Luis Rujano es del estado Táchira, Venezuela. Todas las semanas viaja desde el municipio Capacho Nuevo a la ciudad de Cúcuta (a unos 40 minutos de camino)  a comprar insumos que otros le solicitan como encomiendas, lo que le permite apoyarse económicamente, pues el negocio familiar de venta de comida y dulces artesanales del que vivió durante años ya no le es rentable, y sólo lo abre los fines de semana. 

Durante los primeros días del conflicto armado en el Catatumbo, a mediados de enero de 2025, cuando centenares de ciudadanos se desplazaron a la capital del Norte de Santander buscando resguardo, Rujano dejó de viajar a buscar productos, pues sentía que su seguridad no estaba garantizada, pero después de los eventos del 19 de febrero, cuando hombres encapuchados y con armas largas atacaron con explosivos el peaje de Villa del Rosario y sedes policiales, el miedo se ha apoderado de él. Teme que en cualquier momento ocurra un atentado y que su vida peligre. 

“Esto nos afecta directamente a quienes trabajamos yendo a Cúcuta y viniendo a Venezuela, porque uno anda a la expectativa. Uno trata de regresar más temprano, las tiendas están cerrando más temprano, el centro de Cúcuta se ve más solo tanto de vehículos como de peatones. Esto también ha afectado el comercio allá, porque están viajando menos venezolanos a comprar”, explica.

Económicamente se ha visto favorecido, porque quienes no quieren volver a Colombia por temor a ser víctimas de la violencia le hacen más pedidos, pero la tensión constante lo acompaña. “Estás a la expectativa de si ponen una bomba, de si cierran el puente, de si te quedas del otro lado, son situaciones que tienes que saber controlar a nivel de nervios y de tomar decisiones”, manifiesta. 

Ha tenido que cambiar los días de viaje dependiendo de cómo esté el movimiento en Cúcuta con los grupos irregulares o con los operativos de los organismos de seguridad. Habitualmente viaja los miércoles, pero en varias ocasiones ha tenido que avisarles a los clientes que cambiará el día por operativos policiales en el Norte de Santander con requisas a los ciudadanos, sobre todo a los venezolanos.

“Trabajo mucho con gente que pide medicamentos y ahora solicitan el doble. Me dicen, ahora tráeme dos cajitas porque no sabemos qué pueda pasar, eso aumenta el nivel de pedidos. Hay otros clientes que me dicen, si bajas a Cúcuta avisame para que me traigas tal cosa porque no se sabe si pasa algo y puedes volver a ir”, indica el comerciante. 

A Luis Rujano le preocupa que estos eventos tengan como consecuencia un cierre de frontera como el que ocurrió hasta mediados del año 2022, pues destaca que la situación económica en Venezuela no mejora y el movimiento comercial que se logra es a partir de la frontera abierta.

La experiencia de Rujano es la misma de muchas personas. Los grandes afectados del conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) son los habitantes de los municipios más cercanos a los pasos binacionales, sobre todo quienes no cuentan con trabajos formales y forman parte de la migración pendular, la cual supera las 30.000 personas, de acuerdo a estimaciones de Migración Colombia. 

Se trata de venezolanos que viven en municipios cercanos a Cúcuta, como Bolívar, Ureña, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, Junín y San Cristóbal, pero viajan a diario o semanalmente para comprar y revender productos o hacer encomiendas o para trabajar como mano de obra en sembradíos y construcciones del Norte de Santander. Entre ellos, también está un grupo que cruza para hacerse tratamientos médicos, niños que estudian en los colegios del país vecino y transportistas, quienes no pueden pasar hacia Colombia durante los toques de queda o cierres de frontera. 

La nueva realidad de la zona incluye la presencia de tanquetas circulando por las calles, el despliegue de unos 800 hombres armados pertenecientes a distintos componentes de seguridad, las requisas constantes a unidades de transporte público, taxis, motos y vehículos particulares, entre otras medidas, causan incertidumbre entre consumidores y comerciantes. 

Estado de incertidumbre

En medio de esta ola de violencia, la incertidumbre se ha apoderado de los habitantes de los municipios fronterizos entre Venezuela y Colombia, ya que por un lado está el temor a las acciones de los grupos armados y por el otro, el incremento de la crisis económica que está afectando a ambas naciones que no cuentan con ofertas de empleo, industrias desarrolladas, ni posibilidades de negocio sostenibles. 

El comercio informal es el mayor estilo de vida y su posibilidad de desarrollo depende de unas relaciones diplomáticas medianamente fluidas, que permitan el paso libre por los puentes internacionales. 

Manuel Ramírez, quien vive quince días del mes en Cúcuta y los otros quince días en San Cristóbal, por un trabajo que encontró desde hace un año como asistente, el cual comparte con otro venezolano. Durante ese tiempo ha presenciado cómo ha incrementado la violencia de ese lado de la frontera colombo-venezolana, pero nunca imaginó sentir miedo de ir a trabajar por un contexto de guerra. 

