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Denuncian presiones a adolescentes detenidos tras el #28Jul para admitir hechos que no han cometido

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La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón alertó este 27 de septiembre que un grupo de adolescentes detenidos en Valencia tras los hechos posteriores a las elecciones del 28 de julio están siendo presionados para admitir hechos que no han cometido.

Los familiares comunicaron estas presiones a la ONG, que recordó que cualquier declaración que se obtenga bajo coacción “está viciada de toda nulidad”.

“Es importante recordar que estos jóvenes no han tenido acceso a defensores de confianza que los represente en procesos judiciales que claramente han vulnerado el debido proceso”, indicaron en un comunicado compartido en la red social X.

 

Además de estas presiones, según denuncian, los adolescentes han sido víctimas de amenazas y hostigamiento: “Algunos han sufrido conmociones psicológicas por lo que han experimentado episodios de estrés y ataques de pánico. Esta situación ha generado una profunda angustia en sus familias que se sienten impotentes ante el sufrimiento de sus seres queridos menores de edad”.

Justicia, Encuentro y Perdón exhortó a las autoridades del sistema de justicia a evitar que se sigan cometiendo “estos atropellos y vulneraciones a la dignidad de estos jóvenes”.

“Hacemos un llamado al restablecimiento del respeto por sus derechos y al cumplimiento del debido proceso. Insistimos en que todos estos jóvenes deben ser liberados de manera plena y sin condiciones”, insistieron.

En una entrevista con VivoPlay el pasado 24 de septiembre Martha Tineo, activista y abogada defensora de DDHH, precisó que son más de 50 los adolescentes detenidos en el contexto de protestas poselectorales que siguen “privados arbitrariamente” de libertad. Agregó que los más de 80 adolescentes excarcelados se mantienen en procesos judiciales “plagados de todo tipo de irregularidades”. 

Entregan amparo en Ministerio Público por jóvenes y adolescentes detenidos

El pasado 26 de septiembre, un grupo de madres y familiares de Madres y familiares de niños y jóvenes detenidos en el contexto de las protestas poselectorales se concentraron frente a la sede del Ministerio Público en Caracas, exigiendo su liberación. 

Durante la manifestación, entregaron un amparo solicitando que el organismo revise y atienda el caso de ocho menores recluidos en la Casa de Justicia 431, ubicada en El Cementerio, así como de siete jóvenes que se encuentran en el Centro Penal de Tocuyito, en el estado Carabobo.

Los hijos de estas madres han sido acusados de delitos graves como terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vías públicas y asociación para delinquir sin tener ninguna prueba y tampoco se les permite una defensa privada, a pesar de que el artículo 49 de la Constitución establece: “La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso”.

“Nuestros hijos son inocentes, no son terroristas y se les está violando el debido proceso”, dijeron al salir del Ministerio Público. También informaron que el documento fue recibido por el abogado Marco Delgado, adjunto del Departamento de Derechos Humanos, y que esperan que en 15 días tengan una respuesta. 

Venezolanos se preparan en 460 ciudades del mundo para protestar este #28Sep

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Este sábado, 28 de septiembre, venezolanos en más de 460 ciudades alrededor del mundo se movilizarán en una protesta global para exigir el reconocimiento internacional de Edmundo González, a quien la oposición considera como el ganador de las elecciones presidenciales.

De acuerdo con las actas publicadas por la líder opositora María Corina Machado, González Urrutia habría obtenido la victoria el 28 de julio con más del 70% de los votos.

Esta movilización global se desarrollará en paralelo con la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante este evento, los manifestantes demandarán tres puntos esenciales:

  • Reconocimiento mundial de Edmundo González como el “legítimo presidente de Venezuela”.
  • Exigir que Nicolás Maduro “deje el poder inmediatamente”.
  • Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro.

Según una nota de prensa, esta protesta busca también visibilizar los avances logrados desde el 28 de julio, incluyendo el apoyo, presión internacional y “las alianzas creadas con diversos países en favor de la libertad en Venezuela”.

