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Lo único que se sabe de Américo De Grazia es que está en El Helicoide

En la cacería que inició el gobierno de Nicolás Maduro en contra de los políticos de oposición después de las  elecciones presidenciales del 28 de julio, Américo De Grazia fue capturado y secuestrado el pasado 7 de agosto cuando salía de hacerse unos estudios médicos en una clínica en Caracas.

De Grazia, de 64 años, empezó a recibir amenazas de que lo iban a encarcelar por su colaboración con los testigos de mesa el día de la elección, como ya lo habían hecho con otros políticos que respaldaron la lucha que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. 

Como medida de prevención y seguridad, el exalcalde del Municipio Piar y diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se movilizó de Ciudad Bolívar a Caracas. Aunque no andaba en carros blindados ni tenía escoltas, mantenía su propio protocolo de seguridad, que consistía en comunicarse con sus familiares a través de mensajes de texto en horas específicas durante la madrugada y hablar por teléfono durante un tiempo máximo de dos minutos. 

El dirigente opositor enfrenta acusaciones de instigación al odio y rebelión. Además, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lo ha vinculado con un supuesto plan para asesinar a la alcaldesa del municipio Piar, en el estado Bolívar, Yulisbeth García.

De la clínica al Helicoide 

Américo De Grazia llevaba algún tiempo padeciendo por una bacteria en sus pulmones. El malestar lo obligó a asistir a una consulta médica en horas de la mañana del día de su detención. Al salir de la clínica, no había rastro de él ni tampoco de su carro Aveo. 

María Andreína De Grazia, hija del político, reveló que su padre se comunicó con ellos antes de salir a la clínica, pero después de la una de la tarde no volvieron a saber nada de él. 

“Mi familia en Caracas se dirigió a la clínica y confirmó que en efecto el doctor sí lo vio, pero después de salir de la consulta, mi papá literalmente desapareció. El doctor muy amablemente revisó las cámaras de seguridad y se ve a mi papá montándose en su carro. Buscamos en las cámaras en el edificio donde él se estaba quedando y nunca llegó. Nosotros creemos que a él lo interceptaron y se lo llevaron con todo y carro, un vil secuestro, literalmente”, dijo María Andreína.

Los siete hijos de Américo De Grazia vivieron la peor noche de terror de sus vidas. La incertidumbre, la preocupación y el miedo no permitieron que conciliaran el sueño, no sabían qué hacer. 24 horas después de la desaparición, los pocos familiares que están en Caracas decidieron salir a buscarlo de cárcel en cárcel antes de hacer la denuncia pública de la desaparición. En ningún lado les daban información ni los ayudaron a gestionar la búsqueda. 

Los familiares dejaron como última opción la visita a la sede del Sebin de El Helicoide. Cuando llegaron preguntando por De Grazia y después de tres horas, un funcionario les dijo que sí estaba ahí.

“Nos dijeron verbalmente, ni siquiera nos mostraron una fe de vida, no dejaron que lo viéramos, ni nos mostraron una orden judicial, una orden de captura, un expediente donde se vieron los cargos, nada. Literalmente, salió un funcionario del Sebin a decir ‘ah, sí, Américo De Grazia está aquí‘. Eso es todo lo que sabemos hasta el sol de hoy”, narró la hija del político.

Américo De Grazia tiene una condición de salud delicada. El malestar que estaba presentando en sus pulmones a causa de una bacteria, amerita que cumpla un tratamiento con antibióticos durante varios meses. Además, es paciente bariátrico, por lo que necesita llevar una alimentación alta en proteínas y suplementarse con muchas vitaminas. 

María Andreína comentó que hay un familiar de ellos que se encarga de llevarle los días de visita la “paquetería” y los insumos que les permiten ingresar, pero desconoce si en realidad se los están haciendo llegar.

“Nosotros estamos llevando una lucha incansable por la libertad de mi papá y de todos los presos políticos, pero al final,  ni siquiera tenemos certeza de que lo que estamos haciendo va a valer la pena, y no porque no tengamos fe de que él va a salir, porque al final él es inocente, no hizo nada más que defender la libertad de Venezuela. A lo que me refiero con que no sabemos si nuestra lucha va a valer la pena es porque, debido a lo incierto del panorama, ni siquiera sabemos si mi papá hoy está vivo”, lamentó.

En una celda con cucarachas y ratones

El pasado 18 de noviembre, la hija del líder de la plataforma Guayana Libre denunció en sus redes sociales que a su padre lo trasladaron a una celda aislada, oscura y llena de cucarachas y ratones en El Helicoide.

