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Alemania: “Cuando tu cabeza es un incendio, el amor no alcanza”

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La cinta Alemania, de María Zanetti, no solo habla del viaje a otro país, trata del viaje interior de la adolescencia a la adultez de Lola

 

@SoyJuanette

Es domingo por la tarde, y estamos saliendo junto con mi hija (que está por cumplir 15 años) de la sala Fernando Birri del Gaumont; ambos tenemos los ojos rojos de la emoción. Acabamos de ver la ópera prima de la directora argentina María Zanetti: Alemania.

La cinta de Zanetti habla de sueños adolescentes, del amor entre hermanos, del despertar sexual y de salud mental. El filme cuenta la historia de Lola, una adolescente de 16 años que quiere irse a vivir a Alemania como parte de un intercambio estudiantil. Pero Alemania no solo habla del viaje a otro país, trata del viaje interior de la adolescencia a la adultez.

Durante los 87 minutos que dura la película, veremos cómo Lola trata de sortear algunos obstáculos para cumplir su sueño de vivir en Europa. Por ejemplo, debe lidiar con los problemas económicos de su familia, en una Argentina de mediado de los 90; y además la complicación más grande de todas: ver el deterioro de Julieta, su hermana mayor, por causa de una enfermedad mental.

Ahora Lola debe tomar la decisión de acompañar a su familia en el duro trance que conlleva tener un familiar con una condición mental, o dejarlo todo atrás y viajar hasta Alemania para formarse y vivir su propia historia.

Zanetti logra plasmar en algunas escenas de la película la desesperación de los padres, tratando de lidiar con el mal que aqueja a Julieta. Y al mismo tiempo somos testigo del temple y la madurez de Lola para que su hermano menor trate de tener una niñez lo más normal posible, en medio de un hogar convulsionado.

La frase que titula esta columna, y que es dicha por la abuela de Lola, explica magistralmente lo que significa tanto para el paciente, como para la familia, el tránsito por una enfermedad mental:

“Cuando tu cabeza es un incendio el amor no alcanza”.

Las escenas de Lola con su hermana Julieta, mientras “Juli” sufre cambios de ánimo realmente son movilizantes. No cabe duda que Alemania dará de qué hablar no solo en Argentina, sino también fuera de nuestras fronteras.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

ARI Móvil y Plafam difunden educación sexual en el casco histórico de Petare

Por Yusmary Coccia, del Programa de Formación de Nuevos Periodistas

 

En medio de pintorescas casas coloniales llenas de color e historia y bordeando el casco histórico de Petare, se estacionó un camión blanco con una apariencia singular. Al abrir sus puertas, el vehículo simulaba un food truck. Sin embargo, desde su ventana las personas no conseguían ningún tipo de alimento o golosina, en su lugar, eran recibidos con noticias e información de salud desde una cabina de radio improvisada llamada ARI Móvil.

La iniciativa del camión de información de la Alianza Rebelde Investiga (ARI, conformada por los medios digitales El Pitazo, Tal Cual y Runrunes) surgió en agosto de 2023 con la finalidad de combatir la censura y vacíos de información existentes en los sectores populares. Hasta el momento, el camión sale tres veces por semana y ha recorrido diversas zonas como La Cruz, El Calvario, El Hatillo, La Lucha, entre otras.

Su presentación más reciente se realizó frente a la plaza Sucre, en la comunidad de Petare, y contó con la colaboración de la Fundación Bigott, una organización que investiga y difunde prácticas culturales del venezolano; la Fundación José Ángel Lamas, la cual se encarga del desarrollo de las políticas culturales del municipio Sucre; y la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), que cumple 38 años protegiendo la salud sexual y reproductiva de las personas. El tema principal del evento fue la planificación familiar y el embarazo precoz.

“En este momento, la planificación familiar es uno de los puntos más importantes para el desarrollo de las personas. Es necesario que los adolescentes y la familia entiendan y se involucren en la planificación de los jóvenes, ya que en la casa se puede cultivar la educación sexual y la importancia de cuidarse”, expresó Jessica Castillo, representante del grupo de comunicación de Plafam.

