En El Mañanero del 6 de febrero de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: El Foro Penal contabilizó 54 extranjeros permanecen como presos políticos en el país, el director de Provea, Óscar Murillo, afirmó que “La migración no ha parado porque la crisis estructural sigue” y Henrique Capriles indicó que “Con la abstención no se logra nada”, acerca de las elecciones convocadas por la administración de Nicolás Maduro.
“En general, ciertas condiciones para la designación de Venezuela al TPS en 2023 pueden continuar; sin embargo, hay mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos ciudadanos regresen de manera segura a su país de origen”, documento publicado en el Registro Federal este 5 de febrero sobre el TPS.
Este grupúsculo, ínfimo y marginal que conforma el famoso tren, raya, para decirlo en criollo, a todo un gentilicio que tiene que arrastrar con las consecuencias de su infamia
Cuando uno como aragüeño, aunque sea «reencauchao», escucha al presidente de la potencia más poderosa del planeta tierra nombrar con inocultable dejo gringo en la pronunciación al Trren de Arragua, le entra a uno un no sé qué, una mezcla rarísima de orgullo nacional con vergüenza patriótica. Que el nombre del terruño de uno ande en boca de los amos del planeta no deja de hacerle sentir a uno importante, pero que eso acontezca porque una banda de criminales etiquetados con ese nombre, que a lo mejor ni aragüeños son, tenga en vilo al imperio, es una afrenta sumamente desagradable.
Los compatriotas que han emigrado a otras latitudes –tanto como los que no– son, en su inmensísima mayoría, gente de bien y de trabajo. Este grupúsculo, ínfimo y marginal que conforma el famoso tren, raya, para decirlo en criollo, a todo un gentilicio que tiene que arrastrar con las consecuencias de su infamia. Cuando se emigra, una cuestión que hay que tener en cuenta es que cada ciudadano, fuera de su país, es como si fuese la representación de la nación entera ante los nacionales del país receptor: si algún error comete no le será atribuido solo a él, sino al gentilicio entero. Mas en estos tiempos en los que la xenofobia y el desprecio a la inmigración están tan de moda.
El Tren de Aragua tiene su sede inicial en la cárcel de Tocorón, un centro penitenciario ubicado en el sur del mencionado estado. Allí los delincuentes del «tren» transformaron la cárcel en una suerte de resort con discoteca, piscina, estadio de beisbol y hasta zoológico, con túneles para poder entrar y salir sin perturbar las actividades recreativas. Se dice que solo por el cobro de la «causa» a otros reos el «pran» podía «recaudar» hasta tres millones de dólares anuales.
Al parecer el nombre de la megabanda delictiva proviene, según se presume, de vínculos con obreros ferroviarios que laboraban en la construcción de las vías férreas que comunican el estado Aragua con su vecino de Carabobo. El tren de Aragua se volvió tan poderoso que no solo se convirtió en la banda criminal más prominente del país, sino que –luego de la intervención de su sede aragüeña– estableció operaciones en el resto del continente, convirtiéndose en la transnacional del delito de mayor figuración en varios países de Latinoamérica y también de los Estadios Unidos.
Estas «legiones del crimen», para usar la frase del himno del estado, constituyen un oprobio para un país de gente honesta y buena y sin duda una amenaza para la seguridad de un continente entero. Lo curioso, irónico, contradictorio, absurdo e incluso risible de toda esta trama en relación con la citada banda criminal es que en el estado Aragua, surcado de un extremo al otro por una extensa vía férrea, con túneles impresionantes y elevaciones de concreto armado para los raíles a lo largo de decenas de kilómetros, no se ha visto pasar un solo tren desde 1966, con la única excepción, obviamente, del susodicho.
Este miércoles, 5 de febrero, la ONG Foro Penal informó que en el país hay 54 extranjeros detenidos por motivos políticos, 35 de ellos con doble nacionalidad.
