Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTQIA+ y en Venezuela, las leyes no protegen a las personas de la comunidad, sino que más bien sigue perpetuada la discriminación y el retraso de sus derechos.
Ese entorno de violencia y discriminación se mantiene ante la falta de una legislación adecuada y la ausencia de políticas públicas que sean inclusivas para esta comunidad.
En ese sentido, el abogado Alfredo Félix, coordinador de Mentorías de la ONG Defiende Venezuela, compartió los 10 motivos por los cuales se evidencia el retraso de Venezuela en materia de derechos LGBTQIA+.
Falta de documentación de crímenes de odio
Venezuela no realiza investigaciones formales ni presenta información pública con enfoque de género y diversidad que documenten crímenes de odio contra personas LGBTQIA+.
Ausencia de políticas inclusivas
No existen políticas ni leyes efectivas en áreas de seguridad ciudadana, educación, empleo ni salud para evitar la discriminación contra personas LGBTQIA+.
Apoyo a las terapias de conversión
No solo no existen prohibiciones a las mal llamadas terapias de conversión, sino que el Estado le da un amplio apoyo presupuestario a iglesias que las realizan.
Ausencia de legislación sobre el matrimonio igualitario
Existe una ausencia de legislación con relación al matrimonio igualitario y la unión estable de hecho que tiene más de 10 años, lo que impide la estabilidad financiera, derechos sucesorales, adopción conjunta, trámites bancarios, migratorios y de urgencias médicas de parejas del mismo género.
Negación del cambio de nombre
El Estado se ha negado a permitir el cambio de nombre para personas trans, intersex y no binarias, establecido en la Ley Orgánica de Registro Civil, y no tiene en su legislación ninguna manera de cambiar el marcador de género.
Mutilación genital de infancias intersex
Se tolera la mutilación genital de infancias intersex debido a la falta de regulación en materia de salud en cuanto a la formación de sus profesionales en la atención a este grupo en situación de vulnerabilidad.
Discursos de odio impunes
Agentes de todos los niveles del Estado promueven discursos de odio contra las personas LGBTQIA+ en medios públicos y redes sociales impunemente debido a la falta de regulación.
Falta de protección para personas privadas de libertad
No existe protección para las personas LGBTQIA+ privadas de libertad que asegure su seguridad personal, reconocimiento de su identidad de género, acceso a la salud y a las visitas íntimas sin discriminación.
Prohibición de donación de sangre
Se mantiene una estigmatizante prohibición de donación de sangre contra personas homosexuales en los centros de salud.
Discriminación estructural y migración forzada
Se sostiene una política de discriminación estructural que ha obligado a miles de personas LGBTQIA+ a migrar de Venezuela para poder tener una vida digna en la que se les reconozca como seres humanos y se respeten sus derechos.
En Venezuela las leyes no protegen a la familia homoparental. No está aprobado el matrimonio igualitario y mucho menos la adopción entre parejas LGBTIQ+. Además de eso, otros derechos como las políticas habitacionales, el derecho a la propiedad privada en común y pensiones compartidas son totalmente inalcanzables para estas familias.
En el año 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró con lugar la acción de amparo ejercida por la ciudadana Migdely Miranda Rondón. Esta decisión establecía que los hijos que nazcan entre parejas del mismo sexo por reproducción asistida gozaban de los derechos constitucionales que protegen a la familia.
También, en esa sentencia se interpreta el artículo 75 de la Constitución, en el que se establece que la jefatura de las familias pueden ejercerlas las familias homoparentales, y por ende, el Estado debe brindar protección sin distinción.
Sin embargo, el camino de la familia homoparental por poder otorgar ambos apellidos a sus hijos o que estos sean reconocidos legalmente como hijos de ambos padres o madres no ha sido el esperado a lo largo de los años. Algunos han optado por hacerlo fuera de Venezuela ante la imposibilidad de lograrlo en su tierra natal.