ARI Móvil gana presencia en una comunidad afectada por el embarazo precoz

En un escalón del ARI Móvil reposaba el periódico ENTÉRATE, un semanario creado por el medio Tal Cual que recoge noticias de interés para la comunidad que se visita. Junto a las hojas de noticias se encontraba una cesta llena de preservativos donados por la organización Plafam. Así las personas de la comunidad comenzaron a acercarse al camión de noticias para pedir información.

Mientras algunos hablaban de lo que habían leído en redes sociales, y otros preguntaban por los servicios de Plafam, una señora de paso lento, manos temblorosas y con la cabeza completamente llena de canas se acercó a la cesta de preservativos.

“¿Puedo agarrar?” – le entregan un preservativo – “dame para mis dos nietos porque yo no tengo para mantener a otro muchacho en la casa”.

Durante el año 2023, Venezuela ocupó el segundo lugar en Latinoamérica de los países con mayor cantidad de embarazos en menores de edad, de 15 a 19 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Entre las principales causas se encuentra el abuso sexual, la falta de información y el costo de los métodos anticonceptivos. Además, esta problemática es más común en los sectores populares del país.

Los vecinos de Petare mostraron interés en la información dada y en los servicios de Plafam

 

En este sentido, Petare ocupa uno de los primeros lugares en la lista de barrios más grandes con poblaciones vulnerables. De acuerdo con el medio Deutsche Welle, Petare es la favela más poblada de América Latina con medio millón de habitantes.

Por su parte, en las proyecciones del último censo poblacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2011, se estimó que para 2020 el municipio Sucre tendría una población de 718.203 habitantes, de los cuales el 63% se encontraría en Petare (448.861 habitantes).

“Hoy día la falta de información en los adolescentes de 10, 11 y 12 años es muy grande. En Plafam de Petare hemos atendido embarazos en adolescentes de 12 años que llegan muy avanzadas y no se han hecho ni siquiera un eco.”, informó Yuraima Martínez, orientadora de Plafam Altagracia, en una entrevista dentro de la cabina del ARI Móvil.

Con un traje morado de enfermera se acercó Ana Salcedo a preguntar hasta qué hora se quedaría el camión de noticias en la zona. Su intención era invitar a varios jóvenes a la charla. 

“Yo trabajo aquí, soy enfermera y recibo a diario muchos casos de embarazo precoz. Los tiempos han cambiado, ayer recibí una muchacha que parecía de 20 años y la persona que la estaba acompañando era su abuela. En la evaluación me dijo que tenía 14 y me impresioné, un embarazo ya avanzado y muchas de estas jóvenes terminan siendo mamás solas”, explicó Salcedo.

Yuraima Martínez, orientadora de Plafam, destacó que la educación sexual debe comenzar desde temprana edad en casa

 

La enfermera también criticó que la actividad se realizara en un horario diurno cuando los adolescentes están en clases. Sin embargo, Yuraima Martínez aclaró que la comunicación con los colegios y liceos de la zona no ha sido sencilla. “De cuatro o cinco colegios que hay por aquí cerca, Plafam ha logrado llevar sus charlas a uno solo, porque los colegios creen que no es apropiado el tema y que si se habla de educación sexual, se promueve”.

Antes de que el reloj marcara las 12, los adolescentes se comenzaron a acercar al camión de noticias con timidez. Pedían periódicos y recibían orientación. Las jóvenes también podían escoger una copa menstrual. Ante la pregunta de si conocían Plafam las respuestas fueron variadas: “es algo de métodos anticonceptivos”, “no lo conozco”, “¿es una farmacia?”, algunos susurros y risas apenadas. 

Coincidieron en la respuesta de si saben prevenir un embarazo, “creo que sí” fue la frase más repetida por los estudiantes.

En la actualidad, Plafam ofrece programas de diversidad sexual, embarazo en adolescentes, orientación gratuita, educación integral en sexualidad, servicio infanto-juvenil, entre otros servicios dedicados a niños, adolescentes y adultos de todas las edades.

Esta oportunidad fue la primera entrada del ARI Móvil a la comunidad de Petare. Se espera que tenga nuevas presentaciones en este y otros sectores populares para continuar su labor informativa.

