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Entre la Biblia y el Corán: Maduro adelgaza y protesta por la comida en prisión según The New York Times

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Nicolás Maduro ha encontrado en la lectura religiosa una de sus principales ocupaciones durante su prisión en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York. El exmandatario venezolano, detenido por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, dedica buena parte de su tiempo al estudio de textos religiosos y filosóficos, entre ellos la Biblia y el Corán, y ha sostenido encuentros con capellanes de la prisión, incluido un sacerdote y un rabino.

Así lo reveló un reportaje de The New York Times, publicado este domingo 8 de noviembre, a partir de entrevistas con seis personas familiarizadas con la estancia de Maduro en prisión. Los testimonios, ofrecidos bajo condición de anonimato, describen una rutina marcada por la lectura y un interés por la espiritualidad que, según el diario, parece haberse intensificado desde su captura.

El acercamiento de Maduro a la religión no es completamente nuevo. Durante su mandato cultivó vínculos con sectores evangélicos en Venezuela y mantuvo una relación cercana con un sacerdote de orientación socialista. También compartió con su esposa, Cilia Flores, y con su sucesora, Delcy Rodríguez, el interés por las enseñanzas del gurú indio Sathya Sai Baba.

El reportaje señala, sin embargo, que su interés por el judaísmo no había sido particularmente visible antes de su detención, pese a que Maduro ha afirmado públicamente tener ascendencia judía sefardí. El exmandatario se ha presentado como descendiente de una comunidad judía que emigró desde las Antillas Neerlandesas hacia Venezuela durante el siglo pasado.

No está claro si sus actuales acercamientos al judaísmo responden a una búsqueda espiritual o a inquietudes intelectuales. Lo que sí describen las fuentes consultadas por el diario estadounidense es que sus lecturas y reuniones con representantes religiosos ocupan una parte importante de sus días en el centro penitenciario.

Una prisión de alta seguridad y una nueva apariencia

Maduro permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una instalación que alberga alrededor de 1300 internos y que durante años ha enfrentado problemas de violencia, deficiencias de personal y condiciones cuestionadas.

El exgobernante, de 63 años, se encuentra en una unidad que ha alojado a otros reclusos de alto perfil, como el rapero Sean Combs, el empresario Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione.

Además de su rutina de lecturas, las personas familiarizadas con su situación aseguran que ha perdido una cantidad considerable de peso desde su ingreso a prisión. Según dos de las fuentes consultadas por The New York Times, la alimentación del centro penitenciario habría acelerado ese proceso. Maduro se ha quejado de la calidad de la comida y luce notablemente más delgado.

Antes de su captura, el expresidente seguía una dieta paleo, un régimen alimenticio basado en la recreación de los hábitos de consumo de los seres humanos durante la Edad de Piedra. En los últimos años también había mantenido una dieta orientada a controlar su peso.

La procesión de Cilia es con la salud

Mientras Maduro ocupa sus días con lecturas y encuentros religiosos, la situación de salud de Cilia Flores, también detenida en Brooklyn, ha generado preocupación entre sus abogados, quienes afirman que la exprimera “combatiente” ha reportado distintos problemas médicos desde su captura. De acuerdo con documentos presentados ante el tribunal, se encontraba en recuperación de una histerectomía cuando fue detenida y posteriormente recibió prescripción de nitroglicerina para tratar dolores en el pecho.

Flores también habría perdido dos dientes y más de 11 kilos durante su reclusión. Su equipo legal sostiene que pudo haber sufrido un infarto leve en julio y asegura que actualmente duerme entre tres y cuatro horas por noche.

A estas complicaciones se suman las condiciones de su detención. Según los documentos judiciales, permaneció tres meses en aislamiento y, después de ser trasladada a la población general, sufrió consecuencias por la exposición al gas pimienta utilizado para controlar una pelea entre reclusas.

