Venezuela ocupa el puesto 165, el último, en el ranking de libertades económicas del mundo, según el Índice de Libertad Económica 2024 elaborado por el Fraser Institute de Canadá, en alianza con el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, Cedice Libertad.
Cada año, este estudio evalúa a 165 países a partir de cinco componentes asociados a la libertad económica como lo son moneda sana; tamaño del gobierno; sistema legal y derechos de propiedad; libertad de comercio internacional y regulaciones crediticias, laborales y de negocios.
Según el estudio, Venezuela obtuvo una puntuación de 3.02/10, siendo la libertad de comercio internacional la variable en la que resultó mejor evaluada (5.03/10) y la moneda sana el aspecto que más desafíos presenta para la liberad económica (0.74/10).
En el ranking, Venezuela es superada por países como Zimbabue, Sudan, Siria, Myanmar, Guyana, Pakistan, Nigeria, Haití y Mozambique. Cabe señalar que en esta lista, Argentina ocupa el puesto 159 de la lista.
Consideran indispensable “desplazar el populismo”
Otro aspecto importante que refleja el informe es que Venezuela ha estado en el rango “least free” o menos libres, desde el año 2002.
Matthew Mitchell, investigador principal del Instituto Fraser y colaborador del informe, indicó que después de décadas de aumentos lentos pero constantes, la libertad económica mundial alcanzó su punto máximo en 2019, pero ha disminuido en cada uno de los tres años transcurridos desde entonces.
Según Fraser Institute de Canadá, una de las recomendaciones que aplican para toda Latinoamérica, es que “es indispensable reemplazar el populismo de soluciones a corto plazo por la existencia de reglas de juego claras e instituciones económicas y políticas sólidas”.
Fe y Alegría, el movimiento educativo popular con 70 años de trayectoria en Venezuela, ha puesto en marcha una campaña nacional e internacional para recaudar fondos y así otorgar becas a niños, niñas y adolescentes que asisten a sus 176 centros educativos y se encuentran en situaciones socioeconómicas vulnerables.
La organización invita cordialmente a la ciudadanía a sumarse a esta noble causa y realizar una donación a través de su página web www.feyalegria.org/venezuela.
Gerardo Lombardi, subdirector general de Fe y Alegría Venezuela, explicó que, mediante el apoyo recibido a través de la campaña “Beca un Estudiante”, las familias podrán asegurar que sus hijos continúen sus estudios.
Asimismo, se podrán cubrir parte de los gastos operativos de los centros educativos, garantizando así una educación de calidad y ofreciendo incentivos a los docentes para que permanezcan en las aulas.
“Nuestro desafío es claro: necesitamos el apoyo de la comunidad para que cada niño y joven en riesgo tenga la oportunidad de continuar sus estudios y desarrollarse”, agregó Lombardi.
Por su parte, la profesora Noelbis Aguilar, directora del programa Fe y Alegría Escuelas, afirmó que el objetivo es continuar formando personas, ciudadanos y cristianos más completos.
“Nuestra principal meta para el próximo año escolar es otorgar becas a 10.000 estudiantes, brindándoles así la oportunidad de continuar sus estudios, a pesar de sus limitaciones económicas”, aseguró.
Aguilar señaló que cada contribución es invaluable: “Se espera que las personas consideren realizar un aporte de $30 al mes, lo que equivale a $360 al año para cada estudiante, lo que representa una gran oportunidad para la solidaridad”.
Con la iniciativa “Beca un Estudiante”, Fe y Alegría reafirma su firme compromiso con la educación como un derecho fundamental y una poderosa herramienta que transforma vidas, para lo cual se compromete con la búsqueda de recursos para construir un futuro más prometedor para las nuevas generaciones.
“Ahora es cuando Venezuela necesita de Fe y Alegría porque creemos en la educación y en este país”, concluyó Lombardi.
La Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), iniciativa de la ONG Médicos por la Salud, alertó que el tiempo de espera para una cirugía de cáncer de mama en hospitales públicos supera los tres meses.
De acuerdo con el reciente reporte de la ENH, “la falta de insumos quirúrgicos y la poca cantidad de quirófanos ha provocado que los hospitales en Venezuela hayan disminuido la cantidad de cirugías electivas o programadas que se realizan”.
La ONG especifica que las cirugías electivas son todas aquellas que no corresponden a emergencias. En su monitoreo, miden los tiempos de intervenciones quirúrgicas del cáncer de mama, de próstata, histerectomías o cirugías de vesícula.
Para el mes de agosto 2024, el monitoreo de la Encuesta Nacional de Hospitales registró que se realizan, en promedio, 37 cirugías electivas a la semana en los hospitales monitoreados.
“De estos resultados llama la atención que las cuatro cirugías, la mayoría de los hospitales registraron que tienen tiempos de espera de más de tres meses, siendo las histerectomías las que mayores reportes de espera de más de un año tienen”, señala el reporte.