 

Organización de Aviación Civil Internacional aceptó demanda contra Argentina por avión de Emtrasur

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El ministro de Transporte del gobierno de Nicolás Maduro, Ramón Velásquez, informó que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aceptó la demanda de Venezuela contra Argentina por el avión de Emtrasur, filial de Conviasa, que fue retenido en el país suramericano y luego destruido en Estados Unidos.

En entrevista con el canal oficilista Telesur, Velásquez calificó de robo la acción de Estados Unidos, y aseguró que se trata de una violación a los convenios internacionales y contra Venezuela. «Nuestra demanda fue aceptada por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional @icao, de la cual somos miembros; para ser analizada por parte del consejo que lo integra», dice parte del texto publicado en su cuenta de X (antiguo Twitter).

En nombre de Venezuela, el ministro exigió justicia sobre el caso que, según dijo, atentó de manera directa contra el patrimonio de los venezolanos. «Una acción arbitraria e ilegal ejecutada por el gobierno de la República Argentina«, agregó.

“La idea, y así lo hemos establecido también, de llevar esta controversia ante la OACI es buscar respuesta del Gobierno argentino porque no hubo respuesta por ningún medio”, dijo el funcionario durante la entrevista.

Puja por Emtrasur

Aseguró que Argentina accedió a entregarle el avión de Emtrasur a Estados Unidos con la condición de que se nombrara un representante de las oficinas del FBI en Argentina como custodio de la aeronave y, si en algún momento se presentaba alguna decisión que favoreciera el retorno del avión, debía regresar a Argentina y de allí a Venezuela.

“Nos buscaban desmoralizar, pero ¿qué pasaría ahora en esta controversia que estamos llevando? ¿Qué pasaría si la OACI determina que Argentina tiene que devolverle el avión a Venezuela? Cuando en cuestión de tres o cuatro días el Gobierno de los Estados Unidos lo destruyó, lo demolió. Ahí se tiene que poner de acuerdo entonces el Poder Judicial argentino con el estadounidense y ver cómo nos reponen nuestro avión”, dijo.

 

 

 

Dos muertos y cuatro heridos dejó siniestro de una avioneta en Carabobo

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Dos muertos y cuatro heridos dejó el aterrizaje forzoso de una avioneta, informó el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda.

De acuerdo con los datos suministrados por las autoridades, en el hecho murió Felipe Andrés Berbey Rojas, de 58 años de edad, propietario del Hotel Baywatch de Tucacas, estado Falcón y pocas horas después, falleció el piloto Ronaldo Cure Méndez, quien presentó traumatismos generalizados durante del siniestro.

Los heridos quedaron identificados como Liliane Valentina Escalona Hidalgo (35); Domiciano Enrique Guerrero Cuicas (32) y Yhoselyn José Velásquez Hernández (27). 

Por medio de la red social X, el funcionario indicó que la aeronave, que cubría la ruta Los Roques (archipiélago)-Valencia (estado Carabobo), hizo un aterrizaje de emergencia en La Salina de Puerto Cabello.

Al sitio del siniestro acudieron funcionarios del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), bomberos y rescatistas, quienes atienden a las personas que resultaron lesionadas, señaló Pérez Ampueda.

El INAC investiga las causas del siniestro, agregó el viceministro en la red social, donde compartió imágenes de la aeronave y del operativo.

En junio de 2022, seis personas, entre ellas un dirigente deportivo, fallecieron cuando el avión tipo Lear Jet en el que viajaban se precipitó a tierra en las cercanías de una fábrica de cemento en la ciudad de Charallave, en la zona central del país, según informó entonces Pérez Ampueda.

El funcionario detalló entonces que los fallecidos fueron los tripulantes Guillermo Vargas y Milton Quigua, y cuatro pasajeros identificados como Aldo Camacho, Juan Barajas, Ronald Camacho y Christian Toni, quien era presidente del equipo nacional de fútbol Estudiantes de Mérida. 

 

Con información de EFE

 

La familia de Henry Alviarez pensó que todo estaba bien

El 10 de marzo de 2024 aumentó la lista de miembros del equipo de María Corina Machado detenidos por las autoridades venezolanas. Ese día le tocó a Henry Alviarez, coordinador de Organización del comando Con Venezuela. En la misma fecha también detuvieron a Dignora Hernández, secretaria nacional de Vente Venezuela.

Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, denunció que a más de un mes de su detención, nadie ha podido ver a Alviarez, ni familiares ni abogados. Por ese motivo, hizo un llamado a organismos internacionales, incluido al fiscal de la Corte Penal internacional (CPI), Karim Khan, quien casualmente estuvo de visita en el país hace unos días.

“Queremos saber cuál es su situación de salud, cuál es su situación legal”, señaló Moreno en declaraciones ofrecidas a Runrun.es.

Henry Alviarez tiene 57 años y es abogado egresado de la Universidad de Los Andes (ULA) en 1991. Además, fue presidente del Colegio de Abogados del estado Lara entre 1998 y 2008, formó parte de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y fue director de la primera Escuela de Derecho de la Universidad Fermín Toro.

En el año 1999 incursionó en la vida política partidista en el movimiento Primero Justicia en el estado Lara, partido en el que militó hasta 2010. Más tarde, en 2016, asumió el cargo de Coordinador de Organización Nacional del partido Vente Venezuela y participó en la elección primaria de 2023 como coordinador de Organización del comando de María Corina Machado.

Situación familiar complicada

Harold Contreras comenta que la situación de su familia, a raíz de las actividades de Henry Alviarez en el partido Vente Venezuela, siempre han creado incertidumbre y temor. Los hijos de Alviarez, así como su esposa, están fuera del país. Actualmente solo están en Venezuela Harold y su mamá, que tiene 84 años, quienes viven en Barquisimeto, estado Lara.

“Mi madre iba a ser objeto de una intervención quirúrgica para descalcificar unas válvulas del corazón. Usa por segunda vez un marcapasos y ha sufrido de mareos como si de repente le cortaran la corriente y como que pierde el sentido”, contó Harold Contreras en entrevista con Runrun.es.

Henry Alviarez, por su parte, vivía en un apartamento en Caracas que compartía con su hermano, quien tuvo que mudarse a un hotel por varios días cuando fue allanado sin una orden.

Contreras contó que cuando su hermano fue detenido lo despojaron de todas sus pertenencias, incluyendo un vehículo, su teléfono y las llaves de su apartamento. Durante el allanamiento a la vivienda de Henry, los funcionarios supuestamente se llevaron una caja, pero según Harold Contreras “lo que hicieron fue robarle un perfume, unos zapatos, y listo, porque me dicen que ahí no había ningún tipo de ni de materiales partidista”.

Harold se enteró de la detención de su hermano a través de un primo que lo supo por las redes sociales. Sabe que ocurrió el mismo día que la detención de Dignora Hernández, aunque él no la conoce. Dice ser reservado en cuanto a la actividad política de su hermano.

Fue después de ocho o nueve días que Henry pudo comunicarse con su esposa. Harold todavía no ha podido verlo, aunque sabe que está en la sede del Sebin en El Helicoide. Sus abogados no han tenido acceso a él tampoco.

https://twitter.com/VenteDDHH/status/1781787962797088955

Le dan insumos a través de los familiares de otros detenidos

Tres semanas antes de su detención, Henry Alviarez fue operado de la vesícula por laparoscopia. Aunque la cirugía salió bien, su hermano comenta que Henry es hipertenso y necesita mantener un control con medicamentos.

Precisamente, la dotación de medicinas y ropa se ha podido hacer a través de los familiares de otros presos que están en El Helicoide, porque nadie ha podido ver a Henry Alviarez.

“Hemos entregado ropa y medicamentos a otros presos que solapadamente se la entregan. Así, a través de los familiares de otros presos que están en El Helicoide y que sí pueden y obtienen visitas”, indicó Harold Contreras.

Tres meses antes hubo una alarma

En diciembre de 2023, ya el fiscal general impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, había señalado a Alviarez de haber “conspirado” para “sabotear” el referéndum consultivo sobre el Esequibo celebrado el 3 de diciembre, y dijo que se le imputarían los delitos de “traición a la patria”, “asociación para delinquir”, “conspiración” y “legitimación de capitales”.