“Las condiciones en las que se encuentra son inhumanas: sin luz artificial, llena de cucarachas, ratones, moscas y chiripas, y donde supuestamente hay una poceta tapada, llena de suciedad de otros presos que han estado allí”, relató De Grazia.

La hija del dirigente político afirmó que se enteró del traslado de su padre por rumores de funcionarios del Sebin y por familiares de otros presos políticos.

 
 
 
 
 
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El pasado 19 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió las medidas de protección que ya había emitido a favor de De Grazia en 2016. 

La petición de la CIDH exige al Estado que garantice su vida e integridad personal y que se implementen medidas para que tenga contacto con sus representantes y “pueda llevar a cabo sus actividades como dirigente de la oposición en Venezuela sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia”; al igual que una investigación sobre las causas que motivaron su arresto.

La CIDH consideró que la detención de Américo de Grazia es para “retirarlo del debate público en el actual contexto del país”. 

Un día antes de ser arrestado, De Grazia denunció en sus redes sociales la detención del dirigente Carlos Chancellor.

“Queremos la libertad inmediata”

La familia De Grazia ha sido muy activa en medios de comunicación y en las redes sociales exigiendo una fe de vida que nunca han visto. 

Ya van más de 110 días en los que no se sabe nada del político, por lo que su familia, a pesar de recibir mensajes en los que les advierten que “guarden silencio”, siguen alzando la voz para exigir la liberación inmediata de De Grazia.

“Exigimos libertad, ya no es fe de vida, ya no es derecho a la defensa privada, no, ahora es libertad inmediata, porque ellos bien saben, tanto como nosotros y como el resto del mundo que Américo de Gracia es inocente”, finalizó expresando su hija. 

Trump: China deshoja la margarita

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La China de Xi Jinping deshoja la margarita sobre cómo se comportarán ante la segunda adminitración de Trump

@angelmontielp

Aunque el presidente de China Xi Jinping se vio cara a cara con el mandatario de Estados Unidos Joe Biden, lo “acordado” no vale nada. Se pierde como la sal en el agua. La razón es sencilla: Biden está saliendo y no tiene la potestad de establecer acuerdos con el gigante asiático que le permita al gobierno de Xi saber cómo son las futuras relaciones con la nueva administración estadounidense.

El gobierno chino navega en incógnita ante la amenaza del nuevo mandatario Donald Trump de imponer nuevos aranceles a las mercancías chinas, como ya lo hizo en el primer gobierno.

Pero más allá de que esto sea una realidad o especulación, lo cierto es que Pekín está analizando escenarios sobre cuáles podrían ser las políticas del gobierno trumpista hacia la República Popular China. Esto marcaría en el futuro las relaciones bilaterales y el comportamiento de la diplomacia china en el mundo.

La gran interrogante prevalece en el escenario chino, mientras que sigue avanzando su influencia en nuestra región con obras como el megapuerto Chancay, el primer puerto chino de Latinoamérica. Construido en Perú, con una inversión de 300 millones de dólares, este puerto pretende erigirse en una de las principales conexiones de China con el hemisferio occidental y que da un vasto impulso al creciente comercio de mercancías. Sin duda, un gran acierto que indudablemente se anota el gobierno chino.

Los chinos deshojan la margarita sobre cómo se comportarán ante Trump. ¿Se mantendrán firmes en su política? ¿doblarán las piernas o sencillamente estarán en una etapa intermedia de establecer acuerdos de amistad comercial? Quizás esta es la política que ha prevalecido y probablemente siga.

Y aunque el presidente Xi dijo en Lima que ellos no esperan cambios en la política exterior de Washington, es probable que sí ocurran a pesar de que Pekín insiste que es un amigo más no un aliado. Y, en el aspecto comercial, “socios, no rivales”.

Las relaciones entre las dos superpotencias estarán llenas de conflictos e incertidumbres. Será un reto para la nueva administración de Donald Trump mantener un diálogo franco ante los nuevos escenarios que se presentan en el mundo.

angelmontielp@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Psicóloga social Melanie Pocaterra: “Reparar al que está vulnerable siempre debe ser nuestro norte”

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En un space en la red social X el pasado 21 de noviembre Melanie Pocaterra, psicóloga social, conversó con Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es,  sobre cómo enfrentar el dolor y los traumas.

Durante la conversación, abordaron el trauma colectivo, cómo aceptar las emociones para tomar acción y la importancia de darle voz a las víctimas. 

