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“Nos faltan siete para empezar las clases”: exigen la liberación de ucevistas detenidos

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Este 4 de septiembre se desplegaron varios afiches en el edificio de la Federación de Centros Universitarios de la  Universidad Central de Venezuela con los rostros de los siete miembros de la comunidad ucevista que fueron detenidos en el contexto de las protestas poselectorales y que todavía continúan tras las rejas.

“A 10 días de empezar las clases nos faltan siete ucevistas”, escribió en la red social X junto a una foto con los rostros de los afectados el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Jesús Morales.
 
Son seis estudiantes de la UCV y un profesor quienes permanecen detenidos. Todos fueron arrestados entre el 29 y el 30 de julio. El pasado 29 de agosto, Morales reveló que en los últimos días tanto el rector de la universidad,  Víctor Rago, como él mismo habían podido contactar a los familiares de los ucevistas detenidos. 

Los estudiantes Keiver Rincón (Facultad de Odontología), Rafael Sivira (Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas), Armando Solís, (Facultad de Humanidades y Educación), Anthony Granadillo (Facultad de Arquitectura), Santiago Ortega (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales) y el profesor de la Escuela de Psicología,  Salvador Rivera, se encuentran recluidos en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, mientras que María Valentina Méndez está recluida en el retén La Crisálida en Los Teques. 

Méndez es atleta de la Selección Femenina de Fútbol y se encontraba en proceso del artículo 25 para ingresar a la UCV. Trascendió que el profesor Rivera  fue detenido en el contexto de una manifestación en Caracas aunque no estaba protestando.

Cabe recordar también que posterior a las elecciones fue detenida y luego excarcelada Edni López, profesora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y trabajadora humanitaria.

Con los ucevistas detenidos se ha repetido el patrón observado en otras detenciones poselectorales: no se les ha permitido juramentar a su defensa privada y durante un mes de detención solo se les ha permitido una visita hace quince días. 

Mendoza informó a LaTvCalle este 4 de septiembre que el rector Rago está tendiendo “puentes institucionales para tratar de mediar,  que se pueda dar la salida de estos ucevistas y se les respete el debido proceso”. En ese sentido, reveló que Rago sostuvo una reunión con el nuevo ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, 

Al menos 39 universitarios detenidos en el contexto poselectoral

Según los registros de prensa y datos cotejados con distintas ONG, hasta el 24 de agosto se contabilizaban al menos 39 universitarios detenidos en el contexto de las protestas poselectorales, 90% de los cuales eran estudiantes y 10% profesores. 

Según estos datos el 85% de las detenciones de universitarios se practicaron en la región capital, otro 10% en Los Andes (entre Mérida y Trujillo) y otro 5% en Los Llanos (Barinas y Bolívar). 

La mayor parte de los detenidos forman parte de las universidades autónomas (UCV y Universidad de Los Andes). También, figuran estudiantes de universidades intervenidas como la Unellez (Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora) y universidades controladas por el gobierno como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, en donde fueron detenidos 25 estudiantes el propio día de las elecciones. 

Por otras vías, asimismo, se han denunciado casos de “persecución y amenazas” contra trabajadores de universidades como de la Universidad de la Salud Hugo Chávez Frías, algunos de los cuales aseguran que se les ha advertido que deben abstenerse de hacer activismo, así como también que no pueden publicar información contraria a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral.

La situación, según fuentes universitarias, hace presumir que el próximo año académico comenzará con más restricciones a la participación política y capacidad organizativa dentro de las casas de estudios, tomando en consideración que 8 de cada 10 instituciones de educación superior del país son controladas por el gobierno y están regidas por autoridades impuestas. 

Expertos independientes de la ONU piden poner fin a violencia poselectoral en Venezuela

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Expertos independientes nombrados por el Consejo de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación” por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el día 28 de julio y llamaron a poner fin a lo que consideran un “patrón sistemático”. 

En un comunicado publicado en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU también se hizo mención a la “falta de transparencia y veracidad” de los comicios, hechos denunciados  según apuntan “por organismos de supervisión, incluidos observadores electorales invitados por el Gobierno”, en referencia a las conclusiones que sobre el proceso han hecho públicas el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU. 

