El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la crisis de hacinamiento que viven las cárceles venezolanas, aspecto que se ha agravado con el traslado de las personas luego de las protestas suscitadas a raíz de la lectura de los resultados correspondientes a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
De acuerdo a la ONG, estas prácticas atentan contra las garantías judiciales establecidas en la Constitución de la República.
El OVP denunció que a ninguno de los aprehendidos a partir del 29J les han practicado evaluaciones médicas o psicológicas y están conviviendo en condiciones “infrahumanas de reclusión”.
Recordóque algunos padecen de ciertas patologías o discapacidad y no les garantizan el acceso a una atención médica digna y adecuada.
La organización también resaltó que el acceso a agua potable en los recintos penitenciarios es nulo o escaso, pues lo poco que les llega no es apto para el consumo ni para asearse.
El Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que la alimentación está basada básicamente en granos, arroz o arepas sin relleno, además no consumen frutas, verduras y mucho menos proteínas.
La organización apuntó que, en el caso de los centros de detención preventiva o calabozos policiales, la situación es peor.
Afirmó que los presos son sometidos a compartir celdas totalmente hacinadas e insalubres, donde tienen que hacer sus necesidades en bolsas o potes plásticos. Asimismo, se ven obligados a dormir en el suelo o de pie, mientras que la comida y el agua potable debe ser suministrada por los familiares.
Prisiones para periodistas
El OVP informó además que desde la celebración de las elecciones se han producido al menos siete aprehensiones en contra de periodistas y trabajadores de la prensa, los cuatro primeros fueron: Yousner Alvarado en el estado Barinas; la reportera gráfica Deisy Peña en Miranda; el camarógrafo Paúl León, en el estado Trujillo; el periodista José Gregorio Camero en Guárico, y el periodista Roland Carreño en Caracas, quien resultó apresado por segunda vez.
Las dos últimas detenciones fueron las de los periodistas Víctor Ugas, que enfrentaría su tercera detención, y Ana Carolina Guaita en el estado Vargas, de quien se desconoce su paradero.
115 personas que fueron aprehendidas luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio fueron trasladadas el pasado 8 de agosto al Centro Agroproductivo José Antonio Anzoátegui de Barcelona, en el estado Anzoátegui, mejor conocida como “cárcel de Puente Ayala”.
La ONG dirigida por Carlos Nieto Palma reportó que se trata de 103 hombres y 12 mujeres que fueron presentados ante el Tribunal de Barcelona, mediante audiencias telemáticas y posteriormente imputados por incitación al odio y terrorismo, cargos que contemplan penas de hasta 30 años.
UVL apuntó que los privados de libertad se encontraban en el Centro de Detención Preventivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en el Polígono de Tiros de Barcelona, donde permanecían en uno de los calabozos del centro policial.
Voceros de UVL en la región reportaron que los familiares de los detenidos no fueron informados de los traslados a la cárcel y se percataron el mismo día cuando acudieron a llevarles alimentos.
Abogados, a quienes se le impidió asumir las defensas en los tribunales orientales, manifestaron que los privados de libertad se encuentran en un área habilitada solo para ellos y que aún no les han permitido comunicación con alguno de ellos.
Cárcel por protestar
De acuerdo con la ONG Foro Penal, hasta el pasado 18 de agosto había 1.503 arrestos verificados e identificados luego de las protestas que iniciaron el 29 de julio.
Entre los detenidos hay 129 adolescentes, de entre 14 y 17 años, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad y 200 mujeres.
Distrito Capital es la región que más acumula detenidos, con 315; seguida de Carabobo, con 196, y Anzoátegui, con 113 arrestos. Continúan los estados Aragua (107), Miranda (89), Barinas (72), Lara (76) Nueva Esparta (69) y Zulia (68).
Diversas ONG y activistas denunciaron una ola de represión en las semanas posteriores a los comicios y el propio Nicolás Maduro reconoció que las fuerzas de seguridad realizaron cerca de 2.000 detenciones.
La sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que validó el resultado electoral del Consejo Nacional Electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio generó un río de críticas negativas hacia el Poder Judicial, al que señalaron por avalar el presunto “fraude electoral”.