En la conversación, Blanco retomó algunos datos recientes que forman parte de la realidad, como el costo de la canasta alimentaria y la incertidumbre de lo que pueda ocurrir después del 10 de enero, fecha en la que inicia un nuevo período presidencial. 

“La experiencia de los últimos años es una experiencia colectiva. Se pueden sentir a nivel individual, pero lo vivimos y lo compartimos socialmente”, comentó la experta. 

Pocaterra explicó que en eventos traumáticos no es necesario estar en la primera línea para sentir el dolor y la pérdida. “Muchos eventos se van sumando y la población en general lo va llevando como puede”, indicó. 

En ocasiones, muchas personas están pasando situaciones traumáticas y no se dan cuenta, por lo tanto, la psicóloga recomienda prestar atención a la salud mental. 

Conversa con LE
Durante la conversación abordaron la posible incertidumbre ante el 10 de enero.

La contención necesaria para la salud mental

En la conversación, abordaron el trabajo periodístico y lo difícil que puede ser procesar toda la información para luego compartirla, dado el contexto actual del país. 

Blanco aseguró que los periodistas son como unas esponjas que absorben y absorben. Ante esto, Melanie recordó que informar es una responsabilidad y que los comunicadores sociales deben tener una red de contención necesaria para su salud mental. 

“El estrés nos pone en situaciones de alerta y por esa razón, es necesario saber cuándo parar y si el evento nos sobrepasa saber cuándo parar”, dijo. 

Otro tema que formó parte de la transmisión fueron los detenidos en contexto poselectoral. Según cifras del Foro Penal, hay un total de 1963 personas detenidas y solo 143 han salido en libertad, pese a que el Ministerio Público prometió un total de 225. 

“Para cualquiera que lea las noticias es doloroso y traumático. Hay un nivel de atención: está la población que está leyendo y quienes están expuestas a estas noticias. Están las personas que están en el entorno de los detenidos y cómo la familia puede sobrellevar esto, es triplemente complejo”, precisó. 

Resaltó que es más complejo cuando se habla de las circunstancias en las que se dieron las detenciones y más porque no se han determinado ninguna causa a los procesos que se siguen. 

Explicó que se tratan de dialécticas diferentes y traumas: están las personas que están recluidas, cómo cambia el rumbo de sus vidas, y el de los familiares, en especial, el de las madres, y cómo su entorno más cercano va cambiando sus rutinas para apoyar y ayudar. 

¿Qué esperar después del 10 de enero? 

El 10 de enero es una fecha que puede generar incertidumbre y expectativas. Pocaterra añadió que, en términos emocionales,  “es difícil de manejar y puede ser impredecible”.

“Tenemos 10 años, o 20 años, que pueden confirmar que hemos vivido eventos similares, y esto nos ayuda a entender que lo incómodo es una reacción normal ante un evento que no es normal”, opinó. 

Manifestó que este tipo de situaciones generan miedo y que el miedo genera huida o paraliza. “El elefante se come por pedacitos y hay que ir despacio. Hay tanta incertidumbre que genera mucha desesperanza y siempre se piensa que va a pasar el peor escenario”. 

“Las crisis tiene un principio y un fin. Ante mucha incertidumbre, nos adaptamos. Hay que buscar autoevaluarnos, cómo estamos abordando estos temas. Aceptar lo que no nos hace sentir bien, aceptar que nos está generando estos escenarios y esto nos va a permitir generar un plan de acción”, señaló. 

Concluyó que es prudente observar que muchas personas están pasando por situaciones traumáticas. “Es pensar que no somos los únicos y que podemos trabajar en soluciones en conjunto, sin que esto responda a una ideología o liderazgo”. 

La psicóloga enfatizó que las víctimas, en ninguna circunstancia, se pueden olvidar. “En cualquier sociedad que atraviese eventos traumáticos, es esencial preservar espacios que den voz a las víctimas”. 

Agregó como conclusión que “reparar al que está vulnerable siempre debe ser nuestro norte como sociedad”, esto incluye acompañar y dar herramientas para que los individuos lo puedan enfrentar. 

 

Gobierno usa muertes por retos virales en escuelas para arremeter contra las redes sociales

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¿La administración de Nicolás Maduro ha encontrado en los casos de tres jóvenes fallecidos como consecuencia de un reto viral de TikTok una justificación para la regulación de redes sociales en Venezuela?

