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¿Estarán todos los que son en el Registro Electoral?

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Ya han pasado casi 15 días desde que se venció el plazo el pasado 16 abril para inscribirse o actualizar datos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a los comicios presidenciales del venidero 28 de julio.

Sin embargo, muchos de los que corrieron la suerte de poder inscribirse o actualizar sus datos aún no pueden ver en la web del CNE su nombre con el sitio donde les corresponde votar.

Y es que el proceso previo a las elecciones del 28J ha estado lleno de baches, empezando por las irregularidades presentadas en el exterior del país hasta la imposibilidad de que algunos candidatos se inscribieran. 

Según lo informado por Elvis Amoroso, presidente del CNE, desde este 29 de abril los usuarios iban a poder visualizar su estatus, sin embargo, eso no ha ocurrido. Usuarios reportaron que no han conseguido su nombre en la base de datos del CNE.

El periodista especializado en procesos electorales, Eugenio Martinez, publicó en sus redes sociales que hasta las 10 de la mañana de este martes 30 de abril, el CNE no había publicado el RE preliminar. 

“Mientras el CNE no publique el RE Preliminar no será posible verificar si fueron procesadas las inscripciones de nuevos votantes, y cambios de centros de votación que se tramitaron durante el operativo especial de actualización del padrón de votantes”, escribió Martínez en su cuenta de X.

Posteriormente dijo que el RE había sido aprobado, pero que aún no había sido publicado.  

“Aunque la aprobación y publicación del RE Preliminar estaba prevista para el 29 de abril, recién se acaba de aprobar  el acta de aprobación del padrón de votantes preliminar. La publicación en la web del CNE puede tardar hasta 48 horas a partir de este momento”, precisó. 

Retrasos por doquier

Griselda Colina, exrectora del CNE, dijo que si bien la publicación del Registro preliminar estaba prevista para el 29 de abril, las fechas del cronograma electoral han sufrido una serie de retrasos sin que el CNE haya dado ninguna explicación ni ajuste.

“Esto también sucedió con la inscripción y actualización en el exterior, que en algunos países no abrió en forma oportuna y que se solicitaron documentos de manera arbitraria en cada consulado o misión diplomática en el exterior”, comentó la experta en termas electorales. 

Colina sentenció que es necesario que el CNE asuma una política de transparencia y comunique de forma oportuna la ejecución de las actividades. 

“También es necesario que todos hagamos un esfuerzo para que en este tiempo que corre los ciudadanos y ciudadanas podamos revisar ese registro electoral y constatar si las personas que se inscribieron están debidamente registradas, si no hubo migraciones arbitrarias y si los datos de las personas que actualizaron lugar de residencia o cambio de nombre están bien”, precisó.

Colina indicó que hay que constatar si efectivamente algunas personas fueron seleccionadas para el Servicio Electoral Obligatorio.

“Todos estos son puntos que debemos alertar a la ciudadanía y que, en ocasión de la opacidad del CNE y de la falta de explicaciones ante los retrasos deben servir como alertas e impulsos ciudadanos”, insistió. 

Colina expresó que es oportuno reiterar que entre el 30 de abril y el 14 de mayo la ciudadanía tiene la oportunidad de revisar sus datos en el Registro Electoral del CNE y confirmar dónde va a poder ejercer su derecho al voto en las #Presidenciales2024. 

“Cada persona debe consultar su estatus en el RE enviando mensaje de texto al teléfono 2637, colocando el número de la cédula. Si alguna persona no sido incorporado al RE o sus datos son inconsistentes pueden hacer el reclamo escribiendo al correo: registro.electoral@cne.gob.ve con los debidos soportes con una planilla descargada desde la página  https://www.cne.gob.ve/web/documentos/pdf/re/instructivo_planilla_reclamo_RE_2012.pdf”.

 

 

Según Maduro mientras El Aissami más conspiraba, más poder acumulaba

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El gobernante Nicolás Maduro afirmó que Tareck El Aissami, exministro de Petróleo ahora preso por el caso de corrupción Pdvsa-Cripto, supuestamente conspiraba en su contra desde el año 2018.

Durante su programa Con Maduro+, el oficialista dijo: “Se configuró una mafia muy corrupta que aprovechó la confianza y el poder que se les dio, no solo para desfalcar el país, no solo para robar, sino que se articuló en un plan con la derecha extremista y con el gobierno de los Estados Unidos”.

“Lo que podía ser una presunción hoy está confirmado con prueba en mano, con declaraciones, porque una cosa es lo que sacó en el breve tiempo que declaró el fiscal general de la nación, y otra las pruebas que se tiene de conversaciones, videoconferencias por Zoom y las declaraciones de los involucrados que echan el cuento de todo”, agregó Maduro.

