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Excarcelaron a Deisy Peña pero aún queda una decena de periodistas presos

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Este miércoles 11 de diciembre en la noche fue excarcelada la periodista Deisy Peña, quien fue detenida por cuerpos de seguridad del Estado venezolano por estar dando cobertura en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda a las protestas suscitadas luego del resultado que dio como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio a Nicolas Maduro.

Pena fue recibida por su familia a la salida de la cárcel de mujeres en Ocumare del Tuy.

De acuerdo al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), el pasado 22 de octubre, la Fiscalía ratificó la acusación contra la periodista por supuestos delitos de terrorismo, incitación al odio y obstrucción de la via publica y fue pasada a juicio. 

Como al resto de los presos políticos que han sido excarcelados luego de los comicios del 28J, se presume que a Peña le fueron impuestas medidas de régimen de presentación periódicas ante un tribunal. 

A Deisy Peña la detuvieron funcionarios de la Policía del estado Miranda el pasado 2 de agosto cuando se encontraba en una estación de metro de Los Teques.

Deisy Peña es apenas la segunda periodista excarcelada tras las protestas post 28J.

Tras pasar seis días detenido, el régimen de Maduro liberó a comienzos de noviembre al periodista Nelín Escalante.

Según el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Escalante fue sometido a una desaparición forzosa y posteriormente fue excarcelado sin mayores explicaciones.

“Estamos bien. Nos vamos a trabajar”, se limitó a escribir Escalante en su cuenta de Instagram acompañado por su hija.

Periodistas siguen tras las rejas

Otro de los periodistas que aún se encuentra detenido por estar cubriendo las manifestaciones poselectorales es Paul León de VPITV. 

León estaba dando cobertura a las manifestaciones en Trujillo cuando lo aprehendieron.

Inicialmente fue recluido en una sede policial de Valera y a finales de agosto fue enviado a la cárcel de Tocuyito.

La madre de León, Morella Brillembourg indicó este miércoles 11 en una rueda de prensa efectuada en la sede del CNP que será duro pasar el asueto decembrino sin su hijo.

“Duele mucho pensar que vamos a pasar la Navidad sin mi hijo. Se han efectuado varias visitas, ha bajado de peso. Cuando uno se sienta con ellos, siente que no late el corazón”, subrayó.

Además de Leon, a Yousner Alvarado y José Camero los acusaron de delitos asociados al terrorismo. 

Igualmente permanecen tras las rejas Ana Carolina Guaita, corresponsal de La Patilla en el estado La Guaira; el reportero gráfico Fernando Chuecos de Trujillo y el periodista y activista político Roland Carreño y el politico y periodista Biagio Pilieri.. 

Antes de los comicios presidenciales aprehendieron a Luis López, Gabriel González, Ramon Centeno y a Carlos Julio Rojas, a quien le acusaron de formar parte de un complot para atentar contra Maduro.

 

“Una madre nunca se cansa de luchar”: Familiares de presos políticos le piden a la Iglesia abogar por su liberación

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Familiares de presos políticos se congregaron en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, en Caracas, y le pidieron a la Iglesia Católica interceder en la liberación de sus familiares, detenidos en contexto poselectoral. 

Diego Casanova, miembro del Comité por la Liberación de los Presos Políticos, leyó la carta ante los medios de comunicación y expresó: “Pedimos de ustedes que unan sus voces con las nuestras y queremos solicitarles, de forma respetuosa, un llamado claro y un contundente a la liberación para todos aquellos que han sido privados de su libertad por motivos políticos”. 

“Le pedimos la atención y apoyo a los familiares en las parroquias cercanas a los centros de reclusión y cercanas a sus hogares. De igual forma, el apoyo de medicinas y artículos personales a través de organizaciones independientes o formales como Cáritas de Venezuela”, dijo. 

Diego Casanova
Diego Casanova leyó una carta dirigida a la Conferencia Episcopal Venezolana. Crédito: RunRunes.

Los familiares de los detenidos solicitaron un canal de comunicación con los obispos, esto con la finalidad de ser escuchados, unir fuerzas y sentir el acompañamiento. Además, solicitaron que en las celebraciones litúrgicas puedan pedir por la liberación de todos los presos políticos del país, al igual que en las tradicionales misas de aguinaldos. 