Dirigentes políticos, organizaciones no gubernamentales y analistas cuestionaron la sentencia. Entre ellos destaca el candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien a través de X (antes Twitter) citó el artículo 5 de la Constitución, que establece que la soberanía “reside intransferiblemente en el pueblo”.
“Los órganos del Estado emanan la soberanía popular y a ella están sometidos”, expresó. González Urrutia había advertido horas antes que cualquier decisión de este estilo solo agravaría la crisis política.
Por su parte, Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, aseguró que el TSJ hizo lo que ya tenía previsto: “Es la crónica de un fraude anunciado. Todos sabemos cómo ha actuado esa Sala Electoral. Son agentes de Maduro para ir en contra de los venezolanos”.
“Esa sala fue la que dijo que no habían existido las primarias y antiguamente fue contra los diputados de Amazonas en la AN, contra las elecciones en Barinas, contra el referéndum revocatorio. Así que ya sabíamos lo que iba a hacer esa sala, el bodrio que iba a producir una sentencia ratificando la farsa del Consejo Nacional Electoral. ¿Dónde está el CNE? ¿Dónde están las actas? ¿Cómo es posible que nombren partidos políticos que fueron confiscados por ellos?”, replicó.
Guanipa, aunque reconoce la indignación, manifestó que no es momento de decepcionarse e instó a esperar los anuncios de la opositora María Corina Machado y Edmundo González.
El dirigente Andrés Velásquez, de La Causa R, consideró que la sentencia de la Sala Electoral “no ha sorprendido a nadie” y que ya se había anticipado.
“Ahora la pregunta ¿Esa sentencia aclara el fraude? Todo lo contrario, oscurece aún más, ya que pretendiendo tapar el fraude, está cargada de amenazas. Instituciones fallidas limpiándose entre sí”, recriminó Velásquez.
La sentencia del TSJ, no ha sorprendido a nadie. Tal cual la habíamos anticipado. Ahora la pregunta ¿Esa sentencia aclara el fraude? Todo lo contrario oscurece aún más, ya que pretendiendo tapar el fraude, está cargado de amenazas. Instituciones fallidas limpiandose entre si.
El exgobernador de Miranda Henrique Capriles también reaccionó y señaló que la decisión de la Sala Electoral “no resuelve ni cambia lo que el pueblo venezolano decidió en paz con su voto” en las elecciones.
“Lo único que hace la sentencia es profundizar la crisis política, económica y social de nuestro país. Reafirma a su vez la gravísima situación institucional que profundiza la desconfianza de la gran mayoría de los venezolanos en el sistema de administración de justicia”, expresó.
Esta última decisión de la sala electoral del TSJ NO resuelve ni cambia lo que el pueblo venezolano decidió EN PAZ con su VOTO el 28 de julio.
Lo único que hace la sentencia es profundizar la crisis política, económica y social de nuestro país. Reafirma a su vez la gravísima…
A su vez, el excandidato presidencial Enrique Márquez acotó que todo el mundo “sabe lo que pasó”, incluyendo el TSJ y el CNE, por lo que citó al Libertador Simón Bolívar: “La confianza ha de darnos la paz. No basta la buena fe, es preciso mostrarla, porque los hombres siempre ven y pocas veces piensan”.
Venezuela sabe lo que pasó el 28J Los electores saben lo que pasó Los testigos saben lo que pasó El Plan República sabe lo que pasó El CNE sabe lo que pasó El TSJ sabe lo que pasó El mundo sabe lo que pasó
“La confianza ha de darnos la paz. No basta la buena fe, es preciso…
También reaccionó Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela (MPV), partido que apoyó la candidatura de Edmundo González. Calzadilla destacó varias irregularidades del proceso electoral y la decisión de la Sala Electoral del TSJ.
“Cuando se va a abrir una caja porque una de las partes hizo una impugnación, deben estar presentes los interesados: los candidatos participantes y los partidos políticos. Nos llama la atención que las cajas de resguardo de los instrumentos electorales no contaron con la presencia de ningún testigo de los partidos políticos”, indicó sobre el proceso de peritaje del material electoral que hizo el TSJ.
En tal sentido, consideró que “aquí hay procedimiento un absolutamente irregular que no está en la Constitución. Ni en las leyes electorales del país”.