Según lo dicho por Maduro, las conversaciones que mostró Tarek William Saab, que involucran a los opositores Leopoldo López, Carlos Vecchio, Carlos Ocariz y Julio Borges con Samark López, presunto testaferro de Tareck El Aissami, son de abril y mayo del año 2020 y en las mismas, según sostuvo el mandatario, habrían revelado que tendrían dos años trabajando juntos. 

“Desde enero del 2018 estaban en coordinación con la conspiración. ¿Qué pasó en 2018? El atentado contra mí. Estuvieron en conocimiento del atentado contra mí. ¿Qué pasó en 2019? Cinco años del golpe de los plátanos verdes. Estaban en conocimiento y estaban coordinado con Leopoldo López y con la Casa Blanca con John Bolton y James Story”, dijo Maduro.

Asimismo, agregó: “¿Qué pasó en el 2020? La Operación Gedeón. Pretendieron invadir Venezuela. Parte de los oficiales que estuvieron en el golpe de los plátanos verdes”.

¿Maduro dice toda la verdad sobre El Aissami?

El consultor político Gustavo Azócar destacó varios puntos sobre las palabras de Maduro sobre El Aissami, resaltando que hubo cosas que el jefe del oficialismo no dijo.

“Lo que Maduro no dice es que Tareck El Aissami ascendió como un jeta propulsión en los más altos cargos del Gobierno precisamente porque Maduro lo apoyó y lo promovió entre 2018 y 2023″, señaló Azócar.

Justamente, en esos años El Aissami estuvo al frente del Ministerio de Industrias y en la vicepresidencia Sectorial de Economía. Después de 2020 asumió la presidencia de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Ministerio del Petróleo.

“En 2020 (el año en que se grabaron las conversaciones entre Samark López Bello), Tareck El Aissami fue nombrado Ministro del Petróleo (le dieron más poder) ¿Quién lo nombró? Maduro”, señaló Azócar.

También, en el año 2021, cuando esta supuesta conspiración iba en aumento, fue nombrado vicepresidente Sectorial de Economía. “¿Quién lo nombró? Maduro”, recordó Gustavo Azócar.

“Llama la atención que a partir de 2018, cuando según Maduro, Tareck El Aissami empezó a conspirar, fue cuando más poder le dieron hasta convertirlo en el Zar del petróleo y en el hombre clave para manejar las relaciones con Irán”, agregó el consultor político.

La nueva ola democratizadora de Venezuela

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Han sido 25 años de desinstitucionalización y confrontación. De pérdida de nuestro tejido social. Hoy estamos a tiro de rescatarlo. Y ese anhelo es el brío y el vigor de la nueva ola democratizadora de Venezuela

 

@ovierablanco

Uno de los grandes aportes al pensamiento político transicional, evolutivo y transcultural, lo encontramos en las famosas obras de Samuel P. Huntington. Desde las Olas democratizadoras [Waves of democracy], hasta Choque de civilizaciones [Clash of civilization], Huntington adopta una serie de variables “causa-efecto”, como factores de impacto social, político, cultural y geopolítico, determinantes en los procesos de evolución o involución democrática, decantación de poder, mutación de regímenes [autocráticos a democráticos o viceversa] y conflictos globales.

El caso venezolano es un ejemplo de involución democrática de la otrora democracia electoral e institucional, a un régimen autocrático y autoritario, caracterizado por la ausencia de separación de poderes, cooptación del derecho a elegir, deterioro social, desigualdad económica y debilidad institucional. ¿Cómo volver a la democracia? ¿Estamos en ese tránsito?

La república democrática venezolana [1958-1998] quedó en proceso de acomodo. Fue sustituida por un nuevo régimen autárquico, ausente de fisonomía política real. No es una ‘nueva república’ en términos ciudadanos, liberales y de Estado de derecho. ¿A dónde nos lleva este río profundo de represión, anomia y caos? ¿Estamos al filo de una nueva ola democratizadora en Venezuela? Demos un vistazo a ciertas tendencias históricas e indicadores sistémicos de metamorfosis de poder.

Las olas siempre orillan. Pero tienen que ser olas, no tolvaneras

La primera ola democratizadora, según Huntington, tuvo lugar entre el siglo XIX y el año 1922, entre la Revolución francesa y la marcha de Benito Mussolini a Roma. La llegada del fascismo [nacido de la izquierda radical] significó una sensible involución democrática. El principal factor de caída del fascismo en Italia [1943] fue la inminente derrota de la II Guerra Mundial, siendo el cese de la monarquía, el referéndum de 1946, donde por estrecho margen ganaron los republicanos, inspirados en ideales socialistas y comunistas contra el fascismo corporativo.