La defensa de Flores solicitó su liberación alegando el deterioro de su salud, pero la petición fue rechazada por el juez Alvin K. Hellerstein, quien falleció el mes pasado a los 92 años. La jueza Analisa Torres asumió posteriormente la conducción del proceso.

Maduro y Flores se declararon inocentes de los cargos que enfrentan en Estados Unidos, por acusaciones relacionadas con el tráfico de miles de toneladas de cocaína hacia ese país, entre otros delitos.

304 días frente a El Rodeo I: la lucha de los familiares de presos políticos entra en otra etapa

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El campamento levantado frente a la cárcel de El Rodeo I llegó a su fin este 8 de noviembre, pero las familias que durante más de 10 meses hicieron de ese lugar un espacio de resistencia no se retiran de la lucha. Después de 304 días de vigilias, denuncias y espera, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) anunció el cierre de este ciclo y el comienzo de una nueva etapa para exigir la liberación de quienes siguen tras las rejas.

La historia comenzó el 8 de enero, cuando el anuncio de posibles «excarcelaciones masivas» que hizo entonces el presidente de la AN chavista, Jorre Rodríguez, llevó a cientos de familiares a instalarse en las inmediaciones del centro penitenciario. Llegaron desde distintos lugares del país con la esperanza de reencontrarse pronto con sus seres queridos.

Lo que inicialmente fue una vigilia se transformó en un espacio de encuentro, solidaridad y denuncia. Allí las familias compartieron la incertidumbre, se acompañaron en los momentos más difíciles y sostuvieron una exigencia común: que sus parientes recuperaran la libertad.

Durante esos meses también consiguieron avances que consideran significativos. Presenciaron liberaciones, encontraron maneras de comunicarse con los detenidos a través de una montaña que bautizaron como «la montaña de la libertad» y lograron entrar al recinto sin la capucha que, según sus testimonios, les imponían durante las visitas. Después de largos períodos de separación, algunas familias pudieron volver a abrazarse.

Los familiares sostienen que su presencia permanente en las afueras de El Rodeo I también contribuyó a visibilizar y mitigar los castigos y las torturas que, aseguran, padecen los presos políticos dentro del recinto.

«La dignidad ha mantenido la lucha»

Diego Casanova, integrante de Clippve, explicó durante el acto celebrado este domingo que el cierre representa el final de un ciclo, no el abandono de las exigencias. Durante la actividad recordó que el campamento fue mucho más que un espacio de protesta: también funcionó como lugar de solidaridad, encuentro y perseverancia para las familias.

«Hoy se cierra un ciclo de este espacio de protesta, denuncia, resistencia y exigencia, pero también de solidaridad, encuentro, compromiso, de perseverancia. Ha sido un recorrido muy importante para las familias desde aquel 8 de enero», expresó.

Casanova recordó que la expectativa de excarcelaciones se mantuvo durante meses, luego de que Jorge Rodríguez anunciara liberaciones que, según denunció, terminaron convirtiéndose en una burla para quienes permanecían frente a la cárcel esperando noticias de sus familiares: «Ha sido la dignidad lo que mantenido la lucha estoica de las familias», afirmó.

El integrante de Clippve también denunció que durante estos meses persistieron los tratos crueles y las torturas contra los detenidos. Recordó que, después de los terremotos del 24 de junio, los presos políticos fueron objeto de ataques con bombas lacrimógenas y gases pimienta.

«Si no fuera por las familias que estuvieron acá y han permanecido, nada de eso se hubiese conocido», sostuvo Casanova, quien calificó a El Rodeo I como «el principal centro de tortura del régimen que administra Delcy Rodríguez».

Una placa para que la memoria permanezca

El cierre del campamento estuvo acompañado por la develación de una placa en homenaje a las familias que sostuvieron la vigilia. El gesto busca dejar constancia de los días de resistencia y de quienes hicieron de ese espacio un lugar de acompañamiento y denuncia.

