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Dos mentiras que repite la cancilleria aquí y en el globo

LA PRIMERA MENTIRA:

Ante la OEA -y al lado de un Insulza que se agarraba los pelos, estornudaba, cerraba los ojos y se consentía sus orejas en señal de inconformidad y de hastío por lo que estaba oyendo- la canciller espetó esta perlita: “Hace meses que sufrimos un bloqueo financiero…Tenemos prueba de ello y tenemos comunicaciones de bancos que nuestras cuentas fueron bloqueadas en el marco de las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos”. Nada más falso. Ninguna sanción de ese tipo aparece en el Sistema Federal. Lo que no dijo es que el bloqueo de cuentas, de hace meses, se debe a una demanda interpuesta por un venezolano al que -contrato de por medio-  le alquilaron por $ 100.000 algunos artículos de Simón Bolívar como mechones, navajas, vasos y otros objetos personales del Libertador para una exhibición que se llevó a cabo en Londres en la Sala Francisco de Miranda de la embajada venezolana. Como no le pagaron logró congelar cuentas de la embajada en Washington las misiones ante la OEA y la ONU y el consulado en New York. Tras ese primer intento le prometieron pagar la deuda y los costos legales de la demanda. Levantó el embargo pero lo volvió a ejercer cuando no le hicieron caso. Creen que hoy solo dos de las cuatro cuentas siguen congeladas esperando cumplan el contrato. El propio Departamento de Estado ordenó averiguar el caso la semana pasada …

LA SEGUNDA MENTIRA:

En este gobierno rojo -y en rojo financiero- de 16 años convertido en desastre nacional no se le ha visto éxito en alguno de sus empeños como en el referente a la propaganda y el acoso a medios libres. Al mejor estilo del nazi Goebbels la permanente repetición de consignas, mentiras, ardides y engaños en todos los medios del país, unos obligados y otros también, imponen unas falsas verdades que dan la vuelta al mundo donde la red, que con el dinero de todos construyeron, lo acepta como cierto. Estuve en un Foro de Libertad de Prensa vía satélite con la Universidad de Ottawa donde también participaron profesores y estudiantes locales así como otros venezolanos invitados. Como siempre, entre la audiencia, unos creyentes a ciegas en “el excelente gobierno democrático venezolano acosado por la derecha global y los opositores pagados por el imperialismo”. Un profesor repitió la frase de Chaderton en la OEA, a solo dos horas de éste haberla pronunciado, de que “el chavismo tenía más muertos que la oposición” y puso de ejemplo que “hasta un motociclista fue degollado por los opositores en marzo del año pasado”. Reviso las noticias de ese día y veo lo que realmente pasó: los vecinos pusieron una guaya al nivel de las ruedas de los vehículos, el motociclista tropezó y se cayó de la moto golpeándose contra la acera en la cabeza y allí murió por ese traumatismo. Nadie murió degollado por esos días de 2014 dicen las autopsias de la morgue. Tanto lo ha repetido Maduro que hasta en Canadá se lo creyeron…

El vía crucis de los jubilados venezolanos

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La situación de los ancianos venezolanos que residen fuera de su país se ha complicado con la administración de Nicolás Maduro.

Los venezolanos que acumularon más de 750 cotizaciones (aportes semanales) al seguro social  -que se logra en un promedio de 15 años de trabajo- y que superan los 55 años de edad en el caso de las mujeres y los 60, en el caso de los caballeros, tienen derecho a la pensión de vejez. Cuentan con un pago que fue nivelado

Por la gestión del entonces presidente Hugo Chávez, el pago fue nivelado al salario mínimo en Venezuela (5.622,48 bolívares). Al  cambio oficial,  el equivalente mensual que perciben los jubilados y pensionados que residen en el país equivale a 30 dólares. A los pensionados en el exterior, no obstante, se le paga en divisa estadounidense -a un tipo de cambio preferencial para ellos de 6,30 bolívares por dólar- lo que equivale a 890 dólares al mes.

No es de extrañar que algunos adultos mayores hayan decidido, a pesar de la edad, probar suerte en otras latitudes, especialmente por la reciente situación de Venezuela, aquejada por la escasez de alimentos, la inseguridad y una inflación que superó el 60% el año 2014.

