Luego que las delegaciones del diálogo anunciaran los acuerdos del primer ciclo de negociaciones, donde uno de los puntos es iniciar un proceso de transformación del sistema de justicia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) señaló que una reforma “también incide en la libertad de prensa”.
Según el comunicado de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo, los cambios en el sistema de justicia abarcarán cuatro líneas de acción: reformas a la Ley Orgánica del TSJ y a otras leyes del sistema de justicia, renovación y ampliación del comité de postulaciones judiciales, la activación de un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del TSJ.
Sobre esa propuesta, el SNTP consideró que dicha reforma es necesaria “para recuperar garantías fundamentales, fortalecer la independencia judicial y asegurar el debido proceso”. A eso, recordaron que para enero de 2026, un total de 40 periodistas y trabajadores de la prensa estaban presos o judicializados, “mientras otros permanecen en el exilio, obligados por causas abiertas en su contra”.
“La reforma de la Ley Orgánica del TSJ y de otras leyes del sistema de justicia, junto con mecanismos que garanticen su independencia, debe contribuir a poner fin al uso de procesos penales y medidas judiciales para perseguir a la prensa, ofrecer protección judicial frente a la arbitrariedad y combatir la impunidad en las agresiones y violaciones de derechos contra trabajadores de los medios”, añadió el SNTP.
La organización gremial indicó que cualquier reforma debe traducirse en “justicia independiente, garantías de respeto al debido proceso, protección y capacidad real para investigar y sancionar violaciones contra periodistas y medios”.
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Mantener abierto un comercio en medio de apagones cada vez más frecuentes supone mucho más que esperar a que regrese la electricidad. Para quienes no cuentan con una planta, una interrupción puede paralizar los puntos de venta, afectar la conservación de alimentos y medicinas, alterar los horarios de trabajo y aumentar los gastos operativos. En ciudades como Maracaibo, donde 96 % de los empresarios consultados reportó afectaciones por racionamientos que superan las 15 horas semanales, el problema ya forma parte de la rutina comercial.
Planificar a oscuras
La falta de previsión se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los comerciantes. Consecomercio exigió el pasado 12 de agosto la publicación de un cronograma de racionamiento eléctrico “claro, público y sectorizado” para todo el país, luego del incremento de los cortes y del plan de ahorro energético anunciado por Delcy Rodríguez.
El gremio empresarial advirtió que la ausencia de un calendario dificulta organizar las jornadas y genera un impacto que trasciende las horas sin servicio. “La falta de un calendario de cortes y la limitada capacidad de autogeneración provocan un impacto crítico que complejiza la actividad”, señaló Consecomercio.
La planificación resulta especialmente importante para los pequeños comercios, que no tienen las mismas posibilidades de respuesta que las grandes cadenas. Según las estimaciones de Consecomercio, los establecimientos de mayor tamaño que cuentan con plantas eléctricas atienden aproximadamente a 30 % de la población, mientras 70 % realiza sus compras en abastos, panaderías, pequeñas farmacias y ferreterías que, en su mayoría, no tienen infraestructura para generar su propia electricidad.
Por eso, entre las alternativas planteadas por el gremio están los horarios laborales adaptables y el trabajo remoto en aquellas actividades donde sea posible. No se trata de una solución general para el comercio, pero sí de una forma de concentrar las operaciones durante los períodos en que existe suministro eléctrico.
Plantas para unos, paradas para otros
La autogeneración aparece como una de las principales herramientas para evitar que un apagón signifique el cierre temporal de un establecimiento. Sin embargo, tampoco está al alcance de la mayoría.
En Maracaibo, solo 35 % de los empresarios consultados por la Cámara de Comercio dispone de una planta eléctrica. El dato deja a la mayoría expuesta a interrupciones que pueden detener completamente sus operaciones. Dino Cafoncelli, presidente de la organización, resumió el problema al señalar que “el mayor riesgo está en la limitada capacidad de respuesta ante las interrupciones porque solo el 35 % disponen de planta eléctrica”.
La situación se refleja en los resultados del Censo Comercial de los principales corredores viales de Maracaibo y centros comerciales. De 1 872 locales censados, 1 158 estaban abiertos y 718 permanecían cerrados, equivalentes a 38 % del total. El estudio atribuye la recomposición del tejido comercial a las dificultades que enfrenta el sector, entre ellas la crisis de los servicios públicos, el diferencial cambiario y las cargas tributarias.