Al finalizar la lectura, Casanova indicó que este es un nuevo acercamiento de los familiares con la finalidad de continuar sumando voluntades a su causa y que los detenidos por razones políticas no sean olvidados. 

“No vamos a dejar de denunciar las condiciones inhumanas en las que están muchos de ellos”, sentenció. 

“Una petición muy humana” 

El subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, Rafael Bitter, expresó que aceptaban la solicitud y la consideró “una petición muy humana”. 

“Viendo sus peticiones son válidas y muy humanas, porque no son animales lo que están encerrados, son personas. Por eso sus peticiones de pronunciamiento ya se están haciendo”, afirmó. 

Bitter mencionó que en muchas parroquias de Venezuela, a diario, se está pidiendo por “esta realidad”. “Les digo a ellos que oremos, pero no solo es orar, también es trabajar para que esto sea una realidad en algún momento”. 

Recordó que para el próximo año jubilar, el cual inicia el 24 de diciembre, el Papa Francisco pidió a los gobiernos del mundo un gesto de solidaridad, dejando en libertad a los inocentes. “En este caso, los presos políticos”. “No es lo mismo verlo 20 minutos, que tenerlos en casa y abrazarlos”, añadió. 

“No somos políticos” 

Durante la convocatoria, madres de presos políticos se pronunciaron. Como es el caso de Manuela González, madre de Anthony Quijada, de 23 años, trasladado desde Yare III a Tocorón y antes de eso, en Puente Ayala, Anzoátegui. 

González indicó que “ellos no son políticos”, pero están alzando la voz por los muchachos que fueron detenidos después de los resultados electorales del 28 de julio. 

“Mi hijo es inocente, no es ningún terrorista. Nosotros hemos esperado pacientemente que se cumplan todos los procedimientos y hemos hecho llegar al Ministerio Público, a todas las instituciones del Estado que nos han pedido consignar documentación. Nosotros no incitamos al odio, simplemente soy una madre, como las madres que me han acompañado, estamos aquí pidiendo, una vez más que se nos escuche”, declaró González. 

González, proveniente del estado Bolívar, indicó que dejó su vida de lado para estar cerca de su hijo. “Estoy lejos de otra parte de mi familia, pero nunca digo que estoy sola, estoy con Dios y con Anthony, porque aunque está encerrado, yo lo llevo conmigo”, manifestó. 

Agregó que, desde su punto de vista, no hay “hijo favorito”, porque una madre está con lel hijo que tiene más dificultad. “Las madres nunca se cansan de luchar y hacen todo lo posible. A donde tenga que ir y alzar mi voz, yo lo voy a hacer. Simplemente, pido la libertad de mi hijo y de todos los inocentes”. 

Los familiares sentenciaron que para ellos no serán “Navidades felices” si sus familiares siguen detenidos. 

En las últimas horas, la administración de Nicolás Maduro anunció nuevas excarcelaciones. De momento, se conoce que 21 personas han sido liberadas, entre ellas, Chelsea Venero, de 16 años, adolescente que fue detenida en Guacara, estado Carabobo, y la paciente oncológica Yenny Barrios. 

 

Excarcelaron a cuatro de los siete adolescentes detenidos en Caracas

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Este miércoles, 11 de diciembre, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirmó la liberación de cuatro de los siete adolescentes detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Los menores, recluidos en el centro de detención Casa de Justicia 431 ubicada en El Cementerio, Caracas, fueron excarcelados pasadas las 11:00 de la noche, según informó El Pitazo. 

Los adolescentes excarcelados son: Daiber Lucena, Frenyermy Lara, Ángel Ramírez, y Yenderson Martínez. Quedan aún recluidos Miguel Urbina, Diomer Gómez y Bleider Level, además del joven de 19 años Héctor Hidalgo, quien está detenido junto a ellos.

Fuentes consultadas por El Pitazo aseguraron que la boleta de excarcelación llegó al sitio en horas de la tarde pero autoridades aguardaron casi hasta la medianoche para evitar que las liberaciones fueran grabadas por periodistas.

Las excarcelaciones de los jóvenes que quedan aún detenidos se realizarán entre este jueves y viernes, según detallaron otros familiares.

A las madres y demás familiares de los adolescentes que excarcelaron les prohibieron dar declaraciones a la prensa. 

