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La importancia de la empatía y la inclusión al viajar

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Es esencial que, como sociedad, comprendamos la importancia de la empatía y la inclusión al viajar

@eduardofrontado

En un mundo en constante cambio, donde las interacciones humanas están influenciadas por creencias, miedos y limitaciones individuales, es crucial recordar la relevancia del lenguaje y las acciones que surgen a partir de él. Cada ser humano tiene una perspectiva distinta y válida, lo que refleja no solo sus experiencias personales, sino también sus circunstancias y desafíos. Es esencial que, como sociedad, comprendamos la importancia de la empatía y la inclusión, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que involucran a personas con cualidades o capacidades diferentes.

Viajar con una persona que tiene necesidades particulares puede ser un reto, no solo para esa persona, sino también para su acompañante, a quien me gusta referirme como su “líder vital”. Este rol no es solo de cuidado, sino de amor, comprensión y apoyo incondicional. Sin embargo, lo que a menudo añade una capa adicional de dificultad a esta experiencia son los prejuicios, miedos y opiniones que emiten los demás, es decir, la sociedad en la que vivimos.

Tomemos como ejemplo un viaje en avión, uno de esos que puede durar unas ocho horas. Este tipo de trayecto puede parecer largo y tedioso para cualquiera, pero para alguien con cualidades distintas es particularmente desafiante. En muchos casos, estas personas no pueden levantarse para cumplir con sus necesidades fisiológicas, lo que genera incomodidad, ansiedad e incluso miedo. Peor aun, estas situaciones son frecuentemente juzgadas por aquellos que no comprenden la realidad de las personas con capacidades diferentes. Es desgarrador pensar que cumplir con una necesidad humana básica pueda ser visto como un “acto inapropiado” simplemente porque no se ajusta a la percepción de normalidad de los demás.

Es imprescindible que comprendamos las necesidades de cada persona y abandonemos los juicios que nos impiden ver la humanidad detrás de cada acción. Nadie tiene el derecho de criticar la forma en que los demás enfrentan situaciones que, para algunos, pueden parecer simples, pero que para otros representan verdaderas pruebas de vida.

A pesar de estos desafíos, viajar sigue siendo una oportunidad invalorable para expandir horizontes, aprender de nuevas culturas y recargar energías. Aunque para algunas personas un vuelo de ocho horas pueda generar ansiedad, para todos es vital encontrar momentos de escape, aventuras que nos permitan conectar con nuevas experiencias y alimentar nuestra alma. La vida no debe ser solo trabajo y responsabilidad; debemos encontrar un equilibrio que incluya el disfrute y el crecimiento personal, elementos esenciales para la salud mental.

Es preocupante escuchar comentarios de aquellos que no comprenden la experiencia de ser un cuidador, quienes ven a las personas con capacidades distintas como una “carga”. Esta visión limitada refleja una falta de entendimiento profundo sobre lo que significa vivir en un mundo que, aunque no siempre esté preparado para la inclusión, puede ser transformado por quienes enfrentan estos desafíos con valentía y determinación. Las personas con cualidades diferentes no están aquí para ajustarse a las expectativas del mundo; están aquí para enseñarnos a ver la vida desde una perspectiva enriquecedora, donde lo material queda en segundo plano y lo verdaderamente valioso son los pequeños detalles que alimentan el alma.

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Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Libertad de prensa, un derecho cada vez más inalcanzable en Venezuela

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La Misión de Observación Internacional sobre Libertad de Prensa en Venezuela, conformada por La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Free Press Unlimited (FPU), Freedom House, Fundamedios, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Voces del Sur, publicaron un informe titulado “Restricciones a la libertad de prensa y asfixia mediática en el contexto electoral en Venezuela”. 

En el documento se recopila información desde el 1 de julio hasta el 28 de agosto, semanas en las que arreció la persecución a los periodistas y la libertad de prensa en el contexto pre y poseletoral.