Los expertos destacaron en su reporte que antes, durante y después de las elecciones se registró una “oleada de violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, homicidios, desapariciones forzadas, hostigamiento, despidos ilegales, persecución y fiscalización de opositores políticos, quienes eran identificadas como opositoras y personas que ejercían sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, así como violaciones de las garantías procesales”.

Indicaron que también recibieron informes de que, luego de las protestas contra las irregularidades electorales, se registraron “más de 1.300 detenciones arbitrarias, incluidas de niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas Indígenas, mujeres, personas LGBTIQ+, y también de desapariciones forzadas y al menos 21 muertes causadas por armas de fuego presuntamente por agentes no estatales que actuaban con el apoyo de las fuerzas de seguridad”.

Recalcaron el uso arbitrario del sistema de justicia penal

A los expertos les preocupa el “alto grado de indefensión entre la población, personas defensoras de derechos humanos, personas involucradas en trabajo social y comunitario, periodistas y todas las personas percibidas como oposición”.

Indican que han recibido información sobre el “uso arbitrario del sistema de justicia penal por parte del Ministerio Público en contra de estos grupos, la criminalización de la defensa de los derechos humanos, la corrupción rampante, la impunidad y la falta de un poder judicial independiente capaz de investigar violaciones graves a los derechos humanos”. 

Se refirieron también a la aprobación de la ley para el control de la sociedad civil, la cual consideran, “no hará más que endurecer las restricciones al derecho a la libertad de asociación”. Esto se suma, según precisan, al ya existente “uso indebido de cargos de terrorismo ante una jurisdicción especial de terrorismo”.

También, señalaron restricciones en algunas de las principales plataformas de medios sociales y aplicaciones de mensajería.

“Hay evidencias de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, que impide el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el Gobierno”, alertaron los expertos independientes de la ONU.

En el comunicado, instaron a las autoridades venezolanas a “poner fin” de inmediato a estas prácticas, a garantizar la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, así como a poner fin a los actos de censura “y otras formas de hostigamiento”.

De igual manera, instan a impulsar investigaciones independientes de todas las violaciones de derechos humanos y opinan que tanto las empresas como los proveedores de internet y las aplicaciones informáticas “no deben permitir ni facilitar esas violaciones”. 

El documento lo suscriben Gina Romero, relatora Erpecial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y otros 23 expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos “para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo”.

Se concluye el escrito indicando que, en los últimos cinco años, estos expertos han enviado un mínimo de 22 cartas al Gobierno “que muestran un contexto general de violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos. La mayoría de estas cartas siguen sin respuesta”.

Fiscalía se negó a recibir escrito en defensa de González Urrutia

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La defensa del candidato Edmundo González Urrutia denunció este miércoles, 4 de septiembre, la violación al derecho a “la presunción de inocencia” del opositor, a quien “se le han precalificado delitos” con base en una investigación que “se anunció hace poco”.

Desde las afueras del Ministerio Público en Caracas, José Vicente Haro, abogado de González Urrutia, señaló: “Se le está ya prácticamente considerando culpable iniciando un proceso penal, una investigación penal que se anunció hace poco, el 23 de agosto”.

Haro acudió a la Fiscalía a entregar un escrito con las razones de la inasistencia de González Urrutia -sobre quien pesa una orden de captura- a las tres citaciones emitidas por esta institución. No obstante, el despacho se negó a recibirlo.

La Fiscalía señala a González Urrutia de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación”, según las citaciones publicadas por el ente fiscal en redes sociales.

En estado de indefensión

También, el abogado explicó que en el documento dirigido a la Fiscalía se señalan “todas las razones” constitucionales y jurídicas por las que “no se ha producido una comparecencia” de González Urrutia, debido al “grado de indefensión en el que se encuentra”, entre otros factores, por la precalificación de delitos.

“En una boleta de citación no se debería estar precalificando delitos y eso no es propio de una acción del Ministerio Público, tiene que hacerlo un tribunal cuando ya está avanzada la investigación”, dijo el jurista, quien señaló que, además, al líder opositor “se le han violado las garantías constitucionales del debido proceso” al no indicar “el carácter con el cual está siendo citado”.