Claman por libertad 

Hasta este martes, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de “presos políticos”, computaba un total de 1.913 detenidos por estos motivos, la gran mayoría apresados tras las presidenciales, así como 165 excarcelaciones, según dijo el miércoles a EFE el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización.

Madres y otros familiares de estos presos, apoyados por activistas, oenegés y dirigentes opositores, han organizado numerosas protestas, sobre todo vigilias, en los últimos meses para pedir por la libertad de sus allegados y rechazar las acusaciones en su contra, entre ellas, de terrorismo.

El miércoles familiares de “presos políticos” pidieron a la Iglesia católica, mediante una carta entregada a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), que intervenga para que liberen a sus allegados, tanto en el contexto electoral como anteriormente. 

*Con información de EFE y El Pitazo

El Mañanero del 12 de diciembre: Fueron excarcelados otros detenidos poselectorales

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En El Mañanero del 12 de diciembre de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Según confirmaron familiares de las víctimas, la noche de este martes 10 de diciembre fueron excarcelados 12 presos políticos poselectorales. Entre los excarcelados se encuentran ocho adolescentes, adultos y la paciente oncológicaYenny Barrios . Jesús Armas, presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites, se convirtió en una víctima de la represión al ser “secuestrado” el martes 10 de diciembre.

Excarcelan 12 presos políticos poselectorales incluidos ocho adolescentes y la paciente oncológica Yenny Barrios

Advierten que con la detención de Jesús Armas inicia una nueva “oleada de represión y persecución”

La hospitalización es necesaria para quienes intentaron quitarse la vida  

Cedice: 14,47% de inflación en bolívares durante el mes de noviembre

Los derechos violados con la publicación de las fotografías de Rocío San Miguel

La Conversa de ARI  |  A 25 años de Vargas las heridas aún siguen abiertas 

13 países exigen en la OEA salvoconductos para asilados en embajada argentina

En Venezuela aumenta la demanda de atención psiquiátrica pero disminuye el acceso

 

“Sus peticiones son válidas y muy humanas, porque no son animales lo que están encerrados, son personas”, Rafael Bitter, subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana

La Iglesia y la FAN en más 1000 palabras

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La imagen de Héctor Rondón Lovera, que preside este texto, no dice mucho directamente cuándo empezó a desmoronarse la república naciente de 1958 después del golpe castrocomunista de 1962

@antonioguevara

La Iglesia y la institución militar han tenido en la vida política venezolana una actuación signada por altos y por bajos en la constitución de la república. O de las repúblicas. Vamos por cinco acompañadas de 25 constituciones.

Entre ambas fundaciones han contribuido en yunta con otras a ensamblar el modelo de nación que se ha dado el pueblo venezolano desde que el clérigo José Cortez de Madariaga se echó en brazos a la primera república con un dedo que pendulaba hacia el no, por detrás del capitán general Vicente Emparan. Ha podido expresarse de arriba y abajo con la cabeza y de repente aún se estuviese jurando lealtad a SM el rey Felipe VI. Era el 19 de abril de 1810.

Desde ese balcón del ayuntamiento salieron las tropas del nuevo ejército republicano al mando del marqués Francisco Rodríguez del Toro, primero, y luego a la orden del precursor don Francisco de Miranda, a defender la libertad que estaba empezando a conquistarse. Desde el brazo que sostenía el dedo índice de Madariaga se le dijo no a la Corona y sí a la república frente a las tropas realistas.

Un cura propició todo eso. Otros curas, después del terremoto que destruyó parcialmente a Caracas otro Jueves Santo, se encargaron de vender el sismo como un castigo de Dios y allí brincó Simón Bolívar a pronunciar solemne con la espada desenvainada “si la naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca.”

De todas maneras, cayó la república y el temblor de ese entonces ha sido atribuido como una de las causas. Si usted no lo colocaba en la respuesta del examen de historia de Venezuela en sus tiempos de escolaridad se llevaba un rojo de reprobado.