DIARIO LAS AMÉRICAS entrevistó a un apoderada de varios de esos pensionados y descubrió el vía crucis burocrático que atraviesan quienes trabajaron la mejor época de su vida en el país suramericano y que decidieron pasar la fase de mayor fragilidad en otra nación. Para proteger su identidad la llamamos “Lucero”.

 

Retraso inaudito para los ancianos

“Lucero” denuncia que en 2014 los pensionados en el exterior tuvieron un retraso inaudito que hizo a más de uno pasar hambre. “La demora que están teniendo en la gestión de las solicitudes de los pensionados es uno de los obstáculos del cobro. Ahora es que están saliendo las pensiones que corresponden al primer semestre de 2014. Sólo unas pocas de las que se han tramitado del segundo semestre han sido aprobadas y mucho menos transferidas”, cuenta.

“Se está demorando unos cuatro meses para aprobarlas y también unos tres o cuatro meses para mandarlas”, señala Lucero.

“Conozco el caso de una persona que está completamente sola. Ella se nacionalizó venezolana, pero regresó a su país. No tiene familiares de ningún tipo en su Colombia natal. Debido al retraso en el pago, fue demandada por el condominio de su edificio y tiene riesgos de perder su apartamento”, señaló “Lucero”

¿Cómo es posible que haya un trámite para la aprobación y otro para la transferencia de los recursos? ¿Cómo han sido víctima los pensionados y jubilados venezolanos en el exterior, de un nuevo marco de exclusión burocrática en la gestión de Maduro?

Dos organismos para lo mismo en distintas fases: trampas burocráticas en el pago de pensiones

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales define como “pensionado que vive en el exterior” a una persona que “ha sido pensionado bajo la Ley del Seguro Social en Venezuela y por razones circunstanciales ha fijado su residencia fuera del país”. El sitio web también arroja las primeras tareas que debe cumplir la persona para el cobro: aparte de recaudar documentos como fe de vida legalizada en consulado, documentos de identidad, entre otros; es preciso que nombre a un autorizado, con poder notariado y legalizado, para efectuar las gestiones.

Citando el sitio de internet del organismo, comienza a avizorarse uno de los complejos temas que reviste el asunto del cobro para quienes están fuera del país: “Los reclamos formulados por los pensionados del IVSS serán tramitados en oficinas administrativas a nivel nacional”, es decir, en el país. ¿Qué sucede cuando comienzan a retrasarse o suscitarse trabas para el pensionado? Pues los apoderados, en la medida de lo posible, las sortean, perdiendo horas en colas y desplazándose a distintas oficinas, en distintos días, según sea el caso y la norma.

Por ejemplo, una de esas trabas es que los reclamos se hacen entre dos instituciones, pues el pago de estas pensiones en el exterior se hace en dólares y entonces, la hace un organismo que se ocupa de materia cambiaria. En la gestión de Hugo Chávez, con el control cambiario, la hacía la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). “Uno presentaba la solicitud y en tres semanas eso ya estaba aprobado y enviado”, comenta “Lucero”.

De la mano de los cambios políticos y económicos comenzaron los retrasos “hace más o menos un año”, destaca Lucero. La administración de Maduro eliminó CADIVI y le dio las competencias del pago a pensionados al Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). Este ente también exige requisitos personales al pensionado y jubilado y coloca otras prerrogativas que distancia los pagos. “El argumento ha sido siempre que la normativa de CENCOEX ellos tienen de 120 días hasta 180 días para aprobar los pagos en dólares. Te dicen que eso está dentro de la normativa”, acota “Lucero”.

 

La arbitrariedad burocrática en su máxima expresión

Para los apoderados de los jubilados y pensionados venezolanos en el exterior, la tarea no es sencilla. Ellos se encargan de tramitar las solicitudes y reclamos. Pero, destaca “Lucero”, los requisitos y los turnos de atención en las oficinas de los Seguros Sociales, varían a discreción, con normas al antojo de la política de cada sede.

“Tenemos el caso por ejemplo de la oficina de Chacao, al este de la capital del país, que atiende por el terminal de cédula del pensionado. Por ejemplo, el lunes atiende las solicitudes de los pensionados cuyas cédulas terminen en 1 y 2. También ponen allí otro inconveniente y es que no aceptan al mismo apoderado tramitar más de dos autorizaciones por persona al mes. Entonces, si vas para cobrar por tres personas, no puedes tramitarlas en el mismo mes. La oficina de Parque Central aplica otra norma, por ejemplo, la más complicada de todas. Exigen que las cédula del pensionado esté vigente”, dice “Lucero”.