Para los empresarios marabinos, conocer de antemano cuándo ocurrirán los cortes es una condición básica para intentar organizar el trabajo. “Es muy difícil si no tenemos un cronograma de racionamientos para poder planificar la jornada”, afirmó Cafoncelli.
La exigencia coincide con la de Consecomercio, que además pidió exonerar aranceles e impuestos a la importación de plantas eléctricas y suspender temporalmente tributos para paneles solares y luminarias LED, con el objetivo de ampliar las posibilidades de autogeneración del sector privado.
Cuando el apagón se convierte en pérdida
El costo de las interrupciones no termina cuando vuelve la electricidad. Durante las horas sin servicio, los comercios pueden perder ventas por la desconexión de los puntos de pago, enfrentar dificultades para conservar productos y asumir gastos adicionales para mantener sus operaciones.
Consecomercio identificó pérdidas en la logística de mercancías, interrupciones de la cadena de frío de alimentos y medicinas y mayores riesgos para la seguridad física y laboral. El gremio también advirtió que los establecimientos pequeños y medianos sufren “paradas absolutas” cuando no cuentan con mecanismos de autogeneración.
Los datos de Maracaibo muestran cómo esas interrupciones terminan trasladándose a los costos. La Cámara de Comercio reportó que 43 % de los establecimientos consultados aumentó sus gastos mediante vías alternativas durante el trimestre abril-julio. Además, 42 % calificó como significativo o alto el impacto de las fallas eléctricas sobre sus costos operativos y 46 % lo consideró moderado.
La electricidad dejó así de ser una condición externa para convertirse en un elemento que determina cuánto cuesta mantener funcionando un comercio. Generar energía por cuenta propia, adaptar horarios o detener temporalmente determinadas actividades son respuestas que dependen de la capacidad económica de cada establecimiento.
El problema se agrava cuando las interrupciones se combinan con otras deficiencias. En la encuesta de la Cámara de Comercio de Maracaibo, 97 % de las empresas consultadas afirmó que el servicio eléctrico empeoró durante el trimestre, mientras 75 % reportó que el agua potable llegaba con una frecuencia de al menos cada 15 días.
Un negocio que resiste con recursos propios
Ante este escenario, los gremios empresariales plantean que no puede recaer exclusivamente en los comerciantes el costo de mantener activas sus operaciones. Consecomercio pidió descuentos en la facturación eléctrica proporcionales a las horas sin servicio, alivios en impuestos municipales y suministro prioritario de diésel y gasolina para los establecimientos que disponen de plantas. También propuso que zonas financieras y centros comerciales queden fuera de los esquemas de racionamiento.
Las solicitudes llegan mientras el gobierno atribuye la contingencia a los efectos del fenómeno climático conocido como “Superniño” y al aumento de la demanda eléctrica. Según el Ministerio de Energía Eléctrica, esta alcanzó el lunes 15 625 megavatios, 3,6 % más que en 2025 y el registro más alto de los últimos ocho años.
Mientras las soluciones de fondo se discuten, los comerciantes deben resolver el problema cotidiano: cómo vender cuando no hay electricidad. Para algunos, eso significa encender una planta; para otros, concentrar las operaciones en las horas con servicio o detenerlas hasta que regrese la energía.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 13 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Las decisiones adoptadas por Delcy Rodríguez durante este 2026 en política exterior, gestión energética, seguridad interna y administración de justicia reconfiguran la orientación del Estado venezolano y contradicen la doctrina del fallecido presidente, Hugo Chávez.
“La figura de Figuera no produce mucho enganche y ni siquiera está dentro del ranking de los cinco o diez líderes políticos opositores con mayor popularidad, además pareciera no tener un perfil presidencial”, Ricardo Ríos, presidente de la firma de consultoría Poder y Estrategia
Lo que rompe en redes
Sin trazar un cronograma para eventuales elecciones presidenciales en Venezuela concluyó la primera jornada del diálogo entre los delegados de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional de 2015 comandada por Dinorah Figuera.