Mientras tanto, Perkins Rocha, vocero oficial del Comando Con Vzla y abogado, invocó al cumplimiento del artículo 138 de la Constitución: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos nulos”.
“Que Dios y la patria nos premien y si no, que nos lo demanden”, expresó.
¿Tiene algún valor moral o incluso procesal, lo decidido por un órgano judicial q no resuelve ni señala nada, como punto perentorio a su fallo, sobre la recusación fundada q le fue interpuesta en tiempo hábil a una de sus integrantes, en este caso su Pdta y co-ponente? pic.twitter.com/xK7iha0SnV
Sentencia vulnera derechos de los venezolanos a elegir su destino
La ONG Defiende Venezuela rechazó la sentencia del TSJ y recordó que ese organismo “ha sido señalado anteriormente como un órgano imparcial y cooptado por el Ejecutivo”, como lo ratificó recientemente la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela.
Rechazamos el pronunciamiento del TSJ que, siguiendo la narrativa de los principales voceros del gobierno, anuncia que hubo hackeo de las elecciones y ratifica a Maduro como vencedor. El TSJ ha sido señalado anteriormente como un órgano imparcial y cooptado por el Ejecutivo, así…
Además, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, advirtió que el TSJ “vulnera el derecho de los venezolanos a elegir su destino político y con esta decisión abre las puertas a un escenario que compromete la estabilidad social y la urgente reconstrucción de la democracia”.
Desde la organización que representa, reiteró que la crisis de derechos humanos en Venezuela “se agravará ante la falta de transparencia electoral y represión generalizada”.
Aunque predecible, muy grave: el @TSJ_Venezuela vulnera el derecho de los venezolanos a elegir su destino político y con esta decisión abre las puertas a un escenario que compromete la estabilidad social y la urgente reconstrucción de la democracia.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, consideró que la reciente decisión del TSJ “no es más que un burdo intento de encubrir judicialmente el fraude electoral” y recalcó que el TSJ “no es imparcial ni independiente”.
Analistas consideran que la decisión del TSJ viola el “orden público procesal”
José Ignacio Hernández, exprocurador especial del extinto gobierno interino de Juan Guaidó, explicó que la sentencia de la Sala Electoral del TSJ “viola el orden público procesal”.
“En la práctica, solo coloca más en evidencia la ilegitimidad del resultado electoral”, añadió.
Como anticipamos más temprano, el #TSJ en #Venezuela acaba de “certificar” los resultados del CNE. Jurídicamente, esta decisión viola el orden público procesal. En la práctica, solo coloca más evidencia la ilegitimidad del resultado electoral. https://t.co/8zZ4rn9yvB
A su vez, la politóloga Ana Milagros Parra recordó que el TSJ ni su Sala Electoral “tienen las competencias del CNE”. Indicó además que no se publicaron actas, que todavía no hay pruebas y que no es la primera vez que el TSJ utiliza esta estrategia.
Recordatorio de que el TSJ ni muchos menos su Sala Electoral tiene las competencias del CNE.
No publicaron actas. Sigue sin haber pruebas. No es la primera vez que utilizan esta estrategia.
Finalmente, el periodista experto en la fuente electoral Eugenio Martínez, sostuvo que en la sentencia, los magistrados del TSJ “obviaron todo lo referido a los artículos 382 y 385 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre)”, los cuales indican taxativamente cómo debe el CNE publicar los resultados de cada acta.
Artículo 382: “El Sistema Automatizado de Totalización debe emitir una “hoja complementaria de totalización contentiva de una relación en forma tabulada de los datos registrados en cada una de las actas de escrutinio, tanto para los cargos ejecutivos como a cuerpos deliberantes por las modalidades nominal y lista”.
En su sentencia, los magistrados del TSJ obviaron todo lo referido a los artículos 382 y 385 del Reglamento General de la LOPRE en donde se establece taxativamente cómo debe el CNE publicar los resultados de cada acta 👇 pic.twitter.com/bmOb5sUEHl
Gabriel Boric, presidente de Chile, consideró que el TSJ terminó de “consolidar el fraude” en Venezuela.
“El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, expresó.
Agregó que ha visto a venezolanos “que claman democracia su patria y que hoy reciben un nuevo portazo”, por tanto, expresó que “Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”.
Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante…
Asimismo, Iván Duque, expresidente de Colombia, afirmó que el “Tribunal Sumiso de Justicia” validó la “tal victoria” de Maduro. “Eso es un golpe al pueblo venezolano, a la expresión soberana de todo un país que quiere decir: ¡Ya basta a la dictadura!”.
El reconocimiento del TSJ a la supuesta victoria del sátrapa de Nicolás Maduro el 28 de julio, es un golpe al pueblo venezolano, a la resistencia democrática liderada por @MariaCorinaYA, a los millones de ciudadanos que anhelan un cambio y a los valerosos testigos electorales… pic.twitter.com/MtqU3VKbaa
Sin sorpresas, de manera “inobjetable” y en una sentencia dada a conocer en horas del mediodía del 22 de agosto, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia validó el resultado electoral del Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de agosto pese a los cuestionamientos de la integridad y transparencia de las elecciones de observadores independientes como el Centro Carter y el panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas.
La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral, Caryslia Rodríguez, fue la encargada de leer la sentencia 032, ante un público en el que figuraban, entre otros dirigentes del oficialismo, el fiscal impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Ante ellos, dijo que el máximo tribunal “certificaba de forma inobjetable el material electoral peritado” y convalidaba los resultados de las elección presidencial del 28 de junio emitidos por el CNE “donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros, como presidente reelecto para el período constitucional 2025- 2031”.
El madurista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el régimen, de las elecciones presidenciales en #Venezuela. “Esta sala convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio… pic.twitter.com/0yTJVdYaZ0
“Con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el CNE respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas, y estas actas mantienen plena coincidencia con el registro de bases de datos de centros nacionales de totalización”, refleja la sentencia aunque, para la fecha, el CNE no ha publicado ningún resultado de la totalización, como corresponde por ley, ni ha mostrado una sola de las actas.
En la sentencia de la Sala Electoral, también se menciona sobre posibles consecuencias jurídicas para el candidato opositor Edmundo González Urrutia por no haber asistido “a ninguna de las fases de este proceso al cual fue citado”.
“No cumplió con la orden de esta, la más alta instancia de la jurisdicción contencioso electoral de Venezuela, ni con la consignación de las actas de escrutinio, el listado de testigos ni material electoral alguno. En consecuencia, desacató el mandato en franco irrespeto a la autoridad judicial, demostrando su renuencia a ceñirse al orden constitucional, conducta que acarrea sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente”, dice la sentencia leída por Rodríguez.
Ú𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 🇻🇪
Presidenta del @TSJ_Venezuela Caryslia Rodríguez 🗣️ El excandidato Edmundo González Urrutia @EdmundoGU no asistió a ninguna de las fases del proceso al cual fue citado, incumpliendo con la orden emanada por este ente, entrando así en desacato con la… pic.twitter.com/hYgcO5m7l2
El TSJ también instó al Ministerio Público a investigar a quienes publicaron resultados electorales en un sitio web, a quienes señala de “causar zozobra en el país” tras el proceso comicial. Precisaron que las investigaciones deberían enfocarse en el “forjamiento de documentos públicos” y por “ataque cibernético masivo”.
Magistrada afín al PSUV
Cabe recordar que Caryslia Rodríguez fue designada al frente del TSJ en enero de 2024 y que en el año 2021 compitió en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela para ser candidata a la alcaldía de Caracas, a pesar de que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial en octubre de 2010, establece como requisito renunciar a cualquier militancia política y carecer de cualquier vínculo partidista.
Tras ser juramentada como presidenta del TSJ, y en una entrevista al medio oficialista Ciudad CCS, se identificó como una mujer “profundamente comprometida con las tareas que delega la revolución, leal al comandante Hugo Chávez, al presidente obrero Nicolás Maduro y a los proyectos para la construcción del socialismo”.
Horas antes de hacerse pública la sentencia, del TSJ, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU alertó sobre la “falta de independencia e imparcialidad” del máximo tribunal y del CNE y consideraron que ambos forman parte de la “maquinaria represiva” del Estado.
El un video compartido en la red social X, resaltaron declaraciones de Francisco Cox, miembro de la Misión, en las que indicaba que en 2022 la Asamblea Nacional, de corte oficialista, modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales para ser “controlada por la misma asamblea” y elegir a los actuales magistrados y magistradas.