Para conocer todos los detalles sobre esta movilización, que se realizará en al menos 460 ciudades del mundo, pueden visitar la nueva página web de Ganó Venezuela: www.ganovenezuela.com. En este sitio, quienes lo visiten, podrán encontrar:

  • Información detallada sobre las protestas del 28 de septiembre y las previas.
  • Actualizaciones sobre los avances alcanzados desde las elecciones.
  • Un calendario completo con los puntos de concentración en cada ciudad donde se llevará a cabo la protesta.
  • Materiales de difusión y apoyo, como afiches y gráficos descargables para ayudar a promover las protestas y movilizaciones desde cualquier lugar.

En esta nueva página web también se podrán ubicar los puntos de encuentro más cercanos para aquellos que deseen participar.

“Te invitamos a unirte a nosotros en esta movilización global y a compartir el mensaje de lucha por una Venezuela libre. Juntos, demostraremos al mundo que Venezuela no se rinde y que seguiremos defendiendo nuestro derecho a un futuro democrático y digno”, señala la plataforma Ganó Venezuela.

Detienen a director y tres empleados de cárcel de Barinas por fuga de privados de libertad

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El director y otros tres empleados del Internado Judicial Barinas (Injuba), fueron detenidos la tarde de este miércoles 25 de septiembre por su presunta complicidad en la fuga de tres privados de libertad, ocurrida el pasado domingo 22 de septiembre. 

Los empleados del penal fueron aprehendidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 

De acuerdo a fuentes judiciales, los detenidos responden a los nombres de Johnny José Orozco Moncayo, director del Injuba, Leonardo Alexander Caicedo Márquez, jefe de régimen; y los custodios José Luis Rodríguez Narváez y César Miguel Meneses Loyo. Todos fueron trasladados el mismo miércoles al Circuito Judicial para su debida presentación. 

Pese a que de manera extraoficial se reportó la fuga de tres privados de libertad, sólo se conoció la identidad de Arun Pineda y Jorge Luis González, quienes lograron evadirse durante una balacera donde resultó herido el sargento mayor de tercera de la GNB,  Yender López Herrera, quien se recupera en el hospital Luis Razetti de Barinas. El otro fugado, de acuerdo a fuentes no confirmadas, es Diego Andrés Rojas Moreno. 

De acuerdo a información extraoficial, el plan orquestado por el trío de evadidos, contempló el tiroteo al funcionario, para obligarlo a abrir la puerta del penal y la presencia, en el frente del internado, de motorizados que los esperaban para completar el escape. 

La acción se produjo cerca de las 4:00 PM y la situación activó un despliegue de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, tanto por los alrededores del recinto, como por las entradas y salidas de Barinas. 

La evasión de los privados de libertad, movilizó hasta la capital llanera a Julio García Zerpa, ministro para el Servicio Penitenciario, donde ordenó una requisa de carácter extraordinaria en las instalaciones del Injuba, con  apoyo del Grupo de Respuesta Inmediata. 

Los organismos de seguridad siguen tras la pista de los evadidos

Con información de Una Ventana a la Libertad 

 

Hijo de Perkins Rocha exige liberación de su padre a un mes de detención

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Santiago Rocha, hijo del abogado Perkins Rocha, denunció que a un mes de la detención de su padre, a los familiares no le han permitido contacto con el asesor legal del partido Vente Venezuela y mucho menos nombrar a una defensa privada.

“Es una víctima de una detención arbitraria y se le mantiene en desaparición forzada desde hace un mes, mi padre continúa al día de hoy aislado de su familia y abogado, violando sus derechos humanos”, dijo Santiago en un video.

“Mi padre fue secuestrado por organismos de represión del Estado. Exigimos que nos dejen verlo y su inmediata liberación”, comentó.

Rocha fue aprehendido el pasado 27 de agosto por sujetos no identificados cuando salía de una farmacia en Caracas y acusado de actos de desestabilización contra el régimen de Nicolás Maduro, entre ellos los delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio.

Rocha fungió como coordinador jurídico y representante del Comando Con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral en las pasadas elecciones del 28 de julio.

“Es un hombre de familia con convicciones muy marcadas que está en la búsqueda de la verdad y la defensa de la justicia”, agregó Santiago Rocha.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares en favor del abogado por considerar que se encuentra en una situación de alto riesgo. 

“Mi papá tiene una condición específica, una válvula en el cerebro la cual se conecta con el estómago, cualquier golpe con exceso de fuerza en esas dos partes pueden generar daños significativos a su salud”, explicó Santiago Rocha.

