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El miedo en Venezuela: “Dile a tu mamá que se descargue Signal”

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A las 4:00 de la tarde, días después de la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela, me llegó el mensaje: “¿Me puedes ayudar a salir de aquí?”.

“Aquí” era el apartamento de la familia que es usado para los que vienen a la capital de paseo o de trámites, en un edificio en el este de Caracas. Esa tarde yo estaba en mi casa. Se la ofrecí.

-No, respondió.

Le ofrecí la casa de un amigo.

-No. Tiene que ser un lugar en el que no haya nadie, dijo.

-Entonces déjame pensar, le pedí.

Pasaron menos de 15 minutos cuando me volvió a escribir: “¿Me puedes buscar mientras piensas?”. Entonces pensé más rápido: “Esto está feo”.

Le propuse sacarlo de Caracas y llevarlo a su ciudad. El mensaje llegó rápido: “Ok”. Ni siquiera me dio chance de hacer un bolso de ropa. Limpié la caja de arena del gato, le dejé bastante comida, guardé la computadora en el morral y salí. Aunque el tanque de gasolina del carro no estaba full, tenía suficiente para ir a mi destino.

Al llegar a la calle del edificio no lo vi. Estuve unos minutos mirando por los retrovisores, sin saber si lo buscaba a él o a alguna camioneta de esas que salían en los videos donde se llevaban detenidos, casi abducidos, a dirigentes de oposición que apoyaban a María Corina Machado y Edmundo González los días posteriores al 28J.

Apareció por la puerta del estacionamiento, con un bolso y la misma ropa de esa mañana, cuando lo había invitado a desayunar unas empanadas. Se montó en el carro y arrancamos. No hablamos casi, no le pregunté si había recibido alguna amenaza directa, no pregunté si era un protocolo de su partido, no pregunté a qué le tenía tanto miedo.

Saliendo de Caracas encontramos pocos carros, pero en la autopista éramos casi los únicos. “Qué raro que haya tan pocos carros”, dijo él. Yo le respondí que tal vez se debía a que la represión de esos días había asustado a la gente, que prefirió quedarse en sus casas. Pero sí era raro.

Después de 50 minutos rodando, a unos 60 kilómetros de Caracas, encontramos el motivo de la desolación: una protesta de cauchos quemados -que no reseñaba ninguna red social- trancaba totalmente la autopista. Nos paramos lejos de la columna de humo negro a esperar no sabíamos qué. Apagamos el carro y abrimos las ventanas, por donde empezaron a entrar unos mosquitos pegostosos y una humedad invertebrada, mientras intentábamos evaluar la situación sin mucho margen de análisis. Al rato llegaron los antimotines de la Guardia Nacional y los manifestantes prendieron una pared de fuego sólido como en una película de Marvel. De la montaña empezaron a bajar motorizados para sumarse a la protesta. “Creo que mejor nos devolvemos”, me dijo.

Nos devolvimos.

En el camino recordé que una amiga tenía un pequeño apartamento que no usaba y que, tal vez, podría prestármelo por un par de noches. Entre las curvas de la carretera y con mala señal la llamé. Sin darle mucho detalle, aceptó a pesar de la poca información que le estaba dando. Quedamos en que la buscaría por una plaza para abrirlo y darnos las indicaciones.

En el camino de regreso tampoco hablamos. Apenas comentamos que todo estaba muy verde por las lluvias. Ya casi era de noche cuando nos vimos en la plaza con mi amiga, que se subió al asiento de atrás y no preguntó nada. El edificio tenía una puerta de hierro con una cerradura intranquila, que no terminaba de abrir. Para ese momento ya chequeábamos por encima del hombro en caso de que se acercara alguien, cualquier alguien. La puerta finalmente abrió y entramos los tres directo al ascensor que, también, tenía una llave con problemas. El apartamento era pequeño, estaba limpio, tenía agua, Netflix y mal Internet. De las ventanas colgaban unas cortinas que jamás corrimos. Después de instalarlo, mi amiga y yo salimos a comprarle algo para la cena, pero no encontramos nada abierto porque esos días la ciudad se encerraba todas las tardes por miedo a las protestas y la represión. Después de dar varias vueltas vi una panadería que estaba a punto de cerrar a la que me permitieron entrar antes de bajar la santamaría. Agarré sin ver precios unos panes canilla, embutidos, quesos, café en polvo, agua con gas que me pidió expresamente y unas naranjas y manzanas que por suerte tenían en una nevera. Ya cuando iba a pagar me llegó un mensaje suyo: “Dile a tu mamá que se descargue Signal”.

