La hospitalización es necesaria para quienes intentaron quitarse la vida
La psicóloga Yorelis Acosta dijo que el acompañamiento de familiares y seres queridos es fundamental en la recuperación. La activista Martha Tineo sostuvo que el Estado incumple su deber de establecer políticas de prevención y protección en torno a la salud mental
El pasado domingo 8 de diciembre, el preso político Carlos Eduardo Valecillos de 34 años de edad intentó quitarse la vida dentro de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua. Según la versión de sus compañeros de celda, se desconoce cuánto tiempo estuvo colgado y si sufrió un efecto secundario producto del ahorcamiento.
El martes 3 de diciembre, Valecillos entregó una carta de despedida a su madre Ismenia Ramírez donde le decía que ya no quería seguir viviendo en esas condiciones. Después del intento de suicidio, Ramírez acompañó al resto de los familiares de los detenidos luego de las elecciones del 28 de julio frente a la Fiscalía para exigir libertad y pruebas del estado de salud de sus seres queridos.
Valecillos fue detenido por funcionarios de seguridad en la zona caraqueña de Antímano el 29 de julio cuando se trasladaba con una pasajera en su taxi en busca de un medicamento y su estadía en prisión, así como la de muchos detenidos en medio de la represión postelectoral ha violado todo tipo de derechos fundamentales consagrados en el marco jurídico venezolano.
El artículo 43 de la Constitución reza que “el derecho a la vida es inviolable” y que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando el servicio militar o civil o sometidos a su autoridad en cualquier otra forma”. Mientras que el artículo 272 dice que “el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”.
“Las cárceles, prisiones y penitenciarías son responsables por la protección de la salud y seguridad de los privados de libertad, el no hacerlo supone responsabilidad del Estado”, dijo la directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo.
Tineo indicó que el suministro de servicios adecuados para la prevención e intervención del suicidio es una obligación del sistema penitenciario. “Esto pasa por garantizar acceso a los servicios básicos de salud física y salud mental”.
Sostuvo que en el caso de Valecillos, según el ordenamiento jurídico procede una revisión de la medida privativa de libertad y su sustitución por una medida cautelar que le permita recibir atención médica y el cuidado de su familia.
Un llamado de emergencia y libertad
La psicóloga clínica y social Yorelis Acosta resaltó que lo fundamental con alguien que haya intentado quitarse la vida es no dejarlo solo. “Buscar un especialista, hacer un diagnóstico, conocer todos los factores que están incidiendo, no debemos juzgar, reprochar sino acompañar y entender, es importante la compañía constante porque la probabilidad de que pueda cometer otro intento es muy alta”.
Acosta sostuvo que en la mayoría de los casos es perentorio hospitalizar a la persona. “Deberíamos sacarlo de ese contexto que fue precipitante de ideas negativas e ideación suicida. Debería estar rodeado de sus familiares, porque precisamente el hecho de no estar con sus familiares podría ser un factor precipitante”.
Para Acosta es importante ir trabajando y generando en ellos la idea de un futuro más promisorio y positivo. A juicio de la especialista, la idea de quitarse la vida es porque se quiere acabar con el sufrimiento. “Hay que reforzar la idea de que el sufrimiento va a disminuir, que va a estar acompañado y ese acompañamiento debería ser por un tiempo largo hasta la restitución de su salud mental, de su equilibrio emocional”.
Acosta hizo hincapié en la necesidad de identificar los factores que están perturbando la salud mental y ubicar esa posibilidad de reconectarse con la vida y la esperanza. “El mayor riesgo de la depresión es la ideación suicida y los actos suicidas. Pueden haber factores precipitantes y personas en estado aparente de normalidad, de repente nos sorprenden”.
Tineo indicó que las autoridades del sistema penitenciario tienen la responsabilidad de desarrollar o implementar programas integrales de salud. “Lamentablemente el sistema venezolano carece de tales programas, al contrario estructuralmente desatiende sus obligaciones de velar por la integridad de los privados de libertad y garantizar condiciones dignas”.
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