La activista Sairam Rivas explicó que la placa representa la memoria, la dignidad y la lucha de las madres y demás familiares que permanecieron frente al centro penitenciario.

Rivas también anunció que la movilización continuará por otros espacios. Entre las próximas acciones está una ruta por distintas embajadas e instituciones del Estado, como parte de la nueva etapa de exigencia y acompañamiento. Informó asimismo que las historias de las madres que estuvieron presentes en el campamento serán plasmadas en un libro.

Más de 400 presos políticos esperan libertad

El cierre del campamento ocurre mientras, según el balance difundido por sus organizadores, más de 400 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas. Cada una, recordaron, tiene un nombre, una familia y una historia que no debe quedar en el olvido.

Por eso, el cambio de etapa no implica renunciar a las exigencias de libertad plena, justicia, reparación y garantías de no repetición. El Comité sostiene que continuará denunciando las condiciones de reclusión y construyendo memoria sobre las personas que siguen detenidas.

«La vigilia cambia de lugar, pero no de propósito», resumieron las familias en el mensaje difundido para anunciar esta nueva fase de la lucha.

Machado se reunió con afectados por terremotos en San Bernardino

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La líder opositora María Corina Machado visitó este domingo la parroquia San Bernardino en Caracas para reunirse con los vecinos y familiares de las víctimas afectadas por el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

Durante un recorrido por la comunidad, Machado conversó de primera mano con los residentes locales de los edificios que colapsaron o resultaron gravemente dañados (como los inmuebles Rita, Moisés y Marama), recopilando relatos de quienes sufrieron pérdidas humanas y materiales.

Machado también acudió a una ceremonia religiosa en la Iglesia San Bernardino de Siena para acompañar a los fieles y creyentes de la zona afectada. En esa parroquia, reafirmó su compromiso de acompañamiento con los sobrevivientes.

Esta visita en Caracas se suma a la realizada el 28 de octubre al estado La Guaira,donde también se reunió con sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Figuera revela que vienen nuevas excarcelaciones y Foro Penal exige “que sean todos”

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Dinorah Figuera, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional de 2015, anunció recientemente que Venezuela está «a las puertas» de un nuevo anuncio sobre la liberación de presos políticos, el cual incluiría tanto a civiles como a algunos militares. Esta declaración la ofreció en una entrevista exclusiva concedida al periodista David Placer, difundida a través de su canal de YouTube.

Figuera, jefa de la delegación de un sector opositor en el diálogo auspiciado por Estados Unidos, reveló que se reunió recientemente con Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento oficialista y jefe negociador del chavismo. Durante dicho encuentro, Rodríguez le manifestó que el gobierno venezolano se encuentra próximo a informar al país sobre «la salida de nuevos presos políticos», lo que ocurre en la víspera del comienzo del cuarto ciclo de negociaciones que se iniciaron en agosto.

La dirigente opositora enfatizó que la delegación de la oposición ha sido «incisiva y permanente» en las mesas técnicas, recalcando que la meta no es que salgan unos pocos, sino consolidar la liberación absoluta de todos los detenidos por motivos políticos en el país.

“Queremos consolidar que salgan todos los presos políticos, nosotros en la mesa hemos sido incisivos y persistentes con este punto”, aseguró. “Este es un compromiso moral que personalmente tengo. Recuerden que yo perdí en custodia al padrino de mi hija, Fernando Albán. Es como una bandera en memoria de mi querido amigo, y en nombre de todos los que no han podido salir por morir en custodia”, expresó.

Figuera también detalló que le planteó directamente a la vicepresidenta Delcy Rodríguez la situación de los militares privados de libertad. Señaló que algunos de estos funcionarios militares han solicitado salir del país una vez sean liberados, teniendo como posibles destinos Alemania y España. Ante esto, confirmó que ya se han iniciado gestiones diplomáticas con la embajada alemana para evaluar alternativas que faciliten su salida.

