De acuerdo a  Oscar Murillo, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), al menos 300 venezolanos están saliendo diariamente por la frontera con Brasil.

“Es una tendencia que se ha acentuado desde el año pasado. La migración no ha parado, porque las condiciones estructurales del país siguen aún vigentes, la emergencia humanitaria compleja está lejos de resolverse”, dijo el activista.

Murillo fue el invitado de la edición de este martes 4 de febrero de La Conversa, el espacio semanal de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y TalCual.

En esta oportunidad, el programa que llevó por nombre “¿Ya Venezuela se arregló y se acabó la migración”,  estuvo moderado por la directora de ARI Ronna Rísquez y contó con la participación de César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes.

Murillo expuso que la narrativa sobre la supuesta normalización en Venezuela proviene de tiempos previos a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

“Hubo una cierta estabilización posterior a la pandemia del coronavirus, pero estamos lejos de una solución a la crisis, si algo se ha ampliado es la brecha social, que sigue privando a millones de personas de agua, electricidad, alimentación, transporte y educación”.

Rísquez expuso que ese discurso es comprado por líderes extranjeros como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien expuso que el flujo de migrantes en la selva del Darién ha disminuido porque la “crisis en Venezuela se ha estabilizado”.

Sostuvo que las razones para migrar en Venezuela siguen intactas y ahora, a la EHC ,se han sumado las detenciones arbitrarias de la población civil. 

“La crisis es más palpable cuando la gente se aleja de Caracas, estados como Amazonas, Bolívar, Sucre y Zulia han sido severamente castigados y ese es un tema que desarrollaremos en el próximo informe de derechos humanos de Provea”, anticipó. 

Venezolano igual a refugiado

A juicio de Murillo, las millones de personas que huyeron de Venezuela por hambre y persecución deben ser consideradas refugiadas y los estados receptores tienen la obligación de atender sus requerimientos.

“Las deportaciones masivas y sumarias que se han anunciado desde Estados Unidos ponen en riesgo la vida e integridad de muchas personas, se está violando el principio de no devolución”, denunció. 

César Batiz, director de El Pitazo, refirió en la conversación que entre los argumentos para eliminar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), el gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump esgrimió que la situación en Venezuela mejoró en el área de servicios públicos, alimentación, salud y seguridad.

Murillo sentenció que el acceso y la calidad de la educación es uno de los aspectos más preocupantes en Venezuela: “Los jóvenes terminan insertándose en la rama laboral y descartan acudir a universidades públicas deterioradas y sin profesores. Por otro lado, las universidades privadas han quedado para grupos reducidos que pueden pagarlas”.

El coordinador de Provea condenó que se criminalice el derecho universal a migrar.

“Ser migrante no es un delito, la gente tiene la potestad de solicitar una medida de protección en otros países, esos anuncios de enviar a personas a cárceles en El Salvador y Guantánamo alarma a la población”, sentenció. 

Murillo expresó que en apenas 15 días de la nueva administración estadounidense se ha desplazado el tema de la democracia por el autoritarismo.

Batiz agregó que, según datos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), 84,7% de los detenidos en Estados Unidos son nacidos allí, lo que echa por tierra la tesis de que la migración lleva la batuta en crímenes cometidos en ese país

Blanco recordó que la mayoría de los 8 millones de venezolanos que han migrado pertenecen a un grupo etario de entre 20 y 40 años y con formación académica.

Murillo expresó que luego de la reunión de Richard Grenell, enviado especial de Trump, con Maduro se han tejido teorías sobre una supuesta normalización de la crisis política, económica y social en Venezuela.

“Hemos visto control de daños por todos lados”, opinó. 

De crisis en crisis

Según el coordinador de Provea, una de las génesis de la crisis estructural en Venezuela fue el desconocimiento de la Asamblea Nacional electa en 2015: “Hace rato que el gobierno abandonó sus funciones, se ha dedicado a controlar los espacios de la vida pública de los venezolanos”.

Murillo aseveró que uno de los sectores más vulnerables de la población son los trabajadores, jubilados y pensionados: “En Venezuela no se discute salario, hay una enorme desprotección. Este es un grupo que ha decidido mantenerse en el poder y por tanto las políticas públicas no son prioridad”.

Dijo que produce tristeza ver a adultos mayores o jóvenes en edad universitaria ejerciendo la vigilancia privada por sueldos precarios.

“La crisis nacional no va a tener resolución hasta que las instituciones se apeguen a la Constitución, todo pasa por ejercer la justicia y la verdad y hacerlo en completa armonía”, reiteró, al tiempo que indicó que otro factor que potencia la migración forzada   es la persecución política ejercida después del 28J.

“A esto se le suma una persecución digital. Las detenciones arbitrarias siguen sucediendo y eso tiene un efecto negativo en derechos sociales y económicos”, advirtió. 

El coordinador de Provea denunció que el Ministerio Público no publica en su página web la lista de excarcelados luego de las detenciones que se llevaron a cabo a raíz de los resultados de los comicios del 28J: “Los excarcelados del interior del país deben presentarse en Caracas y la verdad es que la realidad económica les imposibilita hacer eso”.

Murillo consideró que, después del 10 de enero, comenzó otra crisis de legitimidad para el gobierno de Maduro.

“Para ellos representa un alto costo salir del poder, pero ello no significa que la población venezolana ha claudicado, los venezolanos estamos en sobrevivencia, el llamado es no caer en la desesperanza. Tenemos una sociedad venezolana que sí es democrática. Los tiempos difíciles no eximen el compromiso de hacer las cosas bien ”, concluyó. 

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