Unos días después de las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro afirmó que las redes sociales en Venezuela eran una especie de demonio y en el marco de las peleas estériles que ha protagonizado el chavismo a lo largo de 25 años la emprendió en esta oportunidad contra el magnate sudafricano, Elon Musk, dueño de la plataforma X, antiguamente Twitter.
Maduro acusó a Musk de violar “todas las normas” de su propia red social “incitando al odio y al fascismo”, dijo Maduro
“Ahora los bloqueamos nosotros a ellos. Algún día, más temprano que tarde, nacerán las nuevas redes sociales venezolanas y nos liberaremos de esa gente”, apuntó entonces-.
En un principio Maduro bloqueó X en Venezuela por 10 días, pero posteriormente dijo que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le había recomendado prorrogar el lapso y ahora parece que será una medida permanente. A menos que se use un VPN, los venezolanos no tienen opción a acceder a esta red social que se ha hecho popular en vista a la oleada de censura, bloqueo a páginas de información y autocensura que ha desatado el oficialismo.
Pese a ello, algunas páginas oficiales de instituciones gubernamentales no acataron el dictamen de su líder, cuyos designios suelen ser obedecidos como si se tratase de una secta de fanáticos religiosos.
Si bien los CM (community managers) de la mayoría de los organismos públicos no publican en X desde el 8 de agosto, algunas instituciones se hicieron de la vista gorda y continúan subiendo información a sus cuentas.
AN, autorizó la separación temporal de sus cargos a los diputados Diosdado Cabello (PSUV/Monagas), Ricardo Sánchez (AC/Nacional), Arnaldo Sánchez (PSUV/Mérida), y Grecia Colmenares (PSUV/ Táchira), quienes asumieron responsabilidades ministeriales. pic.twitter.com/wFqGqeD2gw
Después de un lapso sin tuitear, la vicepresidenta y ahora también ministra del Petróleo, Delcy Rodríguez, volvió a la carga para responder a la congresista española, Cayetana Alvarez Toledo.
La marquesa del fascismo sale en defensa de sus cachorros falderos en Venezuela.Hace 203 años expulsamos a los colonizadores españoles de estas tierras.Hoy orgullosos estamos de no haberle permitido tocar el suelo sagrado de Bolívar con su infame extremismo, cultivadora del odio. https://t.co/6loIeToDiO
Asimismo el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernandez Lara, se ha mantenido activo pese a la orden de su comandante en Jefe.
Efectivos de la #FANB efectuaron la aprehensión de dos (02) ciudadanos a quienes se les incautó un arma de fuego tipo pistola, marca Sig Sauer, cal. 9mm, serial VE003824, color Negro, con un cargador sin cartuchos, en el P.A.C. “Los Pijiguaos” de la troncal 19, parroquia… pic.twitter.com/33RFAMmUG8
Barry Cartaya, periodista de VTV, quien se define como “luchador y soñador incansable por una humanidad más humana”, promedia al menos 10 publicaciones diarias a favor del régimen madurista.
En la misma línea propagandística figuran Michael Caballero Palma y Pedro Karvajalino, quien recientemente respondió a alguien que le preguntó por qué seguía en X, pese a la satanización del chavismo y respondió “porque me da la gana”.
🔵 Padrino López califica ataques al sistema eléctrico nacional como un golpe de estado continuo.
Hace 8 años escribía esto sobre los apellidos venezolanos y latinoamericanos que pretenden tomar el poder, sigue vigente esta reflexión. pic.twitter.com/bAzekiSf4S
La administración oficialista ha intensificado la represión en línea, usando campañas de desinformación y estigmatización contra voces críticas.
A pesar de estos desafíos, el 28 de julio, día de las elecciones, las redes sociales y aplicaciones de mensajería jugaron un papel crucial, destacando un récord de hashtags sociopolíticos y un cambio en la conversación de positiva a negativa tras el anuncio de la victoria de Nicolás Maduro.
Este análisis revela una operación multiplataforma para controlar y censurar la información, “arremetiendo ferozmente contra quienes expresaron su voluntad el 28 de Julio y han exigido transparencia en los resultados de la elección”.
“La paz” de Maduro
Desde el 29 de julio en la mañana sonaron cacerolazos en Caracas y otras ciudades. Ya para mediodía se registraban las primeras protestas espontáneas de quienes rechazaban los anuncios del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que se proclamaba a Nicolás Maduro como el vencedor del proceso electoral.
De ahí en adelante, la respuesta del Estado ha sido “desmedida y alarmante”, se indica en la investigación. Hasta el de agosto, un se contabilizan total de 24 fallecidos y 1.503 arrestos “verificados e identificados”, según los datos que maneja el Foro Penal.
Bajo este contexto, se ejerció e intensificó el empleo del término “paz”, que, al menos para el oficialismo, “significa una respuesta de fuerza en contra de quienes protestan”. En el informe se identifica el uso de esta narrativa por parte de distintos entes gubernamentales (militares y no militares) para generar la percepción de “calma”, pero en realidad “solo busca infundir miedo y zozobra en contra de las voces críticas en Venezuela, lo cual se suma a otra serie de tácticas represivas”.
Esa narrativa no es nueva ni solo poselectoral. Este discurso ha estado muy presente a lo largo de 2024. Por ejemplo, Diosdado Cabello impulsa desde hace tiempo etiquetas como #ConChávezYNicolásPorLaPaz con más de 11.730 publicaciones en X.