“La actual presidenta del TSJ y de su Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez, es militante del partido de Gobierno y ha ejercido cargos de elección popular”, alerta Cox.
En el material también se incluyó una declaración de Patricia Tappatá, otra miembro de la misión, en la que recuerda que Elvis Amoroso, presidente del CNE, también fue diputado en representación del partido de gobierno y que, como contralor, fue responsable de la “inhabilitación ilegal” de María Corina Machado y otros opositores al gobierno.
También antes de conocerse la sentencia, la dirigente opositora María Corina Machado retó en X al TSJ con el mensaje “échenle bolas”, expresión utilizada en Venezuela para pedirle a una persona que se atreva a hacer algo. Mientras que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, en un tono más comedido, recordó al TSJ que “ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular” y les alertó que tanto el país como el mundo conocían que eran “parciales” y no estaban capacitados para resolver el conflicto.
“Su decisión solo agravará la crisis. Los venezolanos no estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad ni a nuestro derecho a cambiar en paz para vivir mejor”, insistió González.
Miles de ONG cerradas, inexistencia de prensa independiente y confrontación directa con las iglesias es el escenario actual de la Nicaragua presidida por Daniel Ortega, uno que podría reflejarse en un futuro en Venezuela, de acuerdo a la directora para las Américas de Human Right Watch, Juanita Goebertus.
A propósito de la realidad que enfrentan los venezolanos luego de los comicios del pasado 28 de julio, La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual de este martes 20 de agosto llevó por nombre “Los Derechos Humanos en el contexto poselectoral.”
En el programa participaron Ronna Rísquez, directora de la ARI; Luis Blanco, director de Runrun.es; Víctor Amaya, director de Tal Cual, además de Goebertus.
Según la especialista en DDHH, lo más probable es que Venezuela siga el camino de Nicaragua: “Estas semanas posteriores a las elecciones han servido para comparar a Venezuela con Nicaragua, más de 80% de las organizaciones de la sociedad civil han sido eliminadas, no queda periodismo independiente, todos los periodistas están en el exilio”.
Goebertus informó que en Nicaragua la Ley de Fiscalización a las ONG, similar a la aprobada recientemente por la Asamblea Nacional chavista, no se puso en vigor sino hasta 2018.
“Fue con las protestas contra el régimen de Ortega que se activó. Nicaragua copió de Rusia este esquema de persecución a las ONG, generando una obligación de registro, la entrega de documentación, multas desproporcionadas hasta llegar a la persecución penal de líderes y representantes legales de las organizaciones. Todo esto lo que busca es silenciar las voces que hacen escrutinio al poder”.
La abogada indicó que en México y Perú se han presentado iniciativas similares que hasta el momento no se han aprobado. Dijo además que, diferencia de Nicaragua, en Venezuela los canales diplomáticos aún están abiertos.
“Cuando la comunidad internacional llama a Nicaragua no hay nadie que conteste el teléfono, el cierre hacia todo canal diplomático es lo que pudiese agravar la situación en Venezuela”, alertó.
Goebertus mencionó que lamentablemente es difícil conseguir en la comunidad internacional a alguien que le importe lo que suceda en Nicaragua.
“Porque no tiene la misma repercusión de lo que pase en Venezuela, porque lo que acontezca en Venezuela va a tener implicaciones para el resto de la región”, opinó, esto principalmente asociado a la masiva migración de venezolanos que se han refugiado en casi todos los países de América Latina.
Contradicciones y fallas
La también politóloga sostuvo que el rol de gobiernos cercanos al régimen de Maduro como Colombia y Brasil ha estado signado por fallas metodológicas y contradicciones.
“En Colombia el canciller Murillo dice algo y el presidente Petro otra cosa, lo mismo pasa en Brasil con Amorim y Lula. Colombia podría tener algo más que palabras, todo parece improvisado, emplean canales poco estructurados. Sin embargo, Petro y Lula siguen intentando que pase algo en el marco de un diálogo frustrado. Me parece que la propuesta de Lula de repetir elecciones es una cachetada al pueblo venezolano, lo que hay es que mostrar las actas”, consideró.
