El 2024 finalizó y se sumó otro año más donde las comunidades indígenas en Venezuela continúan desprotegidas, al margen de la pobreza, enfermedades, contaminación y violencia en sus tierras ancestrales.
El 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, Nicolás Maduro pronunció en redes sociales que ”la Revolución Bolivariana llegó para tomar en cuenta a los pueblos originarios, ponerlos al frente del protagonismo social, cultural y político, reivindicando sus luchas históricas”, pero la realidad de este grupo es que su situación es crítica y no vio mejoras durante el año.
”A lo largo de los años, se intensifican y agravan las vulneraciones sistemáticas hacia la población indígena venezolana, reflejando graves violaciones a sus derechos humanos (DDHH)”, escribió la ONG Fundaredes en sus redes sociales y añadió: ”Los derechos a la salud, educación, vida digna, seguridad y a una economía estable han sido socavados”.
El megaproyecto extractivista que acabó con todo
La Zona Estratégica de Desarrollo Arco Minero del Orinoco (AMO), una enorme área del estado Bolívar de 111.843,70 kilómetros cuadrados ⏤12,2 % del territorio nacional⏤, decretada en 2016, por Maduro (Decreto 2.248) como zona de extracción mineral y una nueva fuente de ingresos del Estado para mitigar la emergencia humanitaria compleja, ha sido una de las principales razones del calvario de los pueblos indígenas.
El proyecto se convirtió en un círculo de graves violaciones a los DDHH, explotación descontrolada de recursos, masacres, esclavitud laboral y sexual, un ecocidio y territorio de sangrientas peleas por el control de la zona entre militares, guerrilleros y grupos armados irregulares.
La organización SOS Orinoco indicó que la Huella Minera del AMO⏤territorio perjudicado por la explotación minera⏤ superó las 173 000 hectáreas para 2024 y afectó el hogar ancestral de 27 grupos indígenas. Donde había tierras fértiles, riqueza biológica y ríos, ahora hay suelos desnudos, vegetación arrasada, contaminación de las aguas dulces, plantas, animales y poblaciones humanas.
Muchos indígenas empobrecidos por la crisis del país, aunado a las consecuencias del AMO, se han visto forzados a migrar hacia los campamentos mineros como única alternativa para tener ingresos económicos.
Debido a esto ”sus estructuras de gobernanza se han visto fragmentadas como resultado de la existencia de opiniones contrapuestas acerca de la actividad minera. Además, sus posibilidades para enfrentar las presiones de grupos externos presentes en sus territorios o adyacencias es cada vez menor. Todo esto afecta la capacidad productiva de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, así como al derecho a la autonomía y al autogobierno”, expresó la ONG defensora de los derechos indígenas, IWGIA.
La amenaza del mercurio
El mercurio es un metal que se utiliza en la minería para separar el oro de las rocas, arena u otros materiales – amalgamación-, el cual es tóxico para la naturaleza y la salud humana y puede traer enfermedades renales, trastornos neurológicos, problemas respiratorios y hasta la muerte en casos graves de intoxicación.
La organización Clima 21 señaló en un informe publicado en abril de 2024 que los ríos de los estados Bolívar y Amazonas presentan una alta presencia de mercurio a causa del aumento de minas irregulares, aunado al poco control en el tráfico de este mineral en el país.
El documento puntualizó que las comunidades indígenas enfrentan los efectos de salud que provocan los residuos de la actividad minera en sus territorios y sus formas de alimentación. Estos grupos dependen de la pesca como principal fuente de proteínas y consumen peces contaminados con mercurio, indicó Clima 21.
”El Estado venezolano carece de una regulación de la actividad minera, lo que deriva en la falta de aplicación de sanciones efectivas para aquellos que se dedican a esta actividad de forma ilícita”, insistió la ONG.
El acecho de las enfermedades
La ONG Horonami denunció la muerte de 260 yanomamis entre enero de 2023 y marzo de 2024 por enfermedades como malaria, tuberculosis y desnutrición.