El día de las elecciones presidenciales, incluso, el MIPPCI impulsó #VotaPorLaPaz2024 con más de 64.600 publicaciones, y al día siguiente mantuvo su narrativa con #GanóLaPazYLaEsperanza con una foto de Maduro sonriendo luego de haber votado.
Maduro también utilizó “Paz” en la red social TikTok con un extracto de la “Sesión permanente y conjunta del Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación”. En esta llama cobarde a Edmundo González Urrutia y asegura que la oposición se encargó de “instalar nuevas bandas delincuenciales con droga, plata y armas”.
En paralelo comenzó una campaña de descrédito contra los comanditos de la oposición. Desde el 29 de julio se identificó la tendencia “#ComanditosDelTerror”, con alrededor de 19.000 mensajes en X liderada por el programa de Diosdado Cabello y adeptos del oficialismo más radical aseverava que los comanditos eran los responsables de “la violencia que se había vivido a lo largo del día en el país”.
Esa etiqueta fue utilizada en conjunto con “#CárcelParaLaSayona”, una campaña de difamación y ataques coordinada por el mismo grupo el mismo día, esta vez exigiendo el arresto de María Corina Machado con al menos de 11.000 mensajes.
De acuerdo con el informe de ProBox, la intención de esta campaña desinformativa alrededor de la figura de los comanditos es “generar miedo para inmovilizar la protesta ciudadana, en las calles y en las redes sociales”. Especialistas coinciden en que esa estrategia empezó mucho antes de las elecciones.
VenApp, la aplicación que “evolucionó” para reprimir
La investigación de ProBox, el DFRLab y DDIA también hace un recuento de cómo VenApp y el doxxing son empleados para exponer a ciudadanos y detenerlos, “violando los derechos humanos de los venezolanos que exigen transparencia en los resultados de la elección presidencial”.
Según lo que dice su sitio web, VenApp es una aplicación “desarrollada por el Gobierno Bolivariano de Venezuela, que ofrece a los usuarios la oportunidad de presentar denuncias y solicitudes directamente al Presidente Constitucional Nicolás Maduro”.
Un estudio de escucha abierta que realizó ProBox entre el 1 de julio y el 1 de agosto con las palabras “VenApp” y “denuncias VenApp”, se encontraron 725 menciones, 42,07% en X (con 305), 36,83% en Instagram (267), 19,31% en Facebook (140), y 1,79% en TikTok (13).
A principios de julio, se identificaron publicaciones donde cuentas de entes gubernamentales como la Alcaldía de Mariño y medios oficialistas como Info Caroní, mencionaban la aplicación por uso para la denuncia de fallas de servicios públicos. Esta función “básicamente forzó a los ciudadanos a tener que descargarse la aplicación chavista para poder hacer reclamos”, que únicamente podrían realizarse a través de VenApp.
Sin embargo, entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 2024, el debate en internet sobre VenApp alcanzaba niveles significativos en Facebook, Instagram y en más de 5,500 grupos o canales públicos de WhatsApp y Telegram analizados por el DDIA.
Y es que la aplicación mutó luego de que el 30 de julio Maduro anunciara la creación de una “una nueva ventana” para que los usuarios “denuncien a los que han atacado al pueblo para ir por ellos y hacer justicia”.
Esa nueva función establece denunciar bajo la categoría de “guarimba fascista”; explicando que se pueden atribuir múltiples razones a estos reclamos desde saqueos, alteración del orden público, hasta “desinformación” y daños al patrimonio público.
Asimismo, la escucha de ProBox identificó la mayor actividad del tema entre el 30 de julio y el 01 de agostocon 62,07% (450 menciones). Coincidiendo con análisis del DFRLab que identificó entre el 30 y 31 de julio, un pico en el contenido publicado en Youtube bajo términos como “VenApp”, “guarimba fascista”, “comandito terrorista”, o “Candelita que se prenda”, con un total de casi 600 videos solo durante dos días.
El pico del día 30 de Julio, evidencia más de 300 videos publicados. Maduro anunció medidas de persecución a personas que se manifestaran contra el régimen, entre ellas el uso de VenApp. Fuente: DFRLab con información de YouTube Data Tools.
Desde el mismo 30 de Julio el chavismo rápidamente se afianzaba en el uso de esta herramienta para criminalizar la protesta. Como se explica en este video compartido por Luigino Bracci Roa desde Venezuela (personaje vinculado al oficialismo), que acumula más de 25.600 visualizaciones hasta el 15 de agosto, mostrando a Maduro promocionando la aplicación «para denunciar grupos delincuenciales y criminales, con total privacidad y confidencialidad».
En las 48 horas de estudio de DDIA tras el anuncio de la nueva función de VenApp (desde las 9:00 a.m. del 30 de julio hasta las 9:00 p.m. del 1 de agosto) identifica, además de explicaciones sobre cómo hacer denuncias confidenciales en la app, menciones y referencias claras a dos episodios de persecución y amenaza que marcaron la historia política del país: la Lista Tascón (2003-2004) y la Operación Tun Tun (2017-2018).
Periodistas, activistas y medios solicitaron reportar VenApp y elevar la alarma a Google Play y Apple Store sobre el uso de esta app para la persecución de la disidencia.