Para la organización es llamativo la cantidad de hospitales que reportaron que no se están realizando cirugías de cáncer de mama. “Esto resulta particularmente importante, porque al igual que el resto de las cirugías asociadas al cáncer, juegan un papel fundamental en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad”.
Según especialistas, las cirugías para cáncer de mama, por ejemplo, no deberían retrasarse más de 8 semanas desde el diagnóstico de la paciente. Además, según la ONG, actualmente el 33 % de los hospitales monitoreados reportan espera de más de tres meses.
Cáncer de mama y de cuello uterino reducen la esperanza de vida de las venezolanas
Según un estudio de pronóstico de muertes por cáncer en la mujer venezolana por grupos de edad de 2024, que elaboró la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, aquellas que mueren por cáncer de mama tienen edades entre los 55 y 64 años, mientras que las muertes por cáncer de cuello uterino ocurren en mujeres con edades comprendidas entre 45 y 54 años.
Además del cáncer de mama y de cuello uterino, el cáncer de ovario también se está presentando entre los 45 y 54 años, con muertes entre los 55 y 64 años. Los de colon-recto y colon aparecen entre los 55 y 64 años y las muertes ocurren cerca de los 75 años.
Se calcula que en Venezuela todos los días aproximadamente 10 mujeres mueren por cáncer de mama, y que también a diario 25 de ellas son diagnosticadas con esta enfermedad.
“Los errores son de mi entera responsabilidad, el éxito es suyo”, dijo el general Gustavo González López durante la transmisión de mando de la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a Nicolás Maduro este martes 15 de octubre.
González López fue removido del Sebin por el propio Maduro, quien en su lugar nombró a Alexis Rodríguez Cabello, primo del ministro de Interior y Justicia y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv),Diosdado Cabello.
González López aterrizó en el Sebin por segunda ocasión en abril de 2019. Previamente, había ejercido en el mismo cargo en 2014. Su nombramiento se dio luego de los asesinatos de estudiantes en protestas antigubernamentales en febrero de ese año.
González López proviene de la promoción de 1982 de la Academia Militar, y entre sus compañeros, destaca el exgobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
Su periplo por el gobierno chavista comenzó en 2003, cuando fue designado director general de la oficina de planificación y de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Infraestructura que en ese entonces era dirigido por Diosdado Cabello.
En julio de 2006 fue nombrado presidente del Metro de Caracas y en 2008, el fallecido presidente Hugo Chávez lo envió a Ciudad Bolívar para que se encargase del Comando 5to de la División de Infantería de la Selva.
Posteriormente, en julio de 2011, fue nombrado comandante general de la Milicia Bolivariana y también se desempeñó como secretario de la Unidad de Seguridad e Inteligencia del Sistema Eléctrico.
Además de ser colocado al frente del Sebin en 2014, González López también fue presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección a la Patria.
González sancionado desde 2014
Luego de las protestas de 2014, donde murieron 44 personas según cifras recabadas por Runrun.es, González López fue sancionado junto a otros seis funcionarios por el gobierno estadounidense del entonces presidente, Barack Obama por presuntos abusos contra los derechos humanos.
Junto a González López fueron sancionados Antonio José Benavides Torres, Justo Noguera Pietri, Katherine Haringhton, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Bernal Martínez y Miguel Alcides Vivas Landino.
Como respuesta a la sanción impuesta por Obama, Maduro lo nombró ministro de Interior y Justicia en 2015.
“He decidido nombrar al mayor general González López ministro de Interior y Justicia y Paz para que vaya con su condecoración del imperio estadounidense a garantizar la paz del país, la seguridad ciudadana y nacional”, dijo Maduro.
González López también fue blanco de sanciones por parte del gobierno canadiense en vista de la ruptura del orden constitucional a propósito de las elecciones de la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente en 2017.
Señalado de ser responsable de detenciones arbitrarias, torturas y represión contra la sociedad civil fue igualmente sancionado por el gobierno de Suiza en marzo de 2018.
Un par de días después de recibir la noticia proveniente de Europa, el gobierno de Panamá lo sancionó por considerarlo de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y armas de destrucción masiva.
González López no podía faltar en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, el cual señala al Sebin, a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como artífices de violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, tratos crueles y degradantes.
“Las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”, expresa el documento
“Dala gracias”
Iván Hernández Dala también dejó la jefatura de la Dgcim después de una década en el marco de los ajustes que hizo Maduro en los altos cargos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Hernández Dala fue nombrado al frente de ese cuerpo de “seguridad” en enero de 2014 en reemplazo de Hugo “El Pollo” Carvajal, extraditado a Estados Unidos y acusado de cargos de narcotráfico.