“Como me dijo él: ‘un hombre sin voluntad no es hombre’. Y simplemente intento seguir sus palabras que hoy él no las puede dar, pero mis hermanos, yo, mi mamá y todos los venezolanos las estamos dando por él”, añadió Rocha desde el exterior.

Rocha forma parte de un grupo de dirigentes políticos detenidos después de las elecciones del 28 de julio, entre ellos Williams Dávila, Biagio Pilieri y Américo De Grazia. 

 

22 años después llegó a la Corte IDH el caso del 11 de abril de 2002

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El director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, informó a través de un mensaje en su cuenta en X que 22 años después, el caso de la represión violenta a la manifestación del 11 de abril de 2002 llegó a la Corte IDH.

“Fueron nuestros inicios como defensores de derechos humanos. Un trabajo de constancia y compromiso. Importante logro de las víctimas que no se rinden”, destacó en el mensaje en la red social X.

Romero acompañó el trino de una notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que destaca que presentó el Caso 12.582 de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 9 de julio de 2024 por la “represión ilegal de una manifestación en abril de 2002 y el uso desproporcionado de la fuerza letal de agentes estatales, que ocasionó la muerte a siete personas y lesiones a cinco”.

La Corte Interamericana de DDHH recordó que el 11 de abril de 2002 la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio (Fedecámaras) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela convocaron una manifestación contra los despidos en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Durante la protesta, agentes de la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana de Caracas y personas no identificadas atacaron a los manifestantes con gases lacrimógenos, disparos y piedras. También se reportó la participación de los ‘círculos bolivarianos’ para contrarrestar la marcha. Las denuncias contra el entonces Presidente, el Ministro de Defensa y el Fiscal General, así como contra tres individuos implicados, fueron desestimadas o no progresaron”, denuncian.

Uso de la fuerza letal derivó en muerte de manifestantes

La  CIDH determinó que agentes estatales usaron fuerza letal cerca de la estación de metro “El Silencio”, lo cual causo la muerte a Jhony Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso, y heridas a Fernando Joel Sánchez Colmenares.

Mientras que en la zona “La Pedrera”, agentes estatales y los “Círculos Bolivarianos” también emplearon fuerza letal, lo que derivó en la muerte de Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo, y en lesiones a José Antonio Dávila Uzcátegui, Elías Belmonte Torres, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo.

“La CIDH encontró que Venezuela no justificó un uso legítimo, necesario y proporcionado de la fuerza letal, y concluyó que es responsable por la violación del derecho a la vida y a la integridad personal. Además, observó que las víctimas, salvo José Antonio Dávila Uzcátegui, quien se encontraba en la azotea de su edificio, ejercían su derecho de reunión pacíficamente, y no se demostró que estuvieran armadas o atacando a las autoridades”, alertaron. 

En el texto también se resalta que luego de más de 20 años el caso no ha sido esclarecido ni se ha condenado a ninguna persona, “lo que evidencia una situación de impunidad y falta de una investigación adecuada”.

Además, notan que no se había probado que las víctimas hubieran obstaculizado la investigación, y que la afectación a la integridad personal de las víctimas podía ser un elemento para acelerar la investigación. Por lo tanto, concluyen que el Estado violó el derecho a garantías judiciales y el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares.

Con base en lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado de Venezuela violó los derechos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), 8.1 (garantías judiciales), 15 (derecho a reunión) y 25.1 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento en perjuicio de las personas identificadas en las diversas secciones del informe.

Las medidas de reparación que exige la CIDH

  • Reparar las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, de manera material e inmaterial.
  • Conducir una investigación efectiva y en un plazo razonable en la jurisdicción penal ordinaria, para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades e imponer sanciones correspondientes.
  • Adoptar medidas de no repetición para: i) limitar el uso de las Fuerzas Armadas en labores de orden público a situaciones excepcionales y asegurar el cumplimiento de medidas preventivas en el uso de la fuerza; ii) Fortalecer al Ministerio Público y las autoridades judiciales del Circuito Judicial Penal del Estado de Aragua; y iii) Asegurar que las restricciones al derecho de reunión sean compatibles con la Convención Americana.

“Carrera de resistencia, no de velocidad”

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, también publicó un mensaje a propósito de este tema en el que destacó que la carrera de la defensa de los Derechos Humanos “es de resistencia, no de velocidad”.