Las transiciones concluyen, cuando:

  1. Se supera la violencia y abusos del pasado, para iniciar procesos auténticos de verdad, justicia y reparación;
  2. la sociedad alcanza un período de convivencia, apertura y cambio, y
  3. se logra la consolidación de instituciones democráticas genuinas, desterrando las prácticas autoritarias y corruptas que provocaron la violencia y confrontación.

¿Vivimos en Venezuela una ola democratizadora? Juan Linz y Alfred Stepan, reconocidos investigadores de las transiciones políticas, han señalado que hablar de un proceso de consolidación democrática, es decir, de superación de la confrontación, la violencia y la autarquía, no solo deben reunir condiciones normativas e institucionales propias de un régimen libre, competitivo y responsable, sino que debe haberse convertido además en “el único juego aceptable y aceptado por los ciudadanos y por los actores políticos (the only game in town)”.

En Venezuela los actores de oposición han adoptado el juego democrático como el único juego aceptable y aceptado para salir del régimen. Sin embargo, elecciones justas como regla de oro para conseguir la metamorfosis, exhibe una dinámica visiblemente cuestionada.

Podríamos decir que existe una ola de democratización en Venezuela en pleno desarrollo. El 85 % de la población desea cambio. Y quiere lograrlo en las urnas, votando y eligiendo, como sucedió en las olas democratizadores posteriores a la II Guerra Mundial. La república democrática italiana, por ejemplo, nace en 1946. Desde esa fecha, casi 80 años más tarde, han pasado más de 70 gobiernos. Portugal es otro caso de sucesiones militares pos-Salazar. La España posterior a Franco consigue su democracia mediante procesos constituyentes, reformistas y progresistas, basados en la papeleta. Y Europa del Este –después de la caída del muro de Berlín– desmonta el bloque soviético sobre la base refrendaria.

Al decir de Huntington, el quiebre y caída de regímenes comunistas, autocráticos, Estados corporativos, fascistas o totalitarios, sucumbieron sin tirar del gatillo, sin soltar una bala. ¿La razón? El único juego fue el ideal democrático y de cambio, que es libertad, apertura, prosperidad y convivencia en paz. Esa ola luce indetenible en Venezuela.

Después de 25 años de autarquía y anarquía, la gente se planta por el rescate de la república y de un Estado liberal.

El escamoteo electoral no será el muro que contendrá “el agua”. La ola fluye, avanza inexorablemente, se mete y no retrocede. El cambio no lo lidera un hombre sino el tapón, el hartazgo.

Es importante alertar que la transición democrática no es secesionista. En Venezuela la abrumadora mayoría de la población, aun en crisis económica y elevada insatisfacción, se aferra a las instituciones y procedimientos democráticos para la renovación gubernamental. Nuestra maduración política y social nos ha llevado a entender que la población rechace alternativas de acción política antisistema o desestabilizadoras (Linz y Stepan, 2001). Si el interés colectivo de cambio es una salida política pacífica y participativa, la trampa electoral apaga los cañones.

Es el caso de la Revolución de los claveles de Portugal y la salida de Salazar; las protestas de octubre de 2000, en Yugoslavia y derrocamiento de Slobodan Milošević en Yugoslavia, en 2000; la Revolución de las rosas y la salida del poder de Eduard Shevardnadze en Georgia, en 2003; la Revolución naranja y elección de Víktor Yúshchenko en Ucrania, en 2004; la Revolución de los tulipanes y la salida del Gobierno de Askar Akáyev en Kirguistán, en 2005; la Revolución del cedro y la salida de las fuerzas de Siria del Líbano, en 2005; la Revolución de los jazmines y la salida del Gobierno de Zine Elle Abbedin en Túnez, en 2010; la Revolución del Nilo y la salida de Hosni Mubarak en Egipto, en 2011; la Revolución de las rosas y la salida del Gobierno de Ali Abdullah Saleh en Yemen, en 2012; la Revolución de terciopelo de Armenia y la salida del Gobierno de Serzh Sargsyan, en 2018.

Si las elecciones no son libres, no son el único juego aceptable, una ola primaveral, un movimiento de movimientos, renacerá por el respeto al cambio elegido. Como se le plantó el Cholo Toledo a Fujimori, Bolivia a Evo o Venezuela a Chávez en el 2007.