Alviarez estuvo refugiado en la Embajada de Holanda junto a Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, miembros del equipo de María Corina Machado y a quienes Saab también señaló. Desde ese momento, otorgó un poder a dos abogados para que lo representaran si algo ocurría, pero siguen sin tener contacto con él.

“Hubo una situación particular que terminó el 20 de diciembre, precisamente en la mañana en la que el gobierno de los Estados Unidos estaba entregando a este señor llamado Alex Saab (…) Ese día hubo una especie de intercambio de personas detenidas y por alguna razón, a Henry le bajaron la persecución y como que le cambiaron una especie de calificación de delito, donde le habían puesto un régimen de presentación, pero de un delito de algo por las redes”, señaló Harold Contreras.

Después de eso, pensaban que todo estaba bien hasta que ocurrió la detención el pasado 10 de marzo. “Yo no tengo conocimiento de por qué se le imputa”, señaló Contreras, quien también es abogado.

“El fiscal general ha señalado unas imputaciones indirectas y sobre unas calificaciones de unos delitos que no me cuadran a mí, dentro de mi humilde conocimiento, que exista un nexo de causalidad para determinar que el hecho esté subsumido en una norma que genere una especie de delito”, agregó.

Harold Contreras no conoce tampoco el número del expediente que realizó el Ministerio Público, qué tribunal de Control estaría a cargo de la investigación ni qué Fiscalía se encarga de investigar.

Familiares de muertos en protestas denunciaron que gobierno protege a los victimarios

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La aplicación de una “justicia genuina” exigieron los miembros de la Alianza de Familiares y Víctimas (Alfavic) de Venezuela para los casos de los ciudadanos que murieron en las protestas antigubernamentales de 2017.

Igualmente denunciaron que el sistema judicial “relega a las víctimas y protege a los victimarios”.

“Los familiares iniciamos un largo proceso ante los organismos encargados, exigiendo una justicia genuina; sin embargo, se nos ha negado de manera constante y reiterada”, señaló la alianza en un comunicado publicado en la red social X.

Alfavic indicó que se ha enfrentado a un sistema de justicia que “relega a las víctimas y protege a los victimarios, y la impunidad como política de Estado envía un doble mensaje”, una afirmación que el Estado niega, al manifestar que se han investigado varios de esos asesinatos y que los culpables están juzgados y presos.

Protesta criminalizada

Sin embargo, la ONG manifiesta que el mensaje del Estado a la sociedad civil es que “el destino de quien protesta solo puede ser una detención arbitraria, una desaparición forzada, la tortura, incluso, la muerte, y a los miembros de los órganos represores, que pueden seguir cometiendo estos crímenes porque el Estado está para protegerlos”.

La alianza sostuvo que a pesar de su dolor, obstáculos y adversidades, seguirá luchando en la exigencia de justicia.

“No estamos dispuestos a bajar la cabeza y rendirnos, porque se lo debemos a esos valientes jóvenes que ese año 2017 salieron con sueños, esperanzas e ideales a exigir sus derechos humanos, civiles y democráticos y no regresaron a casa”, apuntó.

La última semana de marzo de 2017, el país fue sacudido por 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias del Parlamento, entonces de mayoría opositora, dando paso a una ola de protestas que se saldó con más de 120 muertos y la condena de la comunidad internacional al gobierno de Maduro.

 

CIDH condena inhabilitaciones “desproporcionadas” de políticos opositores 

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Un informe de Amnistía Internacional, uno del Departamento de Estado y otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ponen en entredicho el respeto a los derechos fundamentales en Venezuela y todos en el marco de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan al país, periplo donde no hubo mayor información a la prensa y solo hubo sesiones de trabajo y reuniones con el oficialismo.

Este jueves la CIDH presentó una investigación donde acusó al Estado venezolano de violar sistemáyicamente los derechos humanos, además de desalentar la participación política en las venideras elecciones del 28 de julio. 

“El Estado ha violado sistemáticamente los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, para facilitar la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, desalentar la participación política y minar la independencia de las instituciones”, reza el informe de la CIDH correspondiente a 2023. 