“Tenemos casos, como la de pensionados en Australia, muy ancianos, enfermos, imagínense ustedes si se van a venir en un viaje que se gasta tres días, más el costo que eso representa para venir a sacar una cédula. Y ellos, en esa oficina que atiende para las personas que residen en el municipio Libertador, se niegan a entregar a la gente las pensiones sin cédulas vigentes. Lo cual se agrava porque los consulados en el exterior no emiten cédulas de identidad. Eso es un trámite que solo es posible hacer en Venezuela”, destaca Lucero.

Lo contradicción se dispara, cuando, por ejemplo, una persona cede a este requisito y visita al país para sacarse la cédula, entonces le suspenden el pago de la pensión en dólares, por haber pisado tierra venezolana, por un lapso corto, digamos 10 días. Eso le pasó a uno de los pensionados que representa “Lucero”, quien tuvo que arrancar con toda la documentación, para la renovación a discreción de sus pagos.

La situación empeora en Miami

En Miami los costos burocráticos suben, por la desaparición del Consulado.

A pesar de la fuerte presencia de venezolanos en Florida, especialmente en Miami, los pensionados y jubilados venezolanos en esa entidad no pueden acceder a servicios consulares y entonces deben pagar a gestores para acumular los requisitos para el cobro de sus pensiones. En 2012, Chávez mandó a cerrar esta oficina.

“Es costoso el trámite que hay que pagar a una oficina privada para mandar a apostillar los documentos. A veces tiene que pagar hasta 40 dólares por trámite. La persona que es notario en esa oficina certifica que la persona está viva. Le gestionan la fe de vida o el registro consular que es lo que más está pidiendo CENCOEX. Es la opción a la que apelan, pues el consulado venezolano más cercano está en New Orleans, un viaje en avión de dos horas y media, que les costaría alrededor de 300 dólares solo en pasaje”, destaca “Lucero”.

Las facilidades para los ancianos en el exterior ofrecidas por Chávez terminaron con el régimen de Maduro. Muchos pensarán volver, ante las presiones económicas de sus lugares de residencia. Algunos, los que puedan, preferirán trabajar de nuevo, en países que ofrezcan oficios a personas en el otoño de su vida, para evitar retornar a una Venezuela con escasez, pobreza, inestabilidad política e inseguridad personal.

Más de 20 empresarios han sido acusados por boicot

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Por orden del Tribunal 41 de Control fueron puestos en libertad Pedro Angarita y Agustín Álvarez, presidente ejecutivo y vicepresidente de operaciones de la cadena Farmatodo, respectivamente, primeros liberados de una lista de más de 20 altos gerentes detenidos a inicios de febrero tras ser acusados por los delitos de boicot y desestabilización económica.
Angarita y Álvarez había sido “llamados” a declarar en la sede del Servicios Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el 31 de enero pasado, luego de que el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, los acusara de ser responsables de las largas colas que se observaban en las tiendas de la cadena de farmacias.
A raíz de ese pronunciamiento, ambos directivos fueron acusados por los delitos de boicot y desestabilización económica, previstos en la Ley de Precios Justos.
Los acusados deberán presentarse ante el juzgado  cada 15 días, y tienen prohibición de salida del país.
La acusación contra Angarita y Álvarez se produjo dos días después de que la Superintendencia de Precios Justos (Sundee) abriera un procedimiento administrativo contra Farmatodo, ante las supuestas  “irregularidades” en la atención al público”.
Por esos mismos días, la Sundee y otros organismos del Estado iniciaron una serie de procesos de fiscalización y administrativos contra cientos de establecimientos comerciales y productivos por supuestamente incurrir en acaparamiento, boicot, usura y  otros delitos relacionados con la escasez de productos que desde el año pasado se observa en el mercado.
Además de estos procedimientos, las autoridades detuvieron a más de 20 representantes de empresas de distintos sectores, muchos de los cuales siguen privados de libertad mientras se siguen juicios en su contra.
Entre los detenidos están el presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales, Carlos Rosales; y los directivos de la cadena de supermercados Día Día, Tadeo Arrieche, Manuel Morales y Luis Rodríguez, este último además director ejecutivo de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios.
También figuran tres representantes de la Distribuidora Distenca, uno de Unicasa, cinco de Corporación Cárnica, uno de Distribuidora Alimentos CDF, tres de Distrilago, cuatro de Zuli Milk y los dueños de Representaciones Herrera.

