El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que este martes, 4 de marzo, fue detenido el reportero de sucesos Román Camacho.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), la organización precisó que desde horas del mediodía fue trasladado a una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en El Hatillo.
Aunque hasta ahora se desconocen los motivos de la detención de Román Camacho, el SNTP señala que la misma estaría relacionada con la cobertura de un asesinato en el barrio José Félix Ribas de Petare, municipio Sucre del estado Miranda.
Asimismo, la organización indicó que, de acuerdo con fuentes policiales, el periodista será presentado ante tribunales este miércoles 5 de marzo.
Además de ser reportero de sucesos en el medio Contrapunto, Román Camacho es delegado voluntario del SNTP. “Exigimos su inmediata liberación y recordamos que informar no es delito”, señaló la organización en su mensaje.
A través de la cuenta de Camacho envió un mensaje su esposa, quien agradeció a quienes se pronuncian ante la detención del periodista, pero también pidió no utilizar el hecho “como bandera política”.
“En estos momentos ya estamos comunicándonos con las autoridades y los abogados están haciendo su trabajo. Román no pertenece a ninguna tolda política”, añadió la esposa del periodista.
Román Camacho es un periodista especializado en la fuente de sucesos. El último reporte que publicó en sus redes sociales fue el asesinato de Elizabeth Ariscua, de 64 años, ocurrido en la Zona 6 de José Félix Ribas. En su reporte, Camacho precisó que la víctima “fue asesinada de dos disparos en la cabeza mientras se encontraba en la vía pública, específicamente en el sector conocido como La Plazita”.
El periodista también señaló que Elizabeth Ariscua era reconocida por su labor como vocera del consejo comunal Guayabal Bicentenario.
#Miranda#Petare En la zona 6 de José Félix Ribas, una mujer de 64 años, identificada como Elizabeth Ariscua, fue asesinada de dos disparos en la cabeza mientras se encontraba en la vía pública, específicamente en el sector conocido como La Plazita. Ariscua era reconocida por su… pic.twitter.com/lqwgMKbpOV
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, consideró como una “decisión correcta” que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro revocara la licencia a Chevron para operar en Venezuela.
En una conversación con Daniel Batlle, miembro adjunto del Hudson Institute, Machado también abordó temas relacionados con el narcotráfico, las alianzas de la administración de Nicolás Maduro con China y “organizaciones criminales” y las venideras megaelecciones.
A continuación las perlas más destacadas de Machado durante la entrevista:
Sobre la revocatoria de la licencia a Chevron
“Creo que es una decisión correcta en el momento correcto y envía una señal al régimen de que no se quedarán por la fuerza y el mundo mirará para otro lado, porque Venezuela es la mayor amenaza para la seguridad del hemisferio”.
“No nos enfrentamos a una estructura política o una dictadura convencional, que hemos visto antes, esta es una estructura criminal”.
“Venezuela ha sido secuestrada por una banda de capos de la droga, por lo que debería abordarse como un problema de aplicación de la ley y no con un enfoque convencional desde la política, y estas estructuras comienzan a desmoronarse cuando se cierran los flujos de dinero que obtienen de actividades ilícitas y también de aquellas que están ‘permitidas’. Hay que estar seguros de que esos recursos no se utilizan para escuelas u hospitales, se usan para represión, armas, propaganda y corrupción”.
“La estimación de la economía ilícita varía según expertos, del 16 al 30%. Es muy difícil de decir porque todo es muy oscuro. El régimen tiene absolutamente bajo su control cada una de estas actividades. Se alían con otros grupos, pero es controlada y promovida por el régimen”.
“Esto es algo muy importante de entender y creo que el presidente (Donald) Trump lo tiene muy claro, lo ha dicho durante años. También lo ha hecho Marco Rubio, Mike Waltz. Son fuertes aliados en el Congreso, como el senador Rick Scott, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart. Advertir sobre la magnitud de las actividades criminales que se están llevando a cabo actualmente en Venezuela”.
“Estamos hablando de tráfico de drogas que podría superar los 5 millones de dólares al año, el contrabando de oro podría superar los 2mil millones de dólares al año (…) El contrabando de gasolina con Colombia y Brasil que podría llegar a más de 2mil millones”.
“Hay carteles en México que luchan contra el gobierno. En Venezuela el cártel es el gobierno que está en el poder. Estos cárteles son individuos que no solo se involucran en el narcotráfico, sino que también han promovido la creación de organizaciones transnacionales criminales”.
Apoyo de Maduro a grupos armados como el ELN
“El ELN ha encontrado no solo un refugio seguro, sino un gran socio en el régimen de Maduro. Intercambian información, armas, recursos, tecnología; y Maduro le ha dado al ELN la posibilidad de reagruparse, crecer y tomar el control de más áreas.
“El ELN, las FARC o ambos están presentes en al menos 22 de los 24 estados del país. Solía ser un problema en nuestras fronteras y ahora ha llegado a todo el país porque tienen una alianza con el régimen”.
¿Cómo aumentar la presión?
“Tenemos una oportunidad única. Esto nunca ha sucedido antes en términos de fuerza relativa. El régimen nunca ha sido tan débil como lo es ahora. No solo está totalmente abandonado y acorralado en términos de apoyo popular. Tuvimos una elección aplastante bajo las reglas de la tiranía, términos absolutamente injustos. Ninguna otra sociedad habría aceptado competir en esas condiciones y ganamos 70-30 y lo probamos. Si hubiera habido condiciones mínimas de compensación, hubiera terminado al menos en 90-10″.
“Este es un país que está unido. No hay diferencias religiosas, raciales, sociales, políticas o regionales en Venezuela, como en otros países. Este es un país que quiere lo mismo y esta realidad también es verdad en nuestras fuerzas armadas y la policía”.