El terremoto de 1812 es una causa atribuida a la caída de la primera república. Así se aprendió desde los libros de historia de Venezuela de J. M. Siso Martínez y de Humberto Bartolí en primaria y en bachillerato. Y fue precisamente desde la guarnición militar patriota en el castillo de Puerto Cabello donde los destinos de Francisco de Miranda y de Simón Bolívar se bifurcaron para la historia en ese oscuro capítulo que ha trascendido para diversas interpretaciones en el tiempo con Domingo Monteverde y con los pasaportes del precursor y del libertador. Uno para la cárcel y el otro para la libertad y la independencia, respectivamente.

De modo que ese castillo en Puerto Cabello es un referente histórico entre 1812 con la caída de la primera República. También en 1962 en el inicio de la caída de la cuarta que la pudieran marcar los historiadores del futuro como definitiva en el otro terremoto político y militar que se cerró el 4 de febrero de 1992. Treinta años después. Y entre aquella de 1812 y esta más reciente de 1962, siglo y medio. Es una rara coincidencia de la Iglesia y de los militares como protagonistas. Exactamente 150 años. Al decir formal un sesquicentenario.

Cuando se hace un inventario y se enumera la larga data de golpes, de militarismo y de pretorianismo que ha caracterizado a Venezuela desde esos tiempos de la Colonia a la actualidad, es inevitable apelar a la bota y a la sotana jugando en persogo –como en la imagen que preside– en el nacimiento, en el crecimiento, el desarrollo y la muerte de casi todos los episodios importantes de la nacionalidad.

La firma del acta de la independencia que se declaró el 5 de julio de 1811 tuvo la abstención razonada y el testimonio discrepante del presbítero Manuel Vicente de Maya, representante por La Grita; que ha abierto también las aguas de las posiciones entre quienes condenan históricamente a ese clérigo por su posición antirrepública y quienes le consiguen bondades de diversidad de opinión en la naciente república. Uno pudiera imaginarse al ensotanado de Maya en el histórico cuadro de Martin Tovar y Tovar solitario, arropado y eclipsado por todos los diputados que dijeron sí a la libertad ese día de la trascendental asamblea, firmando eufóricos viendo hacia el futuro y él, firme en su convicción de oponerse en su expresión del derecho a disentir.

A propósito, entre quienes estaban con el bando del sí, su hermano Juan José estaba alineado con los parlamentarios republicanos. Eso es historia. Tan igual como la que se ilustra en la fotografía premio Pulitzer con el padre Luis María Padilla, capellán de la Base Naval de Puerto Cabello sosteniendo al cabo segundo coriano del Batallón de Infantería Manuel Carlos Piar, Andrés de Jesús Quero Garcés en la esquina de La Alcantarilla y por detrás de ellos más de 400 muertos y sus secuelas.

Estos golpes no han representado siglo y medio después ninguna profundidad en debates ni investigaciones sobre la responsabilidad institucional en los hermanos Larrazábal (Wolfgang y Carlos) en la participación golpista de la Armada en Carúpano y Puerto Cabello, en la infiltración de los comunistas en las fuerzas armadas nacionales y en la activación de los frentes guerrilleros urbanos y rurales de la época que amenazaron a la naciente democracia surgida después del 23 de enero de 1958.

No en vano el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez honró en epónimo del frente guerrillero que cubría los estados Monagas y Sucre en 1964, el capitán de fragata Pedro Medina Silva se convirtió en un asiduo de La Habana y de Moscú después de 1962 y el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales quien a lo largo de toda la democracia fue toda una referencia para el PCV, las FALN y la revolución bolivariana.

El almirante Larrazábal, después de su paso en el comando general de la armada, fue a recibir la presidencia de la junta de gobierno tras el derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958; le entregó el cargo militar a su hermano Carlos y fue durante su breve periodo de gobierno cuando se intensificaron las relaciones entre Venezuela y la revolución cubana, a través del envío de armas y finanzas; y se coordinó la histórica visita de Fidel Castro al país el 23 de enero de 1959.

Ponte, Medina y Morales no eran ningunos extraños dentro de su componente militar. Todos los lideres políticos que acompañaron a ambos golpes pertenecían al partido comunista. Larrazábal renunció al cargo para optar en las elecciones presidenciales de 1963 apoyado por una coalición de partidos políticos, entre los que sobresalía la bandera roja rojita del PCV. O sea… y aquí es donde entra ese proceso conclusivo del marrano: rabo de cochino, trompa de cochino y pezuñas de cochino. Eso no puede ser un ornitorrinco.