Además, se le hace un llamado a la Fiscalía al “debido cumplimiento de la Constitución” y que “no pretenda judicializar ni criminalizar actos o consideraciones de carácter político”.

La investigación en contra de González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web, en la que la oposición asegura haber cargado “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio.

*Con información de EFE

Las medidas cautelares que otorgó la CIDH a Perkins Rocha: sigue incomunicado

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio del abogado venezolano Perkins Rocha Contreras tras considerar que se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”.

De acuerdo con la Resolución 61/2024, emitida el 2 de septiembre de 2024, la parte solicitante señaló que Rocha Contreras es coordinador jurídico del partido Vente Venezuela y representante del Comando ConVzla ante el Consejo Nacional Electoral. Además, es abogado y asesor personal de María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela.

Perkins Rocha fue detenido el pasado 27 de agosto por funcionarios encapuchados y armados, quienes, luego de un fuerte forcejeo, se lo habrían llevado sin orden de aprehensión.

Según información pública, la esposa del propuesto beneficiario recibió un mensaje de que Rocha se encontraba en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, lugar en el que anteriormente habían negado su presencia.

La familia tiene conocimiento de que a Rocha se le imputan diversos delitos, tales como terrorismo y traición a la patria. Sin embargo, ni la familia ni el abogado de confianza han podido verlo o confirmar su situación jurídica.

Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho efectuadas por la parte solicitante, la CIDH consideró que Perkins Rocha se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia”, dado que hasta la fecha se desconoce su paradero. Por consiguiente, solicitó a Venezuela que:

Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Perkins Rocha Contreras. En particular, entre otros, informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado en la sede del SEBIN y las circunstancias de su detención; precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención tras habérsele imputado delitos, o, de lo contrario, precisar las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha; y garantizar el contacto del beneficiario con su familia y abogados de confianza, entregándoles información mínima oficial sobre su situación jurídica.

Implemente las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades como integrante de un partido de oposición sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia; y

Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

Sigue incomunicado

En un video que difundió el Comité de DDHH de Vente Venezuela, Marcos Rocha, uno de los hijos del abogado Perkins Rocha, denunció que tras nueve días de su detención, no han podido tener contacto con su padre.

“Es un hombre honesto, un padre de familia, no es un delincuente. Hasta la fecha no hemos tenido contacto con él. Exigimos su liberación inmediata”, dijo Marcos Rocha en el video que se publicó en X este 4 de septiembre.

https://twitter.com/VenteDDHH/status/1831325750307221577

Más de la mitad de los hospitales del país no tienen agua de manera regular

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De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), en 57% de los centros de salud públicos en Venezuela el suministro de agua no es constante, ni siquiera en áreas críticas como emergencia, terapia intensiva y quirófanos. 

Según el sondeo correspondiente al mes de julio en la mayoría de los hospitales el agua llega a través de cisternas y no de tuberías, lo cual evidenció el colapso del sistema público en cuanto a distribución. 

Además de la precariedad en cuanto al agua, durante julio de este añ,o 43% de los hospitales reportaron haber tenido fallas de luz, 16% todos los días, mientras que el 75% al menos tres días por semana, siendo el promedio de duración de las fallas de dos horas.

86% de los hospitales monitoreados por la ENH reportaron que las plantas eléctricas funcionan de manera adecuada.

El texto emanado de la ENH recordó que cuando hay fallas eléctricas, como el apagón en más de 20 estados que se reportó el pasado viernes 30 de agosto, los pacientes con asistencia ventilatoria pasan a asistencia ventilatoria manual, lo cual es viable por un periodo corto, pero no por más de 10 o 12 horas como sucedió en algunas entidades de Venezuela. 

Hospitales sin ascensores 

La encuesta también reveló la importancia de los ascensores en los centros hospitalarios, necesarios para trasladar a los pacientes que llegan a la emergencia, habitualmente ubicada en la planta baja, a quirófanos o terapia intensiva.