En ese momento me di cuenta de que mi mamá no sabía nada; de que toda esta maniobra sobrevenida la estábamos haciendo mi papá y yo en solitario, como unos Dumb and dumber en un gobierno autoritario. Sentí pena por ella, por lo que debería enfrentar los días siguientes, por la incertidumbre a la distancia. De vuelta al carro la llamé. Hablaba con monosílabos, como si eso nos garantizara alguna protección y, aunque no sabía lo qué era Signal, le iba a pedir auxilio a un tío. Yo le dejé las bolsas a mi papá en la puerta del edificio y me fui a mi casa. Un par de personas sabían lo que estaba haciendo y a ellas les iba informando de mis pasos. Nunca le dije nada a mis hijos.

El trance de la descarga y de lograr una primera comunicación a través de Signal le tomó a mi mamá hasta el día siguiente en la mañana. Al despertar le pregunté cómo estaba. “Bien, amor. Y tú? Yo con mucha incertidumbre”, me respondió.

Han pasado tres semanas desde que mi mamá se descargó Signal y la incertidumbre es todavía lo único que sabemos.

El miedo y su tiempo de ajuste

La politóloga Consuelo Amat, profesora asistente de Ciencias Políticas en el SNF Agora Institute de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, afirmó que, en Venezuela, durante muchos años se tuvo cierta certeza de quiénes podrían ser las víctimas políticas llevadas a la cárcel: personas con un alto perfil, opositoras, muy mediáticas, y con apoyo popular. Sin embargo, a lo largo de los años, también han terminado en prisión personas vinculadas a partidos políticos u organizaciones que han denunciado los desmanes del gobierno, o incluso militares a quienes han relacionado con presuntos intentos de derrocar al régimen. 

Al saber que existe un riesgo de detención, los ciudadanos evitan acercarse a la línea que los separa de los barrotes. Comportarse de una u otra manera puede significar estar preso o no. 

Esa forma de actuar, pasa por aplicar un silogismo. “Si yo no soy este tipo de persona (político opositor con mucha visibilidad) y yo no hago ciertas cosas, yo estoy bien. Entonces, eso genera como una tranquilidad. Y dentro de las cosas que yo sé que puedo hacer, ahí tengo un rango de acción. Entonces, puedo estar metida en política, ejecutando acciones con los grupos que yo pienso que están más seguros o son protegidos”, detalló.

Pero esa lógica se quebró después del 28J. Las más de 1.500 detenciones confirmadas por organizaciones como Foro Penal dieron cuenta de que todos quedamos expuestos. “La incertidumbre da mucho miedo porque genera un dilema para la persona en el sentido de que no sabe qué puede hacer”, explicó Amat.

“Maduro está trayendo nuevas reglas al juego, entonces, las personas no tienen idea de qué es posible y qué no es posible. Y en ese momento hay extremo temor. No es sólo temor de la represión, sino de que no se sabe qué es posible, en contra de quién, o con qué acciones. Va a haber un periodo que es súper natural, un tiempo de ajuste. Va a tomar tiempo, pero esto va a ocurrir. La gente va a poder, poco a poco, distinguir entre qué es más propaganda que realidad y, qué se puede generar dentro de ese nuevo rango de acción”, concluyó.

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El miedo en Venezuela: pasaporte anulado y “una diana en la cabeza”

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Aquel domingo, *Victoria consiguió sosiego en el sermón de la misa a pesar del miedo que sentía. La primera lectura, una selección de versículos del capítulo 16 del Éxodo de la Biblia, trataba sobre los reclamos del pueblo de Israel contra Moisés por el hambre y sed que pasaban mientras atravesaban el desierto para llegar a la Tierra Prometida. 

“El sacerdote hablaba de que la libertad, muchas veces, conlleva algunos sacrificios y que sopesáramos qué queremos: si saciar el hambre o ser libres, porque con la libertad saciamos también el hambre. Eso para mí fue muy revelador, tranquilizador”, recuerda Victoria. Horas antes, se había enterado de que su pasaporte había sido anulado. Había pasado una semana desde las elecciones presidenciales.