A través de su cuenta de X, la organización indicó que de los 54 extranjeros, cinco son colombianos, dos ecuatorianos, dos españoles y el resto de Italia, Alemania, Argentina, Guyana, República Checa, Países Bajos, Perú, Ucrania y Uruguay.
Del total de detenidos con doble nacionalidad, nueve son españoles, ocho italianos, ocho colombianos, tres portugueses, un argentino, un húngaro y un chileno.
El Foro Penal señaló que aún hay cinco estadounidenses detenidos, cuatro de ellos con doble nacionalidad, luego de la liberación de seis ciudadanos la semana pasada, quienes regresaron a Estados Unidos junto con el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell.
Hasta el lunes, Foro Penal registraba 1.196 presos políticos, de ellos, cuatro son adolescentes entre 14 y 17 años, la mayoría arrestados tras las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Jesús Gabriel Useche Moncada, luego de considerar que se encuentra en “situación de gravedad y urgencia” debido a que sus derechos a la vida e integridad se encuentran en “riesgo de sufrir daño irreparable en Venezuela”.
Useche, de 19 años y con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), fue detenido el pasado 9 de enero en el marco de las manifestaciones previas a la juramentación presidencial de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional.
De acuerdo a la CIDH, Useche permanece aislado e incomunicado en Tocorón, sin información sobre las condiciones de su detención ni estado actual de salud.
Denunciaron que además se encuentra en situación de hacinamiento, sin disponer de agua potable, aire limpio, luz solar y sin una dieta adecuada para personas privadas de libertad.
La CIDH también alegó que se desconoce si Useche está recibiendo la atención médica de acuerdo con su situación de discapacidad. Igualmente, resaltaron que se le impidió a los familiares ejercer acciones legales ante las autoridades judiciales.
El padre de Jesús Gabriel le indicó a RunRunes que el muchacho depende de la medicación. Añade que aunque “parece un adulto” su mentalidad es la de un niño, que no tiene “ningún tipo de malicia”.
Mientras se dirigía a su casa cerca de la avenida Intercomunal en Cabudare, estado Lara, el joven fue sorprendido por funcionarios de la Guardia Nacional. Alrededor se estaba desarrollando una pequeña manifestación, pero él no estaba participando. Lo detuvieron junto a otras personas el 9 de enero en horas del mediodía.
Sus padres no supieron de él hasta las 8:30 de la noche. “En la noche nos llamaron y nos dijeron que estaba en el Destacamento 123”, comentó su padre. Los funcionarios afirmaron que lo detienen por tener una “actitud de protesta”, a pesar de que en los alrededores no hubo ningún tipo de desorden público
A favor de policías
La CIDH también celebró una audiencia pública contra Venezuela por la alegada responsabilidad del Estado por la privación arbitraria de libertad y torturas en contra de 14 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao.
La denuncia de la CIDH sobre el caso Alfredo José Chirinos Salamanca contra Venezuela, indica que el Estado violentó el derecho a la libertad y a la integridad personal de las víctimas, al mantenerlas privadas de libertad arbitraria e ilegalmente durante lapsos que van desde los 17 meses hasta los 2 años.
De acuerdo a la CIDH, durante ese periodo, las personas sufrieron tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Los funcionarios fueron detenidos por la presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía cometido contra el periodista Ricardo Concepción Durán Trujillo.
“En junio de 2016 se emitieron órdenes de detención a las víctimas por un presunto homicidio y horas después se dio la notificación para su liberación. A pesar de ello, siguieron detenidas y cinco de ellas fueron torturadas para obtener sus confesiones”, explicó ante los jueces el vicepresidente de la CIDH, José Luis Caballero.
Doce de las víctimas fueron liberadas en diciembre de 2017. Sin embargo, Fred Armando Mavares Zambrano y Reggie Jackson Andrade Alejos permanecieron privados de libertad, y sufrieron distintas violaciones a sus derechos humanos, como la falta de traslado a audiencias judiciales, no ejecución de boletas de excarcelación y traslado a otro centro penitenciario, donde permanecieron en condiciones inhumanas de aislamiento.