 

Lee Kuan Yew, el hombre que convirtió a Singapur en una potencia económica

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Un político con una visión estratégica y un pragmatismo implacable: Lee Kuan Yew transformó a un país que era una pequeña isla con pocos recursos naturales, a un modelo de éxito económico y prosperidad.

Lee Kuan Yew, que falleció este domingo por la noche a los 91 años, fue durante más de 30 años primer ministro de Singapur.

Logró canalizar con éxito las energías de los singapurenses y creó lo que a menudo se ha descrito como un auténtico milagro económico, una mezcla de capitalismo privado e intervención del Estado.

Lee forjó un Singapur próspero, moderno, eficiente y prácticamente libre de la lacra de la corrupción, lo que hizo que los inversores extranjeros acudieran al país.

Sin embargo, mientras era admirado por sus éxitos económicos, muchos expresaron preocupación por su historial de derechos humanos.

 

“Harry Lee”

Lee Yuan Yew nació el 16 de septiembre de 1923, hijo de una tercera generación de inmigrantes chinos que se asentaron en Singapur.

Educado con una fuerte influencia británica, su abuelo lo llamó Harry Lee, como en realidad se referían a él durante su infancia.

Lee mantuvo un férreo control político sobre cada aspecto del Estado, convirtiendo al país en uno de los más regulados del mundo.

Lee fue a una escuela inglesa en Singapur, pero sus estudios superiores se vieron interrumpidos por la ocupación japonesa de 1942.

Unos años después se dirigió a Inglaterra, donde cursó estudios de derecho.

Cuando regresó al país, Lee se había convertido en un socialista comprometido y un flamante abogado sindicalista.

Fue entonces cuando comenzó su carrera política.

 

Reformas económicas

En 1954 fundó el Partido de Acción Popular (PAP) del que fue su primer secretario general.

Ocuparía ese cargo la mayor parte de las siguientes cuatro décadas.

Al frente del Gobierno, Lee condujo a Singapur hacia la independencia, poniendo fin al dominio británico, y, tras una breve federación con Malasia (rota en 1965), el país se convirtió en un Estado autónomo.

Lee diseñó un amplio programa de reformas para sacar a Singapur del “pozo negro de la miseria y la degradación” -como él lo describió- a un Estado industrializado y moderno.

Industria, comercio, finanzas… Fue reinventando el país en esas tres décadas, sentando las bases de una nación que actualmente está entre las mejores en educación, sanidad y competitividad económica.

Lee puso coto a la corrupción, que era un mal endémico en la antigua colonia, y se embarcó en un programa de vivienda de bajo coste y grandes programas de empleo.

También trabajó para limar las asperezas entre los diversos grupos étnicos de la isla y crear una identidad de Singapur única, basada en el multiculturalismo.

Para resumir su gestión económica basta decir que entre 1960 y 1980 el PIB per cápita de Singapur aumentó 15 veces su valor.

Líderes de todo el mundo lo han elogiado en las últimas horas.

El presidente estadounidense, Barack Obama, lo describió como un “verdadero gigante de la Historia que será recordado por varias generaciones como el padre del Singapur moderno y como uno de los grandes estrategas de los asuntos asiáticos”.

El primer ministro británico, David Cameron, consideró que Lee “transformó a Singapur en una de las grandes historias de éxito del mundo moderno”.

Y el primer ministro australiano, Tony Abbott, se refirió a “uno de los líderes más significativos de nuestro tiempo”.

 

Control y derechos humanos

Pero al mismo tiempo que crecíó su gestión económica, las sombras del autoritarismo se cernían sobre su gobierno.

Lee mantuvo un férreo control político sobre cada aspecto del Estado, convirtiendo al país en uno de los más regulados del mundo.

Detuvo algunos de sus críticos sin llevarlos a juicio, restringió las informaciones de los medios de comunicación y detuvo a periodistas.

Lee sostenía que en un país en desarrollo algunas libertades tenían que ser sacrificadas y que el concepto occidental de la democracia liberal no podía aplicarse.

Así, los castigos corporales se convirtieron en una parte fundamental del sistema judicial durante su mandato. Más de 40 delitos están penados con este tipo de castigos.

Del mismo modo, intervenía en gran medida en la vida de sus habitantes.

Estableció medidas de planificación familiar, que penalizaban fiscalmente a aquellos que tenían más de dos hijos.