“Después de haberlo bregado y trabajado por más de 20 años, llega a la Corte IDH el caso del #11A de 2002. Importante logro de las víctimas que no se rinden ¡Seguimos!”, escribió en X. 

El Mañanero del 27 de septiembre: Detuvieron al hermano de Juan Pablo Guanipa y otras noticias

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En El Mañanero del 27 de septiembre de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: El opositor Pedro Guanipa, director de la alcaldía de la ciudad de Maracaibo, fue detenido por funcionarios de seguridad cuando se disponía a viajar a Colombia. A la par de eso, una protesta se llevó a cabo frente a la sede del Ministerio Público de Parque Carabobo, donde se exigió la liberación de niños y adolescentes detenidos en medio de la represión poselectoral.

Detenido hermano de Juan Pablo Guanipa cuando intentaba viajar a Colombia

Familiares de menores detenidos en protestas poselectorales exigen al Ministerio Público que sean liberados

“Victoria sin actas es como juicio sin pruebas”: Presidente de Panamá a Maduro desde la ONU

Imputaciones por terrorismo forman parte de un patrón contra la población

Cifra de presos políticos supera los 1.800 según Foro Penal Venezolano

Difieren nuevamente juicio a Javier Tarazona

Blinken pidió al mundo aumentar presión contra Maduro antes del 10-Ene

Criminalización, represión y control social se profundizaron en el contexto poselectoral

https://twitter.com/MariaCorinaYA/status/1839407974768673209

“No puedo dejar de mencionar lo que está pasando en Venezuela. Entre otras cosas, porque esto no es nuevo en nuestra postura. Por suerte siempre estuvimos lejos de ese régimen autoritario e intolerante, que ha atentando contra la libertad y que ha atentado contra el bien común”, Luis Lacalle Pou, presidente de Paraguay.

No se puede normalizar lo que ocurre en Venezuela

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Estamos muy lejos de vivir la normalidad que nos quieren imponer, la violencia es un recurso volátil y peligroso que no puede sustituir la legitimidad de las elecciones

@RobertoPatino

La semana pasada la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela presentó su informe sobre la situación de los DD. HH. en Venezuela.

Según su investigación, las protestas poselectorales dejaron un saldo de 25 personas asesinadas, la mayoría de ellos jóvenes de los sectores populares. Explicó la relatora Marta Valiñas que la respuesta del Estado a las protestas civiles fue «orquestada por los más altos niveles civiles y militares del Gobierno, incluido el presidente Maduro» y llevó a prisión a 158 niños, algunos de ellos con algún tipo de discapacidad, menores de edad que fueron acusados de delitos graves, como terrorismo o incitación al odio. Según los datos difundidos por el propio Estado venezolano, 2200 personas fueron detenidas. En su investigación concluyen que la situación de los derechos humanos en nuestro país no ha mejorado, sino que, por el contrario, «las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes en el contexto poselectoral», indicó Valiñas.

Este informe, construido con datos verificables y fuentes confiables, sistematiza, explica y difunde a la comunidad internacional una realidad que sufrimos los venezolanos en nuestro país: el uso de los poderes del Estado en la conformación de un aparato represivo en contra de los adversarios políticos del régimen, el despliegue de las instituciones públicas y el sistema judicial para perseguir la disidencia democrática, aterrorizar a la población e imponer una supuesta “normalidad” en la sociedad venezolana.

Una estrategia represiva que estuvo en construcción durante años y que ahora se extiende por el país con una violencia inédita en nuestra historia reciente y que tiene como fin la preservación en el poder de quienes han decidido dar la espalda a la Constitución desconociendo la voluntad popular expresada el 28 de julio.

La sistemática violación de los derechos humanos es una práctica injustificable inadmitida en democracia, incluso en aquellas sometidas a la presión de una conmoción interna o ataque extranjero. Sin embargo, los poderosos que nos gobiernan (hasta enero del 2025) pretenden justificar este terrorismo de Estado apelando a absurdas teorías conspirativas sobre golpes de Estado e intentos de magnicidios, guiones dramáticos y puestas en escena que pretenden ocultar el miedo que le tienen a un pueblo que de manera cívica y pacífica decidió sacarlos del poder.