El representante de las presuntas víctimas, Carlos Briceño, lamentó la ausencia del Estado en la audiencia e indicó que este caso “es la primera oportunidad de la Corte para pronunciarse sobre hechos ocurridos en Venezuela con posterioridad al 10 de septiembre de 2012, cuando surtió efecto la denuncia de la Convención Interamericana“.
Con información de EFE
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
De acuerdo a Oscar Murillo, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), al menos 300 venezolanos están saliendo diariamente por la frontera con Brasil.
“Es una tendencia que se ha acentuado desde el año pasado. La migración no ha parado, porque las condiciones estructurales del país siguen aún vigentes, la emergencia humanitaria compleja está lejos de resolverse”, dijo el activista.
Murillo fue el invitado de la edición de este martes 4 de febrero de La Conversa, el espacio semanal de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y TalCual.
En esta oportunidad, el programa que llevó por nombre “¿Ya Venezuela se arregló y se acabó la migración”, estuvo moderado por la directora de ARI Ronna Rísquez y contó con la participación de César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes.
Murillo expuso que la narrativa sobre la supuesta normalización en Venezuela proviene de tiempos previos a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
“Hubo una cierta estabilización posterior a la pandemia del coronavirus, pero estamos lejos de una solución a la crisis, si algo se ha ampliado es la brecha social, que sigue privando a millones de personas de agua, electricidad, alimentación, transporte y educación”.
Rísquez expuso que ese discurso es comprado por líderes extranjeros como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien expuso que el flujo de migrantes en la selva del Darién ha disminuido porque la “crisis en Venezuela se ha estabilizado”.
Sostuvo que las razones para migrar en Venezuela siguen intactas y ahora, a la EHC ,se han sumado las detenciones arbitrarias de la población civil.
“La crisis es más palpable cuando la gente se aleja de Caracas, estados como Amazonas, Bolívar, Sucre y Zulia han sido severamente castigados y ese es un tema que desarrollaremos en el próximo informe de derechos humanos de Provea”, anticipó.
Venezolano igual a refugiado
A juicio de Murillo, las millones de personas que huyeron de Venezuela por hambre y persecución deben ser consideradas refugiadas y los estados receptores tienen la obligación de atender sus requerimientos.
“Las deportaciones masivas y sumarias que se han anunciado desde Estados Unidos ponen en riesgo la vida e integridad de muchas personas, se está violando el principio de no devolución”, denunció.
César Batiz, director de El Pitazo, refirió en la conversación que entre los argumentos para eliminar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), el gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump esgrimió que la situación en Venezuela mejoró en el área de servicios públicos, alimentación, salud y seguridad.
Murillo sentenció que el acceso y la calidad de la educación es uno de los aspectos más preocupantes en Venezuela: “Los jóvenes terminan insertándose en la rama laboral y descartan acudir a universidades públicas deterioradas y sin profesores. Por otro lado, las universidades privadas han quedado para grupos reducidos que pueden pagarlas”.
El coordinador de Provea condenó que se criminalice el derecho universal a migrar.
“Ser migrante no es un delito, la gente tiene la potestad de solicitar una medida de protección en otros países, esos anuncios de enviar a personas a cárceles en El Salvador y Guantánamo alarma a la población”, sentenció.
Murillo expresó que en apenas 15 días de la nueva administración estadounidense se ha desplazado el tema de la democracia por el autoritarismo.
Batiz agregó que, según datos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), 84,7% de los detenidos en Estados Unidos son nacidos allí, lo que echa por tierra la tesis de que la migración lleva la batuta en crímenes cometidos en ese país
Blanco recordó que la mayoría de los 8 millones de venezolanos que han migrado pertenecen a un grupo etario de entre 20 y 40 años y con formación académica.
Murillo expresó que luego de la reunión de Richard Grenell, enviado especial de Trump, con Maduro se han tejido teorías sobre una supuesta normalización de la crisis política, económica y social en Venezuela.