Singapur decía a sus ciudadanos cómo ser corteses, cómo ser menos ruidoso, cuándo debían limpiar el lavabo, y prohibió a sus habitantes hacer grafitis o mascar chicle.

Lee dejó el cargo en 1990, después de ganar nada menos que siete elecciones.

Transformó Singapur y en ese camino se convirtió en el primer ministro que más tiempo ha liderado un país en todo el mundo.

Identifican ocho patrones de persecución política

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“No son casos aislados, sino una política sistemática del Estado que se ha agudizado durante el gobierno de Nicolás Maduro”, destacó Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, durante la presentación de un estudio sobre los patrones de persecución a la oposición en Venezuela.

La advertencia de Borges sobre la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos tiene implicaciones muy graves en términos de responsabilidad internacional del Estado y responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales de los atropellos. “Si, como hemos podido documentar, los excesos corresponden a prácticas concurrentes y repetidas, el análisis jurídico-político trasciende a la evaluación de la vigencia del Estado de Derecho y de la democracia misma en Venezuela. Precisamente por ello es que la Constitución establece que las violaciones graves de los derechos humanos son imprescriptibles”, insistió la directora de Cepaz.

Se analizaron 35 casos que incluyen diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes, dirigentes de partidos políticos y organizaciones sociales, y estudiantes.

Criminalización. Se identificaron ocho patrones que, en conjunto, fundamentan la ejecución de la llamada criminalización de la disidencia: 1.- apertura de procedimientos judiciales (86,71%); 2.- estigmatización a través de los medios de comunicación social (42,86%); 3.- allanamientos irregulares a la propiedad privada (22,86%); 4.- aquiescencia estatal sobre actos de violencia (17,14%); 5.- destitución de cargos públicos (11,43%); 6.- allanamiento de la inmunidad parlamentaria (5,71%); 7) usurpación de funciones públicas (5,71%), y 8.- inhabilitación política (2,86%).

En el informe que presentó Cepaz se verifica que el uso de la jurisdicción penal y la instrumentalización política de los operadores judiciales constituyen el mecanismo de hostigamiento más recurrente. En todos los casos analizados hubo violación del debido proceso, por la negación de la asistencia jurídica, la presunción de inocencia y el principio del juez natural. El retardo procesal que convierte la detención judicial preventiva en una pena anticipada también es una práctica deliberada y constante.

Cada uno de los patrones se describe a través de ejemplos concretos. Se recuerda que el 14 de agosto de 2013 el presidente Maduro acusó al líder opositor Henrique Capriles Radonski de ser cómplice de una red de corrupción y prostitución gay. “En muchas ocasiones, el propósito, simplemente, es descalificar moralmente al adversario ante la opinión pública”, acotó Borges. Sin embargo, a veces los señalamientos se confunden con una acusación penal. Como fue el caso de lo dicho por Maduro sobre la ex diputada María Corina Machado el 10 de junio de 2014: “No exagero cuando digo que es una asesina”.

Para la criminalización de la disidencia mediante la destitución de funcionarios de cargos de elección popular –se refiere en el estudio de Cepaz– el Tribunal Supremo de Justicia ha desempeñado un papel clave, como quedó evidenciado con el enjuiciamiento sumarísimo y sin debido proceso, condena penal y encarcelamiento de los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos.

Por tercera vez se cita al jefe del Estado, para ilustrar sus injerencias indebidas en las funciones de exclusiva competencia del Poder Judicial, específicamente cuando arremetió contra el ex ministro de Planificación Ricardo Hausmann, que escribió un artículo sobre el riesgo de default en Venezuela: “He ordenado a la Procuraduría, y le he hablado a la fiscal, para que iniciemos acciones porque usted está metido en una campaña para hacerle daño a nuestra patria”.

 

Ciudadanos y partidos. Cepaz es una ONG que se dedica a la construcción de ciudadanía, por lo cual su análisis de la persecución política se complementa con una exhortación a las organizaciones de la sociedad civil y a los partidos políticos a aprender a documentar y denunciar violaciones de derechos humanos.

En el informe se incluye la relación entre hostigamiento estatal y militancia político partidista. Beatriz Borges refirió el ejemplo de Rosmit Mantilla (preso en el Sebin desde el 2 de mayo de 2014) que se convirtió en objetivo político del gobierno por su afiliación a Voluntad Popular, el partido más golpeado según el estudio.