Cumplir el sueño de formar una familia fuera de Venezuela
Angelo Vivas y Kevin Fernández son pareja desde el año 2012. Se conocieron en una academia de baile en Caracas y ambos comenzaron a trabajar con diversos artistas nacionales. Más tarde, en 2016, Angelo comenzó a estudiar para ser estilista y juntos montaron su primer salón de belleza en Caracas, donde lograron atender a varias celebridades.
Ya en 2018, ambos decidieron emigrar para buscar mejor calidad de vida. Se fueron a Argentina, país que según Angelo, les abrió las puertas “como una casa”. Llegaron allá en noviembre de ese año. Llegaron hasta esa nación suramericana porque habían escuchado que es un país donde las leyes para las personas LGBTIQ+ estaban mucho más avanzadas que en Venezuela.
Se radicaron en Buenos Aires, donde poco a poco fueron legalizando su estatus siendo migrantes y, con mucho esfuerzo, lograron posicionar su propio negocio en el barrio Palermo Hollywood, uno de los más costosos de la ciudad. Trabajaron incansablemente, tanto así que en 2019 fueron parte del staff del Miss Argentina 2019, donde trabajaron con Osmel Sousa.
En 2021, después de investigar y asesorarse, contraen matrimonio civil en Argentina, algo que en Venezuela no hubiera sido posible. Querían celebrar su unión en París, Francia, pero para aquel momento no se pudo. Ya en 2022, con la idea de ser padres, estando casados legalmente y con un negocio a toda marcha, comenzaron a informarse sobre la adopción, ya que querían formar una familia.
Angelo Vivas y Kevin Fernández el día de su boda civil en Argentina
“En Argentina, aunque los derechos están aprobados, el tema adopción puede tardar hasta siete años. En febrero de 2022 tuvimos una propuesta que al principio no le prestamos atención porque no pensamos se pudiera llevar a cabo. Una chica que ya conocíamos se ofreció a donarnos óvulos para poder hacer embriones”, contó Angelo Vivas en entrevista con Runrun.es.
Ese año pudieron tener los óvulos. Al principio, preguntaron a tres personas si podían gestar a su bebé, pero manifestaron no ser capaces. Ellos lo entendieron. Pero luego le preguntaron a Genisis Jaimes, tía de Angelo, si podía llevar los óvulos de otra persona y su respuesta fue: “Yo los amo mucho y quiero que vivan la experiencia de ser padres, se lo merecen”.
Así pues, emprendieron el camino para poder tener a su hijo. La encargada de la parte de fertilización fue la doctora Belén García en el Instituto de Ginecología y Fertilidad (IFER) en Buenos Aires. También tuvieron asesoría legal a cargo de la doctora Florencia Daud y psicológica por parte de Lorena Lasserre.
La donante de óvulos tuvo su tratamiento a la perfección para septiembre de 2022 y, cinco días después de tener los embriones, se realizó el procedimiento de fecundación in vitro con Genisis Jaimes. Desde noviembre de ese año comenzó a crecer el bebé en el vientre de Genisis, cuatro meses después supieron que sería un varón, lo que siempre soñaron Angelo y Kevin.
El bebé nació el 23 de mayo de 2023, en el Sanatorio de los Arcos en Buenos Aires, y lo llamaron Stefano Gabriel. Angelo Vivas y Kevin Fernández se convirtieron en los primeros migrantes venezolanos en tener un bebé mediante la gestación subrogada en Argentina.
Angelo Vivas y Kevin Fernández el día del nacimiento de su hijo Stefano Gabriel
Ambos cumplieron un sueño. Recibieron la partida de nacimiento de Stefano Gabriel a los tres meses de su llegada al mundo y el DNI al mes. Tramitaron el pasaporte del bebé y estuvo listo en solo 15 días.
A los cinco meses de su nacimiento, Stefano Gabriel fue seleccionado como la imagen oficial de una cadena de ropa importante en Argentina y actualmente está en todo el país como modelo. En febrero del 2024, salió la campaña y ahora está como imagen oficial.