“Esperamos que sean todos”

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, escribió un breve mensaje en la red social X luego de conocidas las declaraciones de Figuera.

“Esperamos la liberación de todos los presos políticos. Es una exigencia urgente. Debemos todos pedir libertad”, comentó en ese texto.

De acuerdo con el balance más reciente de la ONG Foro Penal, la cifra de presos políticos en Venezuela se ubica en 322 personas. Otras organizaciones, como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Justicia, Encuentro y Perdón cifran en más de 400 ese número.

El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa | Javier Tarazona: “El tiempo nos está dando la razón”

“El tiempo nos está dando la razón”. Con esta frase, Javier Tarazona, director de la organización de derechos humanos Fundaredes, resumió su análisis sobre los recientes operativos militares reportados en el estado Apure contra presuntos campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Tarazona fue uno invitado de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de este martes 3 de noviembre, donde estuvieron la directora Ronna Rísquez; César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, director de Tal Cual.     

Tras casi cinco años de privación de libertad, Tarazona aseguró en una reciente intervención pública que la supuesta participación de drones de Estados Unidos en estas operaciones, revelada por The New York Times, y la presencia de cuerpos sin vida trasladados a las morgues de San Fernando de Apure, confirman las denuncias por la que él, su hermano Rafael Tarazona y el activista Omar De Dios García pagaron con años de cárcel.

“Lo que se cayó, se negó y se ocultó durante tanto tiempo, lo que utilizaron para criminalizarme y llevarme a la cárcel hoy sencillamente se sigue evidenciando una vez más”, declaró Tarazona, quien aunque se encuentra en libertad, sigue judicializado con régimen de presentación periódica y prohibición de salida del país bajo cargos de “traición a la patria, terrorismo e incitación al odio”.

El “gran viraje” y la exigencia de transparencia

Según el monitoreo realizado por el voluntariado de Fundaredes en los estados fronterizos, lo ocurrido en Apure durante el pasado fin de semana marca lo que la organización denomina un “gran viraje” en la narrativa oficial. 

Durante años, el gobierno nacional negó la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) en territorio venezolano, llegando a tildar a quienes lo denunciaban de “traidores”.

Ante los reportes de enfrentamientos y la recuperación de cadáveres, Tarazona exigió el fin de la opacidad: “Desde Fundaredes pedimos transparencia. Exigimos que cese la opacidad y se implemente una política pública que atienda verdaderamente a la frontera”.

Drones de EE. UU. y el desborde de la FANB

Al ser cuestionado sobre la información publicada por The New York Times, que cita fuentes del Pentágono confirmando el uso de drones e inteligencia estadounidense en apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra el ELN, Tarazona no descartó esta cooperación.

El activista recordó el conflicto armado de abril de 2021 en Apure (zonas de La Victoria y El Rápial), donde militares venezolanos fueron desbordados por la capacidad de fuego de los grupos irregulares. “A esta hora hay familias que aún no tienen respuesta de los militares que fueron desaparecidos en ese conflicto, como el sargento Dani Vásquez. El Estado venezolano no les ha dado la cara”, señaló.

Para Tarazona, la eventual cooperación internacional es una consecuencia lógica de la “emergencia humanitaria compleja” que vive Venezuela desde 2015, y de la necesidad de la FANB de recibir apoyo para actuar contra organizaciones que se han enquistado durante años en el territorio.

La frontera: entre la acción militar y el abandono estatal

Pese a reconocer la necesidad de contención militar, Tarazona fue enfático en que las balas no resolverán el problema de fondo: el abandono sistemático del Estado.

“La frontera ha estado por años abandonada; ha sido el territorio fértil para que se imponga una economía paralela y la ley de estos grupos”, argumentó. Para ilustrar el colapso, citó datos contundentes: actualmente, 90000 niños venezolanos cruzan diariamente la frontera solo por el estado Táchira para estudiar en Colombia, mientras los hospitales de Norte de Santander atienden a una población venezolana que carece de asistencia sanitaria en su propio país.