Estamos muy lejos de vivir la normalidad que nos quieren imponer, la violencia es un recurso volátil y peligroso que no puede sustituir la legitimidad que dan los resultados de unas elecciones donde la mayoría de los venezolanos decidió sacarlos del poder. El pueblo está del lado de la legalidad y la Constitución y será desde este espacio donde se seguirá luchando para concretar el cambio pacífico y democrático que queremos la mayoría de los venezolanos.  

El informe presentado por el panel de expertos de la ONU nos recuerda la importancia que tiene el registro, sistematización, difusión y denuncia de la violación de derechos humanos en nuestro país, con un esfuerzo como este se podrá llevar ante la justicia a quienes pretenden convertir al pueblo venezolano en rehenes de su ambición.

Las democracias del mundo, los organismos multilaterales, los medios de comunicación, periodistas y activistas de DD. HH. han sido actores importantes en este proceso de regresar a Venezuela a la democracia y a ellos debemos todo nuestro agradecimiento y compromiso de trabajo en los complejos momentos que tenemos por delante, un camino difícil en el que debemos seguir trabajando juntos.

Los ciudadanos, en nuestras comunidades, tenemos el reto de hacer valer la decisión soberana expresada el 28 de julio, así como documentar y denunciar las violaciones a los DD. HH. Gracias a este esfuerzo las distintas instancias internacionales pueden contar con información comprobada que les permita trabajar en el rescate de la democracia y el respeto a las garantías establecidas constitucionalmente.

Roberto Patiño es fundador de Alimenta la Solidaridad y Mi Convive | rpatino.com

Varias ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos, tienen habilitados números telefónicos para que quienes se sientan vulnerados en sus derechos puedan denunciar. Además, podrán recibir asesoría psicológica y jurídica.

  • Cofavic tiene dos líneas de comunicación por Whatsapp para atención psicojurídica: 0424-1947373 y 0424-2708638l
  • PROVEA recibe denuncias por contacto@provea.org Tlf 0424.176.9441
  • Foro Penal presta atención a personas detenidas. Para hacer las denuncias comunicarse por 0412-556-8211, 0412-556-8212 o escribir a info@foropenal.com
  • Observatorio Venezolano de la Violencia recibe denuncias por este correo electrónico ovvcontacto@gmail.com
  • Espacio Público recibe denuncias a violaciones a la libertad de expresión al 0424-1127622
  • Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+ correo:  denuncias@nomasdiscriminacion.org
  • Amnistía Internacional: 0212-7931318, seguridadciudadana@aiven.org
  • Centro de Justicia y Paz (Cepaz) comunicaciones@cepaz.org
  • CECODAP. Para atención psicológica para niños, niñas, adolescentes y sus representantes 0424-2842359; 0414-2691229
  • PsicoLínea UCAB. Primeros auxilios psicológicos.  0414-121.7882 y 0424-172.3981.

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El sagrado derecho de asilo

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Entrar a una sede diplomática e incurrir en actos de coacción es un agravio sin precedentes en las relaciones internacionales. Ni Pinochet [1973] intentó entrar en la Embajada de Venezuela

@ovierablanco

El reciente episodio en la Embajada de España en Caracas es un acto que pone en peligro la dignidad de las misiones diplomáticas y la integridad del derecho de asilo. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que “los privilegios e inmunidades diplomáticos contribuirá al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social”.

Afirmando que las normas del derecho internacional consuetudinario han de continuar rigiendo las cuestiones que no hayan sido expresamente reguladas en las disposiciones de la presente Convención, unos de los postulados esenciales de derecho internacional es el principio de la buena fe según el cual los Estados deben cumplir la normativa internacional y la legalidad de acreditantes y receptores. Otro principio es el de la responsabilidad y protección de los DD. HH. como norma cúspide del derecho internacional, más el principio de opino juris o la creencia que los Estados deben actuar conforme a una obligación legal, no atentando contra la tranquilidad, intrusión o daño de la misión diplomática.

Entrar a una sede diplomática e incurrir en actos de coacción es un agravio sin precedentes en las relaciones internacionales. Ni Pinochet [1973] intentó entrar en la embajada de Venezuela a través de sus carabineros, generalotes o ministros para condicionar la salida de los asilados en la embajada venezolana en tiempos de represión. Tampoco la transición política de dictadura a democracia impidió el refugio a Juan Domingo Perón en la Embajada de República Dominicana en Caracas tras la caída de Pérez Jiménez.