Este miércoles, 12 de agosto, el Gobierno oficialista y la Asamblea Nacional 2015 anunciaron la culminación del Primer Ciclo de Conversaciones de cara al diálogo impulsado por los Estados Unidos.
De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales, durante este primer ciclo se aprobaron la metodología de funcionamiento y se instalaron dos mesas técnicas: una dedicada a la atención de la emergencia por el doble terremoto del 24 de junio, y otra enfocada en fortalecimiento de la democracia, el sistema de justicia y el poder electoral.
En total, se desarrollaron cinco sesiones de trabajo con las mesas técnicas y cinco plenarias entre ambas delegaciones, por lo que se acordó reforzar los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros tras los daños que dejó el doble terremoto.
El documento señaló que para ello se promoverá la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, bajo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría, con el fin de garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente para atender a las víctimas y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.
El segundo acuerdo central del ciclo apunta a iniciar un proceso de transformación del sistema de justicia, con cuatro líneas de acción: Reformas a la Ley Orgánica del TSJ y a otras leyes del sistema de justicia, renovación y ampliación del comité de postulaciones judiciales, la activación de un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del TSJ.
También se acordó conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al TSJ, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación.
Según el texto, el cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso.
Sin María Corina ni Edmundo
El primer acercamiento entre el gobierno y la oposición tras la captura de Nicolás Maduro, quedó fijado que Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y representante del oficialismo, y la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, por la oposición serían los actores en las negociaciones.
La mesa de negociaciones no incluyó ni mencionó a María Corina Machado ni a Edmundo González Urrutia, principales líderes de la oposición venezolana.
Por la parte del oficialismo participan la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.
Mientras que Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza, diputado de la AN 2015, acompañan a Dinorah Figurera.
“Fase preliminar“
En entrevista para Espacio Runrunes, el periodista Eugenio Martínez planteó que el diálogo aún se encuentra en una fase preliminar y que es prematuro centrar la discusión en una eventual elección presidencial. A su juicio, Venezuela debe resolver asuntos previos antes de llegar a ese punto, pese a la urgencia expresada por la ciudadanía.
Advirtió que la agenda pública divulgada hasta ahora es insuficiente y no permite conocer el contenido real de las conversaciones presenciales que se desarrollan en Caracas.
Martínez ecordó que el horizonte temporal de estas conversaciones apunta a diciembre y subrayó que, aunque la oposición está proponiendo alternativas, aún falta comprobar si esas iniciativas se traducen en acciones concretas.
Impacto institucional y presión externa
Por su parte, el periodista Pedro Pablo Peñaloza centró su análisis en el impacto institucional que podría tener la negociación y en la presión internacional que rodea el proceso. Destacó que una transformación del Tribunal Supremo de Justicia, que lo alineara finalmente con lo establecido en la Constitución, tendría un efecto profundo después de 27 años sin lograr ese estándar.
Añadió que la posibilidad de contar con un nuevo Consejo Nacional Electoral sería otro cambio de alto alcance. Peñaloza afirmó que la presión de Estados Unidos sobre el gobierno venezolano es evidente y se refleja en una dinámica de rendición de cuentas que no existía antes.
Para Peñaloza, la negociación avanza en medio de mensajes cruzados y una “guerra de micrófonos” que alimenta la incertidumbre, y advirtió que el país permanece en suspenso sobre si este proceso derivará en una reconstrucción institucional viable.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La negociación entre el oficialismo y la oposición entra en una etapa de expectativas crecientes, pero todavía sin certezas sobre sus resultados. La agenda pública permanece limitada frente a lo que las delegaciones discuten en Caracas, mientras Estados Unidos mantiene presión sobre el gobierno venezolano y los ciudadanos esperan señales concretas de cambio. Los periodistasEugenio Martínez y Pedro Peñaloza analizaron este miércoles 12 de agosto el alcance de estas conversaciones durante Espacio Runrun.es, moderado por Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es.
Una agenda que todavía guarda sus cartas
Eugenio Martínez consideró que todavía es temprano para centrar la discusión en una eventual elección presidencial. “Es bastante prematuro hablar de Venezuela en una elección presidencial porque debe resolver muchas cosas antes para llegar a esa discusión pese a la urgencia de la ciudadanía”, señaló.
