«Soy la mamá de Jeancarlos Rivas. Vine a los tribunales porque me dijeron que él estaba allí. (…). Por información de los trabajadores me dijeron que sí estaba allí, pero no puedo ingresar. Ni el abogado ni yo podemos entrar por que es fin de semana», denunció Keila López Vargas 24 horas luego de que su hijo fuera detenido arbitrariamente por funcionarios del Estado venezolano sin identificarse. 

Jeancarlos Rivas, responsable juvenil del partido Voluntad Popular en Maiquetía —estado La Guaira—, está detenido desde la tarde del 14 de junio. 

https://twitter.com/JuventudesVP/status/1801741077038190806

El partido político denunció la detención arbitraria en sus redes sociales: «Jeancarlos acompañó una actividad en apoyo a nuestro dirigente regional Johny Rivas. Luego de la misma, cuando se retiraba hacia su vivienda, vecinos de la zona nos comunicaron que fue interceptado por una camioneta blanca, sin placas, vinculada a la Policía Regional de La Guaira. La hora aproximada de su desaparición fue las 4:40 p.m.».

https://twitter.com/joelgarcia69/status/1802061561890021724

Keila López no obtuvo información del paradero de su hijo por 22 horas. Tuvo que irse hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, Caracas, para que le informaran que Jeancarlos Rivas está bajo el escrutinio del Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo. 

Al ir al Tribunal Supremo de Justicia, los funcionarios le dijeron que, al ser un fin de semana, nadie relacionado a su caso puede ingresar a la sede del Poder Judicial. Tampoco le informaron de qué cargos se le está acusando a Jeancarlos Rivas. 

«Dicen que si no aparece en un listado, no tiene acceso a los tribunales», continuó Keila López con su denuncia. «(Dijeron) que no podemos hacer nada: tenemos que esperar a que (ellos) nos informen. Yo lo único que pido es que mi hijo tenga el derecho a defenderse. Es inocente. Es un joven de 19 años y estudiante».

Torres: «Esto es un estado de indefensión absoluta»

Eduardo Torres, abogado del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), denunció que la restricción de Rivas a ver a su madre y su abogado es una práctica cada vez más común con los detenidos arbitrariamente por razones políticas. 

«Desde enero los tribunales no dejan que los abogados se juramenten como defensa privada. Los días de semana los jueces y sus secretarias tienen que soportar nuestros reclamos, porque te impiden que entregues los nombramientos en cualquiera de sus formas», denunció Torres.

«Ahora los sábados y domingos el Tribunal tiene el acceso es “restringido”, y solamente pueden pasar familiares y abogados de los privados de libertad que están en una lista que está pegada en un árbol en la entrada del Tribunal Supremo de Justicia. Con un clavo montan las hojas de la lista. Entonces, desde enero, todos los casos políticos, que ellos lo tildan como “terrorista”, no lo incluyen en esas listas y te niegan la entrada. Esto es un estado de indefensión total», agregó. 

Luis López y Juan Iriarte siguen sin paradero

Ese mismo 14 de junio, el partido Vente Venezuela y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunciaron que el periodista Luis López y el coordinador de Vente Venezuela para el estado La Guaira Juan Iriarte también fueron detenidos arbitrariamente y en condiciones similares a la de Rivas. 

https://twitter.com/VenteVenezuela/status/1801966797345657235

De acuerdo con los testimonios recabados por el SNTP, Luis López se encontraba cubriendo la detención arbitraria y temporal de otro dirigente de Voluntad Popular, Johny Rivas, para su cuenta personal de X (Twitter) @pitazovargas. Poco después funcionarios sin identificarse llegaron a su casa y lo privaron de su libertad. 

Hasta el momento de redacción de este texto, ni sus familiares ni sus abogados saben de su paradero. 

https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1801815534750605367

«Yo ya me acerqué hacia (la sede del) Sebin de Caracas. No me dan respuesta. Me dijeron que ellos no están en ningún deber de darme información sobre mi esposo», denunció Yesenia Gutiérrez en nombre de Juan Iriarte. «Él es una persona operada, que necesita sus medicamentos, y no sabemos en qué condiciones se encuentra». 

Iriarte, hasta ahora, sigue sin un paradero concreto y oficial. 