 

Ceballos, un año en prisión
Dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática y la alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, encabezaron la concentración en la plaza Los Mangos, en la capital tachirense, para exigir la liberación de Daniel Ceballos, a propósito de que ayer se cumplió un año de su encarcelamiento.

Gutiérrez de Ceballos exigió la libertad de su esposo, recluido en la cárcel militar de Ramo Verde por  orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que lo condenó y destituyó por no impedir las protestas de 2014.

Lo más grave es que Ceballos está siendo juzgado dos veces por los mismos hechos, lo cual viola los más fundamentales principios del derecho penal.

El segundo proceso se desarrolla  ante la jueza 15ª de Juicio, Yhosmar González, por rebelión civil y agavillamiento. El primero de los delitos es sancionado  con presidio de entre 12 y 24 años.

La Fiscalía solo presentó como pruebas testimonios de personas (varios de ellos funcionarios y militantes del PSUV) que aseguran que el ex alcalde de San Cristóbal promovió las protestas.

Ayer se llevó a cabo la 14ª sesión del debate oral y público, a la cual no tienen acceso los representantes de la prensa ni de los partidos de oposición. Se espera  que el 24 de marzo próximo comparezca el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, en calidad de “testigo estelar”.

 

CIDH condena muerte de González
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado a través del cual expresa  preocupación por la muerte de Rodolfo González, que presuntamente se suicidó en los calabozos de la sede del Sebin en el Helicoide, al día siguiente de que le informaron que sería trasladado a la cárcel Yare III.

Se recuerda que la prisión mirandina es una de los siete centros penitenciarios de Venezuela respecto de los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas de protección, “porque la gente de allí se habría sometido a situaciones que ponen en peligro o han afectado directamente sus derechos a la vida y a la integridad personal”.

La CIDH agrega que “las transferencias de las personas privadas de libertad no deben llevarse a cabo con el fin de castigar, reprimir o discriminar en contra de ellos, ni en condiciones que causen sufrimiento físico o mental”.

Además, se destaca  que los organismos especializados de las Naciones Unidas y otras organizaciones se han pronunciado muchas veces sobre las condiciones de los detenidos en el Sebin y sobre el presunto uso de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Se advierte que “el hecho de que una muerte se caracterice inicialmente como un suicidio no exime a las autoridades competentes de llevar a cabo una investigación”, la cual debe ser desarrollada de manera eficiente y eficaz, y no como una simple formalidad.

Dólar Simadi sube y se cotiza a Bs. 190,38

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La tasa de cambio de referencia del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) subió este lunes 58 céntimos y cerró en Bs. 190,38 por dólar, informó el Banco Central de Venezuela.

Durante la jornada, el tercer esquema cambiario del país atendió 1,69% de los requerimientos de divisas, su porcentaje más alto desde principios de mes.
Con la tasa resultante de las operaciones de este lunes 23 de marzo, el promedio desde que el Simadi entró en operaciones, sube a Bs./$ 179,8.
En marcados paralelos como el fronterizo en Cúcuta, Colombia, el dólar se ubica en Bs. 233,64.

 

Acusan a directivo de PDVSA Occidente por corrupción

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El Ministerio Público acusó al director ejecutivo de Producción de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), José Luis Parada, por presuntamente incurrir en irregularidades administrativas en la celebración de contratos con empresas de servicios durante el año 2008.

Las fiscales 51ª, 53ª 56ª y 57ª nacional, Marijose Futrille, Ivanna Ricci, Milvira Caraballo y Paula Ziri-Castro, respectivamente, acusaron a Parada por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio continuado y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos.

En el escrito presentado ante el Tribunal 8º de Control del Zulia, las fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento del hombre, quien se encuentra recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicado en El Helicoide.

Adicionalmente, la representación fiscal solicitó a la instancia judicial que se mantenga el bloqueo de las cuentas bancarias y prohibición de enajenar y gravar los bienes muebles e inmuebles de Parada.

Vale señalar que el Ministerio Público recibió una denuncia de la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros a través de la cual se informó de la existencia de presuntas irregularidades en la contratación de servicios de transporte y de personal por parte de Parada.

En virtud de la denuncia, las fiscales iniciaron la investigación y se logró determinar la vinculación del gerente corporativo con el caso, motivo por el que fue detenido el pasado lunes 2 de febrero en atención a una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia judicial.