El periodista explicó que la agenda que se ha hecho pública no permite conocer completamente el contenido de las conversaciones presenciales que se desarrollan en Caracas. “La agenda pública realmente es escueta. No desarrolla el trasfondo de las conversaciones que se ejecutan presencialmente en Caracas”, afirmó.
Según Martínez, las delegaciones están abordando buena parte de las demandas que la oposición ha planteado durante los últimos años. Entre los asuntos que han trascendido se encuentran la emergencia nacional, el manejo de activos y la liberación de otros presos políticos.
El horizonte de las conversaciones también está definido. “La agenda extraoficial se había deslizado a qué se iba a tratar, pero con cierta ambigüedad. En teoría todo debe culminar en diciembre”, dijo Martínez.
Luis Ernesto Blanco coincidió en que se trata de un proceso de varios meses y señaló que “la mesa habla de meses con relación a la agenda”. La fecha prevista convierte los próximos meses en un período clave para determinar si las conversaciones producen acuerdos concretos o permanecen en el terreno de las expectativas.
El futuro de las instituciones también está sobre la mesa
Uno de los aspectos que podría definir el alcance de la negociación es la posibilidad de cambios en las instituciones del Estado. Martínez recordó que la Asamblea Nacional amplió el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y advirtió que posiblemente se anuncie una nueva ampliación próximamente.
El tema institucional adquiere relevancia porque cualquier eventual acuerdo político tendría que desenvolverse dentro de un sistema de poderes cuestionado durante años. Pedro Peñaloza planteó la dimensión que tendría una eventual transformación del máximo tribunal.
“Si tú logras que el TSJ sea tal cual como lo establece la Constitución, cosa que no se ha logrado en los 27 años que han pasado, eso sería de impacto”, afirmó.
Inmediatamente agregó otro punto pendiente: “Y ni hablar de tener un nuevo CNE”. Martínez también señaló que todavía no se observa una discusión definida sobre la renovación de licencias y sostuvo que los factores políticos están afectando el ambiente de las conversaciones, especialmente por la participación y representación de quienes están vinculados con la Asamblea Nacional de 2015.
A estos asuntos se suman la situación de los presos políticos y el manejo de activos. Martínez explicó que estos temas ya forman parte de los avances discutidos entre las delegaciones, aunque no todos se han traducido todavía en anuncios públicos.
Estados Unidos aumenta la presión
El escenario internacional constituye otra pieza de la negociación. Para Martínez, la posibilidad de llegar a una discusión electoral depende de que antes se resuelvan otros asuntos pendientes.
“Si la prioridad de Estados Unidos es una elección presidencial, debe actuar rápido”, afirmó el periodista, al evaluar el papel que Washington puede desempeñar en el proceso.
Peñaloza consideró que la presión estadounidense sobre el gobierno venezolano ya es perceptible. “El Gobierno enfrenta presión por parte de Estados Unidos. Eso se nota por cómo han estado rindiendo cuentas, cosa que no ocurría antes”, sostuvo.
El periodista también destacó la actividad de Marco Rubio en torno a Venezuela, aunque recordó que el funcionario estadounidense ha insistido en la necesidad de tener paciencia. “Marco Rubio ha estado muy activo con el tema de Venezuela, pero sigue diciendo que hay que tener paciencia. Veamos qué tanto resulta eso”, comentó.
La presión externa coincide con un momento en el que la sociedad venezolana demanda respuestas. Blanco describió el ambiente actual señalando que “en este momento hemos visto el furor de la gente de ver cambios”.
De la negociación a los hechos
El reto para los sectores que participan en la mesa será demostrar que las propuestas pueden convertirse en decisiones. Martínez señaló que la oposición está planteando alternativas, pero consideró necesario esperar para comprobar si estas terminan materializándose en acciones.
“La oposición demuestra que viene a proponer, pero esperemos si esos planes se concretan en acciones pese a que no cuentan con María Corina Machado”, subrayó.
También explicó además que, a diferencia de otros procesos internacionales en los que primero se alcanzan grandes acuerdos y posteriormente se ejecutan los compromisos, en Venezuela podría producirse una secuencia distinta. “Esto implica el anuncio de pasos preliminares que se vayan acordando para ir cumpliendo con las expectativas de amplios sectores del país”, sostuvo.
