esconden varias toneladas de arroz, empacadas y listas para ser contrabandeadas. Hoy es arroz pero mañana será salsa de tomate, leche, pasta de dientes o máquinas de afeitar.

 

El jefe de esta operación, un contrabandista que luce una barba de tres días, ropa deportiva y trabaja para un sujeto que apoda el “Carteludo”, tiene que coordinar el transporte de las toneladas del grano y de otros tantos productos, no se despega de un celular al que le llegan mensajes de texto sin parar, que confirman que otro cargamento viene en camino de Caracas.

 

“Mover un camión de leche deja más dinero que la cocaína”, dice el contrabandista, que prefiere no dar su nombre por miedo a ser identificado y detenido. Se inició en este negocio transportando gasolina de un lado a otro y hoy maneja una red de unas 150 personas dedicadas al tráfico ilegal de alimentos.

 

“Mover un camión de leche deja más dinero que la cocaína”

Mientras los venezolanos se ven obligados a hacer largas filas frente a los supermercados para conseguir productos de primera necesidad, los contrabandistas viven su mejor momento gracias a la diferencia de precios de los productos básicos entre los dos países. Un kilo de arroz cuesta en Venezuela 26 bolívares, unos 10 centavos de dólar, pero en Colombia el mismo producto vale 15 veces más. Una crema dental cuesta hasta 27 veces más al lado colombiano de la frontera.

 

La gasolina también es un gran negocio. Un galón (cuatro litros) de combustible no cuesta ni un centavo en Venezuela en comparación con los tres dólares de Colombia. El gobierno calcula que las pérdidas por gasolina oscilan entre 50.000 y 100.000 barriles al día, lo que supone unos 3.000 millones de dólares al año, un 1.5% del PIB venezolano a precios internacionales.

 

“Es el problema de vivir en el país más barato del mundo”, dijo a The Associated Press el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora. “Un 30% de los alimentos del país salen ilegalmente”.

 

El gobierno de Venezuela estableció una política de control de precios hace una década bajo el gobierno socialista del presidente Hugo Chávez con el propósito de ayudar a los pobres. Pero una economía dependiente del petróleo, como la venezolana, que ha sido víctima de una mala gestión y que ahora está siendo azotada por la caída de los precios mundiales del crudo, creó una escasez de dinero efectivo que hace casi imposible adquirir estos productos básicos importándolos.

 

“Un 30% de los alimentos del país salen ilegalmente”

Con la caída del valor del bolívar frente al dólar y el peso colombiano, revender productos básicos al otro lado de la frontera se ha convertido en un negocio irresistible.

 

El gobierno del presidente Nicolás Maduro atribuye el desabastecimiento en los supermercados a una “guerra económica” promovida por Estados Unidos y las élites del país, de la que, dice, el contrabando hace parte. Para ello ha desplazado a más soldados a la porosa frontera con Colombia de 2.200 kilómetros (1.400 millas), decidió cerrar la aduana durante la noche y aumentar gradualmente las penas de cárcel para los contrabandistas.

 

También han comenzado instalar unos 20.000 ‘capta-huellas’ para racionar la cantidad de productos que una persona puede adquirir y proyecta la instalación de cámaras en los puestos de control de la carretera y la creación de una “zona económica especial” entre los dos países.

 

En los últimos siete meses, el gobierno ha decomisado 12.000 toneladas de productos de contrabando que van desde fertilizantes hasta comida para animales o mayonesa. Según el general Efraín Velasco, máximo responsable militar en la frontera, “lo decomisado es suficiente para alimentar durante 15 días a los 1.700.000 habitantes de Táchira”, dijo a la AP.

 

El contrabando vive su mejor momento gracias a que detrás existe una gigantesca red de corrupción que involucra a las mal pagadas fuerzas de seguridad de Venezuela. Una red que empieza en Caracas y termina en la aduana de San Antonio del Táchira, en la frontera, a 20 horas en camión. Un entramado en el que están implicadas todas las fuerzas de seguridad del estado que vigilan las carreteras: la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, el departamento de inteligencia SEBIN y miembros del ejército, quienes reciben en cada puesto de control de la carretera sobornos varían entre 10 y 40 dólares por carga, sumas nada despreciables en Venezuela.

 

Una legislación creada bajo decretos de emergencia económica aprobada el año pasado ha hecho del transporte de alimentos, sobre todo a ciudades a lo largo de la frontera, una operación tan complicada y vigilada con exportar un tesoro nacional. Pero la estrategia que siguen las redes del contrabando les permite obviar estos controles.