Victoria es una de las miles de personas a quienes le anularon su pasaporte venezolano. Se trata de una medida masiva aplicada luego de las protestas postelectorales que afectó a activistas, periodistas y ciudadanos de a pie, que residen dentro y fuera del país. Defensores de derechos humanos han señalado que no existe un patrón, por eso cualquiera se puede quedar sin derecho a usar el principal documento de identidad al momento de viajar.

De la anulación de su pasaporte, Victoria se enteró cuando consultó en la página web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), institución encargada de expedir los documentos de identidad en el país. En su perfil vio el círculo rojo en su status y, en mayúsculas, la palabra ANULADO. Ahí pensó que tenía una diana en la frente.

En su familia, Victoria siempre ha sido la hermana que resuelve, la que dirige, la que organiza desde fiestas hasta cuidados hospitalarios. Irse del país nunca ha sido una opción. Por eso, al ver anulado su pasaporte, pensó en sus hermanos. “No los puedo ni quiero dejarlos aquí”, se dijo en los primeros instantes. “¿Qué voy a hacer si a mí me detienen? Porque no era el tema necesariamente del pasaporte como tal, sino el de yo estar en la mira, de estar en una lista que signifique que puedo estar en peligro”, cuestionó.

Aquella sensación de vulnerabilidad rápidamente se convirtió en llanto. Temía contarlo a los suyos, pero pocas horas después se lo dijo a sus hermanos, quienes recibieron la noticia con lágrimas y temores, pero también con bendiciones, abrazos y los consejos para cuidarse que son comunes en los momentos más críticos: avisar a dónde va, evitar salir sola o de noche, dejar de asistir a los eventos masivos.

Días después, ese mismo temor le hizo pensar que la perseguían. Acababa de salir de una clase de pilates cuando se conectó a una reunión para conversar sobre la seguridad en su trabajo. Las medidas de resguardo que tomaron algunos de sus compañeros la pusieron en alerta. Los nervios no le dejaban conseguir la llave para meterse a su carro. Pensó que un hombre se quedó mirándola en el estacionamiento y que luego la siguió por unas cuantas cuadras. La llamaron de un medio de comunicación para que contara lo que había pasado con su pasaporte. Todo pasaba al mismo tiempo. Llegó a su casa angustiada, atormentada.

Con el pasar de los días, y luego las semanas, y al conocer que hay miles de venezolanos como ella, Victoria está más tranquila. “Cada día me convenzo de que no es que a mí, Victoria, a quien se lo anularon por ser quien soy, sino que entré en un lote donde entró un gentío más: algunos son periodistas, algunos son activistas y algunos no son absolutamente nada de políticos, sino ingenieros, arquitectos, médicos, personas de a pie, o sea, cualquier cosa”, acotó. “Entonces, ya a partir de allí, me baja la presión”. 

El miedo, los pasaportes anulados y una medida equivocada

Consuelo Amat, investigadora y politóloga venezolana, opinó que la estrategia de la anulación de los pasaportes es un arma de doble filo para el gobierno. Por un lado, se atemoriza a la población porque no se puede ir. “Eso da un miedo profundo, el estar atascado en una situación donde falta seguridad. Además, no te puedes ir inmediatamente si te quieres proteger. Y si estás saliendo, aunque tengas tu pasaporte, no puedes ir por el aeropuerto, porque si tú estás siendo buscado, te identifican inmediatamente”, apuntó. 

Por otro lado, aunque la práctica sembró miedo en personas como Victoria, con la anulación masiva de pasaportes el gobierno mantiene en el país a una población “que se quiere ir o exiliar”. Entonces, no es conveniente que esas personas y líderes estén dentro.

“Me parece que quizás (esta medida) sea para un tipo de gente, pero no para muchos, porque se van a dar cuenta de que eso no les ayuda. No es claramente algo que les puede ayudar a largo plazo”, acota.

Aunque siempre está alerta y evita las reuniones concurridas, Victoria lleva su vida con normalidad. De su salida se ocupará cuando tenga que viajar. 

*Los nombres fueron cambiados en esta historia para proteger la identidad de las víctimas.

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El miedo en Venezuela: “enconcharse” como forma de resistir

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Valentina sintió el miedo en tres momentos distintos antes de dejar su casa. El primero fue el miércoles 24 de julio de 2024, cuando las máquinas de votación habían llegado al centro electoral donde ella participaría como testigo de mesa de la oposición venezolana. Ese día, la miembro designada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) les hizo una advertencia: “la orden que tengo es que no les voy a entregar las actas”.