El mismo 31 de julio, con la noticia de que VenApp ya no estaba disponible en Google Play y Apple Store aumentaba la narrativa oficialista de que “una potencia imperialista lo estaría censurando”. En este momento se generó la distribución gratuita y descontrolada del archivo APK de VenApp, capaz de lograr que la aplicación funcionara en equipos con sistema operativo Android. Este archivo se compartió por distintos foros.
El 2 de agosto Maduro aseguraba haber recibido más de 5.000 denuncias a través de VenApp por “amenazar a líderes de calle, miembros del PSUV y adeptos del oficialismo”.
“Operación TunTun”, cacería de voces críticas
El 30 de julio, Maduro anunció el despliegue de un plan especial «en el marco de la segunda fase del Plan República», para que la Fuerza Armada Nacional y las fuerzas policiales desarrollasen un plan de patrullaje y protección de calles, avenidas y urbanizaciones de los «grupos comanditos violentos», asegurando que los Comanditos del “Comando Venezuela” eran grupos de “delincuentes tarifados” y que “todos sus miembros serían detenidos”.
DDIA identificó, entre el 31 de julio al 01 de agosto, grupos públicos de WhatsApp basados en Venezuela 28 mensajes en los que mencionaron “Operación Tun Tun” al menos una vez. Subrayando la posibilidad de denunciar a los vecinos en VenApp. El video que acompaña este mensaje, trata a los opositores como «fascistas», «guarimberos» y «terroristas».
Considerando este hallazgo y la historia detrás de la “Operación TunTun”, ProBox realizó un proyecto de escucha social utilizando las palabras claves más repetidas en el discurso oficialista, encontrando 1.956 menciones entre el 02 de julio y el 05 de agosto, iniciando la actividad el 03 de julio pero con un nivel muy bajo. El aumento principal del tema se da entre el 02 y el 04 de agosto, con el 57,11% (1.117 menciones).
La frase “Operación TunTun” destaca en comentarios a mensajes publicados por la periodista de TeleSUR, Madelein García. Un ejemplo de ello es una entrevista de manera inquisitiva al candidato presidencial, Enrique Márquez, por no haber firmado el acta de la audiencia de la Sala Electoral y acusado por José Brito (también candidato) como “cómplice” de la “insurrección”.
El caso de los mensajes con la etiqueta #OperacionTunTun, es “más alarmante”, pues se encontraron ejemplos en los que usuarios de X respondían publicaciones opositoras con la etiqueta para “marcar” a quienes publicaban contenido en contra del oficialismo; incluso, se intenta mencionar al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Pero sin etiquetar correctamente la cuenta oficial de este cuerpo de seguridad del Estado, conocido por ser uno de los principales en ejecutar esta operación.
El sábado 3 de agosto ProBox registraba como tendencia la etiqueta “#TunTunLlegóLa Paz” promovida por Diosdado Cabello, en una transmisión especial de su programa “Con el Mazo Dando”, hablando sobre la “Operación TunTun” contra “los violentos, los terroristas, los odiadores y los vendepatria”. Esta logró acumular más de 43.000 mensajes.
Doxxing: vieja táctica oficialista, nuevas plataformas
El ´doxxing´ es la práctica de recopilar y divulgar información personal de una persona sin su consentimiento, a menudo con la intención de acosar, amenazar o perjudicarla.
Según el informe, la “Operación TunTun” es, en gran medida, una campaña masiva de Doxxing, diseñada para infundir pavor en la población, y que ha sido impulsada principalmente por Diosdado Cabello (recientemente nombrado Ministro de Interior, Justicia y Paz) desde su cuenta personal en Instagram, como también desde las cuentas de su programa «Con El Mazo Dando», principalmente en X.
En esta narrativa, destaca la burla y exposición de venezolanos que han expresado su rechazo a Maduro en redes sociales o dudas sobre los resultados del 28 de julio y que participaron en manifestaciones. Se muestra cómo luego fueron detenidos por dichas publicaciones y cómo les hacen grabar videos “pidiendo disculpas” y asegurando que “fueron manipulados”. Todas suelen estar acompañadas de las etiquetas #ComanditosDelTerror y #ElPuebloQuiereJusticia.
En un esfuerzo de documentación conjunto diferentes organizaciones de derechos humanos del país elaboraron el informe “Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela”, en el que se abordan patrones de violación a los derechos humanos antes, durante y después de la jornada electoral del 28 de julio de 2024.
El documento pone la lupa en las detenciones y violaciones a la libertad de expresión camino a los comicios, los obstáculos a la participación de testigos y verificación ciudadana el día de la elección, la presencia de puntos proselitistas, la actuación de grupos armados, la represión “masiva y feroz” a las protestas por el resultado electoral y las actuaciones coordinadas entre las distintas instituciones de poder contra los ciudadanos que, según denuncian, configuran un patrón de “terrorismo de Estado”.
A continuación, los aspectos más resaltantes del informe.
Detenciones y violaciones a la libertad de expresión previo al 28 de julio
El informe se refiere primero a las situaciones documentadas y reflejadas antes del 28 de julio. En esos meses que antecedieron a la consulta 25 personas fueron detenidas por informar, 58 sitios web y portales habían sido bloqueados para su libre acceso y se procesaron 98 denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión.