¿Podrá lograrlo Edmundo? Un pacto de Estado

Nos comenta Huntington: “La segunda ola democratizadora que se vivió en el planeta fue entre 1945 y la década de los sesenta, años durante los cuales surgieron treinta y seis democracias con el derrumbe de Estados fascistas, de gobiernos coloniales y de personalismos militaristas. La tercera ola, que tuvo lugar entre 1974 y 1990, se tradujo en el advenimiento de treinta y cinco democracias gracias al reemplazo o a la transformación de las anteriores autocracias (sistemas unipartidistas, regímenes militares y dictaduras personalistas)”.

Venezuela vivió las propias olas democratizadoras. La primera ola democratizadora vino con la declaración de la independencia en 1810 hasta la Cosiata en 1830. La segunda ola la ubicamos desde 1936 [muerte de Gómez] a 1945 [trienio adeco]. La tercera ola de 1958 a 1998 [la democracia puntofijista]. Y la nueva ola que arrancó en el año 2018, con el desconocimiento del gobierno de Nicolas Maduro –producto de una elección inconstitucional– inspirada por una asamblea constituyente ilegítima. Esta ola democratizadora comienza con la conformación de un gobierno interino que coloca como único juego aceptable sobre la mesa la consolidación democrática mediante elecciones libres. Surge el Acuerdo de Barbados…

El Acuerdo de Barbados no es un hecho aislado. Se debe a un proceso previo de decantación política, sangre, lágrimas y asfalto, por el cambio. Ni María Corina, ni Edmundo ni todo el mundo, están donde están sin Pernalete, Génesis Carmona, Bassil Da Costa, Roberto Redman, Marcel Pereira, Albert Rosales, Romney Tejera; más de 43 muertos en 2014, 163 en 2017, miles de heridos y desaparecidos, miles de perseguidos y exiliados, miles de presos políticos y millones de desplazados. Hoy el único y aceptable game in town es redimir en paz un país ungido de miseria, muerte, miedo y desolación. La ola democratizadora crece y no regresa.

La tercera ola identificada por Huntington es la más importante de los bloques o conjuntos de transiciones democráticas. En ella quedó evidenciada la inviabilidad económica y política del totalitarismo comunista. La caída del Muro de Berlín, sin que mediara acción bélica alguna, puso de manifiesto que los intentos de planificación y de control centralizado de todas las actividades de una sociedad, en la que se suprimen las libertades económicas y políticas, se encuentran condenados al fracaso. La gradual apertura económica –aunque no política– de la República Popular China, iniciada en 1978 por Deng Xiaoping, ilustra la inoperancia de los regímenes totalitarios (Cf. Jordán y Grant, 1990).

El colapso del comunismo, su vocación represiva y cruel, fue denunciado por Nikita Kruschev. Purgas y represión generalizada de un régimen totalitario [el stalinista] cuyo culto a la personalidad de Yósif Stalin significó genocidio y barbarie. Las persecuciones y ejecuciones realizadas por el régimen genocida de Pol Pot en Camboya, que entre 1975 y 1979 aniquiló alrededor del 15 por ciento de la población de ese país (Cf. Robins y Post, 1997). Venezuela también colapsó. Han sido 25 años de hambruna, crueldad, éxodo y violencia de un Estado de terror, que abren paso a la transición inevitable.

El embajador Edmundo González representa una oposición con actitud democrática. La vía legitimadora será la fuerza de una victoria electoral indiscutible e incuestionable. O lo contrario. La fuerza deslegitimadora será un fraude electoral. La gente sabe quién representa el cambio real. No son aquellos que no participaron en la primaria. No son aquellos que el pueblo, sospecha, pactan con el régimen. La gente confía en aquel liderazgo que es compatible con una democracia moderna, liberal, propietaria, industriosa. Ese cambio lo personifica María Corina y el testigo lo tiene Edmundo González.

La profundización democrática

De allí la importancia de prestar atención a modelos evolutivos como el propuesto por Andreas Schedler (2001). “De resultar exitosa esta fase evolutiva, a través de una votación universal, directa y transparente y de un escrutinio confiable […] se hace posible transitar hacia la democracia liberal, en la que se busca garantizar efectivamente los derechos civiles, políticos y humanos”. La profundización de esta forma democrática puede, a su vez, conducir a la estabilidad política, es decir, a una transición plausible.

Parafraseando a Schedler, a Linz y Stepan, existen factores de fragilidad, inestabilidad e incertidumbre capaces de erosionar la transición democrática y hacernos retroceder a etapas superadas. Una de ellas es la división política, la intolerancia, la búsqueda de salidas no institucionales, violentas y la incapacidad de celebrar pactos de gobernabilidad.

La llegada y auge de Hugo Chávez fue un retroceso democrático. Chávez llegó al poder mediante elecciones y su era terminará por elecciones. El país demandaba una transición a la democracia liberal, a un proceso de redención social y política impostergable.

