El Gobierno español sabía desde 2012 que la matriz andorrana (BPA) de Banco Madrid lavaba dinero chavista. Unas grabaciones policiales afloraron que Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez Carreño, entonces ministro del Petróleo y luego vicepresidente chavista y hoy embajador ante la ONU, se planteó “sobornar” a las autoridades andorranas para desbloquear sus cuentas, a través de las cuales había movido miles de millones en la Banca Privada de Andorra. Banco de Madrid ya era filial del BPA. Estos hechos fueron conocidos por las autoridades españolas, al igual que la presencia de mafiosos rusos o chinos.

El estado español no creyó conveniente entonces aplicar las drásticas medidas tomadas ahora, la intervención del Banco de Madrid, adoptada tras emitirse un informe del servicio antiblanqueo español que señalaba meras “deficiencias” de control interno sobre algunos de sus clientes (incluidos rusos y venezolanos) y un informe del Tesoro estadounidense que sólo resumía un hecho conocido desde hacía años por los servicios de información españoles y norteamericanos: la presencia en los circuitos andorranos de dinero sospechoso venezolano, ruso y chino,

El 5 de  diciembre de 2012, según una grabación en poder de este diario, un letrado de Salazar cuenta telefónicamente a su asesor financiero que por la mañana había llegado a  BPA una orden de bloqueo judicial de las cuentas de Salazar y de otras personas, y que los  “elementos fundados para tomar esa decisión eran motivados por  el parentesco de Diego con su primo y los cientos de millones de dólares que se habían movido en las cuentas”.

Bloqueo de cuentas chavistas en Andorra

Después el abogado detalló que había otras cuentas bloqueadas, que si bien no afectaban a Diego, si estaban vinculadas con personas con las cuales había mantenido alguna relación económica, etc, mencionándose en el auto judicial que “en algún  momento estuvieron  investigadas  en  Estados Unidos… pero nosotros tenemos un despacho desde el que tenemos acceso a las bases de datos de Interpol, del FBI, etc, y nos han dado un perfil limpio de todas las personas, es decir que si en algún momento se las  investigó,  hoy no hay nada”.

El letrado continuó explicando cómo  enfocaría la  defensa para poder justificar  el origen del dinero bloqueado:”ahora bien … y aqui viene la  pequeña trampa…  que el hecho de que estás personas operen aquí con sociedades de Belice o de Panamá, es por un tema  de evasión fiscal que no es delito en Andorra, por lo tanto no se les puede acusar de … y no para ocultar el origen del dinero”.

El letrado mostraba la aversión de los dirigentes boliviarianos  a pagar impuestos: “sencillamente es un tema fiscal…que estos señores no quieren pagar impuestos, por lo cual utilizan todo este tema”.

Tras dejar sentado que la medida de bloqueo era excesiva y que habían contratado al mejor abogado penalista de Andorra, preparando este último toda  la  documentación para presentar a la  jueza, el letrado apuntó que era “conveniente actuar con rapidez para que el bloqueo no afectase sobre China y otros países, siendo interesante zanjarlo para antes de final de año”. La cantidad de dinero venezolano movido desde el BPA era altísima, según ponía de relieve la conversación: “Hay miles de millones de dólares que se han movido … por lo tanto estamos hablando  de mucho dinero”. La cantidad dineraria de las cuentas bloqueadas  ascendía entonces a  doscientos millones de dólares.

La jueza sospechaba del primo del dirigente chavista, amén de sus vínculos, por su tren de vida: gastos en hoteles, cenas de lujo, relojes y propiedades, etcétera.

Días más tarde, se intercepta una llamada desde un miembro de la trama chavista desde Venezuela. Habla del bloqueo de cuentas con un asesor financiero de Diego que suele asistir a cenáculos importantes en España. El venezolano hizo ver que en su tierra ya sufrieron un hecho similar. Y le expuso un caso del que fue participe, relacionado con una actuación policial vinculada al movimiento de grandes sumas de dinero, las cuales fueron objeto de investigación por parte de la  policía. Y  Diego Salazar tuvo que “sobornar en una  ocasión a la policía para que cerrara el caso, y que cuando se cerró, la policía volvió a los  pocos meses  a intentar imputarles para que Diego les  pagara de nuevo, pero como Diego tenía influencias de alto rango dentro de la policía, lo solucionó cerrándose el caso”.

En este caso, el interlocutor venezolano le indicó que “Diego quería hacer lo  mismo, o sea, sobornar a las autoridades andorranas, para que zanjasen el actual bloqueo judicial sometido sobre las cuentas que posee Diego en Andorra”. Ambos interlocutores coincidieron que en Europa era más difícil proceder con ese tipo  de actuaciones delictivas. El asesor que se ocupaba en Andorra de tales asuntos de Diego señalaba que la jueza temía que un hombre de paja retirase cuarenta millones de dólares y que para que no desapareciera el dinero procedieron al bloqueo. La mayoría de las operaciones de lavado venezolano en Andorra  arrancaron en 2007.