En este período además se contabilizaron 169 personas detenciones arbitrarias por razones políticas, siendo uno de los casos más emblemáticos el de la defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel. De las detenciones registradas 52 personas (30,7%) fueron llevadas a prisión antes del inicio formal de la campaña presidencial, la cual comenzó el 4 de julio, mientras que 117 fueron privadas a partir de esa fecha.
Durante la campaña presidencial además 49 personas fueron detenidas por suministrar bienes y servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia, mientras que 24 establecimientos habrían sufrido sanciones por este motivo. A esta lista se suma el cierre de 24 establecimientos comerciales por el Servicio Integrado de Administración Tributaria (Seniat) también en represalia por prestar servicio a miembros de la campaña de EGU.
Otro caso emblemático del período prelectoral fue la violación al derecho al asilo de seis miembros del partido Vente Venezuela, dirigido por la líder opositora María Corina Machado, quienes se refugiaron en la sede de la embajada de Argentina en Caracas, cuya custodia está en manos hoy del gobierno de Brasil.
Se menciona en este punto que en el primer semestre de 2024 en Venezuela, que coincidió con la preparación de las elecciones y la campana, se registraron 2.383 protestas, de las cuales las exigencias por Derechos Económicos, Sociales y Culturales representaban el 56%.
Sólo durante el mes de julio, el mes electoral, habrían ocurrido 1.311 movilizaciones, de las cuales “el 90% fue por la demanda de derechos civiles y políticos”.
Día de la elección: impedimentos a testigos y violencia de personas armadas
El informe indica que en la jornada del 28 de julio se registraron entre 53,8% y 65,9% de incidentes en centros electorales que retrasaron el proceso de votación. En el 70% de los centros electorales se reportaron puntos proselitistas, mientras que entre el 33% y el 22% de los centros se observó el uso de recursos públicos para la movilización de electores.
Precisan que hasta las 6 pm la actuación de los funcionarios del “Plan República” se podía calificar como “institucional”, pero que a partir de esa hora “recibieron órdenes de sus superiores para impedir la presencia de testigos y la verificación ciudadana”.
Detalla el documento que solo en un porcentaje entre el 44 y el 24% de los centros se permitió la presencia de testigos en los actos de escrutinio y que en30,5% de los centros se negó la entrega de copias de las actas a los testigos.
En el día de las votaciones también ocurrieron” 20 situaciones lesivas al derecho de libertad de expresión e información”, además de, al menos, “86 actuaciones de grupos de personas armadas afectas al oficialismo, en 17 estados diferentes, con un saldo de 8 personas heridas de bala y 1 asesinada”.
Las ONG que desarrollaron el informe advierten que estos ataques “no sólo sugieren coordinación nacional, sino tolerancia por parte de las autoridades”.
Se menciona asimismo como distintivo de la jornada electoral las “irregularidades vinculadas a la difusión de los supuestos resultados”, que recuerdan, fueron plasmadas en los reportes preliminares del Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de Naciones Unidas.
Represión “masiva y feroz” a las movilizaciones espontáneas
En los días que siguieron al resultado electoral del 28 de julio se puso de manifiesto el descontento de los ciudadanos e inició una movilización popular que fue abordada por el gobierno mediante una combinación de métodos “duros” y “blandos”, indican las ONG en el informe.
Para neutralizar a corto plazo las protestas, denuncian, “las autoridades ordenaron una represión masiva y feroz, en la que entre 24 a 26 personas habrían perdido la vida en el contexto de manifestaciones”.
Se indica en el documento que en esos días “se determinó una cuota de personas a detener, de más de dos mil ciudadanos, para generar un efecto inhibitorio, generando condiciones para la extorsión masiva por parte de los funcionarios”.
A estos mecanismos “duros” identificados se sumaron luego del 31 de agosto, mecanismos “blandos”, que incluyeron laaprobación de una ley contra las ONG, “la anulación masiva de pasaportes, despidos por razones políticas, estímulo de la delación comunitaria a través de una aplicación tecnológica, revisión de teléfonos celulares en alcabalas y la divulgación de mensajes atemorizantes por parte de voceros gubernamentales”.
Este reporte reseña que el gobernante Nicolás Maduro “ha sido el vocero principal de las estrategias de represión, que se han divulgado públicamente, incluyendo la fabricación de falsos positivos para deslegitimar las denuncias sobre violaciones al derecho a la vida en el contexto de las protestas, de manera coordinada a diferentes niveles del poder público, en conjunto con sus aliados”.
Según el corte de datos hasta el 29 de agosto había 1590 detenidos confirmados por las ONG, 86.1% hombres y 13.9% mujeres.
“En los patrones vinculados a las detenciones hubo desapariciones forzadas de corta duración, negativa a poder ser representados por sus abogados de confianza, aplicación masiva de la legislación contra el terrorismo, realización de audiencias virtuales en juicios sumarios, privación de libertad a adolescentes y personas con discapacidad. Además, después del 28 de julio, se registraron por lo menos 184 actuaciones de civiles armados, conocidos como Colectivos”, se especifica.
El informe además incluye un reporte especial de un estado del interior del país, Yaracuy, para visibilizar la situación de vulneración de derechos fundamentales fuera de la región capital.
El documento destaca que las actuaciones de las autoridades ratifican que en el país se continúa cometiendo el crimen de persecución por motivos políticos, “un delito de lesa humanidad incluido en el Estatuto de Roma”.