Han sido 25 años de desinstitucionalización y confrontación. De pérdida de nuestra fibra cultural y nuestro tejido social. Hoy estamos a tiro de rescatarlo. Y ese anhelo de felicidad y reencuentro es el brío y el vigor de la nueva ola democratizadora de Venezuela.

vierablanco@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

En 85 % aumentaron ataques contra defensores de DD. HH. en primer trimestre de 2024

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El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 418 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre de 2024 en Venezuela, lo que representa un incremento de 85% en comparación con el mismo periodo del año 2023, cuando se registraron 226 eventos de este tipo. 

A juicio del CDJ, estas acciones evidencian que en Venezuela es sistemática la “política de criminalización dirigida a quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en el país”. 

El reciente balance de la organización destacó que en estos primeros tres meses de 2024  se generaron avances normativos que restringen las libertades cívicas en el país.

“Los proyectos de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, así como la Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, representan nuevas amenazas al trabajo de la sociedad civil y aumentan el riesgo para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos”, denunciaron. 

 

El mes con más ataques de 2024 fue febrero, con 230. Y los ataques documentados incluyen  estigmatización, intimidación, amenazas, ataques digitales, allanamientos, judicialización y detención arbitraria.

Según el informe del CDJ, el principal patrón de ataque durante este período fue la estigmatización de organizaciones no gubernamentales, señalándolas como terroristas y agentes desestabilizadores.

Las ONG también figuran como las principales víctimas de los ataques en el primer trimestre de 2024 en 62% de los casos. El 38% de los restantes ataques se enfocaron en personas defensoras de derechos humanos. 

Responsables de los ataques

De acuerdo con este reporte al menos 155 (37%) de los ataques se materializaron a través de medios de comunicación del Estado.  Por su parte, 136 (32%) fueron efectuados por funcionarios públicos, quienes «hicieron uso de sus perfiles en redes sociales y espacios institucionales para estigmatizar, amenazar e intimidar».

Otros 104 ataques (25%) fueron cometidos por personas o agrupaciones afectas a los intereses del gobierno y en 15 casos (4%) la responsabilidad fue de organismos de seguridad del Estado. Las instituciones públicas o entes gubernamentales fueron responsables de 8 (2%) de los hechos documentados. 

Grupo de trabajo de la ONU reporta aumento alarmante de desapariciones forzadas en Venezuela

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El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU reportó este martes, 30 de abril, un aumento alarmante de estos casos en Venezuela.

Desde diciembre de 2023, denunció el Grupo de Trabajo de la ONU desde Ginebra, en Venezuela se observa un “aumento alarmante de desapariciones forzadas de ciudadanos que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público”.

Según el organismo, en su mayoría, las personas desaparecidas forzadamente son miembros del principal partido político de oposición, así como miembros del Ejército.

“Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de julio de 2024, las desapariciones forzadas podrían tener un efecto paralizador y obstaculizar el derecho del pueblo a votar libremente”, afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

“Estas detenciones prolongadas en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Parecen seguir un patrón según el cual las autoridades estatales privan a las personas de su libertad, las llevan a centros de detención reconocidos y les niegan derechos y protecciones fundamentales, como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia jurídica”, dijeron los expertos.

Consideraron también que una persona privada de su libertad a la que no se le reconozca su detención, o si se oculta su suerte o paradero,  queda fuera de la protección de la ley, lo que constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultamiento, afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU.

“Es crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas privadas de libertad a quienes tienen un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección”, dijeron los expertos.

Los  expertos explicaron que el delito de desaparición forzada conlleva la violación de múltiples derechos humanos. Estos incluyen el derecho al reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad y la seguridad, y el derecho a no ser sometido a tortura.

“También se están violando los derechos fundamentales de los familiares de la persona desaparecida”, señalaron.

“En estas situaciones, los familiares de las personas desaparecidas por la fuerza a menudo se ven obligados a buscar a sus seres queridos en centros de detención donde se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o su paradero y pueden estar expuestos a represalias”, afirmaron los expertos.

Por otra parte, recordaron que el Estado tiene la obligación de buscar y revelar la verdad sobre los desaparecidos. La impunidad por estos crímenes socava la confianza en el Estado de derecho y las instituciones y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad.

“Exhortamos al gobierno de Venezuela a prevenir, erradicar y sancionar todos los actos de desapariciones forzadas, a proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por el Estado, y a brindarles todas las garantías jurídicas, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y ser visitados por ellos, acceso a asistencia letrada y derecho a ser presentados ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención”, concluyeron.