En octubre, hacia el estado Sucre, se reportaron al menos 34 indígenas waraos con síntomas de tuberculosis, según el medio oriental El Tiempo.
En abril, la misma etnia en Delta Amacuro sufrió la muerte de más de 20 indígenas, la mayoría de ellos niños entre 4 y 12 años, por una ”una rara enfermedad”, destacó la organización religiosa Consolata América, que trabaja en la región.
Desplazados de sus territorios
Ante los retos para sobrevivir en sus territorios ancestrales, las comunidades se han movilizado a países fronterizos.
Grupos waraos han migrado desde el Delta del Orinoco a Brasil para escapar la hambruna, enfermedades, pobreza y destrozos del medio ambiente que generó el Estado venezolano, manifestó el sacerdote, antropólogo y defensor de la comunidad Warao, Josiah K’Okal, en su tesis Entre vulnerabilización y resistencia estratégica: caso de los desplazados warao en Boa Vista, mencionada en la investigación ”Escapando de la muerte en Venezuela: los waraos cumplen 10 años sobreviviendo en Brasil” del medio regional Correo del Caroní.
El reportaje señaló que ‘la emergencia humanitaria compleja es tan grave en Delta Amacuro que es “normal” ver en las calles “a trabajadores humanitarios de Médicos Sin Frontera, Cruz Roja o World Visión”. Agregaron que en noviembre de 2024, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios destinó a través del Fondo Humanitario de Venezuela (FHV) 2.3 millones de dólares a Delta Amacuro para “las zonas con mayores niveles de necesidad y acceso limitado”.
La politóloga con experiencia en comunidades en situación de desplazamiento, Natalia Betancourt, manifestó en entrevista para Radio Fe y Alegría que que no hay cifras claras y diferenciadas sobre la cantidad de comunidades indígenas que han salido de sus territorios, ”debido a las barreras de creencias, idiomas y falta de mecanismos que entiendan el refugio de manera comunitaria”, indicó.
Betancourt declaró que al moverse a países fronterizos, los indígenas ”(…) pueden sufrir su desintegración, pérdida de costumbres, tradiciones, formas de alimentación y de organización territorial, lo que se agrava cuando los Estados no entienden a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho”.
Presos y silenciados
El 2024 también fue espectador de la detención arbitraria de indígenas durante las protestas postelectorales tras los comicios presidenciales, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció como ganador a Nicolás Maduro sobre Edmundo González Urrutia sin mostrar resultados desglosados.
Para el 20 de agosto, dentro de las 1505 detenciones que confirmó Foro Penal en ese momento, 15 indígenas habían sido arrestados en los estados Amazonas, Aragua, Bolívar y Zulia, de acuerdo al coordinador de Pueblos Indígenas de la ONG Foro Penal, Olnar Ortiz.
Las víctimas pertenecían a los pueblos baniva, puinave, jivi, yekwana, piapoco, pemón, baré y wayúu. Ninguno de ellos protestaba al momento de su arresto, pero fueron retenidos y sometidos a audiencias telemáticas, sin tener acceso a la defensa privada
Así mismo, no tuvieron la posibilidad de hablar en su lengua o identificarse como miembros de una etnia. Una audiencia debe permitir que la persona se identifique como parte de la comunidad y es deber del juez preguntar si está conforme con tener un intérprete o no. Estos indígenas hablaban sus dialectos y español, así que las autoridades dieron por sentado sus identidades.
La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas indica en su artículo 139 que ”el Estado garantiza a los indígenas el uso de sus idiomas originarios en todo proceso administrativo o judicial. Se requerirá del nombramiento de un intérprete, a los fines de prestar testimonios, declaraciones o cualquier otro acto del proceso. Los actos que hayan sido efectuados sin la presencia del intérprete serán nulos”.
La situación fue incluida en el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentado el 14 de octubre.
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