De acuerdo con los datos recabados por el Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad, la inflación del mes de agosto mostró una desaceleración, ubicándose en 6,99 % en bolívares y 0,77 % en dólares.
“Con este resultado, el ritmo de incremento de precios en moneda nacional evidenció una desaceleración respecto a los meses previos (junio y julio 16,85 %) y retornó a niveles cercanos a los observados en mayo (6,77 %)”, señaló el informe del OGP.
A pesar de esta moderación mensual en la inflación de agosto, la variación acumulada del año es contundente y siguió avanzando hasta ubicarse en 206 %. Por su parte, la inflación interanual (agosto 2025-agosto 2026) se ubicó en 641,35 % en bolívares y en 36,47 % en dólares.
De acuerdo con el OGP, el descenso de la tasa interanual no responde a una mejora estructural de las condiciones económicas, sino a un “efecto base”: en agosto de 2025 se produjo un salto inflacionario de 28,31 % en bolívares, motivado por un ajuste del tipo de cambio oficial cercano al 22 %.
De mantenerse la estacionalidad habitual en el último trimestre, Cedice Libertad estima que 2026 cerraría con una inflación acumulada de entre 695 % y 705 % en bolívares, y entre 34,5 % y 44,5 % en dólares.
Casi cuatro salarios integrales para subsistir
El impacto en el poder adquisitivo del venezolano sigue siendo notable. En agosto, el consumo promedio de 61 bienes y servicios para una familia de tres personas en Caracas, Maracaibo y Valencia se ubicó en 744.176,63 bolívares mensuales, equivalentes a 940,01 dólares.
Para adquirir esta canasta, se requirieron 3,91 salarios integrales (calculados sobre una referencia de Bs 190.130,80), lo que representa la necesidad de producir casi un salario integral por semana únicamente para costear lo esencial.
Maracaibo: la ciudad más cara
En el análisis por zonas, Maracaibo reportó la canasta más costosa de las tres ciudades evaluadas, alcanzando los 776.092,13 bolívares (980,32 dólares). Le siguieron Valencia con 765.214,42 bolívares (966,58 dólares) y Caracas con 691.223,24 bolívares (873,12 dólares).
En términos interanuales, Maracaibo también encabezó la variación, con 707,47% en bolívares y 48,64% en dólares. Valencia registró 628,39% y 34,09%, respectivamente, mientras Caracas alcanzó 591,40% y 27,26%
Sin embargo, Caracas lideró los incrementos mensuales de precios en agosto, con una variación de 8,96 % en bolívares y 2,63 % en dólares.
Servicios y alimentos encabezaron el alza
Al evaluar el comportamiento de los rubros en moneda nacional, los mayores incrementos durante agosto fueron los Servicios (+9,05 %) y Alimentos (+8,99 %). Le siguieron Perfumería y cuidado personal, con 7,95 %; Restaurantes, con 5,70 %; y Recreación y esparcimiento, con 4,73 %. El único rubro que registró una disminución mensual fue Transporte, con -1,62 %.
En la medición interanual, Restaurantes presentó el mayor incremento, con 950,67% en bolívares, seguido por Servicios, con 812,22%; Recreación y esparcimiento, 632%; Transporte, 614,15%; Perfumería y cuidado personal, 580,30%; y Alimentos, 550,15%.
En la medición interanual de los últimos 12 meses, el renglón de Restaurantes lidera el alza con 950,67% en bolívares, seguido por Servicios con 812,22%.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Los acuerdos petroleros anunciados sorpresivamente por los gobiernos de los Estados Unidos y Venezuela han producido un sorpresivo estremecimiento que ha pillado fuera de lugar a casi todo el estamento político nacional. La firma de estos convenios, televisada en el Palacio de Miraflores, generalizó la regla del off side. Nada es lo que antes era.
El gobierno chavista de Delcy Rodríguez presenta como “un logro de la diplomacia” unos acuerdos petroleros consecuencia de una decisión militar que arrestó a su máximo dirigente, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. El enemigo público numero uno de la narrativa chavista ocupa un lugar en Caracas “por la razón o la fuerza”, y arrincona la antigua influencia china, rusa e iraní en el país.
En la oposición venezolana la molestia es mayoritaria, aunque en casi todos sus componentes prima la prudencia en el trato declarativo ante Washington. No son demasiados los políticos opositores alzando su voz ante las implicaciones de este acuerdo. Lo hacen rezongando en privado.
Una traición en cámara lenta
En la sociedad civil, a diferencia de lo que sucedía unos meses antes, crece la impresión -en los múltiples debates de los grupos de whatsapp y en lo que afirma con frecuencia el ciberactivismo en las redes sociales- de que Estados Unidos ha consumado una traición, y que ha formalizado una alianza “contra natura” con el régimen, para hacer realidad un nuevo status quo. Una conducta tendente a dejar para mejor momento las demandas para concretar la soñada transición a la democracia.
Es entonces María Corina Machado, tradicionalmente un vocero calificado de la política local ante los Estados Unidos, quien aparece para cuestionar lo acordado: fustiga la opacidad de los convenios; lamenta que la voz de los venezolanos haya quedado fuera; critica la legitimidad del régimen chavista y le recuerda a la potencia norteamericana quiénes son “sus verdaderos enemigos”. Ahorrándose en todo momento los adjetivos, María Corina ofrece una nueva muestra de integridad política, y termina siendo vocero de un disgusto que está objetivamente extendido.