 

Una empresa fantasma de distribución de alimentos compra la mercancía en Caracas, Valencia o Maracay. En la guía, el documento imprescindible para circular con los alimentos, está escrito que los productos tienen destino final San Cristóbal. Pero los contrabandistas evitan fácilmente los controles alterando los documentos de carga, en los que subestiman la cantidad transportada, modifican el destino o encubren el lugar donde se embarcó.

 

Delante del camión de carga viaja otro vehículo conocido como ‘la mosca’, la persona encargada de pagar los sobornos y abrir las puertas en cada uno de 20 puestos de control establecidos en la capital y la frontera. Un mensaje de texto confirma que todo sigue su rumbo y el contrabandista anota cada pago en un sencillo cuaderno de espirales, según pudo ver la AP.

 

Durante el viaje de unos 650 kilómetros (400 millas), se paga unos 80.000 bolívares o alrededor de 300 dólares: 2,000 bolívares a la Guardia Nacional en Barinas, ciudad natal del fallecido presidente Chávez, 7.000 en Capitanejo, 10,000 al entrar al estado del Táchira. Son más de 20 pagos en total.

 

El mensaje de texto que pudo ver la AP confirma que viene en camino un nuevo cargamento y que todos los “peajes” ya “están cuadrados”, en alusión a los sobornos han sido entregados y que la Ford 8-15 que transporta la carga llegará sin problemas a San Cristóbal.

 

El soborno más costoso se paga en San Antonio, la última ciudad en territorio venezolano, donde paramilitares controlan el paso y los riesgos son más altos. La zona es una de las más peligrosas de América Latina, donde conviven narcos, guerrilleros y bandas criminales, grupos surgidos en medio siglo de conflicto en Colombia.

De las 653 personas detenidas en Táchira en los últimos siete meses, 614 son civiles y 39 son militares. Esto último es un hecho “inédito” porque “antes no se detenía a ninguno”, explica el general Velasco.

 

Unas cuadras antes de la aduana de San Antonio, los contrabandistas se desvían y toman un camino de baches y piedras dominado por grupos paramilitares. A diferencia de los cruces fronterizos más concurridos, donde las autoridades han tolerado que los lugareños pobres oculten productos en la parte trasera de sus motocicletas, el control de los paramilitares en esta tierra de nadie es ideal para estos contrabandistas.

 

En sólo 15 minutos, después de atravesar el río Táchira, toda la mercancía llegará a ‘La Parada’, un polvoriento barrio a las afueras de Cúcuta, la sexta ciudad más grande de Colombia. Se trata de un montón de calles donde miles de personas compran y venden bajo el fuerte sol cualquier cosa. Negocios millonarios se cierran en camiseta de tirantes sobre una mesa de plástico. Comerciantes de todo el país llegan hasta aquí para comprar a buen precio el papel, el jabón o los preservativos que escasean en los anaqueles venezolanos pero que luego se venderán en Colombia.

 

La travesía por tierra que empezó en Venezuela termina a pocos metros de aquí, junto a la tienda de un hombre con un ojo de cristal, conocido como ‘El Pescado’, uno de los mayores compradores de la zona.

 

Vestido con una camiseta del Barcelona, otro contrabandista, de 26 años y que no quiere dar su nombre, explica que dos años atrás trabajó para ‘El Pescado’. Unas veces llevaba perfumería, otras comestibles y otras grandes montañas de dinero, otro de sus negocios. Ante la escasez de billetes, las casas de cambio de Colombia dan hasta un 7% de margen de ganancia por depositar en bolívares.

 

Hace dos años introdujo un camión de leche pero después de tantos días se había dañado. “Así que fuimos a un galpón en Cúcuta y la vaciamos. Yo me encargué de quitar los bichos con una pala y la re-empacamos de nuevo para vender en Colombia”, recuerda entre risas.

 

“Antes esta era la frontera que más droga decomisaba de América y ahora no incautamos nada. ¿Por qué? Porque se han pasado al contrabando de alimentos”

“Antes esta era la frontera que más droga decomisaba de América y ahora no incautamos nada. ¿Por qué? Porque se han pasado al contrabando de alimentos”, explica el gobernador del Táchira Vielma Mora.

 

Entre tanto, el contrabandista mira nervioso la cascada de mensajes de texto que siguen entrando en su teléfono. Según el general Velasco, el contrabando ha cambiado el rostro de San Cristóbal y ya nadie quiere trabajar porque prefiere dedicarse al tráfico de alimentos.

 

Pero los mismos contrabandistas en Táriba, San Antonio o el barrio de El Carmen, de San Cristóbal, donde llegan y salen los camiones, dicen que nunca habían trabajado tanto. (Noticias 24)