“Nuestras vidas cambiaron totalmente, pues vinimos a un país buscando calidad de vida y en realidad conseguimos algo más grande: con mucho sacrificio y trabajo pudimos formar una familia sólida”, cuenta Angelo.
El 29 de abril de 2024, Angelo, de 27 años; y Kevin, de 30; salieron de Argentina para radicarse en Barcelona, España. Lograron también cumplir su sueño de viajar a París junto a su bebé para celebrar su primer año.
Angelo Vivas y Kevin Fernández celebrando el primer cumpleaños de su hijo Stefano Gabriel en París
“Aunque nos encantaría la idea de, en algún momento, volver a nuestro país, siempre lo descartamos por el hecho de que las leyes están muy atrás. Y siento que no hay visibilidad para una pareja como nosotros. El día que el país acepte y en la comunidad existan los derechos de formar una familia, ese día seguramente volveríamos. No sé si a vivir. Pero desde que salimos ya van seis años que no vamos”, reflexionó Angelo Vivas al contar su experiencia.
Una lucha que no se detiene
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ advierte que el Estado venezolano “incumple con los tratados y recomendaciones internacionales de derechos humanos al no atender las exigencias” de esta población.
Asimismo, la organización alerta que la discriminación, el estigma y la violencia limitan a las personas LGBTIQ+ de vivir una vida plena, “traduciéndose en un menor nivel educativo, menor atención a la salud, la vivienda y el trabajo”.
Pese a ese panorama de discriminación y violencia, las personas LGBTIQ+ “continúan alzando su voz contra la violencia y el prejuicio, sin perder la esperanza que en algún momento sus exigencias históricas sean escuchadas” y que, al igual que en otros países de la región, finalmente sea real el matrimonio igualitario, la adopción en la familia homoparental y transfilial, una ley de identidad de género, así como otras políticas públicas e iniciativas sociales y legislativas orientadas a mejorar sus vidas.
Poco avance de la región para la familia homoparental
La adopción en una familia homoparental está permitida en Costa Rica, Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina. En el caso de México, aunque la suprema corte decretó que las parejas de homosexuales tienen derecho a la vida familiar, 10 estados aún no reconocen el matrimonio igualitario y por tanto les es casi imposible adoptar como pareja.
De acuerdo con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, la legalidad “no implica que no exista discriminación en el proceso, lo cual complica todavía más el procedimiento”. Añade la organización que a menudo esto se ve empeorado por el hecho de que el proceso está pensado para parejas heterosexuales; pues en México, por ejemplo, los formatos de adopción han pedido a parejas el nombre de “padre” y “madre”.
Una de las alternativas que han surgido para las parejas homosexuales en países como Chile, México y Guyana es la adopción como “soltero” por parte de uno de los miembros de la pareja; sin embargo, “esto no brinda todos los derechos que a las familias heteroparentales”.
El equipo de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News fijaron su lupa periodística sobre la afirmación de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (electa en 2020), quien se refirió en unas declaraciones públicas a gestión de la pandemia de COVID-19 en el país.
El 30 de mayo de este año, durante una concentración en el municipio Marcano del estado Nueva Esparta, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, afirmó que “Venezuela fue el país del continente que mejor atendió la pandemia causada por la COVID-19”. Sin embargo, recordaron ambas organizaciones verificadoras de noticias, la afirmación del político no concuerda con las investigaciones de organismos internacionales y estudios independientes que confirman que Venezuela tuvo un desempeño deficiente en la gestión de la pandemia.
En agosto de 2020, el personal de salud venezolano fue identificado como el grupo sanitario más expuesto a la COVID-19 en toda la región. Según los datos, el 83 % de los hospitales presentaba problemas con el servicio de agua.
La Federación Médica Venezolana contabilizó, en diciembre de 2021, la muerte de 850 trabajadores sanitarios en una data extraoficial, debido a que la cifra, no fue reconocida por el gobierno venezolano.