El pasado 21 de noviembre, Maduro sugirió el cierre total de redes sociales en el país. “Si fuera por mí, y reaccionara radicalmente, las cerrara completamente”, expresó, luego de que la Fiscalía confirmara que eran tres los fallecidos por retos virales que circulan en la red social. 

La semana pasada, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, precisó que se investigaban casos de “chroming”, un reto popularizado en redes, especialmente entre adolescentes, que consiste en inhalar sustancias tóxicas de aerosoles, desodorantes, pinturas e insecticidas. Estos desafíos han dejado como resultado más de 500 personas intoxicadas en diversas instituciones educativas de los estados Portuguesa, Barinas y Miranda. 

 

En un encuentro con los jóvenes en el marco del Día del Estudiante Universitario, Maduro también informó que el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Jorge Márquez, sostuvo una reunión con la representación de TikTok para América Latina y “le leyó la cartilla” para tomar acciones sobre la red social en el país.

Tres días antes, Maduro responsabilizó a TikTok por la muerte de los niños y adolescentes fallecidos por los retos publicados en esa red, al tiempo que fijó un plazo de 72 horas a la plataforma para eliminar todo el contenido viral que pueda atentar contra la vida de niños y adolescentes en el país.

 

Maduro ordenó actuar bajo tres direcciones 

En primer lugar, Maduro instruyó a “regular a TikTok y a todas las redes sociales” y  “si se come la luz, actuar, parcial o completamente”, al tiempo que calificó de “tóxicos” los desafíos viral que circulan en la plataforma de origen chino, advirtiendo que estos “envenenan la mente de los jóvenes y fomentan comportamientos perjudiciales”.

También hizo un llamado a promover la conciencia en las escuelas del país: “Que desde los liceos, ustedes hagan una tarea de prevención y educación para que no vuelva a suceder nada de esto en ningún liceo y escuela del país”.

Además, Maduro instó al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a “hacer una tarea especial con madres, padres y representantes” para crear conciencia “sobre el carácter pernicioso” y detectar a tiempo estas situaciones relacionadas con los retos virales.

Asimismo, ordenó crear un centro dentro del Ministerio de Educación, para que desde las instituciones educativas, los estudiantes denuncien sobre la aparición de retos que pongan en peligro la integridad de la comunidad.

Recurso de amparo para la protección de niños y adolescentes 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un recurso de amparo introducido por el Movimiento Bolivariano de Familias Aristóbulo Istúriz (MBF), que pidió la protección de los derechos de niños y adolescentes ante los riesgos que suponen los retos virales que circulan en redes sociales.

El recurso de amparo fue introducido el pasado miércoles 20 de noviembre por Yuleide Carrizo, representante de la organización MBF, quién explicó que se pide al Estado que ordene el retiro de los retos virales en la red social TikTok que “vienen afectando a decenas de jóvenes en varios centro educativos” para resguardar los derechos y garantías de los menores de edad. 

Ante esta petición, el TSJ notificó a la Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como al Ministerio de Salud y al de Educación, para que comparezcan ante el tribunal, donde se celebrará una audiencia oral y pública. 

Por su parte, Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, pidió a las autoridades policiales ir a los centros educativos para aumentar la vigilancia, luego de que se registraran intoxicaciones masivas en cinco escuelas durante las últimas dos semanas. 

Dos retos, tres fallecidos 

‘Chroming’ es un reto o challenge que se viralizó en TikTok y consiste en inhalar sustancias tóxicas presente en productos como desodorantes, pinturas e incluso insecticidas con el objetivo de experimentar una sensación de “euforia”. 

El primer caso de esta práctica se registró en 2009, cuando una adolescente australiana de 13 años perdió la vida luego de inhalar productos químicos de una lata de desodorante en aerosol. 

Los dos primeros casos de adolescentes que perdieron la vida en Venezuela tras participar en retos virales fueron el de una niña en Petare y un adolescente, de 12 y 14 años de edad respectivamente. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el tercer fallecido.

El caso de la niña involucró el consumo de un fármaco ansiolítico, como parte del “reto Clonazepam”, o también conocido como “el que se duerme pierde”, el cual ha afectado a numerosas víctimas en la región latinoamericana desde 2023. Mientras que el joven falleció a causa del reto “Chroming”, por inhalar una sustancia tóxica. 

Además de estos retos, existen otros challenges, como el desafío de “las 48 horas o de quien duerma el último, el cual promueve la privación del sueño, causando daños físicos y mentales; o el reto de las “48 horas desaparecido”.