Las actas son los comprobantes emitidos por las máquinas de sufragio que muestran la cantidad de votos que cada candidato gana en las mesas electorales. De acuerdo con las leyes electorales venezolanas, a cada testigo le toca una copia. Pero el órgano electoral lo estaba negando de antemano. 

“Se los digo para que ustedes se preparen. Yo les voy a pedir que no creen conflicto, porque aquí lo que quieren (los del gobierno) es que creen conflicto para cerrar el centro y llevárselos presos a ustedes”, continuó la funcionaria del CNE. 

Aquella amenaza era inédita. En ninguna otra elección, Valentina había presenciado algo similar. “Yo le dije: ‘mira, tranquila. Nosotros (los opositores) estamos ganando. El que gana la partida no va a cerrarla. No vamos a crear ningún conflicto. Nosotros sabemos que somos ganadores y más en este colegio donde siempre gana la oposición’”, pronunció.

El miedo llegó por segunda vez dos días antes de la elección: cuando instalaron las mesas de votación. Al llegar, Valentina descubrió que en el grupo de ciudadanos que coordinaba la votación había una intrusa: la jefa de la Unidad de Batalla Hugo Chávez (UBCh) –organización de carácter comunitario que articula las acciones políticas y sociales del chavismo– de la zona. Con una credencial falsificada que le dio su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quería involucrarse en el proceso. 

“La coordinadora del CNE me dijo: ‘no te metas con ella porque ella tiene su gente’. Y ahí empezó el amedrentamiento (…) Yo le contesté: ‘yo también tengo mi gente. Pero mentira, yo lo que tengo es gente como yo, que no se va a dar golpes con nadie, ni va a atacar a nadie ¿sabes? Pero yo, tú sabes, de guapa, yo dije que no me iba a dejar a intimidar por esa mujer”, recordó Valentina. Luego de horas, lograron sacarla del centro de votación.

Pese a las amenazas, el 28 de julio los funcionarios del CNE cedieron las actas a los testigos. Al día siguiente, luego de que el CNE anunciara los resultados que daban como presunto ganador de las presidenciales a Nicolás Maduro, Valentina discutió en un chat vecinal con un vecino que es almirante y amigo de la jefa de las UBCh. Mientras él defendía el triunfo del chavismo, ella le aseguraba que la oposición había vencido. Ella jamás había tenido miedo a expresarse en contra del chavismo en su barrio. Pero esta vez, todo era diferente. 

Manifestantes reclaman presunto fraude en el resultado electoral de las elecciones presidenciales venezolanas

Días después, el almirante escribió al número privado de Valentina para preguntarle sus datos personales para actualizarlos ante el Comité Local de Alimentación y Producción (CLAP), la instancia oficialista que desde 2017 entrega bolsas de comida en los sectores populares. Además de eso, le exigía que fuese a su casa a llenar una planilla.

A Valentina, aquella petición no le pareció normal. Y menos cuando se había desatado una persecución en contra de los testigos de la oposición desde el gobierno. Los arrestaban en las calles o los buscaban en sus casas. Los imputaron por terrorismo. Todos esos reportes le llegaban vía Whatsapp, al tiempo que en X o Instagram aparecían videos y relatos de cómo los apresaban. Se difundió que a muchos de ellos se los habían llevado por conseguirles comentarios en redes sociales contra el gobierno o fotos de las protestas.

El miedo llegó por tercera vez e hizo que Valentina saliera de su casa. “Yo entré en pánico (…) Vivo sola con mi hija. Yo aquí no tengo ni una reja fuerte, o sea, cualquiera viene y me saca de aquí y además se la van a llevar a ella”, pensó.

Se fue de su hogar, junto a su hija veinteañera, para resguardarse en un pueblo lejano de su propio estado. “Yo casi que lloraba todas las noches. Yo decía: ¿por qué no puedo estar en mi casa?. Yo no le estoy quitando nada a nadie, yo no he hecho nada malo, yo no soy una delincuente, porque yo lo que he hecho es aportar. Y decidí volver a mi casa”, contó.

Pero el regreso duró poco. Una semana más tarde, sus conocidos le advirtieron que habría una razzia de detenciones en todo el estado. Fue así como Valentina salió de su estado a la casa de un pariente y allí permaneció varias semanas. 