“En Venezuela hemos tenido situaciones difíciles con los cuerpos de seguridad, pero al menos en el Táchira nunca hemos vivido situaciones producto de enfrentamientos entre grupos irregulares. Aquí ando en una incertidumbre constante pensando en si explota una bomba por donde voy pasando, o si comienzan a disparar de manera repentina”, dice. 

Relata que desde la noche del 18 de febrero no ha podido dormir bien. Ya no quiere que su familia vaya a visitarlo a Cúcuta durante los días de trabajo por miedo a que algo les ocurra. “Si no fuera porque en San Cristóbal ya no tenía trabajo, me regresaría. Lo que gano son dos millones de pesos (aproximadamente 480 dólares), tampoco es que alcance para mucho si sumamos el alquiler y el pago de los servicios, pero es necesario tener algo con que apoyar a mi esposa y a mi hijo”, explica. 

Para Miguel Morffe, profesor universitario dedicado a la investigación en el área de migración, frontera y violencia, las consecuencias de los hechos violentos. “Se están mostrando cambios en la dinámica nocturna de la ciudad de Cúcuta que está comenzando a ver la disminución del comercio. Este fenómeno se acrecienta especialmente en las zonas donde los CAI permanecen cerrados al paso vehicular, lo que genera zozobra en la comunidad cercana a estos”. 

Explica que las autoridades municipales y regionales colombianas intentan dar confianza a través de los medios de comunicación y las redes sociales para que la región retome su dinámica comercial y social, pero la presencia constante de funcionarios de seguridad en Cúcuta indican que no hay normalidad.

Walter Márquez, diputado jubilado de la Asamblea Nacional por el estado Táchira en Venezuela y defensor de derechos humanos, considera que en este conflicto debe tomarse en cuenta y enfrentado como un problema binacional, pues “lo que ocurre en Táchira repercute en Norte de Santander y lo del Norte de Santander en Táchira”. 

“Existe una migración pendular, de quienes van a Cúcuta y regresan. Hay quienes por la economía de los servicios viven en Ureña y en San Antonio, pero sus relaciones comerciales están en Colombia. Esa ola de violencia desatada por el ELN repercute anímicamente, psicológicamente en la gente, y eso a su vez incide en la parte comercial, laboral y en la parte social de ambos países. Mientras esto ocurre el ELN y los grupos irregulares se fortalecen porque no tiene una confrontación real del gobierno de Gustavo Petro y cuenta con resguardo en territorio venezolano”.  

Destaca que estudios de expertos en seguridad señalan que la mayoría de los integrantes de esos grupos irregulares que hacen su incursión en Cúcuta y el Catatumbo tienen su base de operaciones en zonas de Venezuela.

“Es un tema que debe ser tratado entre ambos gobiernos, con la debilidad de que el gobierno de Venezuela está identificado ideológicamente con los elenos. Petro ha tenido una posición ambivalente, aparenta estar en contra, pero no ha sido firme para hacerse respetar”, afirma. 

Márquez apunta que el conflicto no solo afecta la economía pendular, sino la internacional.

Explica que desde los conflictos en el Canal de Panamá por las medidas anunciadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, China activó una ruta hacia Perú en buques de gran dimensión, que llegan al puerto de Buenaventura en Colombia y de ahí se trasladan vía terrestre hacia Venezuela. “Trancar ese flujo comercial que viene de China atenta contra la economía de ambos países”, asegura. 

No se cumplirán metas de intercambio

Para Aldo Contreras, economista y docente de la Universidad Católica del Táchira (Ucat), la tensión política y los atentados terroristas que enfrenta Colombia no permitirán cumplir con la meta que se habían establecido comerciantes e industriales de ambas naciones para 2025, de alcanzar un intercambio comercial fronterizo de 1.200 millones de dólares. 

Destaca que durante las horas del toque de queda del 19 y 20 de febrero, no sólo se vieron totalmente paralizadas las actividades comerciales, sino también los agentes aduanales, almacenadoras, transportes de carga y descarga y toda la cadena de suministros del intercambio comercial fronterizo. “Recordemos que hay mercancías que no pueden quedarse 48 o 72 horas en almacenes aduanales, porque son perecederas, deben ser trasladadas”. 

La suspensión de la festividad de carnaval de la frontera en San Antonio, municipio Bolívar del estado Táchira, como consecuencia de estos hechos, son un ejemplo de lo que afecta la violencia a las actividades económicas. Contreras manifiesta que esta era una fuente de ingresos importante para la municipalidad producto de impuestos, conciertos y regalías, además de los beneficios para comerciantes formales e informales. 

Precisa que la llegada de desplazados del Catatumbo a Cúcuta ha incrementado la economía informal entre un 10 y un 15%, y afirma que las ciudades de Cúcuta, en Colombia, Táchira y Zulia en Venezuela, no tienen capacidad para ofrecer fuentes de empleo, ni un apoyo económico para emprendimientos, por lo que no visualiza un cambio positivo en lo político y social para los habitantes fronterizos. 

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