Qué deben tener en cuenta los padres

Para la psicóloga Mariana Ponce, experta en desarrollo positivo adolescente y directora del programa “La Burbuja”,  la responsabilidad de protección hacia los menores debe ser compartida entre las plataformas digitales, las escuelas y los padres.

En una entrevista para el programa Shirley Radio, la psicólogo recomendó a los padres revisar juntos a sus hijos las cuentas y hashtags que siguen, promoviendo un diálogo abierto sobre el contenido que consumen. Además, consideró que es importante que los representantes establezcan controles parentales y normas sobre el uso de dispositivos.

 “Los jóvenes a menudo no son capaces de medir los riesgos asociados con estos retos, lo que puede llevar a situaciones peligrosas”, advirtió, sobre los retos viralizados en las diferentes plataformas de Internet. 

“Las víctimas tienen mucho tiempo esperando justicia”: El cuestionamiento de oficina de la CPI a fiscal Kham sobre Venezuela

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Este viernes, 22 de noviembre, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) de la Corte Penal Internacional (CPI) cuestionó fuertemente que en Venezuela “las víctimas llevan mucho tiempo esperando justicia y tienen derecho a procedimientos rápidos y justos”, esto a propósito de la falta de progreso del fiscal Karim Khan en la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas cuestionó a través de un escrito que desde junio de 2023, cuando la Fiscalía de la CPI reanudó la investigación sobre Venezuela, no ha habido avances concretos para la apertura de un caso o la emisión de pedidos de captura contra imputados.

“Este período prolongado sin acciones concretas y la apertura de un caso es preocupante ya que, en general, una investigación debería iniciarse sin demorarse y llevarse a cabo con eficiencia para que sea eficaz, ya que con el transcurso del tiempo, los recuerdos de los testigos se desvanecen, los testigos pueden morir o volverse imposibles de rastrear, la evidencia se deteriora o deja de existir y, por lo tanto, las perspectivas de que se pueda llevar a cabo una investigación efectiva se disminuyen cada vez más”, advirtió la oficina.

 La OPCV advirtió que muchas víctimas han expresado un profundo sentimiento de frustración, sintiendo que el fiscal no ha dado a la difícil situación (de Venezuela) la misma prioridad que a otras situaciones donde las investigaciones han avanzado más rápidamente y han dado lugar a la emisión de varias órdenes de arresto.

La Oficina afirmó que la sensación de injusticia de las víctimas se ve agravada aún más por la situación actual en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024, donde el Gobierno ha intensificado el uso de las medidas más severas y métodos violentos de represión.

“Esta falta de comentarios públicos, sumado a su aparente inacción, genera preocupación entre las víctimas y sus familiares en relación con el compromiso del fiscal de abordar la grave situación actual y garantizar que la investigación siga respondiendo a nuevos acontecimientos”, afirmaron.

El organismo se refirió a las masivas detenciones poselectorales, donde según las propias autoridades venezolanas, más de 2000 personas fueron capturadas. “El alto número de detenciones de niños, niñas y adolescentes (incluidas personas con discapacidad), lo que representa el 10 % del número total de las detenciones documentadas por varias ONG, son una cifra alarmante, dada su vulnerabilidad”, alertaron.

*Con información de Tal Cual

Venezolanos en el exterior protestarán este #1Dic para pedir a la CPI que actúe

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La página web del partido Vente Venezuela informó que el próximo 1 de diciembre, miles de venezolanos en el exterior se unirán en una manifestación pacífica y simbólica para exigir justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Esta movilización busca incitar a la Corte Penal Internacional (CPI) a actuar de manera “urgente y efectiva” frente a las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro.

Los organizadores han convocado a los venezolanos en diferentes ciudades del mundo a congregarse en plazas y lugares públicos. Durante la manifestación, los participantes permanecerán en silencio, simbolizando la voz de las víctimas que no pueden expresarse e intentan silenciar, y emplearán el hashtag #CPIActuaYaXVzla en redes sociales para expandir el alcance de su llamado al mundo entero.

Se invitará a los participantes a pintarse las palmas de las manos a la altura de la boca con pintura de dedos roja y a escribir el mensaje “CPI, ¡ACTÚA YA!” en ambas manos, así como a llevar los rostros de las víctimas y pancartas con llamados a la acción por parte de la CPI.

Según el portal, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia tendrán una participación para reafirmar su lucha por la justicia en Venezuela y por la liberación de todos los presos políticos, aunque no se especificó la vía.

