La crisis eléctrica dejó de ser un problema que se mide solamente en horas de apagón. En el Zulia, la falta de energía también interrumpe el suministro de agua, daña alimentos y equipos, afecta la actividad comercial y pone en riesgo servicios esenciales. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo recibió una propuesta que busca convertir las denuncias dispersas en un mecanismo de seguimiento institucional.
La Defensoría abre un canal para monitorear la crisis
La defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, recibió el pasado lunes 17 de agosto en su despacho al exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, acompañado por dirigentes políticos de Unión y Cambio, quienes expusieron la situación del Sistema Eléctrico Nacional en el estado Zulia. Durante el encuentro, González Lobato explicó que el organismo monitorea de manera permanente las denuncias, reportes e incidencias sobre fallas en los servicios públicos provenientes de los distintos estados del país.
Según explicó la funcionaria, ese seguimiento busca generar alertas tempranas ante la agudización de los problemas eléctricos y de otros servicios. La Defensoría también estableció canales de comunicación con la Mesa Zuliana por la Autosuficiencia Energética, representada por Ramírez, para recibir información técnica y conocer las propuestas elaboradas por gremios empresariales, colegios profesionales, universidades e instituciones civiles.
Más de seis horas de racionamiento, según Ramírez
Un día antes de la reunión con la Defensoría, Ramírez había entregado un documento formal al organismo en Caracas para exigir respuestas ante la crisis eléctrica. Según reportó el diario La Verdad, el dirigente sostuvo que los zulianos padecen más de seis horas diarias de racionamiento y solicitó la creación de una mesa de trabajo con responsables del Sistema Eléctrico Nacional.
Ramírez planteó que ese espacio debería establecer cuánto tiempo continuará el racionamiento, qué inversiones se realizarán en la infraestructura eléctrica regional y nacional y cuáles serán las garantías de suministro para hospitales, unidades de diálisis, comercios y empresas. También subrayó que la crisis ya constituye una vulneración de derechos humanos, porque afecta el trabajo, la educación y la atención sanitaria.
El exalcalde puso especial énfasis en los pacientes renales, quienes pueden enfrentar interrupciones o dificultades para recibir diálisis cuando las unidades carecen de energía estable. Para el dirigente, el problema no puede limitarse a una discusión sobre el servicio eléctrico: cuando un quirófano, un centro de diálisis o un comercio no puede operar por falta de electricidad, las consecuencias alcanzan otros derechos y actividades esenciales.
El déficit regional ya era advertido antes de los terremotos
Las dificultades de generación no comenzaron con los sismos del 24 de junio. El 18 de junio, la intergremial del Zulia y el Colegio de Ingenieros de la entidad advirtieron que existía un déficit cercano a 300 megavatios porque el consumo regional superaba la generación local, según reportó Unión Radio.
Orlando Urdaneta, presidente de la Comisión Eléctrica Intergremial, reconoció entonces que se habían realizado reparaciones de turbinas, pero consideró que estas no habían sido suficientes. Además, señaló que se estaba trabajando con General Electric en un plan de recuperación. Por su parte, Hernán Mendoza, presidente del Colegio de Ingenieros, reclamó la activación de recursos energéticos disponibles en la región.
La advertencia mostraba que el sistema zuliano ya llegaba al período de los terremotos con una brecha entre generación y demanda. Los cortes, además, habían vuelto a intensificarse desde febrero en distintas regiones del país. Un reporte de EFE publicado en mayo señaló que los apagones en Maracaibo podían extenderse hasta siete horas y que más de 90 % de los consultados por Fedecámaras Zulia consideraba la crisis eléctrica su principal preocupación.
Los terremotos agregaron 600 MW de presión al sistema
El doble terremoto del 24 de junio agravó una situación que ya era deficitaria. El presidente de Fedecámaras Zulia, Paul Márquez, explicó en julio que, aunque el estado no registró daños directos en sus infraestructuras por los sismos, las afectaciones sufridas por las plantas Termoeléctrica del Centro y Termocarabobo, en Carabobo, redujeron en unos 600 megavatios la capacidad de generación disponible para el Sistema Eléctrico Nacional.
Márquez insistió con que esa reducción repercutió en Zulia y otros estados occidentales, como Falcón, Lara y Trujillo, donde aumentaron tanto la frecuencia como la duración de los cortes. Para entonces, estimaba interrupciones de entre cuatro y cinco horas diarias en la región.
En Zulia, el problema tampoco se limita al cronograma de racionamiento. El 2 de agosto, Radio Fe y Alegría Noticias reportó que habitantes del sector Raúl Leoni, en Maracaibo, tenían más de cinco días sin electricidad después de que un transformador explotara durante las lluvias del 26 de julio. Los vecinos denunciaron que Corpoelec levantó un poste caído, pero dejó trabajos incompletos y respondió que no disponía del equipo necesario para sustituir el transformador.
Nueve de cada diez hogares sufren interrupciones
El problema tampoco es exclusivo del Zulia. La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2025, encontró que solo 10 % de los hogares consultados dijo no sufrir interrupciones del servicio eléctrico. En contraste, 39 % reportó cortes diarios durante varias horas, 35 % interrupciones semanales de varias horas y 15 % cortes mensuales.
La dimensión nacional de la crisis contrasta con los llamados oficiales al ahorro energético. En mayo, mientras el Gobierno esperaba propuestas de empresas internacionales para recuperar el sistema, un mensaje oficial recomendó desconectar equipos eléctricos apagados.
La situación se arrastra desde hace años. Infobae recordó que en 2010 el entonces presidente Hugo Chávez decretó una emergencia eléctrica para acelerar inversiones destinadas a recuperar el sistema. La organización Transparencia Venezuela ha calculado que más de 20 000 millones de dólares fueron destinados a unos 16 proyectos, en un proceso marcado, según la organización, por obras inconclusas, corrupción e ineficiencia.
La mesa deberá convertir las denuncias en respuestas
Ahora la Defensoría del Pueblo busca recibir información técnica de la Mesa Zuliana por la Autosuficiencia Energética y hacer seguimiento a las incidencias que llegan desde la región. El reto será que ese intercambio derive en información verificable sobre inversiones, cronogramas de reparación, capacidad real de generación y tiempos de respuesta ante nuevas fallas.
Ramírez ha pedido que en esa instancia participen los responsables del Sistema Eléctrico Nacional y que se establezcan prioridades para hospitales, unidades de diálisis y otros servicios esenciales. También ha advertido que comercios y empresas pueden elevar hasta 40 % sus costos al depender de plantas eléctricas y que las interrupciones pueden reducir su productividad alrededor de 30 %.
Mientras esas respuestas llegan, el Zulia continúa enfrentando una crisis que combina un déficit de generación acumulado, fallas en equipos locales y una red nacional que perdió capacidad después de los terremotos de junio. La conformación de la mesa representa, por ahora, un mecanismo de seguimiento ante los constantes cortes del suministro eléctrico.
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