Betancourt inmaculado
En Washington, ahora los voceros de la Casa Blanca que antes fustigaban al régimen venezolano por sus relaciones con la corrupción y el lavado de dinero, y ponían precios millonarios a las cabezas de algunos de sus dirigentes, no consiguen “nada anormal en nuestros registros”, como dijo el secretario de estado de los Estados Unidos, Marco Rubio cuando tienen que seguirle el rastro al comportamiento de Alejandro Betancourt, un empresario que, en el pasado, ha formado parte de la arquitectura de varias operaciones económicas del régimen chavista.
Mientras, Alejandro Betancourt, un empresario que tiene rato cargando con una leyenda oscura, y que incluso, hasta no hace mucho, lucía un individuo acorralado, cuestionado por su papel durante la crisis eléctrica, con investigaciones en Suiza y España, emerge como una de las bisagras de este ambicioso anuncio energético, -“el más importante en un siglo”, según Donald Trump. NABEP, la compañía de la cual Betancourt es CEO, es el epicentro de esta compleja operación legal e industrial. Al parecer – y esta es la gran paradoja de esta historia- , la Casa Blanca tiene máxima confianza en el polémico Betancourt. Marco Rubio lo ha afirmado: estos acuerdos no se celebran con Venezuela, sino con NABEP.
La declaración, con carácter prescriptivo, de Donald Trump, según la cual Venezuela “no está lista todavía para una elección” –afirmación dura, insólita viniendo de un mandatario extranjero, pero no tan inexacta-, y el evidente privilegio que tienen los negocios en la agenda estadounidense para Venezuela, se acoplan como elementos constitutivos en el esquema de las tres fases enunciado por Marco Rubio. “Tres fases”, que, de posposición en posposición, podrían terminar nadando para morir en la orilla del año 2030, momento en el cual, de todas formas, está pautada la próxima consulta presidencial. (James Story, ex embajador en Bogotá y Caracas, ya ha afirmado que ve “difícil” unas elecciones en 2027).
Soberanía a la baja
Los acuerdos anunciados tienen una doble interpretación. Hay una aproximación política, con un importante sesgo moral, que cuestiona la ausencia de miramientos para defender los intereses de la república, y reacciona indignada ante la evidente vulneración de la soberanía nacional.
Expertos vinculados a la interpretación del tema, como Leonardo Vera, de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, comentan que la nación ha retrocedido mucho, en materia de sesiones y condiciones impuestas, respecto a otros marcos legales del pasado con esta experiencia. Se va extendiendo, además, -independientemente de que sea cierto- la sensación de que los Estados Unidos ha fundamentado un nuevo estatus quo para defender sus negocios, en detrimento de la sed de democracia que tiene la población.
“Cómo estará Venezuela necesitada de inversiones, de soluciones, que un acuerdo como este, opaco, chucuto, que ha generado tantas dudas por su procedimiento, ha sido recibido con alegría por ciertos sectores”, afirma Vera.
La bonanza prometida
Pero los acuerdos tienen, también, una interpretación económica, o economicista, que tiene a restar peso sobre la carga moral del convenio, y que está ponderando el volumen de la inversión, las regalías e impuestos anunciados. La promesa económica de este acuerdo tiene elementos que suenan tentadores. La posibilidad de duplicar la inversión petrolera en el mediano plazo; de relanzar la industria y hacer posible el regreso de la economía nacional a su tamaño de antaño en un plazo no tan largo de tiempo. Delcy Rodríguez afirma, y por supuesto que es cierto, que nada hace la nación teniendo reservas probadas gigantescas de petróleo, que pueda certificar, si no es capaz de explotarlas adecuadamente en beneficio de su población.
Pero ahí está el detalle: adecuadamente. Tenemos un elenco administrativo y de gobiernos que ha experimentado por largo tiempo en el campo del fracaso. El aumento de la renta nacional no se va a traducir necesariamente en desarrollo, o avances en el combate a la pobreza. De concretarse, este sería el cuarto o quinto boom petrolero que tendría Venezuela en su historia: el impulso inicial de los años 40 y 50; la Venezuela Saudita de los años 70; el tiempo de la Apertura Petrolera de los 90; y los años de Hugo Chávez y su zar energético, Rafael Ramírez, de 2006 a 2012.
Ninguno de estos ciclos ha sido especialmente virtuoso. El dinero que ingresó hizo posible algunas obras de infraestructura y el financiamiento de programas sociales que llegaron a tener su importancia, pero en líneas generales, se trata de procesos que han fracasado, que no han podido cumplir con sus objetivos, y en el cual se han despilfarrado miles de millones de dólares. Como suele sucederle a los petroestados.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó que la noche del 5 de septiembre se cumplieron 240 días de vigilia en las adyacencias de la cárcel El Rodeo I. Familiares y amigos de presos políticos han mantenido estas jornadas de “oración continua y exigencia de libertad” para todos los presos políticos de Venezuela.