“Hemos visto control de daños por todos lados”, opinó.
De crisis en crisis
Según el coordinador de Provea, una de las génesis de la crisis estructural en Venezuela fue el desconocimiento de la Asamblea Nacional electa en 2015: “Hace rato que el gobierno abandonó sus funciones, se ha dedicado a controlar los espacios de la vida pública de los venezolanos”.
Murillo aseveró que uno de los sectores más vulnerables de la población son los trabajadores, jubilados y pensionados: “En Venezuela no se discute salario, hay una enorme desprotección. Este es un grupo que ha decidido mantenerse en el poder y por tanto las políticas públicas no son prioridad”.
Dijo que produce tristeza ver a adultos mayores o jóvenes en edad universitaria ejerciendo la vigilancia privada por sueldos precarios.
“La crisis nacional no va a tener resolución hasta que las instituciones se apeguen a la Constitución, todo pasa por ejercer la justicia y la verdad y hacerlo en completa armonía”, reiteró, al tiempo que indicó que otro factor que potencia la migración forzada es la persecución política ejercida después del 28J.
“A esto se le suma una persecución digital. Las detenciones arbitrarias siguen sucediendo y eso tiene un efecto negativo en derechos sociales y económicos”, advirtió.
El coordinador de Provea denunció que el Ministerio Público no publica en su página web la lista de excarcelados luego de las detenciones que se llevaron a cabo a raíz de los resultados de los comicios del 28J: “Los excarcelados del interior del país deben presentarse en Caracas y la verdad es que la realidad económica les imposibilita hacer eso”.
Murillo consideró que, después del 10 de enero, comenzó otra crisis de legitimidad para el gobierno de Maduro.
“Para ellos representa un alto costo salir del poder, pero ello no significa que la población venezolana ha claudicado, los venezolanos estamos en sobrevivencia, el llamado es no caer en la desesperanza. Tenemos una sociedad venezolana que sí es democrática. Los tiempos difíciles no eximen el compromiso de hacer las cosas bien ”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda, afirmó este miércoles, 5 de febrero, que ejercerá su derecho al voto en las próximas elecciones del 27 de abril y cuestionó que se promueva la abstención en dichos comicios.
Mediante un audio que difundió en su canal de WhatsApp, Capriles dijo que con la abstención “no se ha logrado algo jamás” y pidió respeto para quienes quieran participar en estas venideras elecciones, que se celebrarán a pesar de que el Consejo Nacional Electoral nunca mostró los resultados desagregados de los comicios presidenciales del 28 de julio.
A su juicio, votar en esos comicios es una forma de “protestar por lo que pasó el 28 de julio”, cuando según las actas que difundió el Comando ConVzla, el vencedor en las presidenciales fue Edmundo González Urrutia y no Nicolás Maduro.
A continuación, las perlas de Capriles:
“Con la abstención nunca hemos logrado algo jamás. O sea, no se logra absolutamente nada quedándose en la casa y no alzando la voz”.
“No se va a lograr nada con quedarnos en la casa y agarrar el teléfono y poner un mensaje en las redes sociales”.
“Yo respeto el que diga que no quiere hacerlo, pero también hay que respetar, y ahí me anoto yo, a los que no vamos nunca más a abstenernos”.
“La manera de reivindicar el 28 de julio, de protestar por lo que pasó el 28 de julio, es con lo que más le duele a este Gobierno, porque regalarle al Gobierno, que ni siquiera tenga que tomarse el trabajo de robarse el proceso electoral, es dejarle el camino libre”.
“Yo voy a votar. Yo no me voy a quedar en mi casa el 27 de abril. Ya veremos cuáles son los candidatos por los que podremos votar”.
“El voto es absolutamente una decisión personal, cada quien hace con su voto lo que mejor le parezca. Pero, ¿qué ha ganado la oposición democrática, quienes tenemos mucho tiempo oponiéndonos al peor Gobierno de la historia del país, cuando no ha votado? ¿Qué hemos logrado?”.