Discrepancia en las cifras
En este mismo año, el gobierno de Nicolás Maduro decía que durante el mes de abril habían muerto 534 personas, mientras la OMS documentaba 2.357 muertes, 4,4 veces más que lo anunciado por las autoridades oficiales.
Otros datos proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud contradicen la afirmación de Rodríguez. Según la OPS, “Venezuela fue uno de los países con menor cobertura de vacunación en el continente”ya finales de 2023, sólo el 49,8 % de la población había completado el esquema primario de vacunación, con una deserción inmunológica del 35,5 %.
En mayo de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro reportó oficialmente 5.856 decesos, sin embargo, el portal ABC aseguró que en Venezuela se registraron 160.000 muertes por la pandemia. Según la investigación, “Nicaragua, Venezuela y El Salvador fueron las naciones del continente que ocultaron una mayor cantidad de muertes entre los años 2020 y 2021”.
Concluyeron Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News que esta discrepancia “apunta a una posible manipulación de las cifras oficiales y una subestimación significativa del impacto real de la pandemia en el país”.
“Los datos dejan a Venezuela como uno de los países con más muertes asociadas a la COVID-19, superada por Estados Unidos, Brasil, México y Nicaragua”, señalaron.
Otro día del periodismo en Venezuela, el número 25 en la penumbra del chavismo, bajo la sombra de la censura y el monopolio de los medios de comunicación públicos por parte del gobierno.
Para la mayoría no hay nada que celebrar, en un país donde la profesión ha sido llevada hasta la mínima expresión y donde hacer una crítica se considera una traición a la patria.
Sin embargo, algunos medios han logrado subsistir surfeando la ola de la censura y la autocensura, como por ejemplo la Alianza Rebelde Investiga conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual.
Iniciativas como el Bus TV llevan información a quienes usan transporte colectivo y el camión de la ARI conduce las noticias a sectores populares.
Armandoinfo y Prodavinci han desnudado la corrupción en el gobierno chavista y en iniciativas como La Conversa de ARI se desnuda el acontecer nacional.
Pero, a pesar de todos los esfuerzos, al igual que otras profesiones, la del periodista se ha deprimido por la falta de medios donde ejercer, los sueldos pocos competitivos y la diáspora. Aquí enumeramos varios desafíos que debe encarar el periodista que ejerce la labor en Venezuela.
Persecución al periodismo
El periodista Carlos Julio Rojas fue detenido el pasado 15 de abril cerca de su residencia en el sector de La Candelaria de Caracas. Al activista y defensor de los derechos humanos lo acusaron de pertenecer a un complot para derrocar al gobierno de Maduro. Ramón Centeno fue aprehendido el pasado 22 de enero de 2022, luego de realizar una entrevista en la sede de la Comisión Nacional Antidrogas, familiares de Centeno han denunciado que este padece problemas de salud que no han sido atendidos.
Los periodistas Luis López e Ismael Gabriel González, de Vente Venezuela, fueron detenidos entre el 14 y el 17 de junio en el estado Vargas. López fue presentando ante un tribunal con competencia en terrorismo, mientras de que González se desconoce el paradero. Según la cuenta de X del Sindicato Nacional de la Prensa, González y Cisneros fueron interceptados por un vehículo, presuntamente del Sebin, cuando salían de la sede del partido Vente Venezuela en Altamira.
Escasos sitios para trabajar
De acuerdo a la ONG Espacio Público, más de 400 medios de comunicación han cerrado en Venezuela en los últimos 20 años. Según su informe correspondiente a 2023, el cierre de medios se da en “un contexto en el que la ciudadanía precisa informarse, en medio de una emergencia humanitaria compleja, desigualdad profunda y una ola de migración masiva”.
De acuerdo a la ONG, en las últimas dos décadas casi 300 emisoras de radio han dejado de operar a nivel nacional.Del informe se desprende que al menos 13 estados del país no tienen medios de comunicación independientes.