Son muchos los ejemplos donde el asilo ha sido cuidadosamente respetado. Notorios los casos de Manuel Zelaya, quien se asiló en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa [2009]; de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA en Perú, quién pidió asilo en la embajada Colombia en Lima [1949]; o Héctor Cámpora, quien tras el golpe militar de1976 se asiló en la Embajada de México en BBAA. Nadie fue con “papelitos” a esas sedes para condicionar el salvoconducto.

Esa carta…

Establece la Convención de Viena en su artículo tercero: 1. Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en: a. Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; b. Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; c. Negociar con el gobierno del Estado receptor; d. enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante; e. fomentar las relaciones amistosas […] entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Vamos por partes:

  1. La representación del Estado Acreditante [España] en el Estado Receptor [Venezuela] debe ser de buena fe y responsable, respetando el principio de legalidad, es decir, actuando conforme al orden público internacional y al ordenamiento jurídico interno.
  2. El deber del Estado Acreditante de proteger los intereses de sus representados en el Estado Receptor, es proteger su dignidad como nación y la plena legalidad de sus actos. Aceptar la firma de testimonios bajo sospecha de conducta intimidatoria no es digno.
  3. Negociar significa hacerlo sin atemorizar o recurrir a condicionamientos inapropiados.
  4. Enterarse por medios lícitos sobre acontecimientos del Estado Acreditante, es informar lo que ocurre e involucrarse en dichos acontecimientos de manera lícita y
  5. Desarrollar relaciones amistosas exige no quebrantar dichos vínculos permitiendo conductas hostiles.

Una carta firmada en condiciones contrarias a la legalidad de la nación acreditante o receptora, a los principios del derecho internacional público, el derecho de asilo y el derecho consuetudinario, es una carta ilegal e impropia, que carece de toda validez, y además hace de la visita un precedente infausto del que se conoce poco o nada.

Lo que es bueno para el pavo…

Este es un punto muy polémico. ¿La carta de renuncia que firmó Chávez en su momento [2002] podría considerarse válida? ¿Firmó bajo coacción? Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Es decir, tratar de darle validez política a formatos contractuales que puedan significar renuncia, reconocimiento de poder, abandono o dimisión, deben venir acompañados de libre albedrío. Es lo que sucede en la sede de la Embajada de Argentina en Venezuela bajo “custodia” del Gobierno Brasil. Un salvoconducto que no es concedido por el Estado venezolano, caprichosamente.

Si Edmundo González no firmaba esa carta, las consecuencias las sabemos porque las hemos visto. Con una orden de aprehensión en curso, un hombre mayor, frágil de salud (lo que poco le importa a su victimario); amenazas y hostigamiento desde los poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo o el judicial, la opción no podía ser no firmar.

Por esta razón la carta rubricada por Edmundo no le ha dado valor ni él ni todo el mundo. Así, la reacción de España fue votar el reconocimiento de González Urrutia como presidente electo de los venezolanos. Ni sensatez, ni el derecho o la verdad conceden espacio, cuando el pánico se usa como herramienta de quiebre o el asedio [Embajada de Argentina en Caracas] como mensaje de terror. Un precedente inédito del derecho de asilo como carta de aseguramiento de poder y canje. Pero ahí están las respuestas del Parlamento Europeo, de EE. UU. y otros foros latinoamericanos.

España y Zapatero. Una relación peligrosa

España debe evaluar si [le] sigue haciendo caso al señor Zapatero, quien, por cierto, sabe muy bien lanzar la piedra y esconder la mano. Es público y notorio que el expresidente del gobierno español tiene intereses en Venezuela, por lo que, volviendo a la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, los “buenos oficios” de este agente, lo son solo para él, los suyos y sus aliados de Caracas, y no para los españoles o los venezolanos. Rodríguez Zapatero induce a error y actos de mala fe violentando el orden público internacional y la propia legalidad española y venezolana. Tampoco le acredita un buen “rendimiento político” a Sánchez. Por el contrario: lo enreda, lo escandaliza, lo complica.

Todo un cotillón de “rescates y heroicidades” retóricas para que el Congreso de diputados vote a González Urrutia como presidente electo, a contra vía de la bancada del PSOE, lo cual le atiza un revés político a Sánchez. Un mar de contradicciones que lo llevan a abrir la puerta de los jardines de la Moncloa para recibir y abrazarse con Edmundo, trajeados de agenda presidencial.