“A pesar del dolor, el paso del tiempo y las promesas incumplidas, las familias continúan firmes. El campamento en El Rodeo I se ha convertido en un bastión de resistencia y en un refugio para estas familias que claman por ver a sus seres queridos”, expresó el Clippve en una publicación en X con imágenes de la actividad.
El Comité considera indispensable “no olvidar esta lucha y recordar que no puede existir una transición hacia la democracia si aún continúan inocentes tras las rejas”.
En ese sentido, desde este 7 de septiembre, convocaron a una jornada continuada de protestas denominada “La ruta de las respuestas pendientes”, que los llevará en su primera actividad a la Defensoría del Pueblo, luego al Ministerio Público y finalmente al Palacio de Miraflores.
Ante esos entes, exigirán información sobre la comisión especial anunciada para atender los casos, la atención individual y el seguimiento ofrecido a las familias, las visitas e inspecciones a los centros de reclusión y sus resultados, las actuaciones frente a casos de salud, incomunicación, malos tratos y otras situaciones urgentes y las medidas concretas adoptadas para proteger los derechos de quienes siguen detenidos.
“Recibir una denuncia no basta. Hay que verificar, proteger e informar”, insistieron.
Excarcelaciones y a medias
Durante 2026, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, y su hermano, Jorge Rodríguez, han prometido y anunciado de forma reiterada la liberación masiva de presos políticos en el marco de un proyecto de Ley de Amnistía General aprobada por la Asamblea Nacional.
Tras la captura de Nicolás Rodríguez, Jorge Rodríguez anunció el inicio de un proceso de excarcelación “masiva” de presos políticos y luego su hermana, Delcy Rodríguez, anunció la propuesta de una Ley de Amnistía General, aprobada el 19 de febrero.
De acuerdo con análisis de ONGs como Acceso a la Justicia y Human Rights Watch, los tribunales aplican la ley de forma selectiva y a conveniencia del gobierno, perpetuando la persecución política. Familiares reportaron casos donde el beneficio se otorgaba y luego era revocado “por órdenes de arriba”. El diseño de la ley también restringía la amnistía solo a ciertos “episodios de convulsión social”, y deja por fuera e inhabilitados a líderes principales de la oposición, así como a políticos en el exilio.
Tras estos hechos, en mayo de 2026, Jorge y Delcy Rodríguez prometieron nuevas rondas para liberar a unas 300 personas adicionales, estableciendo plazos que incluyeron casos prioritarios por salud o edad. Delcy aseguró que se superarían las 500 liberaciones. En agosto de 2026, retomaron la misma promesa y aseguraron que se habrían concretado más de 1000 liberaciones desde enero.
Pero las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, como el Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón y el propio Clippve, señalan que las excarcelaciones ocurren de manera lenta, condicionada y a cuentagotas, sin coincidir plenamente con los totales anunciados por el oficialismo.
Presos con enfermedades terminales o crónicas avanzadas fueron ignorados por la Ley de Amnistía. Un ejemplo reciente fue el deJovanny González, quien falleció de cáncer metastásico en agosto de 2026 implorando una amnistía o medida humanitaria que nunca le fue otorgada.
Otro caso que causó conmoción fue el del preso político Víctor Quero y su madre. Quero (51 años) fue detenido en enero de 2025. Durante más de un año, las autoridades mantuvieron su caso bajo un esquema de “desaparición forzada”, ocultando su paradero a la familia. No fue sino hasta el 7 de mayo de 2026 cuando el Ministerio de Servicios Penitenciarios emitió un comunicado informando que Quero había muerto en prisión nueve meses antes, el 24 de julio de 2025. El Estado incluso intentó sepultarlo sin el consentimiento ni la presencia de sus familiares.
Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunciaron que la justicia venezolana emitió una boleta negando formalmente el beneficio de la amnistía para Quero tan solo un día antes de que el gobierno admitiera públicamente que el hombre ya llevaba meses muerto.
Su madre, Carmen Teresa Navas, quien pasó más de un año buscándolo incansablemente y se atrevió a denunciar públicamente el caso en enero de 2026, falleció diez días después de enterarse del deceso y tener que someterse al proceso de exhumación para reconocer los restos de su hijo, debido al profundo deterioro físico causado por el dolor y el sufrimiento.
Hasta agosto de 2026, cinco madres de presos políticos han fallecido debido a complicaciones de salud provocadas por el desgaste emocional de exigir justicia, como ocurrió también con Nexi Carrillo, madre del detenido Varnei Vargas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) advirtió este 5 de septiembre que la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia no implica, por sí misma, el fin de la persecución política en Venezuela.
La organización se pronunció sobre una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés), que, según Veppex, puede tener consecuencias en los casos de asilo de miles de venezolanos.
De acuerdo con la organización, la BIA determinó en el caso Matter of A-E-V-M- que la salida de Maduro y la transferencia del poder constituyen un cambio en las condiciones del país que debe ser considerado al evaluar las solicitudes de asilo.
Pero Veppex insistió en que el cambio forzado en la jefatura del gobierno no necesariamente supone el desmantelamiento de las estructuras que participaron en la persecución de opositores.