La imagen de Héctor Rondón Lovera, que preside este texto, no dice mucho directamente cuándo empezó a desmoronarse la república naciente de 1958 después del golpe castrocomunista de 1962, como las casas de Caracas en el terremoto de 1812. Lo grita indirectamente en más de 1000 palabras como si lo expresara en el púlpito de la iglesia el cura Padilla o el cabo Quero en su agonía desde la esquina en la literalidad de la carnicería de la alcantarilla.

Artículo publicado previamente en antoniomguevaraf.wordpress.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El viaje de Andrea para morir junto a su hijo

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Andrea Estefany Berríos Martínez, de 28 años, falleció el 6 de diciembre en Palmira, Táchira, el pueblo que la vio crecer antes de su partida hacia Estados Unidos. Logró reunirse con su familia cumpliendo así su último deseo, pero su historia pone de manifiesto la vulnerabilidad de los venezolanos y las violaciones a su derecho a la identidad y la injusticia que enfrentó al perder su pasaporte. 

Berríos no pudo tramitar uno nuevo de inmediato debido a la debilidad de las instituciones del Estado y la ausencia de embajada venezolana en Estados Unidos. Por distintos medios intentó solicitar un salvoconducto, pero las puertas se le cerraron una y otra vez, hasta que llamó la atención de influencers y su historia se viralizó en TikTok. 

A la joven le detectaron leucemia linfoblástica aguda (cáncer de la sangre y médula ósea) hace un año. Una amiga cercana le dijo a RunRunes que estuvo en “fuertes tratamientos de quimioterapias, transfusión de sangre, plaquetas y demás. Hubo un tiempo donde había mejorado y la dieron de alta, pero el cáncer volvió y se agudizó. Su última biopsia arrojó un 90 % de cáncer. “Ni siquiera estaba apta para un trasplante de médula”, precisó su conocida.

Los doctores le dieron dos semanas de vida y le recomendaron buscar el amor de su familia, refugiarse en ellos y, desde ese momento, comenzó su tropezado viaje.

“Le dijeron textualmente que ya no había nada que hacer, que lo mejor era que ella se fuera a casa, porque según su diagnóstico, tenía poco menos de dos semanas de vida”, dijo la fuente. 

Sin derecho a la identidad 

Hace dos meses, la administración de Nicolás Maduro informó que los venezolanos sin pasaporte vigente no podrían ingresar a Venezuela. Esto, según la Constitución, es una violación al derecho de la identidad. 

Y es que en el artículo 56 de la Carta Magna se establece: “Toda persona tiene derecho a obtener documentos públicos que comprueben su identidad”. Acceso a la Justicia destaca que esto  supone que “todo venezolano puede optar de manera oportuna a una partida de nacimiento, cédula de identidad o pasaporte, pero la realidad es que los organismos del Estado no están garantizando la obtención de ninguno de ello”. 

Dicha situación no es nueva y desde hace más de siete años que se está denunciando. Y el aumento del costo del pasaporte no supuso un cambio. 

Carlos Lusverti, abogado y profesor especialista en derechos humanos, al ser consultado por RunRunes, explicó que los venezolanos que están en Estados Unidos deben moverse a otro territorio para poder tramitar el salvoconducto. 

“Si se trata de una persona que está en Estados Unidos, tendría que moverse a México para tramitar desde ese consulado el documento, es lo mismo que podría sucederle a alguien que está en Argentina, Chile o Uruguay, países con los que Venezuela ha roto relaciones recientemente”. 

El mismo experto señaló que solicitar este salvoconducto va contra lo contemplado en las leyes: “Es una medida inconstitucional, el artículo 50 de la Constitución es claro al establecer que los venezolanos no necesitan autorización alguna para ingresar al territorio nacional, esto significa simplemente que con la muestra de cualquier documento que certifique la nacionalidad, todo venezolano tiene derecho a retornar al país”. 

Aun sabiendo esto, Andrea no tenía tiempo para movilizarse a otro país o incluso exigir la entrada al país en donde nació. Como pudo, logró obtener el salvoconducto, pero le negaron abordar el primer avión y esto retrasó más su viaje. 

Tras muchas llamadas lograron el documento que pensaron que le permitiría viajar a Venezuela desde Orlando, el 19 de noviembre, pero no fue así. 