La exposición pública de la negociación, sin embargo, continúa marcada por mensajes cruzados. “La negociación está en marcha, pero parece una guerra de micrófonos”, afirmó Peñaloza. A su juicio, la cautela de las delegaciones puede entenderse porque están tratando asuntos complejos y no necesariamente conviene hacer públicos todos los detalles.
Esa reserva alimenta también la incertidumbre. Blanco señaló que parte de la conversación pública se concentra en la confrontación entre oficialismo y oposición alrededor de la mesa, mientras dentro de los propios sectores involucrados existen voces insatisfechas con lo ocurrido hasta ahora.
El resultado de la negociación dependerá, en última instancia, de si los anuncios y compromisos consiguen producir cambios verificables. Peñaloza resumió esa incertidumbre al advertir que “todo esto que está pasando mantiene en suspenso al venezolano sobre si habrá o no un proceso de reconstrucción viable”.
Con diciembre como horizonte y una ciudadanía que espera respuestas, la mesa tendrá que demostrar durante los próximos meses si puede transformar la negociación en acuerdos capaces de modificar el escenario político e institucional. Por ahora, las conversaciones avanzan, pero el verdadero alcance del proceso todavía está por verse.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La sociedad civil, defensores de derechos humanos y diversas organizaciones reaccionaron con firmeza ante el secuestro y asesinato del líder indígena de la comunidad Jivi Ekunay, Julio Rodríguez, denunciando la gravedad del hecho y exigiendo respuestas inmediatas del Estado.
Una de las primeras organizaciones en pronunciarse fue la ONG Fundaredes quienes desde su cuenta en Instagram rechazaron el asesinato de Rodríguez en el estado Bolívar.
Fundaredes alertó que el hecho confirma “la extrema vulnerabilidad en la que viven las comunidades indígenas expuestas a la presencia de grupos armados irregulares en territorios mineros y fronterizos”.
La organización exigió al estado venezolano una inmediata, exhaustiva y transparente, así como la sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de este crimen. Asimismo, demandó la adopción de medidas de protección reales para resguardar la vida, la integridad y el territorio de los pueblos indígenas que siguen siendo víctimas de desplazamiento, amenazas y violencia armada.
“Su muerte obliga a renovar el llamado nacional e internacional para detener la impunidad y garantizar justicia para las comunidades indígenas de Venezuela”, se lee en el post.
La ONG Caleidoscopio Humano alertó a través de su cuenta en X que el crimen de Julio Rodríguez “evidencia la grave desprotección de estas comunidades ante grupos armados”.
Hallan muerto a capitán indígena secuestrado por grupos irregulares en Bolívar
Autoridades hallaron muerto al líder indígena Julio Rodríguez, raptado el 2 de agosto por las integrantes de grupos guerrilleros en Los Pijiguaos, al oeste de Bolívar. Para ONG y líderes locales, el… pic.twitter.com/3fUp0avOWd
El defensor de derechos humanos y coordinador de Provea, Oscar Murillo, indicó que el Ministerio Público (MP) tiene la obligación legal y constitucional de iniciar de oficio una investigación sobre el asesinato del líder del pueblo Mapoyo.
“En Provea, exigimos la adopción de medidas urgentes para salvaguardar la vida y los territorios de los pueblos indígenas a causa de la disputa por la extracción ilegal de minerales en el estado Bolívar”, expresó.
El @MinpublicoVEN tiene la obligación legal y constitucional de iniciar de oficio una investigación sobre el asesinato del líder del pueblo Mapoyo, Julio Rodríguez.
La comunidad Jivi Ekunay, en Los Pijiguaos, denunció el pasado domingo el secuestro de Rodriguez a manos de… https://t.co/d1C6lJqwmw
La ONG Derechos Humanos en Acción también se pronunció por el asesinato del líder indígena y advirtió que la protección de los pueblos indígenas no puede esperar.
“La muerte del capitán indígena Julio Rodríguez, de la comunidad Jivi Ekunay del pueblo Mapoyo, vuelve a encender las alertas sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan comunidades indígenas ante la presencia y actuación de grupos armados en sus territorios”, se lee en el mensaje.