“Si la población fronteriza no tiene incentivos que permitan contrarrestar estas redes de economía paralela, estaremos hablando de acciones espasmódicas que no resolverán la gran demanda”, advirtió, haciendo un llamado a la despartidización y profesionalización de la FANB, y recordando a oficiales como Humberto Quintero Aguilar o Juan Carlos Caguaripano, quienes en el pasado actuaron contra la guerrilla y fueron encarcelados por ello.

Próximo informe sobre Amazonas y Bolívar

Tarazona adelantó que la próxima semana Fundaredes presentará en Caracas un nuevo informe documentado sobre la situación en los estados Amazonas y Bolívar. Allí se evidenciarían “desplazamientos no comunes” y una nueva etapa en la dinámica de los grupos armados irregulares en el sur del país, consolidando el patrón de violencia que la organización ha denunciado desde 2004.

“Levantó la voz con contundencia por el Táchira, donde nací, pero también por el Zulia, Falcón, Apure, Bolívar y Amazonas, que son tierra de nadie y han llevado la consecuencia del desgobierno de una política solo de anuncios”, concluyó el activista, cuyo caso de persecución judicial ha sido señalado por observadores de derechos humanos como un patrón que se repite contra periodistas y denunciantes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Sociedad civil documental al menos 198 casos de violencia contra la comunidad LGBTIQ+ en 2026

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En su informe más reciente, publicado este 5 de noviembre, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) LGBTIQ+ documentó al menos 372 casos de violencia y discriminación contra la comunidad sexodiversa en Venezuela y otros 198 casos entre enero y septiembre de 2026.

La ONG advirtió que la opresión documentada contra la comunidad LGBTIQ+ venezolana fue una continuación del sistema represivo que mantuvo el Gobierno chavista tras las elecciones presidenciales de 2024. Una de las limitantes para la comunidad, según la institución, fue el bloqueo de la red social X (Twitter), donde la comunidad expresaba sus denuncias.

Los datos del 2026, por su parte, la vulnerabilidad de la comunidad sexodiversa recae en un sistema gubernamental que mantiene un sistema que viola los derechos humanos y los terremotos del 24 de junio, que aumentan los riesgos ante poblaciones vulnerables como mujeres, las infancias y la comunidad LGBTIQ+ de sufrir violencia.

La ONG advirtió que existe un subregistro de los casos debido a la opacidad del Gobierno venezolano en ofrecer cifras y protocolos de protección contra la violencia de la comunidad sexodiversa en el país.

El discurso discriminatorio es una constante

La categoría denominada «discurso discriminatorio» marcó la mayoría de los casos en ambos años. La ONG documentó 315 casos en 2025 (84,68 % de ese periodo) y otros 150 casos en lo que va de 2026 (75,76, % del periodo).

La institución destacó a dos victimarios principales de esta clase de violencia: el Gobierno interino venezolano —principalmente liderado por el chavismo bajo el aval de Estados Unidos— y el movimiento «Por la Familia Venezolana», una iniciativa liderada Linda Aguirre de Márquez que promueve la penalización del aborto y el matrimonio civil fuera de las parejas heterosexuales.

En los 21 meses evaluados por la ONG, estos victimarios concentran el 82,8 % de los casos.

Evolución del registro mensual de casos de violencia contra la comuidad LGBTIQ+ durante los primeros nueve meses de 2026. Fuente: OVV LGBTIQ+

Para el OVV LGBTIQ+ la perpetuación de estos discursos consolida «la discriminación desde espacios con alcance público y debilitan aún más el marco de protección cívica y la penalización social. A esto se le suma la ausencia absoluta de campañas de concientización y prevención de la violencia y discriminación en medios públicos».

En los 21 meses evaluados por la ONG, estos victimarios concentran el 82,8 % de los casos.

