A casi seis meses de los controvertidos resultados electorales que desencadenaron protestas en todo el país y dejaron miles de presos políticos, los familiares de quienes continúan detenidos por motivos políticos iniciarán una ruta por diversas instituciones del Estado para exigir justicia y libertad.
A través de su cuenta en X (antiguo Twitter), el Comité por la Libertad de los Presos Políticos anunció que esta movilización comenzará el 24 de febrero y se extenderá hasta el 28 del mismo mes.
En un comunicado, la organización declaró: “Recorreremos diversas instituciones del Estado venezolano para denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales y demandar acciones concretas que conduzcan a la liberación inmediata de todos los presos políticos”.
La primera parada será en el Palacio de Justicia, donde los familiares exigirán transparencia y celeridad en los casos, así como el fin de los juicios que califican como “injustos” contra quienes están detenidos por razones políticas.
CONVOCATORIA | Ruta por la Justicia y la Libertad de los Presos Políticos en #Venezuela 🏃♀️⛓️💥
📣Madres, familiares, amigos, defensores de derechos humanos, trabajadores, organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos: unimos nuestras voces y pasos en una ruta… pic.twitter.com/whaBmTay2F
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 17, 2025
En reiteradas ocasiones, los familiares han denunciado que no se les permite contar con abogados privados, a pesar de que este derecho está garantizado en la Constitución. Además, han señalado que tanto las audiencias preliminares como los juicios se llevan a cabo bajo coacción y sin pruebas suficientes para sustentar las condenas.
La segunda estación será el 25 de febrero en Defensa Pública, en donde se solicitarán “garantías efectivas para que cada preso político tenga acceso a una defensa legal adecuada y equitativa”, afirman en la misiva.
Esta iniciativa busca visibilizar la situación de los presos políticos y presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y justicia.
Un llamado al defensor del pueblo
Durante el recorrido, los familiares visitarán también la Defensoría del Pueblo, un organismo creado tras la aprobación de la Constitución de 1999, cuya función es garantizar la ética y la transparencia del Estado, así como defender los derechos de las personas que se sientan vulnerados.
No es la primera vez que los familiares acuden a este organismo en busca de ayuda. En múltiples ocasiones han presentado solicitudes formales para exigir visitas y denunciar las condiciones de reclusión que consideran injustas. Sin embargo, hasta ahora, no han obtenido una respuesta efectiva por parte de la institución.
“Estamos agotando todas las vías posibles ante el Estado. No descansaremos hasta obtener una respuesta y ver a nuestros familiares en libertad”, declaró Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en una entrevista concedida a RunRun.es.
Esta visita forma parte de los esfuerzos continuos para presionar a las instituciones y lograr la liberación de quienes permanecen detenidos por motivos políticos, así como para visibilizar las irregularidades en el proceso judicial y las condiciones de detención.
La cuarta parada será en el Ministerio de Servicios Penitenciarios, dicho organismo tiene la potestad de velar por las condiciones de reclusión dignas de todas las personas privadas de libertad.
Los familiares se dirigirán a esta instancia para exigir que se cumplan las normativas internacionales. El Estado venezolano está adscrito a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, cuyas normas no cumple de acuerdo al documento divulgado por la ONU y ocho instancias más.
Dentro de la ruta, el último escalón es el Ministerio Público, organismo liderado por el fiscal impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la Asamblea Nacional de corte oficialista, Tarek William Saab.
“Instaremos investigaciones imparciales y profundas sobre casos de abuso, tortura, muerte bajo custodia y persecución política, así como la libertad plena y la garantía de los derechos humanos”, describieron en el comunicado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