Durante la transmisión del informe los expertos destacaron que el país tiene 25 años recibiendo ataques a la libertad de prensa, pero que estos se han intensificado después de los controversiales resultados electorales de las presidenciales del 28 de julio. 

Situación antes de las elecciones 

Natalia Borrero, de la Fundación para la Libertad de Prensa, explicó que la situación previa a las elecciones era alarmante, con más de 400 medios de comunicación cerrados. La precarización del trabajo periodístico se veía intensificada por la asfixia económica y la falta de oportunidades.

El informe reveló que se habían cerrado un total de 285 emisoras en Venezuela, con el año 2022 marcando un récord de 22 cierres. Además, se sumaron 100 periódicos impresos a esta cifra.

Estos cierres fueron producto de dos formas de ataque: el uso de la violencia por parte de los organismos del Estado y la utilización del miedo como herramienta de represión. Estas prácticas han llevado a los periodistas a adoptar la autocensura como mecanismo de defensa, advirtieron. 

Antes de las elecciones, las organizaciones dedicadas a los derechos humanos en el país documentaron los obstáculos enfrentados por la oposición durante la campaña, la cual estuvo marcada por una creciente represión. 

La represión se intensificó mediante distintas tácticas utilizadas por el gobierno de Nicolás Maduro, denuncian. El informe menciona, como ejemplo de desinformación, la falsa noticia difundida por el oficialismo sobre un supuesto apoyo de Karol G a la campaña de Maduro, información que fue desmentida por el equipo de la artista. Además, se registró un aumento en los bloqueos a sitios web de información digital y en los acosos judiciales a periodistas.

El documento también resalta la difícil situación generada tras la aprobación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (conocida como la Ley del Odio), y la Ley Anti-ONG.

Desde el 28 de julio en adelante 

Durante la presentación del informe, Natalia Borrero destacó la anulación de pasaportes a periodistas, una situación que pudo constatar directamente con los afectados. Según su relato, esta medida intensificó la persecución contra comunicadores, en un contexto marcado por denuncias de posible fraude electoral. En total, se documentaron 62 agresiones relacionadas con su labor.

“A muchos periodistas les anularon el pasaporte simplemente por ejercer su trabajo. Algunos contaron que, tras publicar videos, fueron notificados de esta medida”, señaló Borrero. Estas acciones también derivaron en detenciones; el informe registró un total de ocho periodistas encarcelados.

Sin embargo, las cifras varían según las fuentes: mientras la oficina de Naciones Unidas reportó 16 detenciones, la organización Espacio Público contabilizó 11 casos. En la mayoría de ellos, los periodistas fueron acusados bajo la Ley contra el Odio, enfrentando cargos por incitación a la violencia debido a sus publicaciones.

“Muchos de ellos expresaron que trabajan con las manos amarradas”, comentó Borrero. Según ella, el miedo ha llevado a los periodistas a recurrir a la autocensura como mecanismo de autoprotección. “Prefieren no firmar sus notas, evitan usar celulares en sus reportajes por temor a una requisa que revele videos o mensajes comprometedores, y optan por ocultarse durante transmisiones. Esta realidad está dejando a los venezolanos con menos acceso a la información, ampliando los desiertos informativos”, explicó.

Además, Borrero mencionó que varios periodistas y propietarios de medios confesaron que la presión los obliga a limitar los espacios de opinión, optando incluso por transmitir música en lugar de noticias.

Por último, denunció que la llamada “Operación Tun Tun” se ha convertido en una herramienta de intimidación y encarcelamiento contra periodistas. Esto ha llevado a que las fuentes de información eviten hablar, restringiendo aún más el espacio cívico y la libertad de prensa en el país.

Resiliencia y la adaptación medios venezolanos 

El documento destaca la capacidad de adaptación y resiliencia de los medios de comunicación venezolanos en un contexto adverso. Según diversas organizaciones, entre 2021 y 2023 se han creado más de 25 medios digitales que, a través de redes sociales, buscan llevar información a la población.