Denuncian además que la actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público, “dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción, deben calificarse como terrorismo de Estado”.
Se alerta asimismo que la “grave erosión” de la institucionalidad democrática ha derogado, por la vía de los hechos, el 21.7% de los artículos de la Carta Magna, vinculados a derechos fundamentales, “por lo que en el país se ha instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos”.
El proceso electoral no fue libre y justo
Las organizaciones concluyen aunque la voluntad popular hubiera sido reconocida por las actuales autoridades, las continuas barreras erigidas en el proceso electoral, “de forma generalizada y sistemática, obstaculizando el ejercicio de los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación”, igualmente hubieran impedido calificar al proceso electoral como “libre” y “justo”.
Las recomendaciones la comunidad internacional
Las ONG emitieron varias recomendaciones a la comunidad internacional respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, entre las que se encuentran:
Mantener los esfuerzos de mediación y presión diplomática sobre las autoridades venezolanas
Incrementar las medidas de reconocimiento individual a los responsables de violaciones a los derechos humanos
Tomar medidas para reconocer a los venezolanos que saldrán del país como beneficiarios de refugio según la Declaración de Cartagena
Que Estados parte del Estatuto de Roma incidan en la Corte Penal Internacional para que las situaciones denunciadas se incluyan dentro del expediente de la investigación, así como iniciar procesos de justicia universal en sus jurisdicciones
Mantener el no reconocimiento de los resultados anunciados por el CNE hasta que no exista una divulgación detallada, verificada por una revisión forense electoral realizada por técnicos electorales independiente.
La revisión regional de la Carta Democrática Interamericana y la creación de “nuevos y novedosos mecanismos para la incidencia multilateral sobre quiebres institucionales en el continente”.
La inclusión del tema Venezuela en la Cumbre Celac-Unión Europea a realizarse en Colombia en el año 2025
Que la comunidad internacional reconozca como interlocutor en la crisis venezolana a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Con una carrera militar y en el área petrolera y petroquímica Pedro Rafael Tellechea salió del Ministerio de Petróleo, luego de que el 27 de agosto el gobernante Nicolás Maduro lo nombrara ministro de Industrias y Producción Nacional en el marco de una movida de mata ministerial y poselectoral. Su sucesora es Delcy Rodríguez, quien sigue atornillada a la Vicepresidencia de la República y acapara cargos dentro de la administración oficialista.
“Usted duró poco aquí, pero va a permanecer en el corazón de la clase obrera”. Así lo despidieron trabajadores petroleros tras dejar el Ministerio de Petróleo.
El 21 de marzo de 2023, Tellechea fue nombrado como ministro de Petróleo, justo un día después de que Tareck El Aissami renunciara a ese cargo, presionado por las investigaciones por corrupción dentro de la estatal petrolera tras la desaparición de más de $3.000 millones por concepto de ventas de petróleo venezolano que fueron pagados con criptoactivos. Tellechea llamaba a El Aissami su “hermano de la vida”, pues hasta estudiaron juntos en el Liceo Militar Jáuregui.
Hermano de la vida y Promoción, 88-93 y 87-92, del Liceo Militar Jáuregui.
La gestión de Tellechea dentro de Pdvsa parece haber tenido muchas luces, pero no estuvo exenta de sombras. De acuerdo con fuentes secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción petrolera alcanzó los 851 000 barriles por día (bpd) en junio de 2024, registrando un incremento de 2,53% en comparación con la de mayo, que fue de 830 mil bpd. No obstante, en julio de 2023, Tellechea señalaba que la meta para 2024 de la industria petrolera venezolana era producir 1 759 000 de barriles de petróleo diarios (bpd), cifra que no se llegó a cumplir.
Tellechea también fue designado por Nicolás Maduro como “padrino” del estado Zulia y previo a eso también le había tocado “apadrinar” políticamente al estado Anzoátegui. Esa figura de padrino estatal Maduro la rescató a principios del año electoral. En febrero de 2024, Maduro encomendó a los padrinos y madrinas la labor impulsar el «buen gobierno». Para ese momento, todos quienes ostentaban esa figura eran ministros.
En declaraciones recogidas por TalCual, el abogado constitucionalista Manuel Rafalli explicó que desde el punto de vista legal la figura del «padrino» no tiene mayor trascendencia. Además, aclaró que mientras la medida no implique el abandono de las tareas de esos funcionarios, «Maduro puede políticamente nombrar a personas que se ocupen de la actividad de mejorar la percepción de Gobierno en esos sitios». También, señaló que estas personas no pueden asumir en estos estados ninguna función que la ley y la Constitución le asignen a las autoridades regionales y municipales.
Más de una decena de profesionales del periodismo detenidos, la más reciente la del también dirigente político Biagio Pilieri, páginas de internet bloqueadas, suspensión indefinida de X, persecución, hostigamiento, amedrentamiento, programas de TV y radio vetados, anulación de pasaportes, exilio forzado, censura y autocensura.
Toda esta arista de inconvenientes ha tenido que soportar el periodismo independiente en Venezuela después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) liderado por Elvis Amoroso, dio como ganador a Nicolás Maduro con un porcentaje cercano al 52%, sin hasta ahora mostrar un acta, resultado desglosado, emitir la correspondiente Gaceta o llevar a cabo una auditoría.