Aunque ha participado en otras manifestaciones de la oposición, el miedo no se ha ido de Valentina. “Es verdad que nos han ganado con el terror”, reflexionó. Después del 28 de julio ha sentido taquicardia como nunca antes en su vida. Llora todos los días y reza, reza mucho, porque sabe que hay demasiados que la están pasando peor que ella. “Esta situación que estamos viviendo nos necesita vivos, sanos, emocional y físicamente”, afirmó. 

Aunque su entorno le aconseja abandonar el país, para Valentina esa no es una opción. “Yo no tengo cómo comprar un boleto (…) Imagínate, irte del país… Estamos tan cerca de conseguirlo”, dijo Valentina. Tres semanas después de las elecciones, seguía fuera de su casa.

Esconderse como respuesta al miedo

No hay un registro de cuántos casos son, pero tal como sucedió con Valentina, muchos testigos de mesa de la oposición así como dirigentes de partidos políticos, periodistas y activistas, debieron dejar sus casas y “enconcharse” por las múltiples detenciones arbitrarias que ocurrieron después de las elecciones presidenciales. Solo un mes después de los comicios, casi 60 personas ligadas a fracciones políticas o a comandos de campaña estaban tras las rejas, y lo mismo sucedió con 17 periodistas y cinco activistas de derechos humanos. 

Cualquiera que tiene miedo y quiere protegerse se debe esconder, señaló la politóloga Consuelo Amat. Y más aquellos que, como Valentina, han visto que alguien muy cerca de su círculo o que hace el mismo tipo de actividades, está bajo arresto. Ese detenido, bajo tortura, podría señalar a quienes hacen lo mismo que él. Su encarcelamiento también puede significar que están reprimiendo a personas como él. Por eso, la experta concluye que esconderse para salvar su vida es una forma de resistir.

Las redes sociales comunicaron esas detenciones lo que, por una lado, sirvió para denunciar la situación y para que las posibles víctimas de arresto se pusieran a resguardo, pero también así se infundió el miedo. No en balde, Maduro ordenó el bloqueo de X desde el 8 de agosto “por incitar al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos”’. Dos días antes, desinstaló Whatsapp en una alocución televisada y exigió a sus seguidores que dejaran de usar la aplicación y se cambiaran a Telegram.

Para Amat, quien es profesora asistente de Ciencias Políticas en el SNF Agora Institute de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, y durante años ha estudiado la represión, la resistencia no-violenta y armada, y el desarrollo de la sociedad civil en regímenes autoritarios, las redes sociales son “una de las maneras más efectivas de generar activación civil inmediata”. Por eso, no le extrañó ninguna de las medidas de Maduro contra las aplicaciones para comunicar.

“En la historia de los movimientos no violentos y sociales, antes de la revolución tecnológica con los medios de comunicación, se tomaba muchísimo tiempo poder organizarse para desplegar a miles de personas en las calles. Hoy en día, con un tuit, con una llamada, es casi inmediata la reacción que tú puedes generar en millones de personas. Entonces, las llamadas a acción directa y de no violencia, de protesta y de subvención civil, se pueden generar extremadamente rápido por medio de las redes sociales”, enfatizó.

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Donald Trump: «Haremos deportaciones en masa desde Springfield hasta Venezuela»

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El candidato republicano y exmandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes, 13 de septiembre, que de ser elegido presidente comenzará en Springfield (Ohio) su plan de ejecutar la mayor deportación de inmigrantes de la historia del país con destino a Venezuela.

«(…) haremos deportaciones en masa desde Springfield. Vamos a sacar a esa gente. La vamos a llevar de vuelta a Venezuela», anunció en una rueda de prensa ofrecida en su club de golf en Palos Verdes, California.

En su opinión, los haitianos ilegales destruyen el modo de vida de los habitantes de esa zona. Trump lleva días asegurando que se comen a los gatos y a los perros de los ciudadanos de Springfield.

Esas acusaciones han provocado que la comunidad haitiana se vea señalada, incluso con amenazas de bombas que han obligado al cierre de escuelas en los últimos dos días y de otras instalaciones oficiales. El presidente Joe Biden pidió este viernes que cesara esa retórica.