*Con información de Oacnudh

Niña de cuatro años falleció tras ser arrollada por una patrulla del Cicpc en Propatria

Pasaban las 2:00 pm del pasado viernes 26 de abril de 2024, cuando se escucharon los gritos de Ashley Layle Urdaneta (4), en la estación de gasolina de Propatria, parroquia Sucre, municipio Libertador de Caracas.

El conductor de una patrulla del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) la había arrollado, cuando arrancó de forma rápida para salir del lugar.

El vehículo oficial está adscrito a la Delegación Municipal de Eje oeste de Propatria, a pocos metros de donde se reportó el lamentable suceso.

Familiares y allegados de la víctima explicaron, al día siguiente en la morgue de Bello Monte, que la niña de cuatro años acostumbraba a acompañar a su mamá, Mayerling Soto, mientras se ganaba la vida como cuidadora de carros y motos en la zona.

“Cuando todo ocurrió, dos de los agentes se bajaron de la patrulla y salieron corriendo. La gente gritaba que eso no era correcto. Luego, varios funcionarios llegaron al sitio y lavaron la sangre”, contó uno de los acompañantes de la familia.

Relataron que la menor fue auxiliada y trasladada hasta el Hospital Dr. José Gregorio Hernández, también conocido como Los Magallanes de Catia, a donde llegó sin signos vitales.

Aseguran que el hecho quedó grabado por varias cámaras de seguridad de la zona y de la estación de servicio.

El sábado 27 de abril, los familiares y allegados de la pequeña hicieron los trámites para retirar su cuerpo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde exigieron justicia.

Expresaron sentirse preocupados, pues temen que al tratarse de funcionarios del Cicpc, “nadie se haga responsable”.

“Ellos son de una familia de bajos recursos y como (su mamá) no tenía con quién dejarla mientras trabajaba, se la llevaba con ella. Ellos llegaron a decirle, luego de atropellarla, que pensaron que se trataba de un perro”, mencionó uno de los allegados a la familia, quien prefirió resguardar su identidad.

Por otra parte, señalaron que cuando la madre de la niña acudió hasta la sede de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en El Llanito, municipio Sucre, estado Miranda, fue sometida a un largo interrogatorio del que salió pasadas las 8:00 de la noche de ese mismo viernes.

Protestan por justicia

Este lunes 29 de abril 2024, familiares y amigos, luego de sepultar a la niña, se fueron a las adyacencias del lugar del suceso y hasta la sede de la Delegación Municipal del Cicpc, eje Oeste, para exigir justicia.

Con globos blancos y pancartas y bajo la consigna “justicia, justicia”, pidieron que la muerte de Ashley Layle Urdaneta no quede en impune y que los responsables “paguen”. También comentaron que no tenían miedo.

Mayerling Soto relató, junto a todos los manifestantes, cómo la patrulla del Cicpc arrolló a su hija menor de cuatro años.

“Yo estaba con ella, vinieron de retroceso y se estacionaron. Nunca nos percatamos de que el vehículo estaba encendido. Mi hija me preguntó si tenía los zapatos bien puestos y yo le dije que no, que se los acomodara. Se ubicó en una esquina y, cuando el carro arrancó, me pisaron a mi hija y le pasaron por encima. Mi hija no estaba dentro de ninguna caja. Yo estaba con ella”, dijo Soto entre lágrimas.

Dos versiones y un detenido

Sobre la muerte de Ashley Layle Urdaneta, hay dos versiones.

La primera de estas, por parte de familiares, es que la niña estaba sobre unos cartones junto a su madre poniéndose unos zapatos, cuando el conductor de la patrulla arrancó, de forma abrupta, y pisó a la infante.

La segunda versión, extraoficial y de fuentes policiales, es que la víctima estaba dormida, tapada con algunas cajas y cartones, por lo que al momento de mover la patrulla, no lograron verla.

Deudos de la niña informaron que también denunciaron su muerte en las oficinas del Ministerio Público, en la avenida Urdaneta.

De manera extraoficial, se conoció que un detective del Cicpc, presuntamente, conductor de la patrulla, está detenido.

Van 14 arrollamientos

Cifras recopiladas por el equipo de Monitor de Víctimas revelan que, durante 2023, se registraron 61 muertes como consecuencia de arrollamientos en el Área Metropolitana de Caracas. De estas, 7 ocurrieron en la parroquia Sucre, 7 en El Recreo y 8 en Coche.

Llama la atención que de enero a marzo de 2024, se han reportado 14 víctimas por esta causa. De ese total, la parroquia El Paraíso registra 5 casos y Petare, 4.