Misión de la CPI evalúa en Venezuela situación de presos políticos

Este jueves, se conoció que una misión técnica de la Corte Penal Internacional se encuentra en Venezuela desde hace una semana evaluando la situación de los detenidos durante las protestas posteriores a la elección del 28 de julio.

Se trata de una visita privada de la que no se presentará un informe público. Los enviados de la CPI están verificando si el gobierno procesa de manera transparente a los más de 1800 detenidos después de las elecciones presidenciales. 

Cabe recordar que en Venezuela se investiga desde el año 2014 crímenes de lesa humanidad.

Familiares de presos políticos exigieron al máximo tribunal que interceda para la liberación de sus familiares detenidos desde el pasado mes de agosto.

Venezolanos en el exterior

La Conversa de ARI  | Familiares de adolescentes detenidos: “Estamos desamparadas ante la justicia y lo que queremos es despertarnos de esta pesadilla”

Theany Urbina aún no encuentra explicación a las detenciones masivas que hizo el gobierno de Nicolás Maduro luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. A su hijo Miguel Alejando Urbina Hernández de 17 años lo aprehendieron dos funcionarios policiales el pasado 2 de agosto en una esquina cercana a su casa en el sector Altavista, de Catia.

“Estaba comiéndose una chuchería y lo montaron en una moto, desde entonces han pasado más de 100 días y aún sigue preso”, dijo la manicurista en La Conversa, el programa semanal de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrado por Runrun.es, TalCual y El Pitazo.

Tanto Urbina como Dionexys García, hermana de Diosmer Gómez, otro de los adolescentes detenidos en Caracas, protagonizaron una nueva edición de La Conversa denominada “Después de las excarcelaciones de presos políticos ¿Qué pasará con los demás?”, la cual estuvo moderada por Luis Blanco, director de Runrun.es; Víctor Amaya, director de TalCual y César Batiz, director de El Pitazo.

Ambos jóvenes se encuentran recluidos en el centro para menores conocido como Casa de Justicia 431 en El Cementerio.

Urbina aseguró que después de estar en al menos dos centros de detención a su hijo lo trasladaron a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta.

“Mi hijo estaba llorando en una celda, me pidió perdón y le dije que no porque él no había hecho nada, lo pude ver porque pagué 5 dólares, los funcionarios dicen que como son terroristas, tenemos que pagar para verlos”, contó. 

Urbina denunció que a su hijo le pegaron y lo amenazaron con matarlo si no grababa un video admitiendo que había aceptado 50 dólares para provocar disturbios en la ciudad: “Lo último que querían hacer era ponerle una bolsa de plástico en la cabeza con gas lacrimógeno”.

Urbina manifestó que si su hijo se declara culpable podrían darle una pena de 6 años y 8 meses, de lo contrario, se arriesga a pasar 10 años en prisión.

 “A mi hijo le están destruyendo la vida, si eso sucede, va a salir de la cárcel con 27 años siendo un hombre lleno de odio y resentimiento”, lamentó. 

Para Urbina la razzia hecha por los funcionarios policiales a partir del 29 de julio de este año responde a una orden por cumplir una cuota de detenciones.

“No entendemos el ataque hacia nosotros en los sectores populares, yo vi cómo robaban a mujeres, les quitaron sus teléfonos celulares, yo no podía quedarme en mi casa, tenía que salir a arriesgarme para darle de comer a mis hijos”, relató. 

“Mi hermano debería estar en la universidad”

Con Diosmer Gómez también fue un modus operandi similar. Dionexys García dijo que su hermano de 17 años estaba en una esquina cercana a su hogar en el urbanismo Cacique Tiuna de Coche.

“Los funcionarios le preguntaron dónde vivía y le ordenaron abrir la puerta de su casa, él se negó y por supuesto lo golpearon, hicieron desastres en la casa, se llevaron un teléfono y una tablet”, detalló. 

García aseguró que pudo ver a su hermano 12 días después de haber sido detenido.

“En el módulo estaba con un grupo de 21 adolescentes, el primer día le hicieron la cebollita (bolsa de plástico en la cabeza con gas lacrimógeno) y luego le pusieron electricidad, él y Miguel pasaron por las mismas situaciones, además los tenían en un lugar donde había un olor putrefacto”. 

García indicó que a su hermano, quien se declaró inocente en la audiencia preliminar, lo acusan de terrorismo e incitación al odio.

“La fiscalía no presentó pruebas, todos los muchachos tienen abogados públicos, ninguno de su confianza, se les están violando sus derechos, no sé cuántos derechos universales se les han violado a estos jóvenes”, dijo García.

