En una carta emitida a los candidatos presidenciales de la contienda electoral del 28 de julio, las organizaciones que conforman la coalición de derechos Humanos Foro por la Vida expresaron sus principales preocupaciones y consideraciones sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Consideran que la persona que resulte electa en esa jornada afrontará “grandes desafíos en esta materia”, por lo que que emitieron una serie de recomendaciones para atender estos retos “de manera perentoria”.
Las organizaciones que conforman el Foro por la Vida son Acción Ciudadana Contra el SIDA (Accsi), Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Centro Gumilla, Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del Estado Falcón (Coprodeh), Espacio Público, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Programa Venezolano Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea)
La carta incluye varias recomendaciones materia de política exterior, defensa de derechos humanos, uso de la fuerza pública, independencia judicial, libertad personal, libertad de expresión, reparación a víctimas de derechos humanos, atención a emergencia climática, entre otros puntos que resumimos a continuación:
Garantizar funcionamiento de mecanismos de protección y monitoreo de DDHH
En materia de política exterior, las organizaciones piden que las relaciones internacionales de la República se rijan por los principios de los derechos humanos (art. 152), para lo cual “el Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales y cooperar con los órganos de protección internacional”.
Recalcan que es necesario que el Estado venezolano adopte las acciones necesarias para “garantizar el cumplimiento de medidas para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos, defensores de estos derechos y familiares”.
Instan de igual modo a que se facilite y garantice “de manera efectiva” el funcionamiento en Venezuela de los diferentes mecanismos de protección y monitoreo en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, en especial el Equipo Técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como permitir el ingreso y funcionamiento a la Misión Independiente e Internacional de Determinación de los Hechos para el desarrollo de programas especiales, “así como garantizar la asistencia de la cooperación internacional a las organizaciones de la sociedad civil y la respuesta humanitaria ante el impacto de la emergencia humanitaria compleja”.
En este punto también recuerdan que se debe dar cumplimiento a los puntos resolutivos de su competencia emanados de las 29 sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en especial, de las resoluciones de medidas provisionales y medidas cautelares dictadas por los órganos competentes del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos a favor de las personas defensoras de derechos humanos, víctimas y familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos en riesgo.
Garantías a la libertad de asociación
En la carta, se pide que se promueva una legislación que fomente la libertad de asociación, “reconociendo y garantizando el libre ejercicio de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, adaptado a los estándares internacionales y disposiciones normativas”.
Además se insta a suprimir e investigar actos de acoso, agresión, intimidación, criminalización y persecución a la sociedad civil.
Uso de la fuerza pública
Foro por la Vida recomienda que se revisen las prácticas actuales para mantener el orden público, así como la “formación y despliegue de agentes en el control de multitudes y las normas sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego, con un estricto sistema de rendición de cuenta, para evitar abusos e impunidad”.
Promueven también que la normativa interna se adecúe al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que se reforme la legislación penal para compatibilizarla con los estándares internacionales de protección de las personas en relación con la desaparición forzada.
Independencia judicial
Se recuerda la importancia de que a todo ciudadano venezolano se le garantice el derecho a un sistema de justicia, especialmente de fiscales y jueces, “independiente e imparcial, que respete los estándares internacionales del debido proceso” y que cuente con mecanismos de protección efectiva frente a los actos que violen los derechos humanos.
En este punto se menciona la necesidad de establecer la carrera judicial y fiscal conforme a los estándares internacionales y las normas constitucionales y legales, mediante el sistema de ingreso por concursos públicos de oposición con base a méritos, así como el ascenso y permanencia en el cargo.
Respeto al derecho a la libertad personal
Las organizaciones que hacen vida en el Foro por la Vida piden que no se utilice el Derecho Penal como mecanismo de persecución a cualquier forma de disidencia o como garantía de impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos.
También, creen necesario que se garantice que la prisión preventiva solo se aplique “con base en los estándares internacionales, como medida excepcional y por un período de tiempo limitado; y aumentar la disponibilidad de alternativas a esta medida”.
Reparación a víctimas de violaciones de DDHH
En este apartado proponen elaborar una ley sobre reparación integral a víctimas de violaciones de los derechos humanos, adaptada a estándares internacionales y que se centre en la solidaridad con las víctimas y el restablecimiento de su confianza en la sociedad, mediante programas especializados de atención que permitan su reintegración y la no repetición.
Garantías a la libertad de expresión
Para Foro por la Vida, se debe permitir que toda persona pueda ejercer libremente el derecho a la libertad de expresión sin temor a represalias y crearse las condiciones para el trabajo libre de los profesionales de la comunicación, de los medios y de las redes sociales.
En este punto se menciona la necesidad de un trabajo “imparcial e independiente” de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y se exhorta a que se suspendan los bloqueos digitales de medios de comunicación por parte de la empresa estatal CANTV.
Derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes
Se pide garantizar de forma integral los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, en particular “el derecho a la consulta, la participación y consentimiento previo, libre e informado solicitado por entidades de gobierno encargadas de evaluar y aprobar licencias de exploración y explotación de recursos naturales en los territorios que ocupan”.
Se señala que los pueblos indígenas deben ser protegidos de todo acto de violencia y que sus agresores deben ser sancionados. Además, se insta a que los afectados por las actividades del Arco Minero del Orinoco obtengan una reparación adecuada.
Mayor y mejor protección de la salud
Se llama a lograr la cobertura sanitaria universal contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles, garantizando que todo personal de salud y asistencial “cuente con formación por competencias en políticas, planificación y prestación de servicios en el sector público, así como con recursos suficientes (técnicos, humanos y financieros) para la preservación del derecho a la vida y la salud de toda la población en condiciones de igualdad y equidad”.
Situación de las cárceles
Foro por la Vida exige un trato digno a las personas privadas de libertad y que tengan acceso a garantías judiciales como un juicio justo, derecho a la defensa, contacto con familiares y respeto a los plazos legales.
Exhortan, asimismo, a que se intensifiquen esfuerzos para proteger la vida e integridad personal, así como para reducir el hacinamiento en cárceles y centros de detención y mejorar las condiciones de detención, alimentación, salud y atención médica y permitir el ingreso de organizaciones defensoras de derechos humanos a los centros penitenciarios para el acompañamiento a personas privadas de libertad.
Atención a la emergencia climática
Respecto al tema climático, piden que el gobierno que resulte electo adopte el Acuerdo de Escazú para el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones ambientales y el acceso a la justicia y que se detenga el Proyecto Arco Minero del Orinoco y la extracción ilegal en áreas indígenas “hasta realizar una consulta previa e informada y estudios de impacto ambiental”.
Como puntos adicionales, recomiendan tomar medidas urgentes contra la explotación laboral, el trabajo infantil y la trata de personas en el Arco Minero y regularizar las actividades mineras para proteger los derechos laborales, así como “integrar una perspectiva de género en las políticas sobre cambio climático y desastres” y garantizar la participación de personas vulnerables.
Venezolanos en el exteriorR
Respecto a los más de siete millones de venezolanos que han abandonado el país en la última década, recomiendan implementar un plan de apoyo que permita a la población venezolana que ha migrado forzosamente y que desee regresar y reestablecer su residencia en el país su protección y orientación “en condiciones de confidencialidad, seguridad (física, jurídica y material) y dignidad para su reintegración efectiva y provechosa a la vida nacional”.
Piden garantizar también a los venezolanos y venezolanas en el exterior sus derechos a inscribir los nacimientos de hijos de venezolanos en el exterior, otorgamiento y renovación de pasaportes, ejercicio del voto y a la asistencia consular, entre otras.