Sin embargo, también se aborda la precariedad del servicio de Internet y las herramientas empleadas por el gobierno de Nicolás Maduro para acceder a metadatos, lo que representa un desafío constante para el periodismo independiente. A pesar de ello, surgen iniciativas innovadoras que logran acercar información de calidad incluso en espacios poco convencionales, como los autobuses, fortaleciendo el derecho a la información.

Entre estas innovaciones destaca el proyecto ‘El pana y la chama’, una iniciativa diseñada para proteger la identidad de los periodistas mientras informan a la ciudadanía sobre los hechos del país. Este esfuerzo refleja el compromiso del periodismo venezolano con la lucha por la libertad de prensa y su capacidad para adaptarse frente a las restricciones y riesgos actuales.

Recomendaciones para mejorar la situación

El informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas tanto al Estado venezolano como a los organismos internacionales.  

Entre las recomendaciones al Estado venezolano, se destacan:  

Liberar a los periodistas detenidos, dado que los procesos judiciales “carecen de validez; garantizar la transparencia sobre el estado de las personas encarceladas”.

Instan también a promover políticas públicas que aseguren el acceso a la información y un servicio de Internet adecuado y derogar leyes como la Ley contra el Odio, la Ley de Fascismo y la Ley Anti-ONG, por su “uso inconstitucional y su impacto en la libertad de expresión”. 

Para los organismos internacionales, las recomendaciones incluyen:  

Mantener la atención sobre Venezuela y su situación de libertad de prensa; propiciar el diálogo para proteger los derechos de los periodistas; fortalecer las capacidades de financiamiento para iniciativas periodísticas y flexibilizar los métodos de acceso a fondos destinados a los medios de comunicación del país.  

Durante la presentación del informe, Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), enfatizó que la criminalización del ejercicio periodístico ha alcanzado niveles alarmantes, asegurando que “nunca antes se había evidenciado una violencia tan letal. 

Por su parte, Pedro Vaca, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió que la libertad de prensa en Venezuela es un derecho que se encuentra cada vez más distante.

Homicidios y robos representaron 85% de los delitos en el AMC durante octubre

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La violencia no da tregua en Venezuela. Lo que comenzó como un reporte de desaparición terminó en una tragedia para la periodista de 40 años Mercedes Herrera.

La periodista fue reportada desaparecida el pasado 30 de septiembre cuando se disponía a subir el cerro Ávila por la vía de Sabas Nieves.

Herrera fue asesinada en su casa ubicada en Altamira por el novio de su empleada doméstica, Neiquel Gutiérrez.

La doméstica Franyelin Carolina Ortiz dejó la puerta abierta de la residencia de Herrera para que Gutiérrez entrara y la sometiera. Una vez que ubicó los dólares, celulares y objetos de valor la mató asfixiándola.

El cuerpo de Herrera fue encontrado el 3 de octubre en avanzado estado de descomposición y cinco días después el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclareció el hecho. 

El suceso representó uno de los 13 eventos delictivos ocurridos en octubre en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) según el registro del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

De acuerdo a la investigación, 46% de los delitos corresponden a homicidios y 38% a robos.

La violencia concentrada en hombres 

Según el reporte del OVV, se contabilizaron 30 víctimas de ambos delitos, 70% de estas eran de sexo masculino y las tres cuartas partes tenían entre 20 y 34 años.

Nueve de cada 10 delitos tuvieron lugar en el hogar de la víctima, como fue el caso de Herrera. 

Por tercer mes consecutivo, los familiares y conocidos de las víctimas volvieron a estar entre los principales victimarios de los delitos, con un porcentaje de 40% de frecuencia, igual que el correspondiente a la delincuencia común. 

La fuerza física se ubicó como el arma preponderante para cometer los crímenes, estando presente en 33% de los casos registrados y vinculándose sobre todo a los casos de violencia interpersonal.