“Mientras no sea delito presentar la cédula, yo voy a votar. No me voy a quedar en mi casa. Ya veremos cuáles son los candidatos. Por su puesto, no votaremos por una oposición falsa, empleados del Gobierno. Votaremos nulo o buscaremos la manera”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Según los cálculos del Observatorio de Gasto Público (OGP) de la ONG Cedice Libertad,se necesita más de un salario integral por semana para adquirir la “Cesta Cedice”.
En nota de prensa de la organización, se informó que el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas en las ciudades de Caracas, Maracaibo y Valencia, alcanzó el valor de 34.185,83 Bs.
“Este nivel de consumo exige 4,56 salarios integrales de Bs 7.494,5 es decir, poco más de un salario integral por semana. La misma cesta adquirida en dólares estadounidenses alcanzó el valor de 647,36 US$/mes, lo que representa una disminución de -1,23% en la segunda quincena de enero”, señala el informe.
Con relación al costo de la cesta básica de Cedice Libertad en las ciudades antes mencionadas, la investigación del OGP arrojó que en Caracas la canasta tuvo un mayor valor de Bs. 38,562,12 ó 741,93 US$, seguido de Maracaibo por un monto de Bs 34,088,09 o su equivalente a 643,02 US$, mientras que en Valencia, el precio se ubicó en Bs. 29, 517,70 ó 556,94 US$.
En enero también hubo variaciones tanto en dólares como en bolívares de los principales rubros. Alimentos, restaurantes, servicios, recreación y esparcimiento, perfumería y cuidado personal y transporte fueron los que más tuvieron variaciones en la cesta de Cedice Libertad que, a continuación se detallan en el siguiente gráfico:
Amenaza hiperinflacionaria
Según reporta el estudio, la inflación de enero bajó -058% en bolívares y -2,33% en dólares “debido a la ralentización de la actividad económica propia del primer trimestre, la leve disminución del tipo de cambio y al inicio del periodo de declaración y pago del impuesto sobre la renta por parte del Seniat”.
El observatorio enfatizó que desde el último trimestre de 2022 la presión inflacionaria ha vuelto a ser tema de preocupación y asoma nuevamente el temor a la hiperinflación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el Estatus de Protección Temporal (TPS) designado en 2023 para cientos de miles de venezolanos expirará oficialmente el 7 de abril de 2025. Así se desprende de la oficialización de esta medida publicada en el Registro Federal este 5 de febrero.
Según la orden publicada este miércoles, la secretaria de DHS, Kristi Noem, determinó que permitir que los venezolanos permanezcan en Estados Unidos bajo este estatus es “contrario al interés nacional”. Se estima que unas 348.202 personas perderán su protección contra la deportación y sus permisos de trabajo una vez que la medida entre en vigor.
El TPS para venezolanos fue designado el 3 de octubre de 2023, sumándose a una designación previa realizada en 2021. Mientras que la designación de 2023 expirará en abril de 2025, la de 2021 sigue vigente hasta el 10 de septiembre de 2025, lo que permite a algunos venezolanos mantener su estatus hasta esa fecha
En el documento que oficializa el fin del TPS 2023, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos justifican la terminación de la designación para Venezuela. Alegan que el país “ya no sigue cumpliendo con las condiciones para la designación de 2023” y que en particular, la secretaria ha determinado que es “contrario al interés nacional permitir que los ciudadanos venezolanos cubiertos permanezcan temporalmente en los Estados Unidos”.
El párrafo más polémico del documento dice textualmente lo siguiente: “En general, ciertas condiciones para la designación de Venezuela al TPS en 2023 pueden continuar; sin embargo, hay mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos ciudadanos regresen de manera segura a su país de origen”.
Esta decisión se enmarca en un contexto más amplio de restricciones migratorias por parte del gobierno de Donald Trump. Recientemente, el DHS también puso fin al programa de parole humanitario para cubanos, haitianos y nicaragüenses, que permitía a miles de personas viajar legalmente a Estados Unidos y permanecer en el país por dos años. Alrededor de 33 600 beneficiarios de ese programa se habían acogido al TPS y también perderán sus protecciones.