Luego de diez años al mando de la Dgcim, Hernández Dala cede su puesto al general Javier Marcano Tábata, quien al igual que este ocupará también el cargo de comandante de la Guardia de Honor Presidencial.
Hernández Dala igualmente se desempeñaba como jefe de la Casa Militar desde septiembre de 2015.
Las sanciones comenzaron a caerle encima a Hernández Dala desde junio de 2018, cuando la Unión Europea le prohibió viajar a ese territorio y activo congelación de bienes.
En febrero de 2019, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac por sus siglas en inglés) le impuso sanciones junto a otros cuatro funcionarios del gobierno de Maduro (Manuel Quevedo de Pdvsa, Rafael Bastardo de las desaparecidas Faes, Manuel Christopher Figuera e Hildemaro Rodríguez Mucura del Sebin).
“Estamos sancionando a funcionarios a cargo del aparato de seguridad e inteligencia de Maduro, que han violado sistemáticamente los derechos humanos y han suprimido la democracia, incluso mediante la tortura y otros usos brutales de la fuerza”, dijo entonces el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.
En abril de 2019, Hernández Dala y otros 42 funcionarios del régimen madurista recibieron sanciones de parte del gobierno de Canadá.
“Están siendo sancionados porque se encuentran directamente implicados en actividades que socavan las instituciones democráticas”, dijo Chrystia Freeland, ministra de relaciones exteriores canadiense.
En agosto de ese año le fue revocada, junto a su esposa, la visa americana por “participar en violaciones graves a los derechos humanos” y fue sancionado por el gobierno suizo junto a otros 18 funcionarios “por violar los DDHH y socavar el estado de derecho y las instituciones democráticas”.
Y en el más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU se denunció que las fuerzas de seguridad de Venezuela estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes y se señala directamente como responsables al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que dirigía Dala Hernández y a la Guardia Nacional Bolivariana.
Otros que quedaron como la guayabera
Además de González López y Hernández Dala, Maduro salió de otros incondicionales en la FANB.
José Antonio Murga Baptista dejó el comando general del Ejército, a pesar de sus insistentes llamados para que retiraran no solo las sanciones al gobierno de Maduro, sino a al de Nicaragua. Su puesto lo ocupará el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez,
Murga Baptista había llegado en julio de 2023 a la Comandancia General del Ejército en sustitución de Félix Osorio. Antes, fue comandante estratégico del REDI Región Central. El oriundo de Táchira fue el segundo peor posicionado en su promoción 1991 “General de Brigada Daniel Florencio O’Leary”. Ocupó el puesto 189 por orden de mérito.
Asimismo, Santiago Alejando Infante Itriago fue removido de la comandancia de la Aviación, cargo que desempeñaba desde julio de 2022, en función de abrir espacio para el mayor general Lenin Lorenzo Ramírez Villasmil.
Infante Itriago quedó por fuera pese a su defensa pública del controversial resultado electoral en el que se declaró a Maduro ganador. Cabe recordar que en los días posteriores a las elecciones grabó y difundió un video en la Base Aérea Libertador en donde ratificaba que la Aviación era leal a la Constitución “y a nuestro presidente, Nicolás Maduro”.
Otro que salió de la foto fue el almirante Neil Jesús Villamizar Sánchez, removido de la Comandancia General de la Armada para darle cabida a Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez, aunque en los mensajes publicados en la red social X en la cuenta de dicho componente del Ejército siempre “firmaba la lista” y mencionaba a Maduro. También, después de las presidenciales, retuiteaba cada post de la cuenta presidencial en los que se denunciaba un “complot internacional” contra la paz en Venezuela, así como aquellos en donde mandatarios afines a Maduro lo felicitaban por su “triunfo” el 28 de julio.
Parece que quienes creen conocer más a profundidad la crisis política de Venezuela son todos, menos los venezolanos, o eso es lo que dejan ver algunos extranjeros que aplican el “venezuelasplaining”.
Este término surge al combinar las palabras “Venezuela” y “explaining”. Fue acuñado en redes sociales para describir el fenómeno de aquellas personas que, sin vivir en Venezuela, pretenden explicar con burla o condescendencia lo que ocurre en el país, ignorando lo que dicen y viven quienes residen en esta ribera del Arauca vibrador.
Y como otros “explaining”, molesta mucho. Si no, pregúntele a una mujer, que no tiene que ser feminista, lo que ocurre cuando un hombre trata de explicarle cosas como la menstruación o la menopausia.
En el caso de Venezuela, los que suelen aplicar esta práctica son por lo general movimientos izquierdistas de Estados Unidos y, en segundo lugar, miembros de partidos españoles, como Podemos. Hay mucho de propaganda y también un toque de supremacismo de alguien que cree que, por venir del primer mundo, tiene una capacidad de comprensión mucho mayor que el resto.