“Avianca no le permitió subirse con ese salvoconducto, alegando que no era válido para Colombia, que ellos no tenían conocimiento y, por ende, no era legal. También, le pidieron un informe médico donde el cuerpo de doctores dijeran que podía viajar, aun cuando ella presentó carta, biopsias y demás. Todo eso se consiguió y tampoco. En ese tiempo, cerraron puertas, pues el vuelo partía a las 2:40 pm y se hicieron las 3 pm y nada”, explicó la amiga de Andrea. 

Carta que presentó Andrea en la que autorizan su viaje para rencontrarse con sus familiares, la misma fue emitida por su especialista. Crédito: Cortesía.

Después de varios días, el 26 de noviembre, Andrea pudo arribar a Venezuela. Llegó a Bogotá, después se trasladó a Cúcuta, y de Cúcuta viajó hasta Palmira. 

Pasó algunos días con sus familiares y con su hijo, Kirwin, de nueve años. De acuerdo al reporte del diario La Nación, “en los últimos días hubo cierta alegría en sus familiares. Al parecer, los valores de algunas pruebas habían mejorado”. 

Pero, al día siguiente, se comenzó a sentir mal y fue llevada al Hospital Seguro Social en San Cristóbal, en donde falleció. 

En la memoria de sus familiares perdurarán los últimos momentos que compartieron juntos, pero también recordarán que Andrea podría haber pasado más tiempo con ellos, de no haber tenido tantos contratiempos para tramitar un documento que le permitiera viajar a su país natal.

La hospitalización es necesaria para quienes intentaron quitarse la vida  

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El pasado domingo 8 de diciembre, el preso político Carlos Eduardo Valecillos de 34 años de edad intentó quitarse la vida dentro de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua. Según la versión de sus compañeros de celda, se desconoce cuánto tiempo estuvo colgado y si sufrió un efecto secundario producto del ahorcamiento.

El martes 3 de diciembre, Valecillos entregó una carta de despedida a su madre Ismenia Ramírez donde le decía que ya no quería seguir viviendo en esas condiciones. Después del intento de suicidio, Ramírez acompañó al resto de los familiares de los detenidos luego de las elecciones del 28 de julio frente a la Fiscalía para exigir libertad y pruebas del estado de salud de sus seres queridos.

Valecillos fue detenido por funcionarios de seguridad en la zona caraqueña de Antímano el 29 de julio cuando se trasladaba con una pasajera en su taxi en busca de un medicamento y su estadía en prisión, así como la de muchos detenidos en medio de la represión postelectoral ha violado todo tipo de derechos fundamentales consagrados en el marco jurídico venezolano.

El artículo 43 de la Constitución reza que “el derecho a la vida es inviolable” y que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando el servicio militar o civil o sometidos a su autoridad en cualquier otra forma”. Mientras que el artículo 272 dice que “el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”. 

“Las cárceles, prisiones y penitenciarías son responsables por la protección de la salud y seguridad de los privados de libertad, el no hacerlo supone responsabilidad del Estado”, dijo la directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo.

Tineo indicó que el suministro de servicios adecuados para la prevención e intervención del suicidio es una obligación del sistema penitenciario. “Esto pasa por garantizar acceso a los servicios básicos de salud física y salud mental”. 

Sostuvo que en el caso de Valecillos, según el ordenamiento jurídico procede una revisión de la medida privativa de libertad y su sustitución por una medida cautelar que le permita recibir atención médica y el cuidado de su familia.

Un llamado de emergencia y libertad 

La psicóloga clínica y social Yorelis Acosta resaltó que lo fundamental con alguien que haya intentado quitarse la vida es no dejarlo solo. “Buscar un especialista, hacer un diagnóstico, conocer todos los factores que están incidiendo, no debemos juzgar, reprochar sino acompañar y entender, es importante la compañía constante porque la probabilidad de que pueda cometer otro intento es muy alta”.

Acosta sostuvo que en la mayoría de los casos es perentorio hospitalizar a la persona. “Deberíamos sacarlo de ese contexto que fue precipitante de ideas negativas e ideación suicida. Debería estar rodeado de sus familiares, porque precisamente el hecho de no estar con sus familiares podría ser un factor precipitante”.