@jheilyn_cermeno

Alertan que detenciones arbitrarias atentan contra proceso electoral del 28 de julio

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Organizaciones no gubernamentales advirtieron el 30 de abril que las detenciones arbitrarias atentan contra el proceso electoral  presidencial que se  celebrará el 28 de julio. 

Mediante un comunicado, las ONG rechazaron la “política de criminalización, estigmatización, persecución y judicialización contra actores vinculados a organizaciones políticas, en flagrante violación a lo establecido en el Acuerdo de Barbados”.

Al respecto, recordaron que en el estado Portuguesa. Esas detenciones “violan los derechos de libertad de reunión, asociación, expresión, manifestación e integridad física, en medio del contexto electoral presidencial del 28 de julio de 2024 en Venezuela”.

También, señalaron que en la campaña política que realizan sectores de la Plataforma Unitaria Democrática se han presentado acciones de  “criminalización, persecución y judicialización contra integrantes de sus partidos políticos en diferentes estados del país como Barinas y Caracas”.

Los hechos más recientes ocurrieron en Portuguesa, los días 27 y 28 de abril. Presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron el sábado, 27 de abril, a Óscar Castañeda, un simpatizante de María Corina Machado que participó en un acto de la opositora en Turén.

Después, el domingo 28 de abril, presuntos funcionarios del Sebin detuvieron al director del comando de campaña de Vente Venezuela en el municipio Santa Rosalía Víctor Castillo. Ese mismo día detuvieron a Ámbar Márquez, vicepresidente de organización política Primero Justicia en Santa Rosalía y miembro del comando de campaña municipal.

De acuerdo con el comunicado de las ONG, todas estas detenciones se hicieron sin ninguna orden.

Estas detenciones, en medio del proceso electoral, son violatorias de los derechos humanos y transgrede el derecho a la libertad de reunión y asociación. Además, vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y evidencia “el cierre del espacio cívico y el aumento de la represión y judicialización en el contexto electoral del 28 de julio”.

La visita de María Corina Machado a Portuguesa es el primer acto proselitista a favor del candidato Edmundo González, por lo que “constituye un grave precedente que puede influir negativamente en el desarrollo de la campaña electoral, así como en los derechos de elegir y ser elegidos de toda la población venezolana”.

En ese sentido, las ONG señalaron sus recomendaciones y exigencias al Estado venezolano ante esta situación, entre las que se enumeran:

Garantizar el derecho a la libertad de reunión y asociación de los ciudadanos y no criminalizar su libre ejercicio, garantizar la libertad de asociación y de reunión de los ciudadanos venezolanos, y no estigmatizar la labor de las organizaciones políticas y sociales del país

El cese inmediato de la política de criminalización, persecución y judicialización contra actores de la sociedad civil y organizaciones políticas democráticas que se encuentran promoviendo sus campañas electorales.

El respeto a la vida e integridad de los 3 ciudadanos detenidos arbitrariamente por presuntos funcionarios de Sebin en el municipio Santa Rosalía del estado Portuguesa, así como el respeto a su derecho a la defensa y debido proceso, que incluye que puedan designar abogados de su confianza.

La liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y respeto al derecho a la libertad personal, como lo establece el artículo 44 CRBV: “ninguna persona podrá ser detenida sino en virtud de una orden judicial o a menos que sea sorprendida en flagrancia”.

Solicitaron a la comunidad internacional, a través de sus mecanismos diplomáticos y de protección a los derechos humanos, realizar todas las gestiones necesarias para el cabal cumplimiento de los Acuerdos de Barbados, que permitirían un proceso electoral libre y confiable el próximo mes de julio.

Aspiran a que este #1May levanten la inhabilitación al aumento del salario

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En protesta nacional los trabajadores exigirán este 1 de mayo el aumento del salario mínimo a $200 con incidencia en las tablas.

Este 29 de abril, desde la sede de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), gremios y sindicatos convocaron a la manifestación nacional y expusieron detalles de sus peticiones.

En un comunicado que leyó José Elías Torres, secretario general de la CTV, enfatizó que los trabajadores protestarán “contra la política hambreadora del gobierno, para exigir un salario mínimo que resuelva realmente los problemas económicos de los trabajadores y marque el inicio de la recuperación del valor de trabajo”.

Aseveró que los trabajadores venezolanos no seguirán “cargando con el peso de una crisis creada por quienes dirigen el Estado”.

Recordó que desde marzo de 2022 no se aumenta el salario mínimo en Venezuela: “Los 130 Bs hoy son menos de $4 mensuales. El salario no alcanza ni para medio comer tres veces por día al mes, tampoco las jubilaciones ni pensiones”.