Cuando se trata de contenidos publicados en redes sociales, estos pueden generar aversión por parte de aquellos que consideran que sí hay una crisis y se genera una bola de nieve que lleva a la viralización en redes sociales. Esto causa que esos contenidos se conviertan en tendencia y se aumente el impacto en Internet de las cuentas y personas que los publican, a pesar de que sea por reacciones en contra. Así aprovechan el rechazo para hacerse más virales.
Cero crisis
Una forma de entender esta práctica es trasladarse al 2019, cuando desde los eventos del 30 de abril hasta el 16 de mayo, la embajada venezolana en Washington se convirtió en el centro de enfrentamiento entre estadounidenses izquierdistas y la diáspora venezolana. En aquellos días, unos 50 activistas del grupo radical de izquierda Code Pink entraron a la sede diplomática por invitación de Nicolás Maduro.
Durante ese evento, manifestantes venezolanos señalaron la contradicción de que estadounidenses, que no hablaban español y jamás han pisado suelo venezolano, les impidiesen la entrada a la embajada. Los integrantes de Code Pink respondieron deslegitimando a los protestantes al acusarlos de ser “privilegiados y blancos”.
“Aquí estamos, protegiendo la embajada para el líder legítimo y democráticamente electo de Venezuela: Nicolás Maduro”, gritaba en inglés la activista Margaret Flowers. Al final los activistas estadounidenses fueron desalojados.
En febrero del año 2019 se celebró el concierto Venezuela Aid Live en el Puente Internacional Tienditas en Cúcuta, Colombia. Esta era una iniciativa que buscaba recaudar 100 millones de dólares en 60 días como ayuda humanitaria, después de que Juan Guaidó se juramentó como presidente interino. Ese evento fue organizado y promocionado por el empresario británico Richard Branson.
Días antes de celebrarse el concierto, el cantante y fundador de la banda de rock británica Pink Floyd, Roger Waters, desestimó las intenciones de este evento y arremetió contra Branson, afirmando que la convocatoria era un “truco” y que no tenía “nada que ver con ayuda humanitaria”.
Mediante un video publicado en redes sociales, Waters afirmó tener amigos en Caracas y aseguró que le informaban que, en ese momento, no había “guerra civil, ni caos, ni asesinatos, ni una dictadura aparente, ni detenciones masivas de opositores, ni eliminación de la prensa”.
The Red Cross and the UN, unequivocally agree, don’t politicize aid. Leave the Venezuelan people alone to exercise their legal right to self determination. pic.twitter.com/I0yS3u75b6
Pero esa no fue la única vez que Roger Waters se mostró a favor del oficialismo, pues antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el artista llamó a votar por Nicolás Maduro en la contienda electoral.
“La razón por la que les envío este mensaje es para que voten por Maduro en las elecciones del 28 de julio. ¿Por qué? Porque Venezuela les pertenece a ustedes, no a la corporación Chevron, que es con quien (María Corina) Machado quiere hacer el trato para regalar su país”, dijo Waters en su publicación.
El músico también afirmó que la “revolución bolivariana es difícil, pero está siendo exitosa”, al expresar su apoyo a Maduro.
Aunque Waters afirma que la revolución es “exitosa”, eso se puede contrastar con ciertos datos que certifican las dificultades que hay en el país. Por ejemplo, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), en agosto la canasta alimentaria para una familia de cinco miembros tuvo un costo de 539,16 dólares.
Hay que recordar que el salario mínimo en Venezuela sigue siendo de 130 bolívares desde hace más de dos años y a pesar de que se otorga el llamado “bono de guerra económica”, que varía su monto según los beneficiarios, y el de los pensionados es el más bajo, no alcanza para cubrir la canasta básica.
Por otra parte está la gran cantidad de venezolanos que han tenido que huir del país por la crisis económica. Según cifras que recoge la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), más de siete millones de personas han emigrado de Venezuela, de los cuales por lo menos 4,2 millones necesitan apoyo.
¿No hay acciones contra la prensa?
En algunos casos, aquellos que pretenden explicar lo que ocurre dentro del país son figuras públicas y no solo políticos, sino artistas e incluso periodistas. Un ejemplo es Carlos Montero, corresponsal de C5N en Estados Unidos, quien constantemente publica mensajes en redes sociales, algunos en tono satírico, para negar que en Venezuela hay una crisis política o se violen los derechos humanos.
Por ejemplo, el pasado 4 de octubre Montero hizo un comentario irónico luego de que una periodista increpó a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista, sobre la falta de publicación de resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral.
“La dictadura venezolana no deja de sorprenderme. Con total libertad la corresponsal de la pandilla de Miami cuestiona al líder de la AN. Se imaginan si un periodista hubiera cuestionado a un funcionario de la dictadura de Videla”, señaló Montero vía Twitter.