El prejuicio sobre la justicia

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha documentado en reiteradas ocasiones que el Gobierno venezolano —liderado principalmente por el chavismo— comete crímenes de lesa humanidad con agravantes en poblaciones vulnerables como las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.

El año 2025 no fue la excepción: el OVV LGBTIQ+ registró la detención arbitraria de cinco personas. Una de ellas, Ysrael Serrano Riera —profesor universitario, investigador, activista— murió bajo custodio del Estado en el Helicoide. Hasta la fecha, las autoridades gubernamentales no han ofrecido datos ni declaraciones sobre la casusa de muerte.

Evolución del registro mensual de casos de violencia contra la comuidad LGBTIQ+ durante el año 2025. Fuente: OVV LGBTIQ+

Meses después, ya en 2026, el Gobierno interino avalado por Estados Unidos excarceló a cuatro personas de la comunidad LGBTIQ+ consideradas presas políticas. Sin embargo, estos casos no viven con una libertad plena: deben recurrir periódicamente a los tribunales y el Estado, hasta ahora, no ha establecido canales de reparación.

También existen los casos de detenciones arbitrarias para extorsionar a las víctimas. El OVV LGBTIQ+ documentó al menos seis casos en el periodo de 21 meses (cinco en 2025 y uno en 2026).

«Fuerzas de seguridad del Estado retuvieron a estas personas por su orientación sexual, les extorsionaron y amenazaron con revelar su orientación sexual. Adicionalmente, en dos de los casos, les obligaron a contactar a personas conocidas para pedirles dinero», explicó la ONG en su informe.

Instituciones gubernamentales prejuiciosas


Dentro de los casos destacados que reveló el informe están la revictimización y prejuicio de los entes del Estado. Entre ellas están la detención arbitraria de 33 hombres en la ciudad de Barquisimeto que, «de acuerdo con el relato de los afectados, los acusaron de ejercer el delito de la homosexualidad» y el suicidio inducido de una joven activista tras ser discriminada en el sistema de justicia ante una denuncia de violencia basada en género. Ambos casos ocurrieron en 2026.

Para la institución, estos casos documentados «reflejan una impunidad estructural y la ausencia de garantías básicas de debido proceso».

El pasado 6 de noviembre, la ONG denunció un modus operandi de las fuerzas de seguridad del Gobierno chavista: crearse cuentas falsas en app de citas de la comunidad LGBTIQ+, extorsionar a las víctimas con revelar su identidad y exigir sumas de dinero a cambio de su libertar o silencio.

La ONG denuncia que los actos de prejuicio en ambientes cotidianos, como denegar el acceso a una persona de la comunidad LGBTIQ+ o discriminarlo en ambientes laborales y en su búsqueda de empleo se mantienen en Venezuela. En los 21 meses evaluados en el informe se registraron 46 casos como mínimo en distintos contextos y distintos victimarios.

Ante este contexto, la ONG reiteró la necesidad de derogar leyes que restringen el espacio cívico y el derecho a la libertad de asociación, mitigar los discursos de odio y discriminatorios contra la comunidad LGBTIQ+ y otras poblaciones vulnerables e integrar una respuesta inclusiva durante la emergencia por los terremotos en Venezuela.

Rubio habla de elecciones “idealmente” en 2027 y de una alianza militar “más estrecha” con Venezuela

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las elecciones presidenciales en Venezuela deberían celebrarse «idealmente» en 2027, condicionado a que se cumplan pasos previos de reforma institucional, de los cuerpos de seguridad y reestructuración de la deuda en el marco del plan de transición respaldado por Washington.

Las declaraciones las dio en una entrevista al New York Times, en las que recalcó que Estados Unidos estaba centrado en apoyar el retorno de Venezuela a la democracia. También, expresó que apoya una cooperación militar” más estrecha” entre los dos países.