Hubo cinco casos de muerte por intervención policial (MIP) y el Cicpc y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron los dos cuerpos con mayor intervención, en 60% y 40% de los casos, respectivamente.   

 

Saab anuncia nuevas excarcelaciones sin que se hayan concretado todas las primeras anunciadas

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El fiscal designado por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN de corte oficialista, Tarek William Saab, anunció este miércoles, 20 de noviembre, que el sistema de justicia evalúa la posibilidad de excarcelar a más personas arrestadas tras las presidenciales del 28 de julio. 

En el acto de conformación de un “comité de víctimas del fascismo”, integrado por familiares de personas fallecidas y heridas luego de los comicios, reiteró que si no hay “elementos de convicción” para demostrar la responsabilidad penal de alguno de los detenidos, ese ciudadano “será liberado”.

Saab indicó que ya fueron liberadas, con medidas cautelares, 225 de los cerca de 2.400 detenidos en el contexto de la crisis poselectoral.

“Ya hemos visto varias acciones de este tipo. La cifra oficial la dimos el fin de semana: 225 venezolanos y venezolanas recibieron medidas cautelares menos gravosas de privativa de libertad”, señaló, sin dar detalles sobre el tipo de condiciones que se les han impuesto.

Sin embargo, la cifra de 225 excarcelados contrasta ampliamente con la divulgada por distintas ONG venezolanas, como el Foro Penal Venezolano, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, quien ha documentado 143 excarcelaciones desde que Saab anunció el otorgamiento de las medidas cautelares.

En este sentido, la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha exigido a las autoridades divulgar el “listado de los presos políticos beneficiados por las medidas anunciadas” y ha exigido su libertad plena, sin ningún tipo de medida que mantenga abiertos los procesos.

Saab reiteró hoy que, pese a estas revisiones de casos, a “quienes se les responsabilice” por hechos criminales -registrados luego de que la PUD denunciara fraude por la controvertida reelección de Nicolás Maduro-, serán “sancionados y castigados”. 

Familiares de algunos de los detenidos se mantienen a las afueras de las cárceles, especialmente madres de adolescentes aprehendidos, quienes están desde el pasado 15 de noviembre a la espera de la liberación de sus hijos. 

Un llamado a la liberación de adolescentes

La ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP) hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que concedan la excarcelación a los detenidos en las protestas poselectorales.

“La situación de los adolescentes que no han sido beneficiados por estas medidas nos inquieta enormemente, exhortamos a entregar medidas que les permitan su retorno a casa y poner fin a la zozobra que los afecta a ellos y a sus familias“, expresó la ONG a través de su cuenta en X.

“Defender los derechos humanos no es delito”: Coordinador de Provea fue interrogado por el Cicpc

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El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (Provea), Oscar Murillo, acudió este 20 de noviembre en horas de la mañana a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Caracas, luego de que ese organismo lo citara en el marco de una supuesta investigación basada en la Ley del Odio,  luego de que organizaciones civiles exigieron una investigación imparcial en torno al fallecimiento del integrante del partido Voluntad Popular en el estado Apure, Edwin Santos.

“Vinimos a cumplir como una organización de derechos humanos que respeta las leyes y el Estado de Derecho. Quien tiene deudas con el Estado de Derecho y las garantías judiciales del país son precisamente las instituciones del Estado”, declaró antes de su ingreso a la sede del Cicpc.

También precisó que aspiraba conocer las causas por las que estaba siendo citado. Provea precisó el día previo que la citación carecía de elementos formales que “comprometen su validez” conforme a lo establecido en la Constitución Nacional. Entre otros muchos aspectos ausentes la citación -según Provea- no especificó en calidad de qué asistiría Murillo (víctima, experto, intérprete o testigo), lo que constituía  “una lesión al principio de certeza jurídica de los actos administrativos”.

“Defender los derechos humanos no conlleva ningún delito”, remarcó Murillo. 