La dictadura venezolana no deja de sorprenderme 😳 Con total libertad la corresponsal de la pandilla de Miami cuestiona al líder de la AN. Se imaginan si un periodista hubiera cuestionado a un funcionario de la dictadura de Videla🇦🇷😱 https://t.co/Oz8yqykTKk
Carlos Montero es periodista y, con ese “chiste”, pretende mostrar a sus seguidores que en Venezuela no existe la censura ni los ataques contra la prensa. Solo en septiembre de 2024, de acuerdo con datos de la ONG Espacio Público, se documentaron 26 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, destacando los actos de censura y de hostigamiento verbal a periodistas, principalmente perpetrados por instituciones y funcionarios del Estado.
Además en el contexto de la represión poselectoral, al menos 18 periodistas fueron detenidos de forma arbitraria, negándoseles el acceso a la defensa privada e irrespetando el debido proceso.
No hay que dejar de lado a las casi 2.000 personas que fueron detenidas arbitrariamente después de las elecciones, incluyendo adolescentes y personas con discapacidad. Algunos de ellos incluso denunciaron ser víctimas de torturas y tratos crueles.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 07/10/2024 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
Hemos registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en #Venezuela, al menos en el Siglo XXI. Seguimos recibiendo y registrando detenidos.
Como un lugar “VIP” describió a El Helicoide el creador de contenido Diego Omar Suárez, conocido en redes sociales como “Michelo”. En su caso no se le puede señalar de soberbia del primer mundo, porque es argentino. El tiktoker, que se hizo famoso actuando como robot en las calles de su país, difundió varios videos de esta cárcel. Lejos de ser un centro de reclusión que cumpla con los estándares internacionales, las víctimas que han sido recluidas allí lo han descrito como el principal “centro de torturas” en Venezuela.
Durante una visita guiada que tuvo Michelo en El Helicoide, describió el edificio como “rebonito”. “Todo es re-nuevo. No veo un centro de tortura, veo un centro para sanar. No hay gente que está siendo, ya saben, ‘tortugada’”, decía el tiktoker cuando le mostraban una comandancia, un restaurante, una cancha de baloncesto, espacios de salud, una barbería y una tienda de uniformes dentro de El Helicoide.
Pero hay hechos que pueden refutar los intentos de Michelo por hacer ver a El Helicoide como un lugar “rebonito”. Y es que, además de las incontables denuncias de presos políticos y sus familiares, existe un documental titulado “Ecos de Libertad”, en el que se recogen testimonios de personas que estuvieron detenidas en ese lugar por motivos políticos.
Este documental fue realizado por el Centro de Estudio de las Sociedades Abiertas Contemporáneas (Cesco, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann Argentina y Atlas Network, y presenta el relato de “durísimas experiencias de vida en la cárcel más brutal de la dictadura chavista”.
Entre los testimonios que recoge este material se encuentra el de Diannet Blanco, educadora de profesión y esposa de Gabriel Blanco, quien también fue preso político. Diannet relató parte de las torturas que sufrió cuando estuvo en El Helicoide. “Entre mujeres y hombres me golpeaban. Más que todos los hombres eran los que me aplicaban la electricidad. Las mujeres me daban cachetadas y me halaban el cabello hacia atrás”.
Del derecho a opinar a la hipocresía política
Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista venezolano, explicó que cualquier persona tiene derecho a emitir opiniones sobre un país aún sin tener suficiente información sobre ello, porque la libertad es así.
“El chiste que tenemos con los tankies y los venezuelansplainers es que se trata de un grupo muy asociado a apoyar dictaduras de izquierda en el mundo y que hace vida en redes tratando de manipular y hacer ruido sobre situaciones como las nuestras, incluso tratando de silenciar, aplastar u ocupar el espacio de las víctimas venezolanas”, señaló en entrevista con Runrun.es.
Aunque acepta que son personas que tienen derecho a opinar, también hay una oportunidad en redes sociales de desmontar esas manipulaciones, identificar los patrones narrativos y ver cuáles son propaganda.
Díaz alertó que al Venezuela ser una “munición en manos de propagandistas que tratan de normalizar las violaciones a los DDHH y apoyar dictaduras con tal de defender su ideología política”, la percepción internacional sobre el país puede cambiar desde la perspectiva internacional con estas opiniones sesgadas.
El ciberactivista explicó que no solo son ciudadanos comunes que entran en discusiones en redes sociales, sino movimientos organizados, coordinados y que obedecen “a maquinarias de propaganda que intentan llenar de ruido las redes”. Algunos de esos hacen propaganda a favor de los perpetradores e incurren en el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad, el blanqueamiento de los abusos de poder, la normalización de la dictadura y la revictimización de quienes han sufrido la represión”.
“Esto escala a otro nivel cuando hay países, ya no personas, sino países, que deciden tener posiciones neutrales, equidistantes, con falsas equivalencias o que directamente apoyan al chavismo por sus vinculaciones económicas o solidaridades ideológicas”, acotó Díaz, quien el pasado 26 de septiembre fue galardonado a en los premios The Albies, de la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés), del actor George y su esposa Amal Clooney. Este galardón se le otorgó por su labor de denunciar la situación de derechos humanos en Venezuela.
