Desde el 2019, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas (ONU), investiga y documenta violaciones de los derechos humanos en Venezuela. En su más reciente informe, hecho público este 15 de octubre,  analizan el panorama desde septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024. 

El informe “documenta múltiples y crecientes violaciones y crímenes cometidos por el gobierno venezolano, las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados progubernamentales antes, durante y después de las controvertidas elecciones presidenciales de julio”, se lee en la nota de prensa. 

Las violaciones observadas por la misión en el contexto de las presidenciales del 28 de julio incluyen detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas de corta duración y violencia sexual.

“Todas estas acciones forman parte de un plan coordinado para silenciar a las voces opositoras”, de acuerdo a lo citado en el documento. 

A continuación, un resumen de las violaciones a DDHH registradas por la Misión de la ONU antes, durante y después de los comicios del 28 de julio.

Antes de las elecciones: Un pacto que se rompió y arrestos 

Antes de los comicios presidenciales del 2024, la Plataforma Unitaria y la administración de Nicolás Maduro se reunieron en Bárbards para el “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos” y en este encuentro, pactaron la promoción de un “clima favorable” para las elecciones. 

Sin embargo, después de la celebración de las elecciones primarias, el 22 de octubre de 2023, el panorama cambió y el pacto quedó en segundo plano. Resalta el informe que María Corina Machado fue la ganadora de la contienda, con 92 % de los votos,  pero pese a eso no pudo competir en los comicios, ya que en enero de 2024 fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. 

“Los resultados de la elección primaria fueron suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia y algunos de sus organizadores fueron citados a declarar en el marco de una investigación penal”, documentó la misión. 

De acuerdo a lo observado, las violaciones de los derechos humanos iniciaron meses previos a las elecciones presidenciales. Detenciones arbitrarias de dirigentes políticos y de quienes prestaban algún tipo de servicio a la campaña fueron la norma. 

“Durante el período previo a las elecciones, la misión investigó 42 casos de detenciones arbitrarias y registró numerosos actos de hostigamiento, represalias y ataques contra los actos de campaña de la oposición. En el marco de la campaña electoral, las autoridades detuvieron y sancionaron a decenas de personas que participaron, prestaron apoyo logístico o publicitaron en las redes sociales los actos de la Mesa de la Unidad Democrática”, afirman. 

Durante las elecciones: Dudas, detenciones y muertes 

En la noche del 28 de julio, Nicolás Maduro fue declarado presidente de Venezuela con el 51 % de los votos frente a 44 % obtenido por Edmundo González Urrutia, esto con el 80 % de los votos escrutados, de acuerdo con el primer boletín del Consejo Nacional Electoral. Estos resultados se anunciaron sin mostrar las actas, como lo exige la legislación venezolana. 

Los resultados electorales han sido criticados y catalogados como “no democráticos”. La Misión destaca que el Centro Carter afirmó que la elección “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática.

Además, un Panel de Expertos de Naciones Unidas señaló que “el proceso de gestión de resultados por parte del CNE (Consejo Nacional Electoral) no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la celebración de elecciones creíbles”, se lee en la publicación. 

El malestar por un resultado electoral incompleto y poco confiable derivó en 915 protestas entre el 29 de julio y el 30, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Durante esos dos días, se registró una intensa represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado y grupos armados civiles. La represión provocó la muerte de 25 personas, como documentó el Monitor de Víctimas de RunRunes y citó el documento. 

“La represión de las protestas fue instigada por las altas esferas civiles y militares del Estado, incluyendo el Presidente Maduro, a través de declaraciones públicas de carácter amenazante. Las autoridades pusieron en marcha la ‘operación Tun Tun’ para detener en sus viviendas a personas que habían participado en las protestas o que habían expresado opiniones críticas contra el Gobierno”, advierten. 

Después de las elecciones: Torturas, abusos sexuales y menores sin protección procesal

En días posteriores, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó los datos por el Consejo Nacional Electoral (CNE),  certificó “de manera inobjetable el material electoral peritado” y convalidó “categóricamente” los resultados. 

“El fiscal general inició de oficio una investigación sobre la publicación en internet de las actas de escrutinio por parte de la oposición por los delitos de “usurpación de funciones”, “asociación para delinquir” y “conspiración”, entre otros”, recoge el documento.

En cuanto a las víctimas registradas, eran de género masculino, y el 68 por ciento (17) tenía menos de 30 años. “De ellos, 10 eran jóvenes, es decir, de 24 años o menos. Dos de las víctimas eran niños, uno de 15 y otro de 17 años”, afirman. 

Las detenciones arbitrarias aumentaron en contexto poselectoral, advirtió la Misión de la ONU: “El número de detenciones arbitrarias identificadas por la misión durante el período que cubre el informe fue significativamente superior al de años anteriores, siendo el mayor número registrado desde la crisis de 2019”. 

El documento indica que las autoridades arrestaron, sin ninguna orden, a personas identificadas como opositoras: “De las detenciones ocurridas antes de las elecciones, la misión tiene motivos razonables para creer que las autoridades llevaron a cabo al menos 39 detenciones arbitrarias (32 hombres y 7 mujeres) de personas opositoras o percibidas como tales”. 

Además, las detenciones estuvieron marcadas por graves signos de violaciones al debido proceso. Se pasó por alto la presunción de inocencia y el derecho a una defensa privada. 