“Hay un efecto intimidatorio (…) hay un ataque progresivo a lo que es la sociedad civil y aprovechamos este momento para exigir el cese de esta persecución. Las organizaciones de derechos humanos no estamos disputándole el poder político a nadie, hacemos el trabajo de acompañar a las víctimas y defender derechos humanos”, declaró Murillo. 

Agregó que incluso las ONG han emitido una serie de recomendaciones en materia de políticas públicas que las autoridades pueden adoptar.

Periodistas que cubrieron el hecho reportaron que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana tomaron fotos y pidieron nombres a los ciudadanos que se apostaron en la sede del Cicpc para acompañar a Murillo. 

El coordinador de Provea salió de rendir declaraciones luego de las 3:00 p.m. de la tarde del 20 de noviembre, tras más de cinco horas de interrogatorio, según precisó la ONG.

“Lo recibe uno de nuestros fundadores, Raúl Cubas, defensor y víctima de la dictadura militar de Argentina que pudo escapar a Venezuela y crear junto a Ligia Bolívar y Dinorah Contramaestre esta ONG en 1988″, escribió en la red social X Provea. 

 

“Provea resiste”

Murillo agradeció el respaldo de otras organizaciones, amigos, Iglesia Católica y medios. “Provea es una organización nítida, hay una historia que no puede ser borrada (…) Hay que restablecer un diálogo real, si quieres hablar con una ONG de un caso específico no hace falta una citación, puedes enviar una invitación”. 

Miembros de varias ONG y ciudadanos lo acompañaron tanto a su llegada como a su salida del Cicpc mientras coreaban “son años de lucha por los derechos de la gente, Provea no está sola, Provea se defiende”.

En la red social X se posicionó la tendencia #ProveaResiste, a través de la cual varias organizaciones denunciaron que la citación irregular contra Óscar Murillo “es una violación al debido proceso”.

De igual forma, 33 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron “enérgicamente” la citación policial cursada al defensor Oscar Murillo y recordaron que entre 2020 y 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los integrantes de Provea estaban en situación de riesgo considerando los constantes señalamientos en su contra, así como por  “la vigilancia y seguimiento por parte de agentes estatales”.

“La citación a Murillo no es solo un ataque individual una ONG, sino que representa un esfuerzo por socavar a la sociedad en su conjunto, censurando el cuestionamiento al poder y cualquier reclamo por justicia y transparencia en medio de la represión poselectoral”, alertaron. 

 

Las heridas del encarcelamiento forzado: menores detenidos necesitarán ayuda psicológica

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Este martes, 19 de noviembre, en un análisis sobre excarcelaciones y derechos humanos en Venezuela, especialistas de la red de Mujeres especializadas en seguridad y defensa Amassuru, abordaron el impacto psicológico de las detenciones de menores de edad en el contexto postelectoral.

En un Space transmitido por la red social X, la coordinadora de Investigación de Una Ventana a la Libertad, Magaly Huggins; la fundadora de la ONG “No permitas malos tratos”, Mayela Carrillo y la psicóloga clínico Mary Sánchez, coincidieron en que todos los detenidos por motivos políticos, específicamente luego de las cuestionadas elecciones del 28 de julio, “van a necesitar ayuda psicológica”.

Según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), hasta la mañana del domingo 17 de noviembre, fueron excarcelados 10 de los 69 adolescentes detenidos por participar en las protestas postelectorales. Cabe recordar que el pasado viernes 15 de noviembre el fiscal designado por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN de corte oficialista, Tarek William Saab, informó que solicitó ante los tribunales la revisión de 225 casos . En declaraciones a la cadena de noticias CNN en Español aseguró que fueron “otorgadas y ejecutadas” todas las medidas, cifra que contrasta ampliamente con el balance que lleva la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), cuyo director y presidente, Alfredo Romero,  reveló el pasado 18 de noviembre que, hasta ese momento, contabilizaban 143 excarcelaciones. 