Pero este asesor bancario apuntó las  grandes dificultades que comportaba el hecho de detallar todos los movimientos para justificar el buen proceder de sus clientes, ya que ha habido movimientos de miles de millones de dólares y más de nueve mil páginas de documentos que soportan esas operativas. Y le detalló que “lo único que ocurrió es que Diego hizo, hace dos años, una transferencia a Francia de noventa y nueve mil dólares a una persona, ignorando  si se justificó  o no, y  a raiz de esa transferencia las  autoridades francesas  indagaron  sobre la  misma, solicitando a sus . homónimos de Andorra, que diesen explicaciones de esa transacción,  pero que la decisión del bloqueo era  de  las  autoridades de Andorra, no  de  las  francesas, extrañándole que de una operativa de más de mil millones de dólares, se hubiesen fijado en una tranferencia a Francia a una persona física de noventa y nueve mil dólares”.

Y tres años más tarde de conocer tal blanqueo  a destajo del oro chavista por la matriz del Banco Madrid, el Gobierno español se muestra sorprendido cuando el departamento del Tesoro norteamericano denuncia “la actividad de un segundo gerente de alto nivel en el BPA en Andorra que aceptó comisiones exorbitantes para procesar transacciones relacionadas con venezolanos de terceros lavadores de dinero. Esta actividad consistió en el desarrollo de empresas ficticias y productos financieros complejos para desviar fondos de la petrolera pública de VenezuelaPetróleos de Venezuela (PDVSA). BPA procesa aproximadamente dos mil millones de dólares en transacciones relacionadas con este esquema de lavado de dinero”.

El informe decía lo mismo que la grabación interceptada tres años antes y conocida por las autoridades españolas. El Gobierno español esperó a abril de 2014 para inspeccionar las relaciones del Banco de Madrid con venezolanos, mafiosos varios y con BPA. Emitió sus conclusiones un año más tarde, en paralelo con EEUU, el pasado 9 de marzo. Al día siguiente, EEUU anunciaba que había descubierto que en el BPA se lavaba dinero desde hacía años. Ambos gobiernos parecían parafrasear al comisario asiduo del tugurio de l filme Casablanca que regentaba Bogart: “Qué escándalo, aquí se lava dinero”.

Detención de un subordinado del hermano de Chávez por lavar dinero

Estados Unidos conocía también de antaño la conexión de blanqueo  Andorra/Venezuela. En 2010 fue detenido en Andorra  Norman Danilo Puerta Valera,  exjefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales venezolano. Su jubilación como comisario general llegó el 1 de enero de 2009, pero la cuenta en dólares por la que lo detuvieron en el Principado de Andorra, por lavado de dinero, es de cuando aún era comisario activo del Cicpc y era uno de los hombres de confianza del ex director del Cicpc, Marcos Chávez, hermano del fallecido presidente. 

Usaba una  cuenta bancaria que desde 2007 manejaba un millón de dólares, que llegaron en traspasos a través de una sociedad “off shore” en Panamá. El banco dio la alerta a las autoridades por la movilización de altas sumas en dólares, con rápida entrada y salida. La Unidad de Prevención del Blanqueo, ahora Unidad de Inteligencia Financiera, comenzó a seguir los movimientos, pero no conectaron con la policía venezolana porque en anteriores ocasiones, al solicitar información de un bien en particular ligado a funcionarios del Estado venezolano, se filtraron datos de la investigación, dificultando así la captura de los responsables. Entre 2004 y 2007 fue director de la División contra Drogas del Cicpc.

Y tal detención era fruto de una vasta indagatoria de  Estados Unidos y Europa en paraísos fiscales y sistemas financieros internacionales, para establecer el alcance de las redes de lavado de dinero vinculadas a funcionarios del gobierno venezolano. Coincidía con otras indagatorias de fiscales federales de Nueva York y Miami y con una investigación del FBI en Panamá, en torno a firmas que ofrecen servicios bancarios y financieros a funcionarios y oficiales venezolanos incluidos en la lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).

Entre ellas, se encuentra una firma de banca privada que opera en ciudad de Panamá, y que está vinculada a un banco de Miami cuyos clientes son únicamente venezolanos, y que está en la mira de las autoridades reguladoras norteamericanas. Fue de hecho, la inclusión de Puerta en la lista PEP del sistema financiero andorrano, lo que hizo sonar las alarmas que condujeron a su detención. Puerta había recibido varias transferencias de más de 1 millón de dólares desde una cuenta offshore en Panamá, y no pudo explicar satisfactoriamente el origen del dinero.