En España aún queda una reserva institucional, democrática y de derecho que se resiste a una izquierda embriagada de populismo, ajena a las buenas costumbres locales e internacionales. “Negociar la paz y la libertad es bueno, siempre y cuando se negocie de buena fe, pleno consentimiento y buenas prácticas diplomáticas. El derecho de asilo no se negocia. Se otorga.

Asilo y caballo de Troya. No es vacilar, es asilar

La institución del asilo es un derecho que nace y ha existido desde la antigüedad, teniendo sus orígenes en las primeras civilizaciones y religiones. Su evolución como derecho internacional ha sido gradual, naciendo principalmente como una protección ofrecida por Estados a quienes huyen de persecución.

En civilizaciones antiguas, como la mesopotámica, egipcia y griega, existía la noción de lugares sagrados como templos, donde los individuos podían buscar refugio. En la antigua Grecia, las personas perseguidas podían obtener protección en los altares de los dioses. Estas nociones de inmunidad y lugar sagrado han venido siendo recogidas por el derecho consuetudinario. En la antigua Roma existían también espacios designados donde los esclavos y perseguidos podían obtener refugio. Estos lugares estaban relacionados con la religión, protegidos por las deidades.

En la Edad Media, la Iglesia católica desempeñó un papel importante en la consolidación del concepto de asilo. Los templos y monasterios eran lugares donde se podía buscar refugio. La ley eclesiástica permitía ofrecer protección a aquellos que huían de la justicia secular, fueran criminales o perseguidos políticos. Este asilo eclesiástico proporcionaba un espacio donde las personas podían evitar la persecución, siempre que estuvieran bajo la protección de la Iglesia, y a menudo se negociaba su liberación o exilio.

Con la consolidación de los Estados-Nación y el fortalecimiento de la soberanía estatal, el concepto de asilo comenzó a trasladarse de lo religioso a lo político. El asilo se convirtió en una prerrogativa de los Estados, que comenzaron a ofrecer refugio a exiliados políticos y perseguidos que escapaban de gobiernos opresivos. Durante el siglo XVII y XVIII en Europa, especialmente tras las guerras religiosas y la Revolución francesa, el asilo empezó a tener una dimensión más política. En el siglo XIX, el asilo político se consolidó como una institución internacional, especialmente en América Latina, donde varios países adoptaron el derecho de asilo diplomático.

El asilo se convirtió en un derecho codificado a nivel internacional tras las grandes guerras del siglo XX, cuando los flujos de refugiados aumentaron considerablemente. Tras la II Guerra Mundial, en 1951, se adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, estableciendo una definición legal para los refugiados y formalizando el derecho al asilo. Este fue un avance crucial, ya que permitió la protección de quienes huían de la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas.

Nacimiento del asilo como derecho

El asilo como derecho internacional nació formalmente con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, que codificaron el derecho de asilo en el marco de la ONU. La Declaración Universal de los DD. HH. de 1948, en su artículo 14, también reconoce el derecho de toda persona a buscar asilo en caso de persecución. Desde entonces el asilo se ha consagrado como un derecho internacional de carácter humanitario, un derecho que conserva su condición originaria, un derecho sagrado, humanitario, gentil, con un enfoque sensible en la protección de los DD. HH. Un derecho que resiste amenazas, condicionamientos y ataduras ideológicas.

Aunque los Estados mantienen la soberanía para decidir sobre la concesión del asilo, el principio de non-refoulement (no devolución), incluido en la Convención de 1951, prohíbe devolver a una persona a un país donde su vida o libertad esté en peligro.

Todo este andamiaje histórico, institucional, humanitario y normativo, no puede ser vulnerado ni agredido por “negociaciones” que atentan contra la inmaculada institución del asilo. No es vacilar, es asilar, nos alerta el embajador Milos Alkalay. No es entrar como caballo de Troya y sorprender con documentos, grabaciones y fotografías fuera de orden. El asilo es un derecho sagrado del orden público internacional, que ha servido incluso a dictadores, cuando ellos lo han solicitado. Porque así es la vida. El mundo sigue rodando: no saben ellos mismos [dictadores y camaradas] cuando tendrán que pedirlo, sin condiciones, sin chantajes ni vacilación.

vierablanco@gmail.com

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