Magaly Huggins, quien además es magíster en Criminología y doctora en Estudios del Desarrollo, explicó que con la detención de adolescentes y adultos se marcó un hecho inédito en la historia del país que no solo dio paso a la criminalización de la protesta sin importar edad ni género, sino que también corroboró que  “los derechos humanos pasaron a ser una retórica y no una realidad”. 

Impactos del encarcelamiento forzado

A juicio de la psicóloga clínico Mary Sánchez, uno de los impactos del encarcelamiento forzado de estos menores de edad es la exaltación de la indefensión o desesperanza aprendida, donde en contextos adversos, la voluntad y el modo de actuar “queda prelado y queda determinado por otras personas”. 

La especialista destacó la diferencia entre la indefensión aprendida que puede experimentar un adolescente y un adulto. Puntualizó que, en el caso de los menores, “hay una vulnerabilidad psicológica propia que está en pleno desarrollo de su personalidad, y hay un elemento asociado al control de sus impulsos”. 

“Cuando yo voy creciendo puedo poder tomar decisiones utilizando la racionalidad, pero cuando soy un adolescente,  me suprimen el derecho a actuar y me limitan el modo de relacionarme y estar en un contexto específico, como en una cárcel, la indefensión aprendida va a aparecer y se va a convertir en un trauma psicológico en algunas ocasiones”, explicó Sánchez. 

La psicóloga agregó que no solo el adolescente encarcelado es víctima de indefensión aprendida, también sus familiares la sufren, por lo que recomendó atención psicológica para todos los miembros familiares. 

Mary Sánchez indicó que se deben tomar en cuenta las diferencias individuales que tiene cada persona, pues afirma que no todos son impactados de la misma manera. 

“Hay personas que pueden presentar síntomas agudos una vez que hayan salido, hay otras personas que van a necesitar cierto tiempo para procesar lo vivido y hay personas que, en ocasiones, van a tener que ser observadas en cuanto a conductas de habitación y aislamiento en el caso de adolescentes. Algunos requerirán atención a mediano y largo plazo para poder ayudarlos a procesar lo que está pasando”, dijo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al estrés postraumático como una condición de salud mental que puede desarrollarse después de la exposición a un evento traumático, como  guerras, desastres naturales, violencia sexual, accidentes graves, entre otros. Entre los síntomas que pueden experimentar los afectados están los recuerdos intrusivos, evitación de situaciones que recuerden el hecho y cambios anímicos y de comportamiento. 

Sobre el estrés postraumático, Mary Sánchez afirma que las personas detenidas han sido sometidas a un “estrés agudo”, lo que puede llevar a un “daño psicológico” que va desde tener pesadillas recurrentes, miedo y ansiedad, pero en otros casos, donde las personas no pueden superar el hecho, pueden presentarse colapsos nerviosos e ilusiones suicidas. 

Desafío familiar 

Para la fundadora de la ONG No Permitas Malos Tratos, Mayela Carrillo, es necesario comprender y apoyar al adolescente en todo momento. 

Indicó que cuando una víctima ha salido de un hecho traumático, es probable que aún no esté consciente de lo que está ocurriendo, por lo que considera necesario que “todos los familiares respeten el dolor”.

“Es importante estar pendiente de lo que sienten, buscar la ayuda en cualquier medio. Es necesario, para recuperarse del evento traumático  darle una resignificación a toda esta experiencia que fue cruel, que fue dañina, no solo para la persona de manera individual, sino para todo su entorno”, recomendó. 

Para evitar la revictimización, Mary Sánchez coincidió con Carrillo en que el acompañamiento es fundamental en estos casos, pero se debe saber escuchar, evitar juzgar, respetar el silencio y el dolor, no colocar calificativos y evitar preguntas detalladas sobre el hecho. Estas son algunas de las prácticas que deben estar presentes. 