“Haremos lo que esté en nuestras manos”
En entrevista a Noticias Telemundo, la líder opositora, María Corina Machado, expresó su solidaridad con los venezolanos afectados por la decisión de revocar la extensión del TPS en EEUU y reveló que está en permanentes conversaciones para buscar mecanismos que los protejan.
“En primer lugar, todo nuestro apoyo, acompañamiento, solidaridad. La casi totalidad de los venezolanos que está en EEUU8 es gente buena, trabajadora que ha aportado su conocimiento y experieni9ca. Es gente que quiere volver para construir una Venezuela segura, próspera y libre. A nosotros nos preocupa la situación, haremos todo lo que está en nuestras manos,estoy en contacto con representantes del Congreso del sur de la Florida y de otros estados para buscar un mecanismo que pueda protegerlos”, reveló en la entrevista.
Consultada sobre si las primeras acciones del gobierno de Donald Trump insinuarían que buscará entenderse con Nicolás Maduro, Machado respondió lo siguiente: “La administración del presidente Trump ha sido clara sobre las amenazas a la seguridad de EEUU y el mundo y tiene muy claro lo que representa Maduro por sus vínculos con Irán, China. el narcotráfico y redes criminales. Yo decía antes si alguien puede creer que Trump no sabe que Maduro es cabecilla del Tren de Aragua. Venezuela no es estabilizable, la situación es cada vez más peligrosa“.
Machado descartó que la visita del enviado especial de Trump a Caracas sea una prueba de que se legitimará al gobierno de Maduro.
“No veo que busque legitimizar a Maduro, desde Trump, Marco Rubio y el enviado especial han sido claros en que no hay negociación, ellos están ejerciendo su visión y prioridad de rescatar a sus ciudadanos y dejarte bien claro a Maduro los términos de lo que significa la deportación de involucrados en actos criminales, lo cual ha ocurrido con otros países de la región”, recordó.
🇻🇪 “Haremos todo lo que está en nuestras manos”: María Corina Machado reacciona a la decisión de la Administración Trump de revocar la extensión del TPS que protegía de la deportación a miles de venezolanos y asegura que trabaja para buscar un mecanismo que les ofrezca protección en EE.UU. La líder de la oposición venezolana se mostró confiada en el apoyo del Gobierno de Trump a los venezolanos y su oposición al régimen de Nicolás Maduro, a quien identificó como el “cabecilla’ del grupo criminal Tren de Aragua y acusó de tener nexos con el narcotráfico. Machado aseguró que casi la totalidad de los venezolanos que se encuentran en suelo estadounidense son personas buenas y trabajadoras, abogó por su protección y reiteró que la situación que se vive en Venezuela “es peligrosa e insoportable”. 👉🏼La entrevista completa esta noche en Noticias Telemundo 6:30PM ET.
Distintas organizaciones sin fines de lucro informaron este lunes, 3 de febrero, que comenzarán a preparar demandas contra la decisión delgobierno de Estados Unidos de revocar la extensión del Temporary Protected Status (TPS), o Estatus de Protección Temporal para los venezolanos.
Helen Villalonga, miembro de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión, Doral (Amavex), informó en rueda de prensa que se encuentran trabajando, creando y organizando concilios para revertir la medida tomada por el presidente Donald Trump.
Para el abogado de inmigración Ángel Leal, hay dos vías de argumento en las demandas contra la revocatoria del amparo,protección otorgada por el entonces presidente Joe Biden.
“Hubo una extensión que se había publicado el 17 de enero por la administración anterior.Se puede argumentar que ya eso se había publicado y que se debe de respetar. También se puede argumentar que las condiciones en Venezuela no han cambiado, de tal maneraque los nativos ciudadanos venezolanos no corran peligro de ser devueltos a Venezuela”, explicó Leal para la Voz de América.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