Algunos periodistas han debido resguardarse y limitar las coberturas de calle ante la proliferación de funcionarios policiales y paramilitares en improvisadas alcabalas.
Los comunicadores también han tenido que lidiar con el difícil acceso a las fuentes en vista de la cautela de políticos y demás voceros de la sociedad civil, quienes -amedrentados por la discrecionalidad de las autoridades a la hora de aplicar una sanción por emitir comentario alguno- prefieren abstenerse.
“Después del 28 de julio entre las cosas más difíciles está el tener que tomar la decisión de perder uno de los activos más importantes de un periodista, que es la firma, por temor a ser objeto de persecución. La firma no solo sella ese pacto implícito de credibilidad con quien recibe la información, es tu marca personal, y tener que renunciar a ella por protección es un retroceso periodísticamente”, dijo un periodista que prefirió mantenerse en el anonimato.
“A raíz de la represión desatada después del 28J, ahora salimos en grupo, nunca estamos solos, cuadramos pautas entre varios e igual a la hora de retirarnos enviamos ubicación en tiempo real para que vean donde estamos, tenemos que estar borrando chats constantemente, dejamos los equipos en casa y siento miedo cada vez que salgo”, expuso una reportera de calle.
La periodista también expresó que ha llegado al punto de dejar su teléfono en casa por miedo a que sea revisado por una autoridad de manera ilegal. “Otro tema es que duré varias semanas sin salir de casa solo a lo estrictamente necesario, acompañada y dejando el teléfono en casa, solo por temor a que en cualquier revisión -que se ha vuelto común tanto en Caracas como en el interior del país por parte de autoridades – consideren como ‘ilegal’ las conversaciones de trabajo en las que se comparten materiales informativos sobre la coyuntura política actual”.
“Se ha profundizado la situación de indefensión del periodista que ejerce la profesión en Venezuela”, dijo Andrés Cañizález, comunicador social, investigador y profesor universitario.
Cañizález advirtió que el país pasó a otra realidad política luego del 28J.
“De un régimen híbrido donde el chavismo mantenía una cierta legitimidad a basar su poder en las armas y el irrespeto a las urnas electorales”, consideró.
Otra periodista que a raíz del bloque de paginas y ahora de X, el trabajo se ha ralentizado. “La complicación de trabajar con VPN para acceder a administradores de contenido bloqueados enlentece el trabajo y que además en Venezuela por el uso de VPN en sitios bancarios te pueden bloquear las cuentas”.
Igualmente, el acceso a las fuentes se ha hecho complicado. “La frustración de que las fuentes (tanto expertos como testimoniales) te cancelan entrevistas después de haber pautado por temor a hablar, a complicar los casos de sus familiares detenidos, o simplemente te piden el resguardo de su identidad, es algo que está ocurriendo con frecuencia últimamente”.
Periodismo en máximo riesgo
El analista aseveró que ese escenario configura una amenaza para el periodismo, superior a la ya experimentada en 25 años de chavismo.
“Lo más visible es todo el escándalo que hay en torno a las detenciones, que de por sí es algo muy grave, pero también pasamos a otros aspectos, como que una buena parte del periodismo que se hace para Venezuela no pueda ser leído por los venezolanos con la propagación de bloqueos”, argumentó.
La ONG Espacio Público ha documentado más de 100 restricciones a portales y redes sociales después del proceso comicial.
Cañizález indicó que la anulación de pasaportes a periodistas de manera arbitraria y el constante clima de intimidación conjugan un desafío para que el periodismo venezolano pueda ejercer con libertades: “La imagen que tengo en este momento es la de un periodismo en resistencia, pero una resistencia ciudadana que proviene de la información verificada”.
La suspensión de portales y el bloqueo a X anunciado por Maduro (que inicialmente indicó que iba a ser por 10 días y se volvió permanente) ha hecho que proliferen las noticias falsas o “fake news”, otro aspecto negativo con el que deben lidiar tanto los periodistas como los consumidores de información.
Cañizález manifestó que el periodista en Venezuela se encuentra en un estado de precariedad e indefensión al no poder acudir a instancia alguna para presentar una denuncia a la hora de ser atacado o amenazado.
“Eso profundiza la crisis, pero al mismo tiempo implica un desafío para seguir informando, para continuar contando lo que ocurre dentro de Venezuela”, sumó.
Este 2 de septiembre se informó la confiscación en República Dominicana de un avión Dassault Falcon 900EX “propiedad y operada en beneficio de Nicolás Maduro Moros y personas afines a él en Venezuela”, aseguró en un comunicado el Departamento de Justicia.
De acuerdo con la justicia estadounidense, la confiscación se ejecutó “con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela”.
A continuación, los detalles del caso en claves.
La aeronave costó 13 millones de dólares según EEUU
El Departamento de Justicia asegura que la aeronave confiscada “fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por Nicolás Maduro y sus compinches”, aseveró el fiscal general Merrick B. Garland.
“El Departamento seguirá persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos”, sostuvo Garland.
En el reporte oficial sobre el caso se lee una afirmación del subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew S. Axelrod: “Que esta incautación envíe un mensaje claro: las aeronaves adquiridas ilegalmente de los Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente desaparecer (…) no importa cuán lujoso sea el jet privado o cuán poderosos sean los funcionarios: trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave contrabandeada ilegalmente fuera de los Estados Unidos”.