En estas situaciones de detenciones arbitrarias también se ha producido el estrés vicario, que según explicó la psicóloga Mary Sánchez, lo sufren principalmente los familiares que observan el sufrimiento del ser amado. Estas personas manifiestan síntomas y malestares emocionales. 

Sánchez advirtió que tanto psicólogos como profesionales de la comunicación se verán afectados por el “rol del testigo silente”. 

“Los hechos de dolor e injusticia que vemos en redes sociales o leemos en reportajes, y no podemos hacer nada al respecto, nos pueden llevar a desarrollar un trauma vicario”, finalizó.

menores

Los 1000 días de barbarie de Putin contra Ucrania

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Slava Ukraine deben ser el eslogan de los pueblos libres del mundo contra las dictaduras y en defensa de la libertad y la democracia

@froilanbarriosf

El 19 de noviembre 2024 se cumplió el millar de días desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022 a Ucrania. Esta agresión contra una nación que decidió separarse de la extinta URSS en agosto de 1991, no fue un acto aislado. Formó parte del plan añorado por el dictador ruso desde que llegó al poder como presidente interino en diciembre de 1999, luego electo presidente en marzo de 2000 para finalmente hacerse reelegir hasta el 2030.

A partir de su formación como agente de la tenebrosa KGB, guardia pretoriana del orden soviético, rumiaba en sus entrañas restaurar la gloria de la todopoderosa URSS de Josef Stalin y la tradición imperial de la Rusia de los zares de Pedro el Grande, monarca integrante de la dinastía Romanov que gobernara Rusia durante tres siglos hasta el derrocamiento del último zar, Nicolas II en 1917.

Sus intenciones las ha demostrado a lo largo del siglo XXI con sus tropelías en diferentes republicas exsoviéticas. Ahogó en sangre al movimiento separatista checheno en 1999 e instauró un régimen prorruso hasta el presente. Luego promovió la guerra contra Georgia en 2008, imponiendo la existencia en su territorio de 2 republiquetas bajo su dominio, denominadas Abjasia y Osetia del Sur, cuyas administraciones obedecen directamente al Kremlin. Del mismo modo, mantiene el control de Transnistria (1992), territorio reclamado hasta el presente por Moldavia.

No fue “coser y cantar”

Por tanto, lo de Ucrania lo abordó Putin como amenaza luego de las convulsiones sociales del EuroMaydan. A principios de 2014 las protestas condujeron a la Revolución de la dignidad y al derrocamiento del presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovych. Poco después, estallaron disturbios prorrusos en el este y el sur de Ucrania auspiciados desde el Kremlin, mientras tropas rusas sin distintivos ocupaban Crimea hasta el presente 2024.

De allí se trazó entre ceja y ceja invadir y sojuzgar a Ucrania por el giro de sus gobernantes hacia el ingreso a la Unión Europea y a la OTAN. Creyendo que con la toma de Kiev todo sería coser y cantar, en febrero de 2022 invadió con más de 600.000 soldados lo que a la postre ha derivado en el conflicto bélico más álgido desde la II Guerra mundial.

En resumen, al todopoderoso Goliat ruso se le enfrentó una nación decidida a defender su existencia como tal, derivando en un conflicto que le ha significado al invasor la pérdida de cuantiosas vidas humanas. El Ministerio de Defensa ucraniano calcula que 635.880 combatientes rusos han muerto o fueron heridos desde el inicio de la invasión, debiendo convertir su producción a una economía de guerra y el retiro de miles de empresas occidentales de Rusia.

Para Ucrania ha sido letal el conflicto producido por los caprichos de un dictador. Según cálculos en la web oficial de ese país, se contabiliza la muerte de 480.000 ucranianos, pero el trágico balance humano de la guerra supera el millón de muertos y heridos al sumarle los del ejército ruso. Entre tanto, su economía se ha afectado gravemente después de casi dos años de guerra.