Sueldos poco competitivos
La crisis económica que atraviesa todo el país ha hecho que inversionistas y empresarios no posean los medios para honrar salarios dignos a la mayoría de los periodistas. Por esa razón, algunos periodistas han optado por abandonar la profesión y dedicarse a otras labores más lucrativas. Los medios pequeños se ven en la imposibilidad de retener al personal y aquellos que tienen un mayor músculo financiero se convierten en los hogares de los periodistas que todavía trabajan en Venezuela.
Más de un trabajo
Esa misma precariedad en los sueldos de la mayoría de las empresas de comunicación, aunado al alto costo de la vida en Venezuela, ha obligado a los profesionales a tener varios empleos a la vez, muchas veces fuera de Venezuela, con salarios pocos competitivos.
Periodistas vs influencers
La aparición en las redes sociales de los denominados influencers ha representado un reto para la prensa veraz en vista de la cantidad de fake news que se consiguen a diario. Algunos influencers arrastran más público que algunos periodistas que luchan a diario por ofrecer una información balanceada y verificada y han relegado a los comunicadores sociales profesionales de espacios como la cobertura de eventos y espectáculos, por ejemplo, ya que su labor es más promocional que informativa.
Otras experiencias en Latinoamérica
No solo en Venezuela la prensa es perseguida y censurada, también en Nicaragua y Cuba los periodistas corren riesgos. De acuerdo al canal alemán DW, al menos 253 periodistas nicaragüenses han salido de su país desde abril de 2018 por razones de seguridad, algunos han sufrido hasta el destierro. El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) indicó que al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados por el Gobierno sandinista. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que la violencia del Gobierno de Ortega contra periodistas nicaragüenses se recrudeció y que la misma incluye el robo de sus viviendas, el cierre de sus cuentas bancarias y agresiones a sus familiares.
¿Qué pasará con el periodismo si gana Maduro?
Una eventual victoria del chavismo en las elecciones del 28J podría significar mayor censura y persecución a los medios de comunicación. Desde que empezó a gobernar en 2013, Maduro se ha caracterizado por su intolerancia con la prensa crítica y muestra de ello es la autocensura que se maneja en los medios radioeléctricos y el bloqueo a sitios web. Según los últimos datos del Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipysve), al menos 46 medios digitales de comunicación en Venezuela permanecen bloqueados por parte de proveedores de internet públicos y privados. Por su parte, un resultado diferente podría significar el retorno de medios emblemáticos cuyas señales fueron confiscadas como RCTV.
En El Mañanero del 27 de junio de 2024 de Runrun.esresumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: los periodistas celebran su día este 27 de junio con menos espacios: 405 han cerrado en la etapa del chavismo. EEUU no ve mucho a futuro y dice que su meta con respecto a las presidenciales en Venezuela es llegar al 28 de julio. Siguen las detenciones y la persecución en actos de María Corina Machado, pero aún así, los actos fueron multitudinarios en Mérida
— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 27, 2024
“Nosotros estamos totalmente enfocados en llegar al 28 de julio y sabemos que esa elección y las condiciones de esa elección no son ideales, no cumplen con muchos de los estándares democráticos que queremos ver para una elección inclusiva y competitiva”, dijo Francisco Palmieri, jefe de misión diplomática de EEUU para Venezuela.
El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, no quiere hablar de escenarios postelectorales. Su único interés, en los actuales momentos, es hacer todo lo posible para que el 28 de julio haya unas elecciones medianamente competitivas.
A través de una videoconferencia, Palmieri atendió a Runrun.es y respondió las preguntas que le hizo el director editorial, Luis Ernesto Blanco sobre el panorama electoral venezolano.
En días recientes el encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado, Brian Nichols señalaba que todavía hay tiempo para que las elecciones presidenciales en Venezuela sean competitivas y abre la puerta a reconocer los resultados si se cumplen unos estándares mínimos. ¿Cómo evalúan el proceso electoral hasta ahora y cuáles serían esos estándares mínimos?