Goebertus calificó la posición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como “absurda”, en vista de que otorga al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parcializado con el Ejecutivo la responsabilidad de resolver la crisis política desatada por las acusaciones de fraude.
“Se necesitan canales diplomáticos, actores que puedan tener comunicación con el régimen, ninguna dictadura ha caído con pura vocería. Se ha salido de dictaduras cuando hay organización, protesta pacífica y presión internacional, no podemos caer en el derrotismo de que nunca se puede salir y que el dictador es el que decide cuando se va”, expresó.
Mayor represión
La directora deHRW sostuvo que no es primera vez que el gobierno de Maduro reprime la protesta civil, pero en esta oportunidad fue más cruenta en proporción al número de días: “Claramente, mandando una señal de amedrentamiento, ahora a los detenidos les imputan por terrorismo, no les están dando acceso a abogados privados y la posibilidad de recuperar la libertad es menor en comparación con las protestas de 2014 y 2017”.
Indicó que la represión no se había visto en sectores populares como luego del 28J.
“Detenciones de 40 y 50 personas a la vez, muertes de transeúntes que no tenían nada que ver con la manifestación”, precisó.
Apuntó también que en la mayoría de las 25 muertes que contabiliza HRW después de las elecciones se emplearon armas de fuego: “Tenemos 20 personas que aún están desaparecidas, más de 90 heridas y 1.500 detenidas”.
Destacó también el trabajo de ONG como el Foro Penal Venezolano. “Nosotros estamos haciendo contraste de videos y procesos de verificación para tratar de desmitificar las fake news”.
Goebertus sentenció que este panorama lo que hace es ampliar la investigación de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela sobre presuntas torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
“El problema es que en Venezuela no hay independencia judicial para avanzar en este tipo de casos, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados y el país está lejos de una justicia transicional”.
Goebertus consideró fundamental el trabajo de organizaciones internacionales, nacionales y prensa independiente en torno a la documentación de eventuales violaciones a los DDHH.
“Lo que nos muestra la historia es que décadas después esa información recolectada sirve para hacer justicia”.
Se viene más migración
La experta en DDHH manifestó que HRW contempla una migración de 1,5 millones de venezolanos si Maduro se mantiene en el poder.
“Hay un incremento de pasos fronterizos hacia Brasil, en el caso de la selva del Darién no hemos registrado aumento alguno, pero estamos a un nivel cercano al pre electoral”.
Goebertus informó que solo en 2023 alrededor de 500 mil migrantes (la mayoría venezolanos) cruzaron el Darién.
“Llevamos dos años haciendo trabajo de campo en el Darién y lo que podemos afirmar es que el Clan del Golfo controla el paso por ese lugar, estipulamos que por cada migrante obtiene una extorsión de 125 dólares lo que significó $68 millones en 2023. Aunado a esto tenemos denuncias de homicidios, desaparaciones y violencia sexual en torno a esta estructura de gobernanza criminal”.
Goebertus aseveró que es fundamental insistir al gobierno colombiano en la necesidad de ampliar el abanico de refugio y asilo para los perseguidos venezolanos.
“Mientras las autoridades panameñas dicen que no pueden retornar a los venezolanos sino llevarlos a la frontera con Costa Rica para que sigan su paso hacia el norte, Estados Unidos indica que lo más probable es que no entren a territorio norteamericano”.
Ni libres ni justas
A juicio de la directora de HRW, toda la comunidad venezolana e internacional estaba consciente de que las del 28J no iban a ser elecciones libres ni justas.
“Veníamos de un contexto de inmensa restricción, inhabilitaciones, detenciones de líderes políticos y sociales como Rocío San Miguel, de impedimento al derecho al voto en el exterior y ese contexto se contrasta con un día de elecciones que transcurrió en paz con una participación significativa. Tenemos entendido que las primeras horas del proceso de conteo de votos se da en relativa calma, pero después de cierto tiempo empieza a restringirse el acceso a las actas y la posibilidad de estar presente en la totalización de los escrutinios”, reseñó.
Según Goebertus, en términos de fraude el Panel de Expertos Electorales de la ONU aseguró que no tienen un antecedente parecido al del 28J.