Las pérdidas de la guerra

La invasión de Ucrania por Rusia ha causado pérdidas asombrosas a la gente y la economía de Ucrania. El PIB de Ucrania cayó un 40 % en 2022. Hubo una pequeña recuperación en 2023, pero 7,1 millones de ucranianos más viven ahora en la pobreza, agravado por una diáspora de más de 8 millones de personas esparcidas en todo el planeta. Al oprobio se añade el secuestro de más de 20.000 niños ucranianos para adoctrinarlos al mundo ruso, razón por la cual la CPI le sentenció orden de captura al dictador ruso.

En otro contexto, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania tiene consecuencias económicas a nivel global que potencian varios de los efectos producto de la pandemia; entre ellas, problemas de abastecimiento en las cadenas de valor, incremento en los precios de commodities agrícolas, combustibles, minerales y fertilizantes, aumento del desempleo e inflación.

Al conocer el origen de esta guerra inútil es preguntarse ¿cómo algunos gobernantes de Occidente y el Asia respaldan a un dictador que descaradamente demuestra sus siniestros planes? Es evidente que este sátrapa ruso no se detendrá allí, no se puede dudar que sus pretensiones abarcan retomar Polonia y algún día clavar como otrora la bandera de la Federación Rusa en la Puerta de Brandemburgo en Berlín.

El pueblo ucraniano y su presidente, Volodímir Zelenski, han demostrado su valentía en su cita con la historia y su talante de sacrificarse para que el dictador Putin no arree las banderas del fascismo en Europa. Slava Ukraine deben ser el eslogan de los pueblos libres del mundo contra las dictaduras y en defensa de la libertad y la democracia.

*Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Pescadores de Falcón obligados a trabajar en límites con Aruba por derrames petroleros

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El medio aliado Crónicas del Caribe reseñó que unos 1.950 pescadores y 350 embarcaciones del estado Falcón se encuentran en una situación crítica debido a la contaminación por petróleo que afecta al Golfete de Coro. Al menos 65 derrames han devastado la zona, obligando a los pescadores a aventurarse en aguas cada vez más profundas para encontrar especies.

Dioner Aular, pescador de Punta Cardón, relata los peligros que enfrentan al adentrarse en alta mar.

“Vamos a pescar al norte a 15 y 35 millas, se imaginan ustedes esas profundidades a donde nos toca ir. Mi embarcación está en estos momentos allá con cuatro tripulantes y un solo motor, que uno lo que anda pensando es que Dios quiera y vuelvan a tierra. Hay varias embarcaciones que están trabajando para allá porque de este lado no hay pesca por culpa de los derrames”, denunció.

La escasez de combustible, limitada a 120 litros semanales por embarcación, agrava la situación. A pesar de los riesgos, los pescadores prefieren arriesgarse en alta mar que quedarse sin nada en el Golfete de Coro.

La desesperación ha llevado a algunos pescadores a acercarse a las costas de Aruba en busca de pesca. Sin embargo, esta decisión los ha puesto en el punto de mira de las autoridades de la isla, quienes han incautado embarcaciones a quienes se han aventurado demasiado cerca.

“Hacemos un llamado a los organismos internacionales porque tenemos unas embarcaciones que se acercan a la isla de Aruba y a aquellos que se acercan mucho, les quitan las lanchas, se las secuestran”, denunció Aular.

Los pescadores de Paraguaná han solicitado en repetidas ocasiones la ayuda de las autoridades venezolanas, pero hasta el momento no han recibido una respuesta adecuada.

Vulneración continuada a los derechos humanos

En un foro de expertos sobre el tema organizado por el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales Clima 21 -en febrero de 20924- se denunció que los derrames petroleros traen consigo una lista de violaciones a derechos humanos, entre los que se encuentran disfrutar de un medio ambiente sano, derecho al agua potable, a la alimentación -por reducción de la pesca-, salud, trabajo, vivienda y cultura.

 

Lea más información sobre el tema en Crónicas del Caribe