Esto quizás es lo más importante. Nosotros estamos totalmente enfocados en llegar al 28 de julio y sabemos que esa elección y las condiciones de esa elección no son ideales, no cumplen con muchos de los estándares democráticos que queremos ver para una elección inclusiva y competitiva. Una de las claves más importantes es la manera en que Edmundo González está haciendo su campaña y ha dicho claramente que la oposición va a participar, va a pedir el voto del pueblo venezolano, y creemos que con la participación masiva del pueblo venezolano podemos ver un resultado serio. Estamos monitoreando todo el proceso y nosotros lo vamos a seguir haciendo paso a paso .
¿En estos momentos EE.UU mantiene algún tipo de comunicación con el gobierno venezolano para discutir condiciones sobre el proceso electoral?
Para nosotros es preocupante la manera en que el Consejo Nacional Electoral no está incluyendo a todos los rectores en sus decisiones. No entiendo por qué, pero vemos algunas quejas que han hecho a los otros rectores. Eso preocupa a toda la comunidad internacional que está viendo la manera en que se está implementando la elección. Pero hemos dejado abiertos canales para hablar con Nicolás Maduro y su equipo, pero también los gobiernos de Colombia y Brasil que están jugando un papel importante.
¿Qué podría esperar Venezuela de la comunidad internacional el día de la elección y los días posteriores a la pensando en cualquiera de los escenarios que pudiera plantearse?
Hablar de qué pasará después para mí es todavía un poco prematuro y entramos en las hipótesis. Los presidentes Petro y Lula han dicho claramente que tienen una perspectiva de cómo debe ocurrir una elección competitiva. También la comunidad internacional se preocupa por la manera como serán esas elecciones. Hasta ahora no han cumplido todos los requisitos, ni los acuerdos de Barbados; todavía no hemos visto la prensa internacional allí en el país. Y sabemos que la represión sigue. Hay detenciones de diferentes miembros de la campaña de la oposición. Es una situación que nos preocupa. Ahora tenemos que hacer todo lo posible para asegurar que esa elección sea buena. Es importante que se den los mínimos como permitir que los partidos que están participando en la elección puedan tener sus observadores en las mesas, sus testigos. La pregunta es ¿por qué tantas trabas? Nicolás Maduro debe competir y ver qué quieren el pueblo venezolano: dejarlo votar y elegir. Yo creo que con una elección que permita eso podemos lograr lo que mencionó mi jefe Brian Nichols y tener una elección competitiva.
Palmieri también se refirió a la posibilidad de que vuelva una misión consular de Estados Unidos a Venezuela. “Yo creo a través de los canales que tenemos abierto, como ha indicado Brian Nichols sobre una elección mínima, podemos comenzar un proceso de por lo menos tener servicios consulares para los venezolanos y estar presente en el país, pero el 28 de Julio es una fecha muy importante y vamos a estar atentos a ver qué ocurre. Por supuesto que internamente estamos hablando de diferentes escenarios, “pero realmente en este momento lo importante es la elección del 28 con la participación de todos los venezolanos”.
Según el jefe de la misión diplomática de EE. UU para Venezuela, algo que también puede ayudar es que después de la elección presidencial transcurren largos meses hasta la toma de posesión y abren otro capítulo donde todos los sectores de Venezuela podrán ver la elección y aprovechar ese tiempo para ver cuáles serían los próximos pasos.
Durante el presente año 2024, reiteradas opiniones de empresarios, consultores y académicos del sector privado hablan de un posible aumento de salario a los trabajadores, el establecimiento de una nueva relación entre empleadores y trabajadores y la marcha del diálogo social con el gobierno nacional.
Sobre estos temas mucha agua ha caído sobre los techos de cartón; no solo ahora, también en la última década del siglo pasado. En 1990 se aprobó la Ley Orgánica del Trabajo y su posterior reforma de 1997. Esta estuvo vigente hasta el 2012, sustituida luego con la inconsulta imposición presidencial del Decreto Ley DLOTTT, vigente hasta hoy.