De acuerdo a la CIDH, el gobierno de Maduro se ha dedicado a poner trabas a los líderes políticos de oposición en su ímpetu por conseguir cargos públicos. 

Puso como ejemplo el caso de María Corina Machado,  a quien la administración madurista inhabilitó por 15 años por medio de una sanción proveniente de la Contraloría de la República. 

Apenas esta semana y después de que los partidos UNT y MPV pudieran adherir a sus tarjetas la candidatura del opositor Edmundo González Urrutia; Carlos Ocariz, Elias Sayegh, Josy Fernández, Tomás Guanipa y Juan Carlos Caldera fueron inhabilitados también por la Contraloría. 

“Las sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos han sido aplicadas de manera desproporcionada contra personas de la oposición”, lo que viola estándares interamericanos en relación con los derechos políticos”, expuso el comunicado.

La CIDH indicó que en Venezuela no puede hablarse de independencia de poderes: “El deterioro institucional y la falta de independencia del Poder Judicial ha permitido que, en el país, se instale un clima de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos”.

El documento expresa que “ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo ni el Poder Judicial han actuado con debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones que se han cometido”.

LA CIDH pidió al gobierno de Maduro “dejar sin efecto las medidas administrativas que restrinjan derechos políticos”.

Entre otras peticiones que hizo la CIDH al gobierno de Maduro está “restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin cualquier tipo de represión o discriminación de toda la población y el efectivo control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado”.

Que levanten sanciones sectoriales

Con base en los hallazgos hechos por la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, la CIDH solicitó el levantamiento de las sanciones sectoriales aplicadas contra Venezuela. 

El informe expresa que “las sanciones sectoriales no tienen base normativa en el derecho internacional y han agudizado la situación de las personas en situación de vulnerabilidad”.

Sin embargo, el estudio reconoce que la crisis humanitaria compleja antecedió a la imposición de sanciones económicas.

“La grave situación económica antecedió la imposición de sanciones y tuvo como origen distintos factores. Por tal motivo, la CIDH reitera su llamado a que sean levantadas”, agregaron. 

Entre las razones de las crisis venezolana que nada tienen que ver con las sanciones está “la caída de los precios del petróleo, la política de privatización y expropiaciones, la gestión pública deficiente caracterizada por el excesivo gasto público y la corrupción generalizada”.

El gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada su decisión de echar hacia atrás el alivio de sanciones que había acordado en octubre del año pasado luego de la firma del Acuerdo de Barbados, donde el madurismo se comprometió a respetar las normas para una ruta electoral limpia y transparente. 

La CIDH indicó que las sanciones no impiden a un gobierno respetar la Constitución. 

“La imposición de sanciones no es óbice para que el Estado venezolano desatienda sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, enfatizaron. 

 

 

Informe de la OIM revela la doble discriminación que enfrentan las migrantes venezolanas en Colombia

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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que las mujeres migrantes venezolanas que residen en Colombia sufren por la “doble discriminación” en función de su identidad de género y su nacionalidad/estatus migratorio.

En el informe, titulado “Estudio de Impacto Fiscal de la Migración Venezolana en Colombia: Realidad versus Potencial”, señalaron que las mujeres migrantes venezolanas representan una creciente proporción del desplazamiento masivo proveniente de Venezuela, con un 51% del total de esta población en Colombia (Migración Colombia, 2022).

Con esto de precedente y teniendo en cuenta los efectos de la violencia basada en género, los patrones de discriminación, la carga de cuidados y la segregación laboral, las mujeres venezolanas en Colombia enfrentan incontables barreras para su integración socioeconómica en ese país.

Exclusión y subordinación basada en género

El informe de la OIM recuerda que, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo de Colombia, para el año móvil de marzo de 2022 a febrero del 2023, la tasa de ocupación para las mujeres migrantes era de 36,1 puntos porcentuales menor a la de los hombres.

Lo anterior implica que una cantidad significativa de mujeres migrantes dependen de los ingresos de un tercero, que usualmente es su pareja permanente. En últimas, esto perpetúa la exclusión y subordinación basada en género y, potencialmente, las expone a la violencia económica o patrimonial; restándoles agencia o autonomía para la toma efectiva de decisiones sobre sus proyectos de vida.