“Cambiar al jefe del gobierno no significa desmontar el aparato represivo”, afirmó la organización, que planteó como interrogante si continúan activos y con poder los funcionarios, organismos de inteligencia, mandos militares y grupos señalados de perseguir a opositores. “La respuesta es sí”, aseguró Veppex.
La organización recordó además que en su informe “La persecución política continúa en Venezuela”, publicado el 1 de agosto de 2026, ya había advertido que la amnistía parcial y algunas excarcelaciones no habían eliminado las estructuras responsables de la represión.
Veppex pide evaluar cada solicitud de asilo individualmente
Según la organización, Foro Penal registra actualmente 328 presos políticos en Venezuela. También señaló que persisten causas judiciales, amenazas, restricciones, traslados arbitrarios y persecución contra civiles, militares disidentes, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
En este contexto, Veppex pidió que la situación de los venezolanos que solicitan protección en Estados Unidos sea examinada de manera individual.
“Un venezolano no debe perder su asilo simplemente porque Maduro ya no ocupe la Presidencia”, sostuvo la organización. Insistieron en que en cada caso deben considerarse elementos como quién persiguió a la persona, si ese actor conserva poder y si mantiene la capacidad e intención de causarle daño.
La organización también pidió a jueces y autoridades migratorias estadounidenses que no equiparen el cambio de liderazgo con el restablecimiento del Estado de derecho.
“Mientras el aparato represivo permanezca intacto, el retorno de numerosos venezolanos seguirá siendo peligroso”, concluyeron.
“Venezuela no será segura mientras existan presos políticos, tortura, causas abiertas y perseguidores protegidos por el Estado. Cambió el gobernante. No desapareció el peligro”.
El alcance del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela se ha ido conociendo de forma fragmentada. El presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, hizo el anuncio con grandilocuencia y, desde entonces, han aparecido nuevos datos sobre los campos involucrados, la inversión prometida, los plazos, la participación estadounidense y los mecanismos de control. Cada anuncio ha añadido un elemento a una operación que, por su dimensión, puede alterar la relación de Venezuela con su principal fuente de ingresos.
Del “mayor acuerdo petrolero mundial” aún queda mucho por conocerse. Uno de los datos que necesita ser desarmado no es cuánto petróleo está involucrado, sino cuánto de esa riqueza puede convertirse efectivamente en renta para el Estado venezolano y bajo qué reglas.
El anuncio de Trump habla de 17 campos y más de 65 000 millones de barriles de reservas probadas, además de una inversión proyectada de hasta $100 000 millones. La Casa Blanca señaló que la empresa privada North American Blue Energy Partners, NABEP, tendrá concesiones por 100 años sobre esos campos.
Mientras, Delcy Rodríguez ha revelado algunos elementos de la ecuación. La presidenta encargada se refiere a un acuerdo de 25 años y de más de $209 000 millones en impuestos y regalías para Venezuela durante ese período, calculados sobre un precio de referencia de $65 por barril.
La renta que todavía necesita explicarse
Esas cifras permiten dimensionar el tamaño de la operación, pero no bastan para saber cuánto dinero terminará efectivamente en las cuentas públicas. Los más de $200 000 millones anunciados como ingresos fiscales son una proyección, no un monto disponible de inmediato. Su materialización dependerá de cuánto petróleo se produzca, cuánto cueste extraerlo, a qué precios se venda y bajo qué condiciones fiscales se calcule la participación del Estado.
El problema es que todavía no se conoce con suficiente detalle cómo se llegó a esa cifra ni cuánto correspondería a regalías, impuestos o qué condiciones se aplicarán a los costos de producción antes de determinar la participación del Estado.
La cifra ya genera dudas entre especialistas. Reuters recogió la evaluación de Francisco Monaldi, del Baker Institute, quien calificó los impuestos anunciados como “increíblemente bajos” para los recursos involucrados.
Por ahora, la cifra sirve para medir la ambición del acuerdo, pero no permite saber cuánto dinero terminará realmente en las arcas públicas.
Más allá de la propiedad, está el control
El gobierno encargado ha insistido en que el petróleo seguirá siendo propiedad de Venezuela. Washington, por su parte, ha anunciado una estructura que le concede una influencia considerable sobre la operación de los campos.
EE. UU. tendrá una participación de 35% en la empresa matriz de NABEP. Además, tendrá derecho a comprar 20% de la producción a costo y prioridad para adquirir el resto, así como poder de veto sobre los integrantes de la junta directiva, cuya mayoría deberá estar integrada por ciudadanos estadounidenses.
Es decir, la discusión no pasa solamente por quién es dueño del petróleo que está bajo tierra. También importa quién decide cómo se explota, quién participa en las decisiones de la empresa, quién tiene prioridad para comprar el crudo y bajo qué condiciones se mueve el dinero generado por el negocio.
Esto explica por qué Trump asegura haber obtenido “control mayoritario” sobre esos recursos, mientras que la presidenta encargada sostiene que Venezuela mantiene la propiedad y soberanía sobre el petróleo. Las dos afirmaciones se refieren a dimensiones distintas de la operación y, precisamente por eso, el alcance del control empresarial adquiere tanta importancia.