De tal manera, estos temas han revoloteado en la interlocución del mundo del trabajo durante tres décadas. A tal extremo, que la carta magna de 1999 legisló sobre el tema en el texto constitucional y disposiciones transitorias. Estas finalmente fueron desestimadas y vulneradas por la gestión chavista, que ya lleva un cuarto de siglo. Sus demagógicas promesas de redención laboral solo fueron un anzuelo y señuelo electoral, en procura de votos como estrategia para mantener el poder.
Chávez, el demoledor
Por tanto, las recurrentes frustraciones de los trabajadores se han acumulado desde la última década del siglo XX hasta el presente. Esto ocurre en un contexto de debilitamiento extremo, atraso y fragmentación del movimiento sindical venezolano, caldo de cultivo para la promoción de toda suerte de herejías contra el concepto de trabajo digno acordado a nivel global por la OIT.
La fuente de la degradación del trabajo ha sido un proceso planificado de demolición del sistema de relaciones de trabajo, iniciado bajo la gestión de Hugo Chávez. Su gobierno que demonizó los convenios colectivos, pues según los ministros del Trabajo de marras, la intención de estos era “reproducir los valores egoístas de la burguesía en la conciencia de los trabajadores“. Hubo persecución despiadada a sindicalistas clasistas mediante la judicialización de la protesta y la promoción de sindicatos paralelos, entre otras innumerables tropelías bajo el amparo del poder.
Con los bonos, el trabajador solo piensa en presente
Esta política de Estado fue multiplicada y extendida a placer bajo la gestión de Nicolas Maduro. Él no ha escatimado esfuerzos en pulverizar el salario, consistente hoy en USD 3,40 mensuales, el más bajo del mundo. Ha habido persecución e imposición de juicios sumarios contra sindicalistas por exigir reivindicaciones. Se han suspendido indefinidamente las elecciones sindicales, como es el caso de SUTISS y la FUTPV, y también se ha mediatizado la justicia laboral a los caprichos del Estado
El summum de esta política depredadora de la condición de vida de los trabajadores activos, de los jubilados y pensionados es la sustitución del salario y la pensión por bonos miserables entregados por los empleadores público y privado. El régimen los justifica como compensación de una “guerra económica” fabricada desde el poder para imponer una semiesclavitud en la condición laboral.
Según esta política, el trabajador solo puede pensar en el presente. El pasado ya se lo arrebataron al robarle sus prestaciones sociales. El futuro tampoco le pertenece, ya que el bono no impacta su antigüedad en el trabajo.
Apocalipsis laboral inédito en Latam
Ante este apocalipsis laboral, inédito en el continente americano, nos sorprende la insistencia desde el lado empresarial privado en su “visión optimista y reducida” de la tragedia que afecta a la población activa e inactiva del país.
Nos indican que “no se puede avanzar en un proceso de recuperación del salario de los trabajadores si no hay cambios en la ley del trabajo“. Agregan: “se debe discutir una nueva relación entre el trabajo y los trabajadores, buscando la manera más sana de tener una nueva estructura laboral donde el empleado pueda percibir más ingresos y mejorar su calidad de vida“.
En pocas palabras, la degeneración del trabajo que afecta a millones de seres humanos habitantes de un país en ruinas, se supera “teniendo más ingresos”. ¿A eso se reduce la visión empresarial privada sobre el trabajo digno? A unos dolaritos más a cambio de suspender la LOT, que de facto está suspendida por los desmanes laborales de la dictadura. ¿Y dónde queda la seguridad social, la libertad sindical, la negociación colectiva?
El desdeñado Foro Social OIT
Para colmo de males, la “visión optimista” no tiene límites cuando se refieren al Foro Social. Indican: «Hemos tenido unas mesas de diálogo social que “han funcionado relativamente bien”, aunque no ocurren con la constancia y disciplina que amerita el caso». «Estamos lejos de las perfecciones que necesita un diálogo social y político, pero lo importante es que se trabaja en ello».