La protección de los pueblos indígenas no puede esperar 🚨
La muerte del capitán indígena Julio Rodríguez, de la comunidad Jivi Ekunay del pueblo Mapoyo, vuelve a encender las alertas sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan comunidades indígenas ante la presencia y… pic.twitter.com/2uagB6Z840
— Derechos Humanos en Acción (@ddhhenaccion) August 12, 2026
Las voces que se han pronunciado insisten en que la defensa de los pueblos indígenas es una responsabilidad impostergable. Su demanda final es que la muerte del capitán Rodríguez no sea otro episodio silenciado, sino el inicio de una respuesta estatal que garantice vida, integridad y derechos en los territorios más vulnerables del país.
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Al grito unísono de “ni terroristas ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes” y “ni uno, ni dos, que salgan todos”, este miércoles 12 de agosto, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y el colectivo de derechos humanos Surgentes presentó en un auditorio de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) el libro “No siempre pierden las de abajo, crónicas de la represión poselectoral en Venezuela”.
Con la presencia de varios expresos políticos y madres de algunos aún detenidos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, activistas dieron a conocer el texto que recoge testimonios de víctimas de la represión desatada por cuerpos de seguridad del Estado hace un par de años.
Martha Lía Grajales, integrante del colectivo Surgentes, informó que el libro cuenta con los testimonios de cuatro jóvenes, tres madres de presos políticos y dos relatos que exponen cómo la represión se extendió hasta los propios defensores de DDHH.
“No tenemos dinero para imprimirlo, por eso el libro puede leerse on line, decidimos hacerlo para reflejar que las condiciones por las que estas personas fueron encarceladas siguen intactas”, dijo Grajales, quien también fue detenida por cuatro días en 2025 mientras acompañaba a una manifestación a las afueras de la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas.
Kenny Tejeda, quien fue detenido el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo y excarcelado el pasado 25 de enero de este año, dijo que el acto fue una especie de recordatorio “de lo que nunca más debe volver a suceder”.
“Ni Marvel ni DC Comics pueden juntar a tanto héroe como los que estoy viendo en este salón ahora”, sentenció el abogado que pertenece al equipo de Foro Penal.
Tejeda abogó por la justicia, reconciliación y por los principios de no repetición, aunado a la lucha sostenida por lograr la libertad plena de las más de 300 personas que aún permanecen tras las rejas por disentir del actual gobierno.
“El perdón está bien, pero eso implica que quienes nos hicieron sufrir se hagan responsables de sus actos, tenemos a un gobierno que no nos representa”, agregó.
Alexander Fernández y su hijo Santiago, también oriundos de Carabobo, expresaron su gratitud con los defensores de DDHH y especialmente con las madres que todavía se mantienen en las calles exigiendo la liberación de sus hijos.
“Mientras yo estaba en la cárcel de Tocuyito mi hijo estaba en Tocorón y a mi esposa le tocó cargar con todo el peso de esa cruz, todos aquí son unos valientes porque resistieron y demostraron que somos inocentes”, dijo el abogado.
“Estas iniciativas son excelentes porque lo que nos pasó no se puede olvidar y hay que registrarlo, no podemos permitir que pase otra vez”, agregó Santiago.
Luego de 17 meses de prisión, Juan Diego Lucena, fue excarcelado en enero de este año y se reencontró con su hija. El coordinador juvenil del partido Vente Venezuela en el estado Lara sentenció que testimonios como los que se encuentran en “No siempre pierden las de abajo”, representan la valentía y el amor de centenares de familiares que nunca abandonaron a sus afectos.
“Cuando la dictadura se hace ley, la rebelión es un derecho, a nosotros nos metían en una celda de 4,5 x 6 metros y pasamos por momentos terribles, pero la idea de reencontrarnos y volver a abrazar a nuestros familiares era lo único que nos mantenía de pie”, dijo el dirigente político.
Lourdes García, madre de Renny González, indicó que su hijo lleva casi dos años detenido por el simple hecho de encontrarse en un grupo de WhatsApp.
“Lo acusaron de terrorista, que era financista de armas. Han habido varios juicios y no han encontrado nada ¿Qué van a encontrar?, por esta causa también sigue detenido Nudre Chourio y hay una muchacha que recibió amnistía, una locura porque es la administradora del grupo y mi hijo sigue preso”, dijo la oriunda del estado Zulia.