La hermana de Diosmer aseguró que en el centro de reclusión de El Cementerio hay seis menores de edad y dos jóvenes que cumplieron recientemente 18 años.

“Mi hermano tendría que estar hoy en un salón de clases, debería haber empezado la universidad. Diosmer está en un proceso de juicio sin elementos de convicción”, expresó. Apuntó que el pasado 17 de octubre su hijo Miguel cumplió 17 años estando detenido. 

“Tuvo la audiencia preliminar y, hasta el sol de hoy, no tiene fecha de juicio”, agregó. 

Urbina aseveró que cada vez que acude a la visita, su hijo le pregunta cuándo va a salir, especialmente porque se enteró de las excarcelaciones que hizo el Ministerio Público el pasado fin de semana.  

“Están desesperados. Están metidos todos los días en un cuarto sin hacer nada. A mi hija de 3 años le pidieron una foto de Navidad en la escuela y me dijo que llamara a su hermano para que viniera de la casa donde está viviendo”, contó. 

La madre de Miguel dijo que hasta ahora no han conseguido empatía por parte de organismo público alguno.

“Se burlan de nosotros, yo lo que quiero es que se conozca la verdad, que esos muchachos no estaban haciendo nada, su pecado fue estar en la calle a esa hora”, reclamó. 

Los abogados confían es en Dios

García dijo sentirse insatisfecha con las 225 órdenes de liberación supuestamente emitidas por el Ministerio Público: “Eso no es nada, no es ni el 10% del total de las detenciones. A nosotros nos dijeron que por órdenes del fiscal, en Caracas todavía no van a liberar a nadie”·

Indicó que el martes de la semana pasada acudieron a una audiencia con el fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN chavista, Tarek William Saab.

“Denunciamos todo, incluso una madre le dijo que su hijo había sido torturado y tiene daño psicológico, su respuesta fue que se están haciendo las evaluaciones”, reveló. 

García indicó que los defensores públicos no han hecho mayor cosa por los adolescentes detenidos en Caracas.

“El defensor lo que nos dice es que le pidamos a Dios, él nos atiende cuando puede porque tiene como 50 casos, ni siquiera tiene acceso al expediente. Van pasando los días y no sucede nada, todos somos de sectores humildes y tenemos necesidades. Todavía tenemos fe porque ellos no han cometido delito alguno. Estamos desamparadas ante la justicia y lo que queremos es despertarnos de esta pesadilla”, concluyó. 

 

 

 

Falta de atención amenaza la vida de presos con patologías

Jesús Manuel Martínez Medina falleció el pasado 14 de noviembre en el estado Anzoátegui, víctima de complicaciones debido a la diabetes que padecía. Martínez fue detenido en el marco de la represión poselectoral desatada por el régimen de Nicolás Maduro. El preso político fungió como testigo en los comicios del 28 de julio y familiares denunciaron que pese a su deterioro se le negó atención médica oportuna.

Ese mismo día funcionarios de la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) consiguieron el cuerpo sin vida de Gary Uzcátegui en uno de los calabozos del centro policial, ubicado en el sector El Cumbre, del municipio Valera en Trujillo  Allegados de Uzcátegui revelaron que este padecía de constantes alucinaciones a raíz de una presunta esquizofrenia agravada por el encarcelamiento. Presumen que se quitó la vida. 

En Maracaibo, estado Zulia, también murió Ángel Nayib Boscán, de 63 años, el 27 de septiembre de este año. Boscán, quien sufría de neumonía, estaba preso en el Centro de Coordinación Policial Oeste de la parroquia Eugenio Bustamante. 

En Zulia se registró asimismo la muerte de Gary Wilson Córdova Morillo, de 41 años el 28 de octubre. Córdova se encontraba recluido en los calabozos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB), del sector El Perú, en el municipio San Francisco. La ONG Una Ventana a la Libertad había reportado hace un mes la muerte de un recluso en el mismo recinto penitenciario.

Insalubridad y falta de atención médica: una condena a muerte

De acuerdo a cifras manejadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) más de 15 personas han muerto en lo que va de 2024 en calabozos o centros de detención preventiva, 30% de ellas por problemas de salud.

Humberto Prado, director del OVP, reveló que el año pasado se registraron 36 fallecidos en calabozos, 25 por enfermedades y 9 producto del suicidio. Informó también que en 2023 hubo 78 heridos por arma blanca, 14 motines, 104 fugas y cinco huelgas de hambre.