“En mi caso, la fuente de ingreso es lo que pues. El sustento del hogar es mi esposo. Yo apoyo también económicamente con parte del dinero que le manda a mis hijos el papá. Ingresos propios como tal no tengo”, contó una venezolana de 41 años.

A esto se suma, según señala la OIM en su estudio, que aquellas mujeres que logran insertarse efectivamente en el mercado laboral
se ven expuestas a maltratos y situaciones de acoso, asociadas con prejuicios por su nacionalidad y su género. Usualmente, estos señalamientos tienen que ver con la sexualización y objetivación.

Segmentación horizontal

A raíz de los prejuicios que recaen sobre ellas, las mujeres migrantes venezolanas se ven especialmente impactadas por la segmentación horizontal. Es decir, suelen ocupar posiciones en servicio doméstico, la educación o la salud; caracterizados por tener menores remuneraciones y pocas garantías.

En ese sentido, la OIM señaló que los principales sectores en los que se desempeñan las mujeres migrantes son: el comercio, hotelería y restaurantes (51,1%), servicios sociales y personales (13%), la industria manufacturera (11,6%), el servicio doméstico (10,8%) y los servicios financieros, actividades inmobiliarias y otras actividades profesionales (8%) (CUSO Internacional, 2021).

Adicionalmente, datos relevados en la encuesta demuestran diferencias de género significativas en cuanto a formalidad en la modalidad de trabajo dependiente. De esta manera, se evidencia que solo el 28,37% la población migrante encuestada ha
manifestado contar con una vinculación laboral formal y, al profundizar en la distribución por género, se revela una diferencia de 13,42 puntos porcentuales, en detrimento de las mujeres.

Pero también, la OIM advirtió que las mujeres migrantes son las que menores ingresos reciben en comparación con los hombres migrantes y las mujeres colombianas, tanto en modalidad de trabajo dependiente como independiente (CUSO Internacional, 2021).

Según señala el informe, estos oficios son usualmente entendidos como extensiones o continuaciones de las tareas que las mujeres desarrollan habitualmente en otros espacios, como el hogar, y, por lo tanto, se relacionan con las tareas de cuidado.

Tareas de cuidado, una barrera significativa

Las tareas de cuidado, tradicionalmente asignadas a las mujeres, han emergido como una de las barreras significativas para su inserción laboral.

De acuerdo con el informe de la OIM, con frecuencia, los horarios de trabajo convencionales no se alinean con las responsabilidades de cuidado, lo que dificulta que las mujeres compartan tiempo de calidad con sus hijos.

“Esta falta de flexibilidad horaria se convierte en un obstáculo, ya que muchas mujeres aspiran a generar ingresos y contribuir económicamente al hogar”, advierte el estudio de la organización.

Esta realidad ha impulsado a muchas mujeres a buscar alternativas de autoempleo, donde la flexibilidad se presenta como un incentivo. La posibilidad de gestionar sus propios horarios les permite conciliar las responsabilidades de cuidado con la búsqueda de oportunidades laborales, ofreciendo así una solución potencial para superar las barreras que han limitado la generación de ingresos.

“Estoy trabajando ahora por prestación de servicios. Y estoy a la par fortaleciendo mi emprendimiento de refrigerios, que nace de la necesidad de poder brindarle más atención a mi hogar”, señaló una venezolana entrevistada en el estudio. 

En ese sentido, las mujeres migrantes venezolanas enfrentan desafíos específicos para su integración socioeconómica, relacionados con su género y nacionalidad, lo que las convierte “en uno de los grupos más vulnerables y que, por lo tanto, necesita de acciones específicas direccionadas a garantizar su inserción laboral y la protección de sus derechos fundamentales”.

La Organización Internacional para las Migraciones consideró que es evidente que las mujeres migrantes tienen una “sobrecarga en las responsabilidades de cuidado y se ven expuestas a discriminación y violencia sistemática con mayor frecuencia, en comparación con otros grupos poblacionales”.

“Esto se traduce en que no habitan de la misma forma lugares como el trabajo y el espacio público, con los efectos económicos y emocionales que esto implica”, concluyen.