Por ahora, el acuerdo deja otra interrogante abierta que va más allá de los porcentajes y tiene que ver con cuánto control conservará realmente el Estado venezolano sobre la operación de esos campos.
¿25 o 100 años?
Hay otro dato que llama la atención cuando se comparan las versiones de ambos gobiernos y es el plazo del acuerdo.
La Casa Blanca habla de concesiones por 100 años para los 17 campos entregados a NABEP. Miraflores, en cambio, presentó el acuerdo como una operación de 25 años, período sobre el cual calculó los ingresos fiscales para Venezuela.
La diferencia no es menor. Rodríguez parece referirse al período utilizado para proyectar los ingresos y desarrollar los campos, mientras que los 100 años anunciados por Trump corresponden a los derechos otorgados a NABEP sobre esos yacimientos.
Aquí aparece otra interrogante. La legislación venezolana establece modalidades y plazos específicos para la participación privada en el sector petrolero, por lo que todavía falta conocer cómo se denomina jurídicamente el derecho otorgado a NABEP, qué disposición de la Ley Orgánica de Hidrocarburos lo sustenta y mediante qué instrumento fue formalizado.
Tampoco se sabe qué ocurrirá después de los 25 años utilizados para proyectar los ingresos fiscales y qué derechos conservaría NABEP durante el período restante.
Más preguntas que certezas
A medida que aparecen nuevos detalles del acuerdo también surgen dudas que todavía no tienen una respuesta completa. Una de ellas tiene que ver con la participación del Departamento de Defensa de Estados Unidos en la empresa matriz de NABEP. Tampoco se sabe cómo se ejercerá ese poder económico y qué alcance tendrá dentro de una operación petrolera ubicada en territorio venezolano.
También queda por aclarar si NABEP tiene la capacidad financiera y operativa para asumir el desarrollo de los 17 proyectos y qué otras empresas terminarán participando en ellos. A esto se suma el papel que tendrá Pdvsa dentro de la nueva estructura y cuánto control conservará sobre los activos y los ingresos asociados a esas operaciones.
Son preguntas que no cambian las cifras anunciadas, pero sí pueden cambiar la lectura del acuerdo. Mientras esas piezas sigan sin estar completamente explicadas, resulta difícil determinar dónde termina la participación venezolana y dónde comienza el control efectivo de Estados Unidos sobre el negocio petrolero.
El verdadero alcance del acuerdo todavía no puede medirse por el tamaño de la operación ni por las inversiones anunciadas, sino por las condiciones bajo las cuales esa riqueza llegará a convertirse en ingresos para Venezuela.
Mientras no se conozcan en su totalidad los contratos, las reglas fiscales y los mecanismos de control, la operación seguirá teniendo más cifras conocidas que certezas sobre cuánto y bajo qué condiciones beneficiará realmente al Estado venezolano.
El Tribunal Tercero en Funciones de Juicio de Barinas esperaba que Jovanny González, un expreso político venezolano de 36 años, lo visitará el 14 de septiembre de 2026. Para ellos era un acto rutinario: Jovanny debería presentarse cada mes. Él tiene esa obligación desde el año 2018.
Pero Jovanny ya no podrá ir más: falleció el 26 de agosto de 2026 postrado en una clínica.
Tenía un cáncer terminal metastásico que, según sus familiares, se detectó en su riñón izquierdo en diciembre de 2024.
Los abogados que acompañaban a Jovanny, de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), solicitaron al tribunal medidas humanitarias para dejarlo en libertad plena.
No hubo respuesta por años: querían que Jovanny visitara los tribunales sin importar qué.
El retardo procesal fue una constante en su caso.
Jovanny González (a la izquierda de la imagen) empezó como asistente parlamentario de Wimer Azueje (derecha de la imagen) a los 19 años. Foto: redes sociales de Jovanny
De espera en espera
A Jovanny lo detuvieron de manera arbitraria el 2 de marzo de 2017. Entonces, él tenía 27 años y era asistente parlamentario del diputado Wilmer Azuaje, a quién también detuvieron ese día.
«Y desde ese momento se le han violado todos sus derechos humanos y constitucionales», recordó Roland García, abogado y director de Fundehullan. «A él lo presentaron 128 días después de su detención. La audiencia de presentación en Venezuela debería ser efectiva 48 horas después de su detención».
Sin embargo, la justicia venezolana tardó 3072 horas para dar el primer paso al caso.
Durante ese tiempo Jovanny estuvo en El Helicoide, una obra arquitectónica inconclusa que el chavismo usó como centro de tortura, según constató la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahí, Jovanny no fue ajeno al trato cruel e inhumano: «La información que tenemos por parte de su madre, Andrea González, es que Jovanny, durante su reclusión en el Helicoide, fue víctima de golpes por parte de funcionarios del Estado venezolano», relató García.
Fue en agosto de 2017 cuando la juez del tribunal de control número 6 del Circuito Judicial del estado Barinas, Dubraska Linares, le imputó 6 delitos a Jovanny: porte ilícito de armas de fuego, posesión ilícita de armas de guerra, tráfico ilícito de municiones, uso indebido de prendas militares, agavillamiento y resistencia a la autoridad.