El 19 de julio, activistas y migrantes varados en el límite norte de México expresaron su temor luego de que Trump anunció varias promesas, entre ellas, cerrar la frontera durante su primer día en la Casa Blanca y deportaciones masivas.

*Con información de EFE

Una luz para la barbarie de Haití

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La comunidad internacional trabaja para detener esta crisis humanitaria en Haití, convertida en barbarie

@angelmontielp

Sometidas a terribles pandillas, la pequeña e histórica isla de Haití, la tierra del gran Petion –el primero en respaldar los principios de la declaración de los derechos del hombre y de la igualdad social–, vive un momento de grandes expectativas por salir de ese drama de sufrimiento.

Y recibe un rayo de luz y de esperanza a través de fuerzas externas muy lejos del continente americano: fuerzas militares de Kenia, supervisadas por las Naciones Unidas, que están ayudando a contener a las pandillas y recobrar la seguridad en la afectada isla caribeña.

Un contingente de 400 soldados kenianos llegó al aeropuerto Taussaint Louverture de Puerto Príncipe para apoyar a la Policía Nacional de Haití. Además, se espera la llegada de 2500 efectivos y que se sumen más tropas de Jamaica para frenar la violencia que ha causado miles de víctimas y desplazados. Su busca encauzar al país por los senderos de la democracia.

Haití vive bajo el yugo del terror de las armas, el narcotráfico, la extorsión y de todo lo que significan esos grupos al margen de la ley que imponen sus reglas a ciudadanos indefensos.

Desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en 2021, la situación de esta isla del caribe es cada día peor. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció su renuncia en medio de una escalada de violencia sin precedentes.

Es tan grave la situación de inestabilidad que ha impedido el regreso del mismo primer ministro, varado en Puerto Rico tras un viaje a Kenia.

Según un informe publicado por las Naciones Unidas durante el segundo trimestre de este año, al menos 1379 personas fueron víctimas de la violencia de las bandas armadas de Haití, elevando a casi 3900 las víctimas.

El informe de la ONU señala un aumento de la violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, que sufren los ataques de grupo de jóvenes armados “y tras ser violadas, algunas de ellas morían tiroteadas”.

Además, según el mismo informe, “niños sospechosos de haber cometido delitos menores fueron linchados por miembros de la misma comunidad, de modo que no solo son las bandas, sino también los grupos de autodefensas de las mismas comunidades que utilizan cada vez más a los niños para cometer actividades delictivas” reveló la ONU.

De manera irónica, el líder pandillero Jimmy “Barbecue” Chérizier se declara un revolucionario “protector de la niñez”, atrayendo a los niños a las bandas armadas bajo la promesa de un plato de comida al día, refirió un informe de la organización de los derechos humanos de Haití Pass Blue.

Está situación insostenible, generada por la violencia de las pandillas, limita dramáticamente el abastecimiento de agua, alimentos y medicamentos, lo que convierte la crisis haitiana en un drama humanitario que estremece a la comunidad internacional.

Señalan organismos internacionales de los derechos humanos que las pandillas controlan el acceso a los recursos básicos codiciados por todos. Además, les garantizan estatus y les brindan “la ilusión de seguridad” a muchos niños que están separados de sus familias por la atmósfera de violencia que se vive en todo el país. El descontento social, junto a la miseria, abonaron el terreno para el avance de la delincuencia y de los grupos armados.

Haití comparte frontera con República Dominicana y, sin embargo, está desconectado del mundo. Ello hace más dramática la situación.

La comunidad internacional trabaja para detener esta crisis humanitaria convertida en barbarie.

angelmontielp@gmail.com

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Denuncian traslado irregular de presos de Ramo Verde hacia centro penitenciario militar de Charallave

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La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes, 13 de septiembre, el traslado irregular de presos de la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda, hacia el Centro de Procesados y Penados Militares de Charallave.

De acuerdo con la ONG, según publicó en su cuenta de X (antes Twitter) “este movimiento ha generado un clima de incertidumbre y angustia entre los familiares, quienes no han recibido información clara sobre las razones detrás de estos”.

“Las denuncias se enfocan en la falta de información sobre este proceso y que los detenidos no han tenido acceso a su defensa ni a la comunicación con sus familiares”, añadió Justicia, Encuentro y Perdón.

Para la organización, esta situación no solo vulnera sus derechos fundamentales, “sino que también agrava el sufrimiento de sus seres queridos, quienes se encuentran en la oscuridad respecto a la situación de sus familiares”.