“En la gran mayoría de los casos investigados, las detenciones estuvieron acompañadas o seguidas de graves y sistemáticas violaciones del debido proceso”, se lee. 

En el documento también hacen mención de los dirigentes opositores, cercanos a María Corina Machado, que fueron apresados en ese periodo: “Se dictaron órdenes de aprehensión contra otras seis personas, todas ellas colaboradoras cercanas de Machado, que recibieron asilo en la residencia del Embajador de Argentina en Caracas y, posteriormente, quedaron bajo la protección de la embajada de Brasil”.

Después de las elecciones, se observó, de acuerdo al informe, que las autoridades pusieron en marcha detenciones masivas e indiscriminadas. “Las detenciones selectivas de actores de la oposición y de la sociedad civil. El número de detenciones reportadas por las propias autoridades llegó a niveles solo comparables con las protestas de 2014, 2017 y 2019”. 

El número de los detenidos varió, según las fuentes oficiales. El 31 de julio, Tarek William Saab dijo que eran 1.062. Una semana más tarde, Maduro se refirió a los detenidos como “terroristas” e indicó que eran 2.229 personas tras las rejas. 

Sin embargo, el Foro Penal llevó a cabo un registro y afirmó que, entre el 29 al 31 de agosto, el número llegó a 1.619 (1.397 hombres y 222 mujeres). 

“En la mayoría de los casos, las detenciones se llevaron a cabo sin una orden judicial, pese a no existir flagrancia, y/o sin informar del motivo de la detención. Con frecuencia, las autoridades no respetaron el plazo de 48 horas estipulado en el artículo 44 de la Constitución para presentar a las personas detenidas ante un tribunal de control”, informa la misión. 

Los expertos alertaron de las celebraciones de audiencias de presentación -en horas de la noche y en dependencias no judiciales como cárceles u otros centros de detención. 

“El 30 de julio, el fiscal general anunció en su cuenta oficial de X que todas las personas detenidas serían imputadas, entre otros, por ‘instigación al odio’ y ‘terrorismo’. La declaración del Fiscal General de los delitos a imputar se hizo sin haber individualizado la responsabilidad por las conductas alegadas”, advirtieron. 

En un apartado, indican que las niñas y niños detenidos, tras las protestas, no contaron con protecciones procesales, así como exige la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y las normas y estándares internacionales. 

La Misión además documentó los diferentes mecanismos de tortura que se ejercen contra los detenidos: “La misión continuó recibiendo alegaciones de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas opositoras o percibidas como tales cuando se encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad en prisiones y otros centros de detención. La misión pudo acreditar con motivos razonables para creer que, al menos en siete casos, las autoridades cometieron actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 

Denuncian los métodos utilizados, los cuales destacan: “Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos; golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, incluidos en los genitales. Otros métodos registrados fueron la asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día. Estos métodos coinciden con los métodos de tortura utilizados por la Policía Nacional Bolivariana y por los servicios de inteligencia documentados en informes previos de la misión”. 

Otras irregularidades documentadas son las condiciones de los detenidos: “Los condiciones de detención constituyeron actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. 

“La misión concluyó, con motivos razonables para creer, que se produjeron actos de violencia sexual y de género en tres casos antes del 28 de julio de 2024 y en otros cuatro casos después de esta fecha. También recibió y analizó información creíble sobre otros 15 casos de violencia sexual y de género”, subrayan. 

Entre los actos de violencia sexual y basada en género identificaron como víctimas a seis mujeres, tres niñas y tres hombres. Los actos de violencia incluyeron “amenazas de violación o de otras formas violencia sexual y reproductiva (incluido un caso en el que se amenazó de producirle un aborto a una adolescente embarazada); manoseo de senos, glúteos y genitales; desnudez forzada delante de custodios y otros detenidos de sexo opuesto”. 

El reporte detallado de la Misión también ahondó en las fuertes restricciones al espacio cívico y democrático.

 “Durante el período que comprende el presente informe se produjeron nuevos hitos en la reducción del espacio cívico y democrático, confirmando la tendencia registrada en el anterior informe de la misión”, denunciaron.

Añadieron que la libertad de expresión “se vio limitada gravemente por los ataques y persecución judicial contra periodistas, creadores de contenidos para redes sociales o personas anónimas que simplemente compartían opiniones críticas hacia el Gobierno en sus redes sociales”.

La Misión reseñó la detención de al menos 16 periodistas y comunicadores sociales durante este período, “la mayoría (10) tras las elecciones del 28 de julio de 2024”, señalan. 

En cuanto a las muertes por crímenes de lesa humanidad, la misión determinó que sigue el patrón de los informes anteriores y que hay razones para creer que -la mayoría- fueron perpetradas por agentes del Estado. 

Después de las elecciones: Conclusiones y recomendaciones 

La Misión fue enfática en afirmar que  algunas de las violaciones documentadas durante el marco temporal de su mandato, que se enmarcan en los parámetros arriba descritos, “incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, así como otras violaciones conexas, consideradas en su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos”. 

En ese sentido, recomiendan investigar, acabar con las prácticas de detenciones arbitrarias y poner en libertad a las personas detenidas. 

“Actuar de inmediato ante las denuncias de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y proceder a una revisión de todos los casos documentados en este informe y en informes anteriores de la misión, con el fin de investigar adecuadamente dichas denuncias y garantizar que los supervivientes tengan acceso a una reparación integral”, exigieron también.