Fundehullan denunció que no había pruebas para imputar a González de estos delitos. Tampoco le dejaron a los abogados tener acceso a los expedientes del caso.
Desde @FundehullanVzla lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Jovanny González, ciudadano barinés detenido en 2017 . Hoy #26Ago partió tras la omisión del Estado venezolano, que le negó la amnistía y mantuvo el régimen de citaciones judiciales a pesar de su crítico… pic.twitter.com/P9KG1N4ZCF
La hipótesis más consistente que la ONG tiene de su detención era por la represión política que se vivía durante las protestas antigubernamentales de la época. Jovanny y Wilmer no fueron los únicos presos políticos ese año: hubo 5511 arrestos con fines políticos y se apresaron 848 personas de forma arbitraria, según los datos de la ONG Foro Penal.
Después de imputar los seis delitos, llevaron a Jovanny al Centro de Procesados 26 de Julio de San Juan de Los Morros, en el estado Guárico, a 451 kilómetros de carretera de su hogar. Allí esperó un año y un par de meses para que le dieran libertad con medidas cautelares.
De búsqueda en búsqueda
García reiteró que Jovanny también sufrió de tratos crueles en Guárico. Y, si bien estaba fuera de la cárcel, en enero de 2019 surgieron nuevas protestas antigubernamentales. A Jovanny, según Fudehullan, lo perseguía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Pero Jovanny no aguantó más: ese mes se exilió con su familia a República Dominicana.
«Dos años después de su detención [en 2019], empezó tener dolencias en la parte izquierda de la espalda, lo que derivó en dos tumores en el riñón izquierdo», dijo García.
Estos tumores fueron el inicio del cáncer metastásico.
«Tanto su madre como el mismo Jovanny alegan, en teoría, que estos tumores están relacionados con las golpizas que le dieron durante su reclusión. De hecho, ellos guardan evidencias al respecto que presentarán [en el futuro]», agregó el director de Fundehullan.
Con el diagnóstico, el equipo de abogados de González apeló el sobreseimiento del caso. No hubo respuestas por parte de los tribunales.
Jovanny y su familia tuvieron que esperar en el exilio hasta el enero de 2026: cuando Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, Delcy Rodríguez asumió el interinato y declaró su intención de crear una Ley de Amnistía para reparar los derechos de todos los presos políticos, desde 1999 hasta la fecha.
Responsabilizamos a las autoridades venezolanas por la muerte del ex preso político Jovanny González tras la negativa del Estado de otorgarle libertad plena por razones humanitarias.
Fundehullan pudo acceder al expediente de Jovanny en enero de 2026, nueve años después de la detención arbitraria. La ONG montó el caso para tener la amnistía y la enviaron el 3 de marzo.
Tardaron 12 días en darles una respuesta: la amnistía fue negada un 12 de marzo. El equipo de abogados interpuso la apelación el 17 de marzo, cinco días después.
«No dieron una respuesta específica de por qué declinaron la amnistía», denunció García. «Su respuesta, primero, era que estaban esperando instrucciones de la capital. Luego, solo comentaron, vía verbal, que al final Jovanny no podía ser beneficiario de la amnistía».
La familia González decidió regresar a Venezuela el 5 de julio de 2026 para seguir la apelación. Jovanny llegó al país en silla de ruedas. Y en el propio aeropuerto lo detuvieron arbitrariamente de nuevo, pero por dos horas. Lo liberaron por su estado de salud, denunció Fundehullan.
Esta vez el golpe le vino con la escasez de medicamentos y servicios oncológicos en el país. Según testimonios de Wilmer Azuaje, Jovanny quedó postrado en cama, con desnutrición y movilidad reducida.
Una de sus últimas publicaciones en redes sociales fue el 17 de junio. En ella pedía una donación para completar sus estudios médicos.
Aun así, el Tribunal Tercero de Juicio de Barinas solicitó que Jovanny hiciera presencia ante la corte.
Pero Jovanny ya no podía caminar libremente: exigía que le dieran libertad plena.
Según Fundehullan, González no pudo acudir a ninguna citación del tribunal por su condición de salud. Y el tribunal, según la ONG, hizo caso omiso a las consideraciones humanitarias que le presentaron.
De incertidumbre a una promesa
El viernes 28 de agosto velaron el cuerpo de Jovanny en Barinas. Wilmer Azuaje, su primo y compañero de trabajo, llevó su féretro hasta la sede del Tribunal Tercero de Juicio de Barinas como un acto de protesta.
«¿Dónde están los jueces que le negaron [el sobreseimiento] a Jovanny? Aquí está: en el ataúd», gritó Azuaje.
González esperó a una amnistía que nunca le llegó en vida. Fundehullan y la familia de Jovanny ahora luchan por la reparación de sus derechos.
«Vamos a solicitar investigaciones no solo disciplinarias contra los funcionarios, sino también [investigaciones] penales por la omisión», dijo Roland García. «Lo haremos ante las instituciones concernientes: el Ministerio Público, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo… Y también pensamos acudir a instancias internacionales a denunciar el caso».