La compra se hizo a través de una empresa “fantasma”
EEUU asegura que finales de 2022 y principios de 2023, personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la “compra ilegal del avión Dassault Falcon 900EX” a otra compañía con sede en el Distrito Sur de Florida.
Aseguran que, posteriormente, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe, específicamente en abril de 2023.
“Desde mayo de 2023, el Dassault Falcon, con matrícula T7-ESPRT, ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países”, se lee en la información hecha pública por el Departamento de Justicia.
El antecedente que sirvió como basamento para actuar
En agosto de 2019, se emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos de su país participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente “para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluso como miembros del régimen de Maduro”.
En base a esa orden ejecutiva afirman haber actuado. Se agrega además que, a fines de “proteger la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos” el Departamento de Comercio también ha impuesto controles de exportación para artículos destinados, “total o parcialmente, a un usuario final militar o de inteligencia militar venezolano”.
Incautación coordinada
Estados Unidos aseguró que esta incautación fue el resultado de una “planificación, coordinación y ejecución” de ese país “con la inestimable asistencia de las autoridades de la República Dominicana”.
Destacaron que este acción es uno de los resultados del trabajo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, que trabaja con socios nacionales e internacionales “contra las actividades ilegales del régimen de Maduro”. Adelantaron además que seguirán trabajando para confiscar “todos los demás activos que eluden la ley”, sin especificar cuáles serían.
¿Quiénes están a cargo de las investigaciones?
El Departamento de Justicia reveló que la Oficina de Campo de Miami de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio está investigando el caso, junto con el Grupo de Trabajo El Dorado de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional: “Los fiscales adjuntos de los Estados Unidos Joshua Paster y Jorge Delgado para el Distrito Sur de Florida y el abogado litigante Ahmed Almudallal de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional están a cargo del asunto”, precisaron.
Dominicana dice que el avión estaba en “mantenimiento”
En un trabajo publicado en La Voz de América en mayo de 2024 se revelaba que existía una orden de confiscación de este avión y se precisaba que la aeronave había volado por rutas como Teherán, La Habana, Cuba; en Santa Cruz de Viru Viru (Bolivia) y Brasil.
El material periodístico indicaba además que el Falcon EX, siglas T7ESPRT, había sido registradoen la República de San Marino, “considerado un pequeño paraíso fiscal”.
En declaraciones a la prensa este 2 de septiembre, el canciller dominicano Roberto Álvarez confirmó que en mayo el Ministerio Público de ese país recibió una solicitud de cooperacióninternacional relacionada a una investigación criminal del Departamento de Justicia, en la que les pidieron la “inmovilización o secuestro de la aeronave Dassault Falcon 900EX”.
EEUU además les pidió entonces “realizar registros de evidencia y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes ilícitos y lavado de activos”.
La respuesta dominicana a dicha solicitud llegó el 22 de mayo y por orden de un tribunalnacional se inmovilizó la aeronave, la cual ingresó al país para recibir mantenimiento, según lo indicado por el funcionario.
“El avión no estaba registrado a nombre del Gobierno venezolano, sino de un particular”, complementó sobre el caso el presidente dominicano, Luis Abinader, al ser consultado sobre el tema.
Gobierno confirma que era avión usado por Maduro
En un comunicado, el gobierno venezolano confirmó que la aeronave confiscada había sido utilizada por Nicolás Maduro y calificó de “piratería” la acción.
Aseguran que se reservarán el derecho de tomar acciones legales para “reparar” el daño causado por la confiscación, “así como todos los otros daños causados por la política criminal” de Estados Unidos.
“Esta acción revela que ningún Estado está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional (…) Estados Unidos ha demostrado ya que utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presiona a Estados como República Dominicana para que sirvan de cómplices de sus actos delincuenciales”, prosigue el comunicado.
A juicio de Caracas, “esta no es una acción aislada”, sino que “forma parte de una escalada de acciones contra el Gobierno”, luego de las elecciones del 28 de julio.
¿Adónde fue a parar la aeronave?
El avión, tras ser incautado en la República Dominicana, fue transferido al Distrito Sur de Florida a pedido de los Estados Unidos.
Medios estadounidenses difundieron imágenes de la llegada del avión a Florida. Se observa a funcionarios bajando cajas con “evidencias” de la aeronave. La imagen pertenece a EPA(Cristobal Herrea Ulaskevich) y fue publicada por el portal The Independent.
Por un ataque de ira, una joven provocó un incendio en el que murió Manuel Alexander Tarazona Torres, de 19 años y hermano del novio. El hecho ocurrió el sábado 17 de agosto de 2024, en la urbanización Villa Country de Las Acacias, San Cristóbal, estado Táchira.
La dama, identificada como Carmen Prato, de 24 años de edad, al parecer, molesta porque su enamorado no le respondía el teléfono, decidió incendiarle la ropa con un yesquero.
La víctima estaba durmiendo en la otra habitación y, aparentemente, bajo los efectos del alcohol. Fue alcanzada por las llamas y el humo, que le causaron sofocación y la carbonización completa.
Tras iniciar el incendio, la mujer habría huído del lugar en compañía de una amiga que la esperaba.
De inmediato, al ver las llamas, los vecinos llamaron a los efectivos del cuerpo de Bomberos del Municipio San Cristóbal, quienes encontraron a la víctima en el dormitorio ya carbonizado.