Rubio insistió en que antes de convocar a las urnas es indispensable transformar la infraestructura electoral, lo que incluye designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y reformar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además de asegurar libertad de prensa y participación multipartidista. Otro punto en el que hizo énfasis fue en que cualquier proceso electoral debe contar con elo respaldo y la reforma de las fuerzas de seguridad en Venezuela, para garantizar la gobernabilidad y el orden durante el proceso.

«Tienes que contar con el respaldo de las fuerzas de seguridad en cualquier país del mundo, porque eso es lo que vas a necesitar para gobernar”, recalcó.

Deuda externa y cooperación militar

Respecto a los pasivos financieros que obstaculizan la inversión en Venezuela, el secretario de Estado señaló que la reestructuración corresponde inicialmente a las autoridades interinas, pero podría alcanzar a una futura administración electa, calificando el problema como una «nube que impide la inversión» que requiere apoyo generalizado.

Paralelamente, fuentes oficiales de EE. UU. indicaron que resolver este aspecto resulta indispensable para destrabar las sanciones.

Acerca de la permanencia de militares de EE. UU. en Venezuela, Rubio explicó que se busca un acuerdo orientado a cooperación conjunta, aclarando que los detalles de una alianza duradera deberán discutirse a futuro y que no se han discutido esos detalles.

“Nos gustaría tener en algún momento un acuerdo de presencia, pero en gran parte desde un punto de vista legal, para asegurarnos de que nuestras tropas allí tengan protecciones legales y estén operando de manera conjunta con ellos”, dijo. “Pero tendríamos que entablar una conversación más profunda con ellos con el tiempo sobre qué tipo de cooperación duradera podrían tener ambos países”, amplió.

Rubio se negó a comentar si el ataque en Apure a campamentos guerrilleros fue llevado a cabo en conjunto por fuerzas estadounidenses y venezolanas. Pero insistió en que a Venezuela le convendría más este apoyo que el de otros grupos extranjeros.

“Tener una relación con las fuerzas de seguridad de EE. UU. —ya sean las fuerzas armadas, la agencia de control de drogas— es por mucho preferible a que tengan la misma relación con actores extranjeros, con intereses malignos”. Agregó que Estados Unidos podría ayudar a los militares venezolanos “no solo a aumentar su profesionalismo sino sus capacidades para atacar cosas que también son amenazas para su país”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Deficiencia de los servicios públicos golpea gastos de empresas y familias 

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Las deficiencias de los servicios públicos obligan a familias y empresas a destinar recursos adicionales para suplir las fallas de infraestructura y cubrir necesidades que deberían estar atendidas por estos sistemas. La compra de agua, la contratación de conexiones de respaldo a internet, la adquisición de equipos y el gasto en combustible se incorporan a los presupuestos familiares y a los costos operativos de los negocios, reducen los recursos disponibles para otros gastos y limitan el margen para invertir. 

En el informe semestral presentado en septiembre de 2026, Monitor Ciudad encontró que 98% de las familias consultadas en Caracas y Táchira sufría fallas de servicios públicos al menos una vez por semana. El suministro de agua por tubería promediaba 58 horas semanales, mientras que 7% de los hogares había sufrido daños en equipos electrónicos por fluctuaciones eléctricas. 

El gasto en alternativas privadas 

En 2024, el Observatorio de Gasto Público de Cedice estimó que las familias destinaban alrededor de 60 dólares mensuales a alternativas para suplir las deficiencias de varios servicios. En octubre de 2026, un reportaje de Crónica Uno recogió casos de hogares caraqueños que gastaban entre 14 y 20 dólares al mes únicamente para comprar agua potable. Las cifras dan cuenta de los recursos que los hogares deben destinar para cubrir necesidades básicas ante las fallas de los servicios. 