Aprovechar los aliados para manipular la información
A juicio de Luis Carlos Díaz, el gobierno de Nicolás Maduro siempre ha aprovechado aliados internacionales con esta práctica para desviar la atención sobre denuncias de violaciones a los DDHH en Venezuela.
Díaz recordó que Maduro tiene aliados en el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas que no son mayoría, pero también tiene “medios de comunicación, financian grupos de apoyo e influencia en distintos países, sostienen lobbies hasta en Estados Unidos, o consiguen aliados dentro del empresariado venezolano, algunos partidos opositores y hasta en organizaciones de la sociedad civil, que se sumen a sus narrativas”.
“Los propagandistas del tema venezolano intentan imponer agendas, tratan de concentrar el foco de atención y si algo no está bajo su control, tratarán de manipular su significado o sus interpretaciones. Por eso, convierten cualquier falla propia en un falso sabotaje, o esconden la corrupción tras la excusa de las sanciones, o pintan el conflicto venezolano como un conflicto entre norte y sur, ricos y pobre, etc. Son simplistas con eso, y así ganan la solidaridad de ciertas izquierdas internacionales”, añadió
Para Díaz, el trabajo de estas personas es “tener interpretaciones paralelas sobre lo que ocurre y tratan de imponerla”, acotando que, en el fondo, “es un desprecio por la gente y su dignidad”.
“Son personas que te dicen cosas aberrantes, como que los venezolanos no están preparados aún para la democracia, o que tienen una tan perfecta y popular que está bajo ataque de las élites mundiales. Ambas mentira. Son personas que niegan que haya presos políticos, y si llegan a reconocerlos, dicen que es porque ‘algo hicieron’”, lamentó.
Aunque estas personas pueden resistirse a la idea de que se reprima a la población, luego dirán que es culpa de la oposición porque es “radical”, “violenta”, de “ultraderecha” o lo que se les ocurra. “Son un manual de falacias discursivas ambulantes, y muchas tienen que ver con sesgos ideológicos, nostalgia por tiempos no vividos o la esperanza vaga de que sí pueda haber un verdadero buen comunismo en un lugar remoto”, concluyó Díaz.
La violencia de género en Venezuela es un problema que persiste a pesar de la existencia de marco legales como la Ley sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. De acuerdo con el Informe Final de Mujeres 2024 realizado por la Red de Mujeres Constructoras de Paz, dos de cada cinco mujeres (40% de las venezolanas) han sufrido algún tipo de violencia de género en el país.
El estudio titulado “Mujeres que resisten: El alto precio de la desigualdad” es el resultado de una encuesta aplicada a 1.281 mujeres de 17 estados del país, en la que lograron determinar que la violencia se expresa en múltiples formas: obstétrica, física, psicológica, institucional y simbólica a causa de la discriminación que enfrentan en su cotidianidad en medio de la crisis que atraviesa el país.
Las cifras del monitoreo, realizado entre junio y julio de 2024, detallan que las mujeres en situación de precariedad y bajos recursos enfrentan mayores desafíos en esta forma de agresión a su integridad, debido a sus situaciones de dependencia, relaciones abusivas y carencia de redes de apoyo.
El informe fue presentado durante una transmisión por streaming este 16 de octubre en la cuenta en X de Runrun.es
A continuación, enumeramos algunos aspectos clave de la investigación sobre cómo afecta la violencia de género a las venezolanas.
Violencia en cifras
La investigación arrojó que 71% de las mujeres encuestadas han sufrido violencia psicológica, y el 41% física.
Sin embargo, la desigualdad socioeconómica agrava esta situación y especificó que 46% de mujeres de sectores vulnerables señaló haber experimentado violencia de género, en comparación con el 36% de aquellas en niveles socioeconómicos más altos.
Para obtener los resultados, los investigadores se basaron en la metodología de la interseccionalidad a través de los factores socioeconómicos, la etnia, edad y el acceso a recursos.
La falta de protección policial, revictimización en procesos judiciales y discriminación en la provisión de servicios públicos constituyen las principales causas de la violencia sexual e institucional, de acuerdo con la encuesta.
El gráfico representa una comparación de víctimas de violencia de género, según su tipo, entre los años 2023 y 2024. Fuente: IPYS y Red de Mujeres Constructoras de Paz.
La pobreza agrava la violencia
La crisis humanitaria y las estructuras patriarcales limitan las oportunidades y ponen en riesgo el bienestar de las mujeres.
Los resultados del estudio muestran que la violencia de género persiste en todos los estratos sociales, pero con diferentes manifestaciones. Sin embargo, aquellas que viven en zonas rurales pueden experimentar formas de violencia aún más complejas debido a la carencia de sistema de protección, menos acceso a redes de apoyo y servicios de justicia.