Créditos: Provea

Machado y González piden su liberación inmediata

Desde el 5 de marzo del 2024 al menos 14 personas han sido detenidas arbitrariamente en contexto de la campaña presidencial en Venezuela. Al menos 10 de estas personas pertenecen a Vente Venezuela, partido de la líder de la oposición María Corina Machado. 

https://twitter.com/ConVzlaComando/status/1802022617387245622

«Ni son elecciones libres, ni son elecciones justas, ni democráticas», alertó Machado este 15 de junio en un mitin político en la Universidad Católica Andrés Bello. 

El candidato presidencial por la oposición, Edmundo González Urrutia, llamó a la pronta liberación de todos los dirigentes políticos y del periodista. 

«Hemos intentado averiguar dónde están y, como suele suceder en estos casos, los cuerpos de seguridad se rebotan la responsabilidad y no se sabe en este momento dónde y cómo están», dijo. 

Machado y González advirtieron que la represión del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición ha ido en aumento «a escalas nunca antes vistas», donde el poder público ha sancionado y cerrado establecimientos de comida y hoteles «bajo la presunción de que nosotros pensamos en la posibilidad de alojarnos allí», destacó Machado. 

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este 15 de junio que el preso político y coronel retirado José de Jesús Gámez Bustamante fue trasladado a la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, en un estado «crítico» de salud luego de que sus familiares denunciaran su desaparición forzada el pasado 10 de junio. 

«Fue trasladado sin notificación ni explicación desde la cárcel “26 de Julio”, en San Juan de los Morros, estado Guárico (a 141 kilómetros de Caracas). El coronel fue hallado en muy delicado estado de salud, peor del que presentaba hace dos semanas cuando alertamos de su gravedad», denunció la ONG. 

Gámez Bustamante es un preso político desde el año 2012, cuando gobierno de Hugo Chávez lo acusó de un intento de magnicidio. Poco después le dieron una medida cautelar por su estado de salud.

Después, en el año 2015, el gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de «planificar saqueos para desestabilizar el país» al involucrarlo en presuntos incendios en la red de supermercados Estatales Mercal, Pdval y Abastos Bicentenarios en el estado Miranda. Según JEP, hasta la fecha el coronel retirado no ha tenido su primer juicio. 

«Su diagnóstico es de emergencia hipertensiva con encelopatía y edema cerebral; cardiomiopatía hipertrófica con aortoesclerosis y estenosis aortica, enfermedad cerebrovascular crónica con hemiplejia derecha secuela del ACV (Accidentes Cerebro Vascular) que requiere atención médica urgente», reiteró la ONG, advirtiendo que su condición se ha manifestado desde hace varios años. 

Gámez ha perdido 40 kilos desde su privación de libertad y tiene movilidad reducida por sufrir dos accidentes cerebro vasculares, denunció la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela.

Sin embargo, el Estado no le ha brindado atención médica. 

Traslados sin notificaciones

«El Estado ha vuelto una práctica común el traslado de los presos a discreción de las autoridades como un recurso para amenazar o como forma de castigo tanto al privado de libertad como a sus familiares», aseveró Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el pasado 11 de abril en una rueda de prensa digital.

De acuerdo con el OVP, el Estado y los funcionarios venezolanos trasladan a los privados de libertad sin notificar a los familiares ni abogados el motivo de la movilización o el destino final. La práctica se ha vuelto más frecuente desde octubre del 2023, cuando el Estado empezó la «Operación Liberación Cacique Guaicaipuro» para despoblar al menos siete cárceles del país. Desde allí, el observatorio ha registrado traslados que recorren hasta los 1 574 kilómetros sin notificar a sus familiares. 

«En la mayoría de los casos ni el privado de libertad se le notificaba del traslado», agregó Prado.

En el caso de los presos políticos, como Gámez Bustamante, la situación es más opaca de parte del Estado, reiteró el OVP: los familiares podrían pasar hasta dos semanas sin saber su paradero, en plena desaparición forzada, y las víctimas directas reportan signos de tortura. 

JEP denunció a las autoridades del Estado que Gámez Bustamante debe tener atención médica especializada e inmediata. «Recordemos que uno de los principios fundamentales de las Reglas Mandela indica que “todos los reclusos deben ser tratados con respeto por su dignidad y valor propio como seres humanos” (que es la primera regla del documento internacional)», agregó.