Mientras tanto, los abogados de Fundehullan acompañan el duelo de la familia González, rogando que los más de 380 presos políticos que aún siguen tras las rejas, según Foro Penal, consigan su libertad plena.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Laboratorio de Paz advirtió que los recientes acuerdos petroleros abren una discusión que trasciende la llegada de inversiones y alcanza la legitimidad de las instituciones que suscriben contratos de largo plazo. La organización sostuvo que Venezuela necesita capital nacional e internacional para superar la emergencia humanitaria compleja, recuperar su industria petrolera y reconstruir la infraestructura afectada por los terremotos del 24 de junio, pero señaló que la seguridad jurídica requiere autoridades legítimas, instituciones confiables y controles democráticos.
En un comunicado divulgado el 3 de septiembre, Laboratorio de Paz afirmó que el desafío no consiste en impedir la llegada de inversiones, sino en garantizar que estas puedan mantenerse y contribuir de manera sostenible al bienestar de la población.
“Venezuela necesita inversión nacional e internacional para superar la emergencia humanitaria compleja”, señaló la organización, al enumerar entre las necesidades del país la recuperación de la industria petrolera, la generación de empleos, el restablecimiento de los servicios públicos y la reconstrucción de viviendas e infraestructura afectadas por el terremoto.
Seguridad jurídica y legitimidad institucional
Laboratorio de Paz planteó que cualquier inversión de largo plazo requiere seguridad jurídica y que esta no puede existir plenamente sin autoridades legítimas e instituciones confiables.
La organización sustentó su posición en varios artículos de la Constitución. Recordó que el artículo 5 establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, mientras que el artículo 6 define al gobierno venezolano como democrático, electivo, alternativo y responsable.
También citó el artículo 137, referido a las atribuciones de los órganos del Poder Público, y el artículo 138, que establece: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
A juicio de Laboratorio de Paz, estas disposiciones tienen implicaciones económicas porque los cuestionamientos sobre el origen y la duración del mandato de quienes ejercen el poder también pueden trasladarse a las decisiones y contratos mediante los cuales se comprometen recursos del país durante décadas.
“Un contrato puede cumplir formalidades, tener una duración de 25 ó 50 años y seguir teniendo una debilidad fundamental: la falta de legitimidad de las instituciones que lo hicieron posible”, sostuvo.
Acuerdos petroleros bajo controles constitucionales
La organización puso especial énfasis en los contratos relacionados con el sector petrolero, al recordar que el artículo 12 de la Constitución establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República y son bienes del dominio público.
Asimismo, mencionó el artículo 150, referido a los controles sobre determinados contratos de interés público, y el artículo 141, que establece principios como transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y sometimiento a la ley para la Administración Pública.
En ese contexto, Laboratorio de Paz afirmó que los acuerdos sobre recursos estratégicos deben ser públicos, transparentes y sometidos a los controles constitucionales correspondientes.
La organización enfatizó que estos mecanismos no deberían entenderse como una barrera para la inversión, sino como una forma de proteger tanto los intereses del país como a quienes decidan invertir en Venezuela.
El desafío de reconstruir tras el terremoto
El planteamiento también fue extendido a la reconstrucción posterior a los sismos. Laboratorio de Paz señaló que el país necesitará inversiones importantes para recuperar viviendas, hospitales, escuelas, electricidad, agua, carreteras e infraestructura.
Muchos de estos proyectos, advirtió, tendrán horizontes de varias décadas, por lo que quienes participen en ellos necesitarán garantías de que los compromisos asumidos en el presente serán reconocidos en el futuro.
Por ello, la organización consideró que la discusión sobre seguridad jurídica no debe limitarse a los acuerdos petroleros y debería ser tomada en cuenta por los venezolanos, así como por Estados, empresas e inversionistas que evalúen asumir compromisos de largo plazo con el país.
Elecciones como condición para recuperar confianza
Laboratorio de Paz concluyó que la reconstrucción material de Venezuela debe ir acompañada de una recuperación de las instituciones.
“No habrá reconstrucción material sostenible sin reconstrucción institucional”, afirmó, al plantear la necesidad de instituciones confiables, controles democráticos, transparencia, tribunales independientes y autoridades cuya legitimidad provenga de la soberanía popular.
En ese sentido, la organización sostuvo que la realización de elecciones presidenciales auténticas, competitivas y creíbles no representa únicamente una exigencia política, sino también una condición para reducir la incertidumbre, recuperar la confianza y ofrecer seguridad jurídica a las inversiones que, según señaló, Venezuela necesita con urgencia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En un artículo publicado en la página del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), el abogado y investigador venezolano, José Ignacio Hernández, dijo que detrás de la magnitud de las cifras que se desprenden de los acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos aparecen interrogantes sobre su marco jurídico, el papel de la empresa NABEP (Blue Energy Partners) del venezolano Alejandro Betancourt y las decisiones que podría enfrentar un futuro gobierno elegido democráticamente.
Hernández aseveró que el pacto anunciado por Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela contempla concesiones por 100 años sobre 17 campos con reservas probadas de unos 65 000 millones de barriles. Indicó que de concretarse lo firmado por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright y la gobernante encargada, Delcy Rodríguez esta semana en Miraflores, NABEP pasaría a convertirse en la segunda mayor compañía petrolera privada del mundo por volumen de reservas.