Por su parte, las víctimas con mayores recursos económicos aseguran tener más acceso a la información y ser conscientes de sus derechos, pero se enfrentan a la discriminación laboral, el acoso sexual en el ámbito profesional o la negligencia médica.
Gráfico que representa la violencia de género según el índice económico de las mujeres. Fuente: IPYS y Red de Mujeres Constructoras de Paz
Cada 33 horas una mujer muere por feminicidio
Entre enero y abril de 2024, las organizaciones que monitorean los feminicidios, afirman que se produjo un promedio de un caso cada 33 horas. En el mismo lapso, se documentó que el 15,5% de las víctimas eran niñas menores de 11 años, mientras que el 13,8% tenía menos de cinco años.
Alertan que la falta de voluntad política e impunidad continúa obstaculizando los esfuerzos realizados por diversas organizaciones que exigen medidas para proteger a las mujeres.
El reporte también incluye que a una de cada tres mujeres le cuesta reconocer situaciones de violencia de género, como por ejemplo: humillaciones, vigilancia constante, amenazas y control económico.
Seguido, advierten que “la creencia internalizada de que las parejas tienen “derecho” a relaciones sexuales forzadas (…) y el miedo de control social, revela la profunda desigualdad que enfrentan las mujeres”.
Otro dato importante es que el 28% de las encuestadas no reconoció que la obligación de tener relaciones sexuales con sus parejas forma parte de la violencia de género.
Desigualdad de género
Los estereotipos y desigualdad de género también figuran como una forma de violencia. En el país, las mujeres suelen identificarse con una doble carga: el rol de “Madre” (48%) y el de “Trabajadora” (45%). En este sentido, combinan sus responsabilidades laborales con las tareas domésticas y de cuidado.
Las encuestadas aseguran que dedican más del doble del tiempo que los hombres a las tareas del hogar.
En América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres dedican un promedio entre 6,3 y 29,5 horas semanales más que los hombres a labores de cuidado no remunerado.
Esta realidad se ve reflejada en Venezuela, donde las mujeres asumen la mayor parte de las tareas domésticas. Destacan que 51% de las mujeres dedican más de seis horas diarias, comparado con solo el 19% de los hombres.
Además, un estudio de ONU Mujeres precisa que la próxima generación de mujeres todavía deberán dedicar en promedio 2,3 horas más por día al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres.
“Ningún país está cerca de lograr la erradicación de la violencia en la pareja, y la proporción de mujeres en cargos directivos en la esfera laboral persistirá por debajo de la paridad incluso después de 2050”, afirma.
Una mirada positiva entre múltiples problemas
En comparación con el año 2023, el estudio observa un aumento de más de cinco (5) puntos en el reconocimiento de la violencia de género en sus diferentes situaciones, excepto en la violencia física donde el incremento fue de dos (2) puntos.
Para la Red de Mujeres Constructoras de Paz, este dato “se convierte en un indicio positivo” del impacto de las iniciativas y campañas de concientización en las comunidades.
Se destaca que más del 70% de las mujeres encuestadas expresaron su desacuerdo con el control económico, celos excesivos y la restricción a la libertad de movimiento.
De acuerdo con el análisis exhaustivo, la respuesta de las mujeres podría implicar “una evolución” en la comprensión de esta problemática, “donde reconocer la complejidad del tema y evitan respuestas simplistas”.
Ante esta problemática, la Red de Mujeres Constructoras de Paz recomienda mejorar la calidad educativa y la participación política de las mujeres a través de programas de educación cívica. Además, aliviar la carga de trabajo no remunerado por medio de políticas de corresponsabilidad como: licencias parentales equitativas y servicios de cuidado infantil accesible.
Para conocer más acciones que promueven la estabilidad y el bienestar de las mujeres, ingresa al video de Youtube 12 Acciones por la Paz: Mujeres constructoras de paz. Aquí.
La Misión de la ONU destacó en el reporte que “25 personas fueron asesinadas por arma de fuego en los recientes hechos de violencia. Cientos de personas más resultaron heridas y miles más fueron detenidas simplemente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión”.
Cabe recordar que recientemente la Misión de la ONU fue renovada por dos años más y reiteraron: “La Misión continuará con las investigaciones ya iniciadas sobre la situación de los derechos humanos antes, durante y después de las elecciones presidenciales de 2024, y sobre la violencia por parte de individuos armados conocidos como “colectivos”, tal como lo solicitó el Consejo de Derechos Humanos”.
Una vez más, el periodismo venezolano desempeñó un papel crucial en la documentación de los hechos que denunció la Misión de la ONU antes, durante y después del 28 de julio y que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, según advirtieron en el informe ampliado publicado este 15 de octubre.