El estudio recuerda que la mayoría de los hospitales en Venezuela son estructurales (edificios) y la operatividad de los ascensores es vital. Incluso, señalaron que un buen número de estos aparatos se encuentran dañados por desidia y falta de mantenimiento.  

Un reportaje de la agencia France 24 correspondiente a abril de este año reveló que 30% de los hospitales carecen de lencería, gorros, batas quirúrgicas, tapabocas, suturas, sueros fisiológicos y analgésicos, cuestión por la cual el paciente o sus familiares deben llevar todos estos insumos antes de ser operados.

 

 

El Mañanero del 4 de septiembre: Evalúan medidas por orden de detención contra Edmundo González y otras noticias

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En El Mañanero del 4 de septiembre de 2024 de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: En una conversación con la estación La W de Colombia, el abogado de Edmundo González, José Vicente Haro, dijo que González Urrutia no tenía planteado abandonar el país; esto tras emitirse una orden de aprehensión en su contra. Asimismo, una investigación reveló que la administración oficialista ha intensificado la represión en línea, usando campañas de desinformación y estigmatización contra voces críticas. A su vez, en un esfuerzo conjunto, un grupo de ONG recopilaron en un informe las violaciones a los derechos humanos ocurridas antes, durante y después del 28 de julio.

Orden de detención contra González Urrutia: EEUU y el mundo evalúan medidas

ProBox resume la estrategia digital para reprimir voces críticas en Venezuela

SNTP condenó señalamientos de Maduro contra medios independientes

Situación de indefensión del periodismo se profundizó luego del 28J

Chavismo en X: el doble discurso 2.0

Venezuela vive apagón de DDHH desde el #28Jul

#EnchufaDÍN | Felicita a Pedro Tellechea por su nuevo cargo

https://twitter.com/AlbertoRodNews/status/1831050301501239582

“No se puede negar que hay una escalada autoritaria en Venezuela. No sentimos apertura al diálogo, hay una reacción muy fuerte a cualquier comentario”, Celso Amorim, asesor principal política exterior de Brasil.

SNTP condenó señalamientos de Maduro contra medios independientes

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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó los señalamientos que hizo Nicolás Maduro durante su programa de los lunes en Venezolana de Televisión, donde criticó el trabajo de portales como TalCual, El Pitazo y Efecto Cocuyo, calificándolos como servidores a intereses provenientes del exterior

“Los ponen en situación de red para que fueran los portales que impusieran la manipulación en el momento preciso, sea en un apagón masivo, sea en un ataque masivo como el 29 y 30 de julio, ellos iban imponiendo su realidad paralela”, sentenció sobre el trabajo de estos medios. 

De acuerdo al SNTP: “Estas alusiones violentan los principios mínimos de respeto y garantías para el ejercicio colectivo de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información. Resultan estigmatizantes e inhiben el debate libre sobre temas que son de interés para los venezolanos”.

De acuerdo a la ONG Espacio Público desde el 28 de julio se han producido al menos 130 casos vinculados con violaciones a la libertad de expresión. 

Por su parte, el Observatorio de Internet VE sin Filtro denunció que desde 22 de agosto persiste un bloqueo progresivo al portal de VenData, un proyecto de datos abiertos de las organizaciones Transparencia Venezuela e IPYS Venezuela que facilita el acceso a la información pública en el país,

De acuerdo a VE sin Filtro, el bloqueo al portal de Vendata es de tipo DNS y lo están aplicando la operadora estatal CANTV junto con las privadas Movistar, Digitel, Inter, Net Uno, Supercable y Gnetwork.

VE sin Filtro también informó que el servicio de VPN, Proton VPN, se encuentra bloqueado para los dispositivos iPhone en las operadoras privadas Digitel e Inter. La herramienta se utiliza para acceder a sitios web, redes sociales y páginas de noticias que están bloqueadas en Venezuela por órdenes de Conatel y Maduro.

 

 

Orden de detención contra González Urrutia: EEUU y el mundo evalúan medidas

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A primeras horas de la noche del 3 de septiembre se conoció la emisión de una orden de detención contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien, de acuerdo con las actas que recopiló la oposición tras la consulta comicial del 28 de julio, fue quien recibió la mayor cantidad de votos en la contienda. 

A solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Especial Primero de Primera Instancia con competencia en casos de terrorismo decidió que el diplomático debe ser detenido y se le deben imputar seis delitos: usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia y leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistema y asociación.  La orden de detención está firmada por el juez Edward Briceño, y en ella se le ordena al director de la División de Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ejecutar el procedimiento. 

En una conversación con la estación La W de Colombia, el abogado de Edmundo González, José Vicente Haro, dijo que González Urrutia no tenía planteado abandonar el país.

“Él se encuentra de casa en casa para resguardarse por su seguridad y vida“, precisó, al tiempo que dijo que estaban preparados para un eventual allanamiento de la residencia del político opositor. No obstante, descartó que González Urrutia solicite asilo: “No está planteado en modo alguno ese escenario. Don Edmundo González, en una decisión personal, valiente y admirable, ha decidido mantenerse en resguardo, pero acá en territorio venezolano, en defensa de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos Una decisión de asilo, ir en calidad de huésped a una embajada, sería colocarse en un tipo de protección que lo alejaría de los venezolanos, y su mayor deseo es estar cerca de ellos y corresponderles con la confianza que ellos le han dado con una votación abrumadora”, amplió Haro. 

Por su parte, la Plataforma Unitaria condenó la medida y consideró que los venezolanos y el mundo “miran con indignación a un régimen que no fue capaz de publicar en el tiempo legal previsto ni un acta que soporte el fraudulento resultado anunciado por el (Consejo Nacional Electoral) CNE, pero que sí es capaz de construir en minutos una orden de aprehensión en contra del ganador de la elección presidencial”.

A juicio de la principal coalición opositora, este nuevo atropello “evidencia que el régimen pretende seguir violando el ejercicio de la soberanía popular expresada el pasado 28 de julio en favor de un cambio político en el país”.

Casa Blanca estudia nuevas medidas contra Maduro

 Este 3 de septiembre el gobierno de Estados Unidos reveló que está considerando qué acciones tomar contra el Gobierno de Nicolás Maduro como represalia a la orden de detención del opositor Edmundo González Urrutia.

“En coordinación con nuestros socios estamos considerando una variedad de opciones para demostrarle al señor Maduro y a sus representantes que sus acciones en Venezuela tendrán consecuencias”, apuntó este martes en una conversación con medios el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

El alto cargo del Gobierno de Joe Biden recordó que estas acciones se están contemplando para condenar la orden de arresto contra Edmundo González en Venezuela por presuntamente incitar a la violencia, algo que “por supuesto no es exacto”, afirmó.

“Este es solo otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza y ​​negarse a reconocer que el señor González ganó la mayoría de los votos el 28 de julio”, apuntó Kirby, quien no detalló qué forma van a tener esas posibles consecuencias.

Condena mundial generalizada

La orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia fue rechazada por Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en un comunicado conjunto en el que denuncian que los supuestos delitos que se le pretenden imputar “no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, constituye persecución política”. Los gobiernos de esos países condenaron estas “prácticas dictatoriales” típicas de un país  “donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias”, condenan esas “prácticas dictatoriales”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se sumó al rechazo mundial contra la orden de arresto y recalcaron que la persecución política “constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos en el país”.

“Una vez más el poder judicial en Venezuela perpetra actos que lo señalan como instrumento fundamental en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en el país”, dijo en un comunicado el secretario general de ese organismo, el uruguayo Luis Almagro.

También desde Europa se alzó la voz contra este nuevo acto contra González Urrutia. El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, rechazó este martes “categóricamente” la orden de detención y exigió a las autoridades venezolanas a respetar la libertad e integridad del candidato opositor. 

Además,  Italia convocó este martes a la jefa de misión de la Embajada de Venezuela en Roma para una reunión presidida por el canciller, Antonio Tajani, en la que, además de pedir de nuevo a las autoridades venezolanas hacer  públicas las actas electorales con el fin de proceder a “su inmediata verificación independiente”, también expresó su condena enérgica por la orden de aprehensión contra el exembajador venezolano. 

Se usó información de la agencia EFE para esta nota