En el comunicado rechazaron la política “perversa” de bonificaciones que, denuncian, los empobrece porque los montos son “irrisorios” y no les procuran ingresos seguros. 

Destacaron además que, por los bajos ingresos que perciben, se ven obligados a buscar más de un empleo y a jornadas extenuantes, o a emigrar para buscar mejores condiciones de vida. 

Recordaron también al gobierno que el foro tripartito del diálogo social aprobó el método de fijación del salario mínimo, para cumplir con lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo. 

“Este 1 de mayo se cumplirán tres meses del acuerdo (…) Presidente, no siga evadiendo las obligaciones de esta materia”, instaron.

En Caracas, la protesta tendrá distintos puntos de concentración debido a que en anteriores convocatorias, según denunciaron los voceros de la actividad, han sido bloqueadas las rutas. El principal hasta ahora es Plaza Venezuela. 

Víctimas de la persecución

En el comunicado, respaldado por la Asociación de Profesores de la UCV, la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, ASI Venezuela, la CTV y la Confederación General de Trabajadores (CGT) se resaltó también que quienes exigen en el país mejores condiciones de trabajo son víctimas de persecución política. 

“Cuando reclamamos salarios dignos, el gobierno nos reprime, nos criminaliza y los jueces mandan a nuestros dirigentes a la cárcel. Tenemos a compañeros presos o en libertad condicional por defender los derechos de los trabajadores”, reclamaron.

No obstante, recalcaron que continuarán en su lucha por “devolverle el valor al trabajo” y lograr “condiciones dignas”. 

“La pelota está en la cancha del presidente”

Marcela León, presidente de ASI Venezuela, destacó en una entrevista radial que la pelota “está en la cancha del Presidente” porque las centrales que participan en el diálogo para fijación del salario mínimo lograron una propuesta salarial acorde con el proceso de equilibrio que tiene que haber entre el crecimiento, el desarrollo económico y las necesidades de los trabajadores.

“Ese método lo ayudó a construir la OIT y también definimos una canasta mínima de consumo para los trabajadores (…) pensamos que es posible un salario mínimo de arranque de $200 para ir cónsonos con la recuperación económica (…) Ya se cumplió el método, ahora es el Presidente, como lo establece la Constitución, quien debe dar una respuesta a esa consulta efectiva después de haber escuchado a trabajadores y empleadores”, insistió.

Remarcó que si el propio gobierno ha reportado recuperación económica en los últimos, lo más sensato es que los trabajadores también perciban mejoras salariales.

“De ese chorro de petróleo que hay producto de la flexibilización de sanciones en octubre de 2023, queremos que se reconozca a los trabajadores que hemos tenido que aguantar el peso de la crisis política, social y económica”, agregó.

León enfatizó en que no se oponen a la política de bonificación para complementar el salario, pero que estos instrumentos no pueden seguir sustituyendo al salario mínimo. 

“Mientras tengan los contratos colectivos congelados y los salarios congelados, el ciclo económico se paraliza. Es falso que la inflación la generen los aumentos salariales. El propio Fondo Monetario Internacional lo ha dicho en sus informes, que el aumento del salario mínimo reactiva la economía y el consumo”, concluyó.

No hay razones para tal contención salarial

A la fecha, Venezuela no solo tiene el salario mínimo más bajo de la región, sino que tras 775 días sin ajuste -hasta el 29 de abril de 2024- los 130 bolívares equivalen a $3,2 al mes, o $0,12 la hora, especificó en su cuenta en X el economista y profesor universitario Hermes Pérez. 

“En dicho lapso, la inflación acumulada ha sido de 805%, por tanto, el alza de precios no puede imputarse a los ajustes salariales”,  remarcó el experto. 

Pérez, quien fue el último jefe de la mesa de cambio en el Banco Central de Venezuela precisó que el último ajuste salario se realizó en marzo de 2022 y la inflación de ese mes fue justamente la más baja de todo el 2022 y el 2023 (1,4%), lo que reafirma que la génesis de nuestra inflación “obedece a razones distintas”.

El economista considera que no hay razones fiscales que expliquen “semejante contención salarial”.

“En 2023, el país recibió $ 16 mil millones (MM) por ingresos petroleros, más que lo percibido por Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Uruguay por sus exportaciones totales. Mientras tanto, en el primer trimestre de 2024 los ingresos crecieron 35% por mejores precios. Así, Venezuela exportó crudo por $ 4,6 millones en ese lapso. En contexto: Las empresas estatales de Bolivia (Gas) y de Chile (Cobre) exportaron $2,37 MM y $1,18, cada una, en todo el 2023”, amplió Pérez.