El Ministerio del Poder Popular para la Educación reportó avances en distintos indicadores durante el año escolar 2025-2026, entre ellos un aumento de la matrícula hasta 6 009 254 estudiantes y una reducción de las vacantes de docentes especialistas. Sin embargo, Cecodap advierte que estos resultados administrativos no son suficientes para afirmar que Venezuela está recuperando de manera integral el derecho a la educación.
En un análisis elaborado por Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, la organización contrasta las cifras oficiales con estudios independientes y señala que todavía existe un vacío fundamental: no hay evidencia pública suficiente sobre cuánto están aprendiendo los estudiantes.
A continuación, se enumeran las claves:
Matrícula no significa inclusión
El balance ministerial registra una matrícula de 6 009 254 estudiantes en julio de 2026, lo que representa, según Cecodap, un incremento de 7,9 % desde 2024.
Sin embargo, el organismo llama a diferenciar matrícula y cobertura. Mientras la primera corresponde al registro de estudiantes dentro del sistema educativo, la segunda permite conocer qué proporción de la población en edad escolar está efectivamente atendida.
Cecodap cita los resultados del análisis de la ENCOVI 2025, que ubican la cobertura educativa en 64 % y estiman que alrededor de 1,2 millones de niños permanecen fuera de las aulas. Para la organización, el aumento de la matrícula constituye una señal positiva, pero no resuelve por sí mismo la exclusión estructural. Por ello, plantea una estrategia nacional para identificar, buscar, reincorporar y acompañar a los niños, niñas y adolescentes que están fuera de la escuela o en riesgo de abandonar sus estudios.
Más días abiertos no garantizan más aprendizaje
Otro de los indicadores destacados por el Ministerio es la apertura de las instituciones educativas durante 178 días del año escolar.
Cecodap considera que este dato debe analizarse junto con la asistencia efectiva de los estudiantes, la presencia de los docentes y las horas de clases realmente impartidas. Se advierte que contabilizar los días de apertura de una institución no permite determinar cuánto tiempo efectivo de aprendizaje recibió cada estudiante.
Por ello, propone que el seguimiento educativo incorpore indicadores de asistencia, permanencia, presencia docente y horas pedagógicas efectivamente impartidas, en lugar de limitarse al calendario escolar.
Menos vacantes docentes, pero persiste el déficit
El balance oficial también muestra una disminución de las vacantes de docentes especialistas. La cifra pasó de 25 393 a 13 834, una reducción que Cecodap reconoce como un avance, y el organismo señala que reducir las plazas vacantes no resuelve por sí solo la crisis de la carrera docente.
Para sostener la recuperación del sistema educativo, plantea vincular la reducción del déficit con mejores condiciones de remuneración, estabilidad laboral, formación, especialización, protección social y permanencia de los educadores. Durante el año escolar también aumentó la participación en programas de formación docente, con 266 385 participantes. Cecodap considera positivo este crecimiento, pero advierte que todavía es necesario evaluar cuál es el impacto real de esa formación dentro de las aulas.
El gran vacío: cuánto están aprendiendo los estudiantes
El principal cuestionamiento del comunicado está relacionado con los resultados de aprendizaje. El balance oficial señala que 23 356 instituciones educativas participaron en evaluaciones de contenidos. No obstante, el documento no presenta resultados públicos que permitan conocer el desempeño de los estudiantes en áreas esenciales como lectura, escritura, matemáticas y ciencias.
Para Trapani, este vacío impide determinar si las mejoras registradas en matrícula, infraestructura, alimentación o formación docente se traducen efectivamente en aprendizaje. El organismo considera necesario desarrollar evaluaciones periódicas y comparables que permitan medir progresión, rezago y recuperación de aprendizajes, con resultados desagregados por grado, territorio, tipo de gestión y otras variables relevantes para identificar desigualdades.
Escuelas atendidas y PAE: más allá de las cifras
También se cuestiona la forma en que se presentan algunos indicadores de infraestructura y alimentación. En el caso de las escuelas, considera insuficiente contabilizar cuántas instituciones fueron “atendidas” sin precisar si cuentan con agua, electricidad, baños, seguridad, accesibilidad y condiciones adecuadas para funcionar.
Una escuela reparada o intervenida no necesariamente equivale a una escuela plenamente operativa y una situación similar ocurre con el Programa de Alimentación Escolar. El informe oficial registra que las toneladas de alimentos distribuidas se triplicaron respecto de 2023, pero Cecodap plantea que el indicador debe complementarse con información sobre cobertura, frecuencia, continuidad y valor nutricional de las comidas recibidas por los estudiantes.
Las brechas territoriales pueden quedar ocultas
El análisis también advierte que los promedios nacionales pueden ocultar diferencias importantes entre territorios y poblaciones.
Desde una perspectiva de derechos y bioética, Cecodap sostiene que no basta con demostrar que existen avances generales. También es necesario determinar quiénes reciben esos beneficios y si las mejoras llegan prioritariamente a las zonas con mayores privaciones.
Por ello, recomienda publicar información desagregada por territorio, edad, sexo, discapacidad, ruralidad y otras condiciones relevantes, siempre con mecanismos que protejan la privacidad de los niños, niñas y adolescentes. Se considera que la justicia y la dignidad deben ser criterios para evaluar la política educativa y que una verdadera recuperación debería contribuir a disminuir las desigualdades, no únicamente a mejorar los promedios nacionales.
El terremoto cambia las prioridades del próximo año escolar
El doblete sísmico del 24 de junio de 2026 incorpora un nuevo desafío al sistema educativo. La organización subraya que el impacto de los sismos obliga a replantear las prioridades del próximo año escolar e incorporar la seguridad estructural de las instituciones, la continuidad educativa, la protección, la salud mental y el acompañamiento a docentes y familias en los territorios afectados.
Y la recuperación de la infraestructura, por tanto, no debería medirse únicamente por el número de planteles intervenidos, sino por la posibilidad de que los estudiantes regresen a espacios seguros y puedan mantener su trayectoria educativa.
Diez líneas para medir una recuperación real
A partir de su análisis, Cecodap plantea diez líneas de acción para elevar el estándar de las políticas educativas.
La primera es crear una arquitectura integrada de indicadores que combine matrícula, cobertura, asistencia, permanencia, infraestructura, docentes, alimentación y resultados de aprendizaje con definiciones metodológicas claras.
También propone establecer una estrategia nacional para los niños y adolescentes fuera de la escuela; medir el tiempo efectivo de aprendizaje; recuperar integralmente la carrera docente; publicar resultados de aprendizaje; y transformar el seguimiento de infraestructura para evaluar su funcionalidad, seguridad, accesibilidad y servicios básicos.
A esto suma la necesidad de medir el Programa de Alimentación Escolar desde la experiencia del estudiante, desagregar los datos para hacer visibles las desigualdades, incorporar la participación de los propios niños y adolescentes en la evaluación del sistema y adoptar un plan educativo específico para los territorios afectados por los terremotos. Finalmente, Cecodap señala que Venezuela presenta señales de recuperación en la gestión del sistema educativo, pero todavía carece de evidencia suficiente para demostrar una recuperación sustantiva del derecho a la educación y del nivel de aprendizaje de los estudiantes.
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