A las dificultades con el agua y la electricidad se suman los gastos para garantizar el acceso a otros servicios básicos, incluido salud y recolección de desechos. Una encuesta digital del Observatorio de Gasto Público de Cedice encontró que 72% de los que participaron en el estudio había contratado un proveedor adicional o de respaldo para contar con una conexión estable a internet, con planes que costaban entre 20 y 60 dólares mensuales. En cuanto al gas doméstico, la prensa documentó que la recarga de bombonas de 10 kilos costaba entre 3,20 y 5 dólares en sectores de Caracas, por encima del precio regulado de entre 1,15 y 1,50 dólares.  

Una encuesta de la Cámara de Comercio de Maracaibo señala que, durante el segundo trimestre de 2026, 43% de los negocios consultados aumentó sus desembolsos en soluciones alternativas para suplir las fallas de los servicios, mientras que 42% calificó como significativo o alto el impacto sobre sus costos y operaciones. Otro 46% lo consideró moderado, una distribución que muestra cómo las deficiencias de infraestructura se incorporan a los gastos habituales de la actividad comercial. 

La consulta a 1872 establecimientos comerciales ubicados en corredores y centros comerciales de la capital zuliana ofrece otra mirada de esa dependencia de soluciones privadas. El 96% reportó racionamientos eléctricos y 35% había instalado plantas propias para mantener sus operaciones durante las interrupciones del suministro. La generación eléctrica dejó así de ser una contingencia ocasional para convertirse en una inversión que parte del comercio debe asumir para funcionar. 

Fallas que frenan la producción 

Durante el segundo trimestre de 2026, las empresas manufactureras consultadas por Conindustria reportaron un promedio de 214 horas sin suministro eléctrico de las 488 horas laborables del período. En algunas pequeñas compañías, el gasto en combustible para los generadores supera los 2.500 dólares mensuales, según informó Tito López, presidente de Conindustria. 

Un estudio de ANOVA Policy Research, publicado en septiembre de 2026, estimó que las fallas en los servicios de agua y electricidad reducen la probabilidad de participación laboral y de estar empleado. Al proyectar esos efectos sobre el conjunto de la economía, el modelo calculó una pérdida de producción anual cercana a 1600 millones de dólares, equivalente a 1,4% del PIB, y un efecto sobre la ocupación de unas 495.000 personas. Esto, sin tomar en cuenta el impacto por caída de la conexión a internet o el costo por retrasos que en la movilidad provoca la precariedad del transporte público. 

Solo a largo plazo 

La recuperación del sistema eléctrico requeriría entre 15 000 y 40 000 millones de dólares y podría tomar entre cinco y quince años, según estimaciones de técnicos de Siemens y General Electric. La magnitud de esos recursos, calculados para un solo sector, da una referencia de las necesidades de inversión que enfrenta la infraestructura pública. 

El plan de trabajo a dos años que prepara el Banco Interamericano de Desarrollo para Venezuela incluye el sector eléctrico y la protección social, aunque todavía no contempla créditos aprobados. La institución mantiene suspendidos los nuevos préstamos mientras el país no salde más de 2000 millones de dólares en atrasos. Para cubrir esa deuda, las autoridades venezolanas evalúan solicitar un préstamo puente a Catar, una negociación que aún no se ha concretado. 

Mientras la infraestructura no recupere su capacidad para prestar servicios de forma continua, familias y empresas seguirán destinando recursos a soluciones privadas que encarecen sus gastos y reducen el margen para otros consumos e inversiones. En una economía que necesita ampliar su producción y generar empleo, esos desembolsos representan recursos que no se incorporan a nuevas actividades productivas, mientras las interrupciones de agua y electricidad restringen las posibilidades de trabajar y operar con regularidad. La recuperación de los servicios públicos es, por tanto, una condición para reducir esos costos y mejorar la capacidad de crecimiento de la economía. 

En una consulta a 1872 establecimientos comerciales de la capital zuliana, 96% reportó racionamientos eléctricos y 35% había instalado plantas propias para mantener sus operaciones.

La compra de agua, la contratación de conexiones de respaldo a internet, la adquisición de equipos y el gasto en combustible se incorporan a los presupuestos familiares costos operativos de los negocios.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.