El nuevo informe incluye citas de reconocidos medios de comunicación del país, como RunRun.es, El Pitazo, TalCual, Correo del Caroní, Efecto Cocuyo, Crónica Uno, además de organizaciones como el Observatorio Digital ProBox, Cazadores de Fake News y Foro Penal.
Cabe destacar que la mayoría de los medios mencionados se encuentran bloqueados en CANTV y otros proveedores de Internet, lo que dificulta su acceso a la información. Y a pesar de ese obstáculo, continúan realizando una labor vital para informar a la población en un contexto donde la libertad de expresión parece estar cada vez más amenazada.
Muertes en contexto postelectoral
Monitor de Víctimas, plataforma que combina periodismo de datos, periodismo de investigación y participación ciudadana, fue clave en el registro del número de muertes ocurridas en la represión poselectoral. Las cifras fueron incluidas por la Misión de la ONU en su nuevo informe.
En este trabajo, describen la muerte de Walter Páez Lucena, quien falleció en el Hospital Central “Dr. Antonio María Pineda” de Barquisimeto, estado Lara. Fue baleado en medio de una protesta el 30 de julio.
Dicha manifestación, terminó en la “quema de la sede del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Radio Venceremos”, un medio adepto a la administración de Nicolás Maduro.
Pérez Lucena fue impactado por una escopeta y se desconoce la identidad de su victimario. Monitor de Víctimas determinó que la edad promedio de las personas asesinadas durante las protestas era de 27 años y que la mayoría de género masculino.
“En seis de las 23 muertes registradas no se sabe quién es el homicida. Los militares son los responsables en ocho casos y los colectivos en seis. Hay dos víctimas a manos de policías y una que murió por un tiroteo propiciado por uniformados y colectivos”, indican en el reporte.
El silencio de los indígenas detenidos
Tras los controvertidos resultados electorales, RunRun.es publicó un trabajo sobre la situación de indígenas detenidos sin haber participado en ninguna protesta.
En la nota, se indicaba que entre las víctimas indígenas de estas acciones represivas se encontraban miembros de las comunidades baré, puinave, pemón, jivi, wayúu, baniva, piapoco y yekwana, quienes fueron sometidos a audiencias telemáticas y no se les permitió defenderse en su lengua nativa.
“Un adolescente indígena del pueblo jivi –cuyas comunidades se extienden por los estados Amazonas, Bolívar y Apure– regresaba de pescar en el río Orinoco, a donde había ido a revisar su red, cuando fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas”, afirman en el reportaje.
De acuerdo a las declaraciones de Ornal Ortiz, abogado y coordinador de Pueblos Indígenas de la ONG Foro Penal, durante la audiencia de presentación el niño se vio muy golpeado, relató su madre.
“A unos se los llevaron porque cargaban ollas a cuestas. Otros fueron arrestados al regresar a sus hogares luego de trabajar. A un grupo lo apresaron después de hacer unas compras. Ninguno protestaba”, subrayan en la investigación.
Mujeres que no escapan de la represión
En el informe de la ONU, también se cita un trabajo de RunRun.es sobre la situación de las mujeres detenidas en la represión poselectoral. En el Derechos Humanos Olvidados: “Las mujeres tampoco escapan de la represión”, se expuso la situación de hacinamiento de las detenidas en el penal “La Crisálida” y se detallaba sobre el trato al que eran sometidas, con datos de un balance publicado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
En ese texto, se abordó la situación de detención de mujeres ligadas al ámbito político, de los derechos humanos y medios de comunicación, como la líder de Vente Venezuela en Portuguesa, María Oropeza, la reportera gráfica, Deysi Peña, y la defensora Edni López.
Al igual que otros detenidos, las mujeres no tienen una pena menor: se les acusa de terrorismo e incitación al odio.
Medios de ARI presentes
Los otros medios de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), El Pitazo y TalCual, fueron mencionados cuatro y seis veces respectivamente.
Otra trabajo del mismo medio sobre la operación “Brazalete Blanco” sirvió para que los expertos de la misión explicaran su origen y la forma en la que se lleva a cabo. En el reportaje: “Perfil | ¿Quiénes son los siete militares detenidos por la operación Brazalete Blanco?”, se habla de los militares que fueron acusados por Tarek William Saab.
En El Mañanero del 16 de octubre de Runrun.esresumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: La organización estadounidense sin fines de lucro Freedom House concluyó que la libertad de Internet en Venezuela “siguió estando muy restringida” y que los venezolanos siguen presentando dificultades para acceder a Internet y obtener información confiable.
“El Tribunal Supremo y las instituciones deben tomarse en serio su trabajo y hacerlo con fundamento. Los venezolanos, nacionalistas y hasta los que no lo son, lo merecemos”, Antonio Ecarri, excandidato a las elecciones presidenciales por la Alianza del Lápiz.