“A pesar de las inmensas dificultades la gente salió valientemente a votar. Entiendo que algunos tengan pánico, cuando la amenaza se transforma en realidad es difícil manejarla porque hay miedo, pero a quien más le interesa pasar la página de esto es al régimen porque actualmente no tienen el reconocimiento ni siquiera de sus aliados más cercanos, la única forma de pasar la página es con justicia”, concluyó.
Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), amenazó este miércoles, 21 de agosto, con que aquellos que no reconozcan la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre las elecciones presidenciales “no podrán postular candidatos a las regionales”.
Durante su programa Con El Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión, Cabello se refirió a quienes desconozcan la sentencia del TSJ sobre los resultados, así como a aquellos que rechazan la Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
A continuación las perlas más destacadas de Cabello:
“Nos dicen que no reconocen ¿Entonces cómo van a ser para presentar candidatos? No puede. Si ellos no reconocen la sentencia del TSJ cómo se va a postular (Manuel Rosales). Digo yo aquí. Yo soy más inocente que el carajo, pero es pensando cosas”.
“No hay en este momento ni una sola denuncia, contra un organismo de seguridad de Estado por su actuación el día 29 y 30 de julio, sin embargo, hubo unos cuantos muertos, asesinados, dos compañeras del PSUV fueron asesinadas brutalmente por la violencia fascista”.
“El país rumbo a la tranquilidad necesaria (…) Los violentos, los fascistas, los terroristas no es que se hayan quedado tranquilos, ellos han insistido”.
“Hay una cuerda de chulos, las ONG, como Provea (…) Hay alguien detenido y cuando esa persona sale, inmediatamente llega Provea ante la familia y alegan que salió libre por sus gestiones y comienza el chantaje contra la familia”.
“¿Por qué los gringos creen que están por encima del bien y el mal? Y funcionarios como este señor, muy arrastrado, dice esto”, dijo sobre las declaraciones de Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien comentó que la ley contra las ONG era ataque a la sociedad civil.
“Ellos creen que los militares venezolanos son como Cristopher Figuera, que tienen precio (…) No, los militares venezolanos no son así, Cristopher Figuera, es la excepción de la regla porque los militares venezolanos tienen dignidad porque vienen del Pueblo”.
#EsNoticia | 🇻🇪⛓️ El segundo del chavismo, Diosdado Cabello, anticipó que aquellos partidos políticos que "no reconozcan sentencia del TSJ" sobre las elecciones del #28Jul "no podrán postular candidatos en las elecciones regionales".
El dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, cumple tres semanas detenido y sin tener contacto con sus familiares. El abogado Joel García informó, en una transmisión para VivoPlay, que aún no se le permite derecho a la defensa y se le imputaron los delitos de traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir.
“Freddy Superlano está detenido desde el 30 de julio del presente año. Hasta el día de hoy, no sabemos a ciencia cierta cuál es su estado de salud y su condición física, porque no hemos tenido contacto con él, ni sus familiares, ni sus abogados de confianza”, afirmó García.
El abogado añadió que, al momento de su detención, no había orden de captura, lo que representa una “clara violación” a sus derechos.
Se cumplen 3 semanas de la detención del dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, sin que sus familiares y abogados puedan dar fe sobre el lugar y las condiciones en las que se encuentra.
“El Ministerio Público le imputó esos delitos ante el juzgado tercero con competencia en terrorismo. Freddy Superlano es víctima de un proceso injusto porque, ni siquiera, se le permite defenderse”, explicó el especialista en derecho penal.
La detención del dirigente ocurrió el 30 de julio, en horas de la mañana. En un video -difundido en redes sociales- se observa cómo es llevado a la fuerza por un grupo de hombres vestidos de negro.
En ese momento, la cuenta en X de Voluntad Popular denunció el incidente: “Debemos denunciar responsablemente que hace minutos fue secuestrado nuestro coordinador político Freddy Superlano. Alertamos a la comunidad internacional sobre una escalada represiva de la dictadura de Maduro”.
Otros dirigentes detenidos
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, varios dirigentes políticos de la oposición han sido detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
Superlano se sumó a la lista de otros líderes arrestados, como Henry Alviarez y Dignora Hernández, dirigentes de Vente Venezuela,. detenidos hace cinco meses y acusados por el Ministerio Público de supuesta vinculación con “acciones violentas” relacionadas con los comicios.