A la cita también asistieron Ana Añez, Jacqueline Pérez y Joheily Atencio, madres de Olbis Dirinot, Rafael Guedes y Roberto Pérez, respectivamente, detenidos en Punto Fijo, estado Falcón.
“Mi hijo está preso desde el 20 de septiembre de 2024, su padre murió cuando tenía cuatro meses detenido y no pudo despedirse”, comentó Pérez.
Madres al rescate
Para Grajales, el libro “No siempre pierden las de abajo”, cuenta la historia de cómo surgió el Comité de Madres en Defensa por la Verdad.
“El pasado mes de abril hicimos el tercer encuentro de este comité que después de conseguir la excarcelación de la mayoría, ahora entra en la etapa de exigir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, dijo la activista.
Maria Angélica Alvarado, coordinadora para Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dijo que el respeto a los DDHH debe estar en la agenda del diálogo que se lleva a cabo en estos momentos.
“Hemos documentado violaciones a los derechos fundamentales luego de las elecciones del 28 de julio de 2024, que produjeron una ruptura profunda en el tejido social. Muchas mujeres se vieron obligadas a cambiar su vida para hacerse a la causa por la liberación de sus familiares”, manifestó Alvarado.
Por su parte, Antonio González, del colectivo Surgentes, indicó que después del 28J, las madres decidieron dejar de llorar en sus casas para hacerlo en las calles y convertir las lágrimas en denuncia.
“Las excarcelaciones en diciembre de 2025 fueron producto de la lucha de un grupo de mujeres que decidieron no ceder ante el miedoy la intimidación, al igual que la Ley de Amnistía, que por cierto no fue el proyecto de instrumento legal que varias de las que están aquí en esta sala entregaron”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El inicio del año escolar 2026-2027 se aproxima en medio de dudas y advertencias del sector educativo. A pocas semanas para el regreso a clases, persisten fallas graves en infraestructura, servicios básicos y condiciones laborales que no se ajustan a la realidad de millones de docentes venezolanos.
Gricelda Sánchez, coordinadora regional del Sindicato Unitario de Magisterio (SUMA), en entrevista para el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, cuestionó las condiciones de las escuelas para el inicio del año escolar y pidió conocer cuáles planteles serán recuperados tras los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio.
Sánchez señaló que el deterioro de la infraestructura educativa no se limita a las instituciones afectadas por los sismos y afirmó que siete de cada 10 escuelas que han visitado presentan problemas de infraestructura o servicios básicos.
La red de escuelas de Fe y Alegría advirtió que 31 centros presentan afectaciones graves y que 18.700 estudiantes podrían ver interrumpido su derecho a la educación si no se hacen las reparaciones a tiempo.
Para Sánchez, el panorama confirma que el sistema educativo enfrenta otro año marcado por la improvisación y la falta de respuestas estructurales.
Aquí las claves de las demandas centrales para el regreso a clases luego del doblete sísmico:
10 años reclamando salarios dignos
La dirigente sindical recordó que el sector educativo lleva más de una década reclamando salarios dignos y que no cuentan con un seguro de salud ni funerario.
Consideró que reconocer los bonos como parte del salario permitiría mejorar las condiciones del sector y destacó que los docentes jubilados también continúan siendo profesionales y atraviesan dificultades económicas, físicas y psicológicas.
“Vemos que es un año más de improvisación, de cero escuchar a los docentes, a los trabajadores del sector de educación”, afirmó.
Recuperación del PAEy transporte estudiantil
Sánchez pidió recuperar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y garantizar que los estudiantes reciban alimentos suficientes y nutritivos.
Asimismo, planteó activar nuevamente el programa de transporte estudiantil para facilitar el traslado de niños, niñas y jóvenes hacia los centros educativos.
Revertir despidos
Sánchez alertó que 508 trabajadores del sector educativo permanecen despedidos, principalmente en los estados Zulia, Falcón y Barinas, con especial incidencia en Socopó.
Aseguró que esperan que durante septiembre entre 60 % y 70 % de estos trabajadores puedan comenzar a cobrar sus salarios, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.
Hizo un llamado a los directores de los planteles a denunciar las situaciones que afectan a los trabajadores y recalcó que el reclamo no debe ser considerado un asunto político.
*Con información de Fe y Alegría
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