El llamado “urgente” de la ONG es a las autoridades “para que brinden claridad sobre las razones de estos traslados y garanticen el respeto a los derechos de los detenidos”.

“Es fundamental que se asegure el acceso a la defensa legal y a la comunicación con sus familiares, en cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales sobre derechos humanos”, añadió.

CNE y TSJ rechazan sanciones de la OFAC pero no aclaran dudas sobre las presidenciales

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El Consejo Nacional Electoral (CNE), que todavía no publica los resultados de las elecciones presidenciales desglosados mesa por mesa, reapareció este viernes, 13 de septiembre, para condenar la sanciones del Departamento del Tesoro contra dos funcionarios del ente comicial.

En un comunicado en PDF que se difundió en redes sociales -ya que la página del CNE sigue caída– el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, afirmó que “intentar chantajear a miembros” del ente comicial “es una maniobra grosera que ha fracasado con anterioridad”.

De acuerdo con la orden ejecutiva 13.692 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), 16 funcionarios venezolanos fueron sancionados por su presunta responsabilidad en el “fraude electoral” del 28 de julio.

Entre los afectados por las nuevas sanciones se encuentran la rectora del CNE Rosalba Gil Pacheco y el subdirector Antonio José Meneses. Según el comunicado que firmó Amoroso, “el Poder Electoral está hoy más firme, unido y fuerte que nunca, con capacidad de enfrentar cualquier ataque rastrero contra su integridad”.

CNE sanciones

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia tampoco se quedó en silencio con las sanciones, que afectaron a por lo menos cinco magistrados del Poder Judicial, incluyendo a su presidenta Caryslia Beatriz Rodríguez.

En un comunicado por la presidenta del TSJ, Carlysia Rodríguez, la institución calificó de “atropello al derecho internacional” las sanciones impuestas a su persona y a otros magistrados: Inocencio Figueroa; Malaquías Gil, presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ; Fanny Márquez, vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral, y Edward Briceño, juez especial del Tribunal de Terrorismo que emitió la orden de captura contra Edmundo González.

«Esta práctica está en colisión con los principios aceptados del derecho internacional como son la autodeterminación y democracia que en el sistema es ejercida por el pueblo», dijo Rodríguez en el comunicado.

 

CNE sanciones

CNE sanciones

El resto de los sancionados, de acuerdo con la orden ejecutiva de la OFAC, son: Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, fiscal de la Dgcim; Pedro José Infante Aparicio, diputado; Domingo Antonio Hernández Larez, director del Ceofanb; Elio Ramon Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Johan Alexander Hernández Larez, comandante de la REDI Capital de la GNB; Asdrúbal José Brito Hernández, Director la Dgcim; y Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Sebin.

CIDH condena exilio de Edmundo González y hostigamientos en la embajada de Argentina

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Este viernes, 13 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el “exilio forzoso” del principal líder de oposición, Edmundo González Urrutia, así como los hostigamientos a la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas donde se encuentran varios dirigentes de oposición asilados. 

“El Estado venezolano debe poner fin a la persecución política, respetar compromisos internacionales en materia de asilo diplomático y restablecer el orden democrático”, dice parte del comunicado que emitió la CIDH. 

La CIDH indicó que ha venido documentado “graves prácticas de ruptura institucional y democrática que incluyen, entre otras, el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, detenciones arbitrarias de personas manifestantes y dirigentes opositores, citaciones judiciales y órdenes de arresto sin fundamento legal y la cancelación de pasaportes de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos”.

La CIDH indicó que es responsable de velar por el respeto del derecho internacional en su estrecha relación con los derechos humanos. Por lo que refuerza la necesidad de que los Estados observen las obligaciones internacionales derivadas de sus compromisos consuetudinarios y convenciones, incluida la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Asilo Diplomático de 1954.

“En una democracia ninguna persona con liderazgo político debería verse obligada a asilarse en una embajada o abandonar el país para resguardar derechos como la vida, la integridad y la libertad”, se lee en el comunicado. 

La Comisión reiteró que los actos del Estado venezolano tienen como intención “infundir miedo en la población y desalentar la participación política de la oposición”. Reiteró su  llamado al Estado venezolano a “respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas venezolanas, así como a agotar todas las medidas para canalizar los conflictos, priorizando el diálogo y la negociación”.

embajada de Argentina