En resumen, se espera buena voluntad de un régimen que desde 2022 hasta el presente 2024, luego de 4 reuniones del Foro Social promovido por la OIT, ha boicoteado todos y cada uno de sus “acuerdos”. No aplica ninguno, evadiendo los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo coordinada con la presencia de una delegación del organismo tripartito global.
La presencia de trabajadores y empresarios privados es necesaria en esa instancia creada por la OIT. Es un escenario que demuestra ante la comunidad internacional el talante de una tiranía que viola sin inmutarse los convenios 87 de libertad sindical, 26 fijación de salarios mínimos y 144 de reuniones tripartitas. De allí que esperar buenas migas, es vana ilusión.
Ante las puertas de un cambio político trascendental el próximo 28 de julio, los trabajadores debemos, en pro de una nueva etapa democrática, aportar nuestros esfuerzos abriendo lapsos de transición de los derechos laborales. Esto a cambio de recuperar nuestra condición de vida, el trabajo digno y las libertades democráticas que hemos perdido a lo largo de siglo XXI.
El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía, denunció en rueda de prensa que en los últimos veinte años 405 medios han sido cerrados en Venezuela, lo que denunció, ha cerrado las posibilidades de trabajo para los periodistas del país, que este 27 de junio celebran su día
“Estamos ante un hecho cumplido, que es la pérdida de lugares de trabajo para periodistas, técnicos y locutores“, resaltó Guía, quien añadió que a esto se suman las agresiones a periodistas, portales informativos web y la persecución a quienes los dirigen.
Guía también reconoció el trabajo de los periodistas que continúan informando día tras día, pese a las adversidades: “Seguimos adelante porque nuestro trabajo y labor se debe a la colectividad. El 27 de junio, Día del Periodista, es un día de unidad, fortaleza, de preparación más intensa para vencer a las fake news y a los mensajes dirigidos para confundir a la audiencia”.
#26Jun#LibertadDeExpresión@vanessajgarcian: Tinedo Guía, Pdte. CNP: en los últimos 20 años, de 2004 a 2024, son 405 medios que han sido cerrados. Prensa, radio, televisión y también ha habido agresiones a portales informativos y persecución a quienes dirigen o llevan adelante… pic.twitter.com/uwPDY0UdPF
Los voceros del CNP también exigieron a las autoridades permitir el acceso de los reporteros a los centros electorales en las presidenciales del próximo 28 de julio.
“A los periodistas se les debe permitir el acceso a los centros electorales en todo el país”, dijo en rueda de prensa la secretaria general de la organización, Delvalle Canelón, quien aseguró que los comunicadores, con su trabajo, “no interrumpen ninguna parte del proceso”.
En este sentido, la periodista instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) -que ese día desplegará a miles de efectivos en un operativo de custodia electoral llamado ‘Plan República’- a garantizar el acceso de la prensa a los centros de votación.
Canelón también adelantó que el CNP, junto con otras organizaciones, pedirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) reabrir el proceso de acreditación de medios y periodistas, una tarea para la que considera que “aún hay tiempo”, si bien este lapso cerró en abril pasado.
“Estamos a un mes de realizar el proceso electoral. En otras oportunidades, este proceso (de solicitar credencial al CNE) se ha hecho, por lo menos, 20 días antes (de los comicios)”, así que pediremos “una reconsideración para permitir la acreditación de todos los colegas que van a trabajar”, dijo.
Además, Canelón anunció que, el día de las elecciones, el CNP estará atento para atender “todos los reclamos y los problemas de cobertura que, lamentablemente, (…) se viven durante un proceso electoral” en el país, aunque espera que “este 28 de julio no se produzcan”.
La líder gremial denunció que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se ha comunicado con “diferentes medios de comunicación para prohibir que uno u otro candidato sea entrevistado”, sin dar más detalles al respecto.
Asimismo, rechazó las recientes detenciones de los periodistas Gabriel González y Luis López, vinculados al comando de campaña del abanderado de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia.