El esquema contempla que el gobierno estadounidense tenga una participación de 35% en la empresa matriz de NABEP a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa. Además, Estados Unidos tendría derecho a comprar 20% de la producción a precio de costo para la Reserva Estratégica de Petróleo y un derecho de adquisición preferente sobre el 80% restante. Washington también tendría poder de veto sobre los integrantes de la junta directiva y la mayoría de sus miembros debería ser estadounidense.
Además, NABEP asumiría el control de las operaciones en los 17 proyectos contemplados. El documento advierte que la compañía, fundada hace apenas dos años y con una trayectoria limitada en la industria, podría necesitar asociarse con otras petroleras internacionales para desarrollar los yacimientos.
Interrogantes abiertas
El esquema convierte a NABEP en una suerte de Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA) paralela, una situación que -a juicio de Hernández- plantea nuevos interrogantes jurídicos.
-El problema de las concesiones a 100 años: Una de las principales dudas está en la figura jurídica utilizada para entregar los yacimientos. El documento sostiene que las autoridades interinas no tendrían facultades para otorgar concesiones petroleras por un siglo. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en enero de 2026 establece que la estatal venezolana, a través de Pdvsa Petróleos y empresas mixtas, puede celebrar acuerdos específicos de servicios petroleros con compañías privadas, conocidos como contratos de participación en la producción.
Estos contratos no equivalen a concesiones ni transfieren derechos sobre los yacimientos: otorgan derechos contractuales a empresas privadas que actúan por cuenta de Pdvsa. El documento advierte que la indefinición sobre el título jurídico bajo el cual opera NABEP puede aumentar la incertidumbre que ha frenado la inversión privada en Venezuela. También plantea un posible conflicto con el artículo 303 de la Constitución, que reserva a Pdvsa (o a otra entidad estatal venezolana) el control de la industria petrolera.
-El mandato de las autoridades interinas: El acuerdo también queda expuesto a cuestionamientos por el carácter provisional de las autoridades que lo suscriben. Según el documento, los Departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos sostienen que Nicolás Maduro no fue reconocido como presidente debidamente electo y que Delcy Rodríguez tampoco fue una vicepresidenta debidamente nombrada. Además, el plazo de 180 días para que el vicepresidente ejerciera como presidente interino expiró en julio. Estados Unidos reconoció a Rodríguez como jefa de Estado en marzo de 2026 por el control de facto que ejercía sobre el gobierno después de la captura de Maduro. El propio Departamento de Estado considera a la Asamblea Nacional de 2015 como la última entidad democráticamente electa reconocida internacionalmente en Venezuela. ¿Qué ocurrirá con los acuerdos de largo plazo si Venezuela vuelve a tener un gobierno elegido democráticamente?, es una de las interrogantes abiertas por Hernández.
-Una meta petrolera que tomaría tiempo: La recuperación de la producción tampoco sería inmediata. Aunque no existe un registro oficial con la ubicación de los 17 campos, estimaciones independientes citadas en el documento calculan que las tres empresas conjuntas de NABEP podrían producir unos 124 000 barriles diarios durante la última semana de agosto.
Además, ocho de los proyectos contemplados son greenfield, es decir, instalaciones nuevas que requieren tiempo para desarrollarse. A esto se suman problemas de infraestructura, particularmente en los puertos, y el riesgo de fallas en la red eléctrica. Por estas razones, la meta de alcanzar 1,5 millones de barriles diarios aparece como una estimación a largo plazo. El consumo promedio de petróleo estadounidense fue de aproximadamente 20,6 millones de barriles diarios en 2025, por lo que el 20% de la producción de NABEP destinado a la Reserva Estratégica tendría un impacto mínimo o nulo en el mercado estadounidense en el corto plazo.
-El dilema para un futuro gobierno venezolano: El análisis no descarta que el acuerdo pueda contribuir a la recuperación de la industria petrolera a mediano plazo. Reducir la influencia de China, Rusia e Irán forma parte de los objetivos de la política exterior de Estados Unidos, pero sostiene que desplazar a esos actores no es suficiente, también serían necesarias instituciones estables, creíbles y sólidas.
José Ignacio Hernández también destaca que el acuerdo reconoce que la debilidad institucional contribuyó al colapso petrolero y plantea que la recuperación requiere un sector privado dentro de una transición democrática. Al mismo tiempo, propone un esquema quecalifica como “opaco, frágil y de constitucionalidad cuestionable”, puesto que un futuro gobierno elegido podría verse obligado a decidir qué hacer con un acuerdo que haya sido implementado vulnerando principios constitucionales.
Hernández, investigador asociado sénior (no residente) del Programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), plantea una alternativa basada en procedimientos públicos, transparencia, rendición de cuentas y acuerdos políticos amplios que incluyan a laAsamblea Nacional de 2015. También propone incorporar mecanismos de caducidad o ratificación que permitan a un futuro gobierno evaluar el acuerdo sin heredar una obligación de largo plazo previamente cerrada.
Cierra con la advertencia de que una estrategia energética duradera entre Estados Unidos y Venezuela difícilmente podría sostenerse sobre una concesión de 100 años no contemplada en la legislación petrolera o sobre un gobierno interino sin mandato democrático.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