La mujer fue detenida por el Cicpc San Cristóbal, y quedó a la orden del Ministerio Público.
Monitor de Víctimas Táchira ha documentado 12 asesinatos en 2024, pero ninguno en San Cristóbal, este sería el primero, y de estos, 4 perpetrados por conocidos o allegados. En cuanto a los móviles, dos fueron por riña o pelea y tres por ajuste de cuentas o venganza.
Como tanto se comenta en conversaciones coloquiales, el anuncio oficial de las pasadas elecciones presidenciales deja a los venezolanos habitando una realidad desconocida. La población ha quedado estupefacta frente al CNE, frente al Plan República, frente al TSJ y frente a la institución de la Presidencia de la República.
Algunas de las coordenadas tradicionales de los entornos postelectorales, que ya venían en franca decadencia en Venezuela, han conocido una siniestra metamorfosis. La propia celebración de unas elecciones para a ser, a futuro, un evento que quedará en veremos en materia de pertinencia y utilidad si se consolida el actual estado de cosas.
Los líderes del chavismo reivindican la victoria, pero no celebran. La nación olvidó que aquel 28 de julio, día de las elecciones, fue el cumpleaños 70 de Hugo Chávez. En el lenguaje del gobierno lo que predomina es la amenaza: denuncias de sabotajes, conspiraciones, guerras fascistas, ultraderecha criminal.
“Pido respeto a la Constitución, a los poderes públicos, y a la vida soberana de Venezuela”, dijo un Maduro no tan festivo al día siguiente de ganar. “Respeto a la voluntad popular. Hay que ver qué país del mundo, después de recibir 930 sanciones criminales, de haber sufrido lo que hemos sufrido, se atreve a convocar elecciones”.
Este es un contexto político desconocido: unas autoridades electorales dejando mucho que desear con su procedimiento; unas instituciones constituidas en el pináculo del descrédito; pocas cifras al detalle luego de anunciar un ganador; ningún cotejo de datos; ninguna auditoría; ningún crédito internacional que valga la pena destacar. Explicaciones pobres e insuficientes. Se nos pide que creamos sin ver.
Desde el poder, los argumentos sobre el desenlace del resultado electoral son invocados sin conocer justificación de ninguna clase. Las mentiras se entrelazan en un tallo con las verdades y las verdades a medias, alimentando un entorno adulterado, sobre el cual, a veces, no es sencillo asentarse en certezas.
Las autoridades y el gobierno reprimen con una intensidad desconcertante, dejando paralizada la indignación. Con la Furia Bolivariana como estatus, cualquiera que se descuide podría ir preso. Como nunca en Venezuela en al menos 70 años, se impone el miedo. El chavismo ha visto perdida su partida, y ha decidido dirimir el problema sacando una pistola al resto de los jugadores.
La imparcialidad política de las Fuerzas Armadas, la calidad de los resultados electorales. La alternabilidad en el mando como conquista de la ciudadanía, que ahora es un tabú. El voto, con su tradicionalmente honesto y brutal veredicto, en la cual se asienta el criterio de la soberanía nacional. Fueron certezas de la vida venezolana que se venían agrietando en medio del desgaste de la polarización política, conforme la revolución bolivariana fue perdiendo arraigo y autoridad entre la población.
Ahora son la expresión del fracaso de un proyecto de Estado y la traducción de una circunstancia impuesta, indeseada para la mayoría de la población, que amenaza con volver crónica la naturaleza disfuncional de este país.
La sociedad venezolana, que ha venido cambiado de fisonomía con la cocción de la crisis, y a lo largo de la campaña electoral, dio reiteradas demostraciones de que está lista para el cambio político en paz, está constatando que tal cosa es una especie de delito para los organizadores de la consulta electoral del pasado mes de julio.
En agosto, se afirma con frecuencia, entramos a otro país. A partir de las elecciones y su resultado fallido, se abre entonces un nuevo capítulo de la crónica crisis nacional, un pulso que luce bastante desigual: la demanda de Edmundo González Urrutia para que le sea respetado su resultado electoral, junto a las mayorías nacionales; y el empeño de Nicolás Maduro y la fuerza bruta del estado chavista para que el país le crea a ciegas que ha ganado las elecciones.
“Hágase a un lado y haga posible la transición a una democracia”, ha declarado hace poco Edmundo González Urrutia a un amenazante Nicolás Maduro. “Es momento de respetar la decisión del pueblo. Cada día que se entorpece la transición los venezolanos sufren, en un país en crisis y sin libertad. Aferrarse al poder sólo agudiza el sufrimiento de nuestra gente”.
La ecuación está servida: las fuerzas democráticas, con la aplastante mayoría de la población atrás, convencidas de su victoria, persuadidas de que este puede ser el último autobús de las libertades públicas. El chavismo, atrincherado en el poder con Nicolás Maduro, seguramente consciente de que ahora es una minoría frente al descontento, esperando mejores tiempos para intentar reconectar al país con el ideal de la revolución bolivariana.
Este capítulo subsecuente de la crisis venezolana, que en ocasiones tiene sabor a desenlace, se desarrollará en los meses que siguen con el dramatismo que hemos apreciado en estos días. Son dos tendencias crecientes de carácter opuesto: la impopularidad del gobierno frente a su férrea determinación de quedarse al mando. El cierre simultáneo de las dos compuertas es lo que expulsa a la población a emigrar.