De acuerdo a un informe de Una Ventana la Libertad, se contabilizaron 17 muertes por enfermedades en calabozos: seis por complicaciones respiratorias, cinco por tuberculosis, tres por desnutrición, dos por infarto y en una no se pudo obtener el certificado forense.

“Ha sido muy difícil en el segundo semestre de este año conseguir la información sobre muertes en centros de detención”, advirtió la investigadora de UVL, Magaly Huggins.

Prado indicó que enfermedades como la tuberculosis son comunes en estos espacios de reclusión.

“Hay una situación de insalubridad y falta de atención médica, los privados de libertad están en condiciones infrahumanas, conviven en celdas con espacio limitado, sin acceso a luz natural, no hay baños ni agua potable, tienen que hacer sus necesidades en bolsas de plástico y botellas, duermen en el piso o de pie, carecen de una alimentación balanceada por lo que también hemos presenciado muertes por desnutrición y hay hasta escabiosis, popularmente conocida como sarna”. 

Ante la ausencia de cifras oficiales, Prado informó que, según el OVP, en los calabozos venezolanos hay actualmente cerca de 24 000 detenidos, cifra que aumentó este año con las aprehensiones que se dieron luego de los comicios presidenciales.

Prado recordó que, según lo estipulado en la Constitución Nacional, los centros de detención preventiva están diseñados para albergar a presos por 48 horas, luego estos deben ser procesados y enviados a cárceles.

Aunado a esto, Prado advirtió que la policía no está capacitada para atender a la población reclusa. 

“Informes oficiales señalan que el 30% de los miembros de cuerpos policiales del país se encuentran dedicados a labores de custodia de detenidos y traslados a tribunales, cuando su rol es el de brindar seguridad ciudadana en las calles”, sumó. 

Resaltó que las prisiones y calabozos en Venezuela no poseen presupuesto para atender a la comunidad reclusa.

“Por supuesto no se pueden cubrir los requerimientos alimenticios del privado de libertad, la dotación de comida es algo que quedó exclusivo de los familiares. Los presos comen a veces una sola vez al día. No hay servicios médicos y menos atención psicológica. Tampoco existe capacitación del personal, el custodio más que un carcelero debe ser una especie de guía”, denunció. 

Quitar la entrada policial a excarcelados

Prado indicó que flaco favor le hace el gobierno a los presos políticos excarcelados si no les retira la entrada policial.

“Los están soltando, pero con medidas cautelares y deben seguir presentándose ante un tribunal, eso no es libertad, significa que en cualquier momento pueden volver a ser encarcelados. Lo que deben hacer es quitarles la entrada policial, porque qué futuro puede tener un adolescente que haya sido imputado por terrorismo, es una marca de por vida”, alertó. 

El director del OVP indicó que existe opacidad en torno a las cifras de presos políticos y excarcelados luego de las elecciones.

“Maduro tiene un número, el fiscal Tarek William Saab posee otro y las ONG otro más. Si lo que dice el fiscal es verdad, de que han excarcelado a 225 personas, eso apenas representa un 8% de los capturados en la represión poselectoral de acuerdo a cifras oficiales”, precisó. 

Recordó que desde las protestas de 2014, el gobierno madurista mantiene un esquema cíclico de detenciones masivas, supuesto diálogo con sectores que le adversan y excarcelaciones.

“Lo vimos después en las manifestaciones de 2017, en 2019 y ahora otra vez en 2024. Lo único diferente en este momento es la cantidad de niños detenidos. Seguimos escuchando testimonios de tratos crueles, degradantes e inhumanos a presos, el sistema de justicia en Venezuela sirve como herramienta al Ejecutivo para la persecución. El gobierno no cumple nada de lo que está establecido en las normas internacionales”, consideró. 

Prado hizo un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionado para los DDHH de la ONU y a la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela para que levanten un informe especial sobre las detenciones poselectorales y las múltiples denuncias de abusos.

“Tienen que reparar integralmente el daño causado, tiene que haber una disculpa pública nacional, tal vez estoy pecando de incrédulo, pero es lo que debe pasar”, sentenció. 

Prado no descartó que antes y después del 10 de enero, fecha en la que Maduro prometió juramentarse presidente ante la Asamblea Nacional chavista, se produzcan más persecuciones a políticos, defensores de DDHH y la disidencia en general.

“El gobierno inventa cualquier situación para generar una narrativa que justifique la persecución, es una política de generación del miedo y terrorismo practicado por el Estado como dicen los informes internacionales”, insistió.