Para Acosta es importante ir trabajando y generando en ellos la idea de un futuro más promisorio y positivo. A juicio de la especialista, la idea de quitarse la vida es porque se quiere acabar con el sufrimiento. “Hay que reforzar la idea de que el sufrimiento va a disminuir, que va a estar acompañado y ese acompañamiento debería ser por un tiempo largo hasta la restitución de su salud mental, de su equilibrio emocional”.

Acosta hizo hincapié en la necesidad de identificar los factores que están perturbando la salud mental y ubicar esa posibilidad de reconectarse con la vida y la esperanza. “El mayor riesgo de la depresión es la ideación suicida y los actos suicidas. Pueden haber factores precipitantes y personas en estado aparente de normalidad, de repente nos sorprenden”.

Tineo indicó que las autoridades del sistema penitenciario tienen la responsabilidad de desarrollar o implementar programas integrales de salud.  “Lamentablemente el sistema venezolano carece de tales programas, al contrario estructuralmente desatiende sus obligaciones de velar por la integridad de los privados de libertad y garantizar condiciones dignas”.

 

En Venezuela aumenta la demanda de atención psiquiátrica pero disminuye el acceso

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La salud mental es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico”. Sin embargo; en Venezuela, este derecho es vulnerado cuando aumenta la demanda de atención psiquiátrica pero disminuye el acceso al servicio. 

En los últimos años, la situación en el país con el tema de la salud mental ya era bastante “compleja” principalmente por la invisibilidad del problema, la falta de políticas públicas efectivas y la emergencia humanitaria compleja, producto de una severa crisis económica, política y social que se magnificó con la llegada del COVID-19.

En rueda de prensa, el psiquiatra y director del centro de salud Somos Humana, Pedro Delgado informó que durante la pandemia creció en 35% la demanda de servicios de salud mental. El experto explicó que en el caso de Venezuela se presenta una ecuación difícil de resolver. 

“Por un lado ha disminuido la oferta de servicios de psiquiatría tanto privados como públicos por la diáspora de profesionales en psicología y psiquiatría, aunado a eso, el deterioro de los centros de salud manejados por el Estado que muchos han terminado cerrado total o parcialmente como es el caso del hospital El Peñón en Caracas”, dijo.

Delgado puntualizó que en años anteriores en el país existían alrededor de 1600 psiquiatras, pero que hoy en día no llegan ni a 600, por lo que insistió que es necesario volver a aquella época en la que se podía cubrir la demanda pública y privada sin problemas. 

Difícil acceso a la salud mental 

Según datos de una investigación realizada en 2019 en donde participó el psiquiatra Pedro Delgado, el tiempo que tardan las instituciones públicas en dar una cita a una persona que presente algún problema de salud mental es “muy largo”, lo que deriva en que “la gente se cansa de esperar”.

“Entre el momento que el paciente pide la consulta, sobre todo cuando son consultas de emergencia y el momento en que se les da la consulta es una gran variabilidad pero en términos generales son tiempos más o menos prolongados por la poca disponibilidad de camas, además de las constantes fallas en los servicios públicos como agua y electricidad que dificultan la hospitalización”, explicó.

Delgado señaló que con el tema de la salud mental “estamos ante un cuadro de una demanda crecida y una oferta disminuida lo cual deja un vacío importante en el área”, pues el alto costo de los servicios en establecimientos privados se vuelven “inaccesibles” para la mayoría de la población.

Entre los problemas más comunes de salud mental que presentan los venezolanos, el psiquiatra señaló la depresión, trastornos de ansiedad, estrés postraumático, drogadicción, alcoholismo prematuro, trastornos de conducta y por déficit de atención.  

En el caso de que una persona de bajos recursos necesite atención psiquiátrica de emergencia en Caracas, Pedro Delgado indicó que pueden dirigirse al Hospital Psiquiátrico de Caracas, o al Hospital Universitario, pero en este último solo brindan atención ambulatoria porque no cuentan con el servicio de hospitalización. 

A juicio de Delgado, el panorama de la salud mental del venezolano es “malo” porque “los pacientes que sufren de enfermedades psiquiátricas importantes, como el trastorno bipolar o la esquizofrenia se deterioran si no son bien atendidos, lo que implica una sobrecarga para la familia y para la sociedad, lo que constituye un problema”.