Además, en la embajada de Argentina, ahora resguardada por Brasil, se encuentran asiladas varias personas del partido Vente Venezuela: Magalli Meda, jefa del comando de campaña de Vente Venezuela; Claudia Macero, responsable nacional de comunicaciones; Perro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales; Omar González, jefe de campaña del estado Anzoátegui y Humberto Villalobos, jefe de logística electoral.
Estas personas se refugiaron en la embajada argentina el pasado 20 de marzo, tras ser acusadas de participar en una presunta conspiración para llevar a cabo “acciones desestabilizadoras” y permitir la inscripción de María Corina Machado como candidata presidencial.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, con tendencia oficialista, y dirigente del Partido Socialista Unido (PSUV), acusó a Meda y Villalobos de estar orquestando hechos violentos desde la embajada para el día de las elecciones, en una alocución del 27 de junio.
De acuerdo al Foro Penal, después de las elecciones del 28 de julio, se han registrado 1503 detenciones arbitrarias. Esto incluye políticos y personas comunes. La lista incluye a 129 adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad y 200 mujeres.
La Secretaría del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas publicó este 22 de agosto un mensaje en la red social X en el que señalan la falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ente al que el gobernante Nicolás Maduro pidió auditar los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 28 de julio, que lo favorecieron.
En el texto del mensaje, recuerdan que la Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela ha alertado antes sobre la “falta de independencia e imparcialidad” de ambas instituciones.
El mensaje se acompañó de un video en el que se destaca un mensaje de la Misión, que expresa que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el CNE han jugado un papel en la “maquinaria represiva” del Estado venezolano.
En el audiovisual indican que, como lo han registrado los informes de la Misión, el gobierno ejerce una “indebida influencia” sobre las decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y de declaraciones públicas de figuras del chavismo como Diosdado Cabello y el propio gobernante, Nicolás Maduro.
El Tribunal Supremo de Justicia de #Venezuela requerido para auditar los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre este país alerta sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones. pic.twitter.com/IzKRG9bVUq
— United Nations Human Rights Council (@UN_HRC) August 22, 2024
El video también resalta unas declaraciones de Francisco Cox, miembro de la Misión, en las que indica que en 2022 la Asamblea Nacional, de corte oficialista, modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales para ser “controlada por la misma asamblea” y elegir a los actuales magistrados y magistradas.
“La actual presidenta del TSJ y de su Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez, es militante del partido de Gobierno y ha ejercido cargos de elección popular”, alerta Cox.
En el material también se incluye una declaración de Patricia Tappatá, otra miembro de la misión, en la que recuerda que Elvis Amoroso, presidente del CNE, también fue diputado en representación del partido de gobierno y que, como contralor, fue responsable dela “inhabilitación ilegal” de María Corina Machado y otros opositores al gobierno.
El país se mantienen a la expectativa por una eventual sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que avalaría a Nicolás Maduro como ganador de la elección del 28 de julio, pese a los cuestionamientos de la oposición de organizaciones internacionales como el Centro Carter y el panel de expertos de la ONU, quienes advirtieron sobre la falta de transparencia e integridad de la elección.
El pasado 21 de agosto, María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y la Plataforma Unitaria Democrática emitieron un comunicado en el que advirtieron que “sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer”. Destacaron además que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y la harán respetar.
El peritaje para validar el resultado electoral emanado por el CNE y que declaró a Nicolás Maduro como ganador de la contienda del 28 de julio genera más dudas que certezas por varios aspectos: el proceso ha transcurrido sin presencia de los partidos que apoyaron a la PUD, con una presidenta del TSJ exmilitante del PSUV, invitados internacionales afectos al chavismo y con un CNE que aparentemente se lavó las manos en torno a la entrega de resultados detallados.
Por su parte, un informe de Transparencia Electoral, alertó que con la participación de “falsos observadores” se pretendía “legitimar el fraude en Venezuela”.
La organización aseguró que buena parte de estos observadores foráneos que hoy presenta el gobierno como independientes vinieron a Caracas previo a los comicios para participar en un encuentro por la autodeterminación de los pueblos organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), afín al chavismo.