“Cuando ves los resultados electorales, en cada una de las mesas de votación en las que los militares votaron, ganamos por mayoría. Y luego, no hubiéramos podido recoger las actas de votación si no hubiera sido por la enorme cooperación que obtuvimos de los militares en cada uno de los centros de votación en el país. Maduro sabe eso”.
“¿Qué ha dejado? Violencia, represión y terror. Si no hubiera represión, este régimen caería en segundos. ¿Cómo podemos debilitar al régimen? ¿Cómo lo hacemos? Cerramos los flujos de dinero. Eso es lo que necesitamos, cerrar los flujos de dinero. Una estructura criminal que sale de dinero, fracasa, divide y finalmente cae”.
Apoyo de China
“Es importante recordar que, en realidad, China ha ofrecido al régimen más de 65 billones de dólares, convirtiendo a Venezuela en el único beneficiario más importante de los créditos de los países extranjeros”.
“Venezuela y China han firmado más de 800 acuerdos de cooperación en los últimos años, y van de hidrocarburos, energía, petróleo y gas, a las comunicaciones”.
“Es importante recordar que el año pasado, un par de meses antes de la elección, el gobierno chino envió un sistema antidrones a las fuerzas armadas venezolanas para bloquear el video y el control de los drones en nuestro territorio. Finalmente, lo que he dicho antes, todos los arreglos de las fuerzas armadas venezolanas, China tiene listas de compras de las fuerzas armadas chinas que terminan en las manos de los guerrilleros colombianos. Y esto es algo muy peligroso, porque recordemos que Venezuela tiene equipos antidrones rusos, y esto es algo que es muy preocupante, que también llegará a las manos de los guerrilleros, como lo han hecho las fuerzas armadas chinas hasta ahora”.
Sobre las próximas megaelecciones
“Es una oportunidad, porque habrá otra derrota, pero no por cumplir con sus reglas y bajar la cabeza. Será una derrota porque nadie participará, ni siquiera el pueblo, incluso si lo amenazan”.
“Las elecciones libres y justas, para mí, son sagradas en una democracia. Cuando enfrentas una tiranía, hay una herramienta para cosas diferentes, para movilizar, para organizar, para denunciar, para mostrar la falta de apoyo. Nadie en Venezuela confía en el sistema electoral, porque no solo no produjeron resultados, sino que tenían un proceso fraudulento”.
“Incluso fueron a la cárcel las personas que trabajaban como observadores electorales, las personas que se rehusaron a dejar la copia las actas, las tienen en la cárcel. Han ido contra cada director de nuestra campaña”.
“Mi equipo de campaña están todos en la cárcel o bajo asilo en la Embajada Argentina, que ya no es un asilo, sino una cárcel bajo bajo secuestro y tortura, porque les han cortado la electricidad, el agua, los alimentos, etc”.
“¿Sabes lo que el régimen está haciendo? Va a las cárceles donde tienen líderes políticos y les dicen que serían libres si participaran como candidatos, pero primero tienen que reconocer que Maduro ganó. Esas son las condiciones para tener candidatos y muchos, valientemente, se niegan. El régimen va contra los partidos políticos y les dice que obtendrían recursos, medios y seguridad si aceptan ser parte de esta fuerza, pero también se están negando”.
“Quizás algunos simplemente bajarán la cabeza y serán parte de esta estafa porque están asustados o porque están moralmente rotos, pero serán una minoría. La gente de Venezuela se mantendrá firme y demostraremos el tipo de movilización y presión que necesitamos en este momento para deshacernos finalmente del régimen”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció este martes que puso fin a la Licencia 41 que permitía a la petrolera estadounidense Chevron Corporation operar en Venezuela, que fue renovada automáticamente el 1 de marzo. La empresa tiene un plazo de 30 días para finalizar sus operaciones en el país, hasta el 3 de abril.
La OFAC publicó la Licencia 41A, que establece que las transacciones necesarias “para la liquidación de las transacciones previamente autorizadas por la Licencia General 41 de Venezuela relacionadas con la operación y administración por parte de Chevron o sus subsidiarias de las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela que involucran a PDVSA o cualquier entidad en la que PDVSA posee, directa o indirectamente, una participación del 50% o más (empresa mixta), están autorizadas hasta las 12:01 a. m., hora del este, del 3 de abril de 2025″.
A finales del mes anterior, el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció que pondría fin a las licencias de exportación de petróleo de Venezuela.
“Por la presente estamos revocando las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro, de Venezuela, sobre el acuerdo de transacción petrolera, fechado el 26 de noviembre de 2022, y también tienen que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro”, declaró el 26 de febrero.
Además, añadió que “el régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país de vuelta a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado”.
Bajo los términos de la licencia otorgada por el gobierno de Joe Biden y que estaba vigente desde 2022, Chevron tenía permitido operar en Venezuela hasta finales de julio, por lo que la decisión anunciada este martes por el Gobierno de Trump adelantará el cese de la actividad en casi cuatro meses.
Producción de Chevron
EFE destacó que la salida de Chevron supone un ”revés económico” para el país, ya que la petrolera estadounidense contribuyó a la reactivación de la producción petrolera venezolana, que en febrero de este año superó por primera vez el millón de barriles por día desde junio de 2019, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
En asociación con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) alcanzó una producción de más de 200.000 barriles diarios en 2024, de acuerdo con datos del Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU. (CRS, por sus siglas en inglés).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este martes, 4 de febrero, la organización venezolana defensora de Derechos Humanos, Foro Penal, reveló que 66 personas extranjeras permanecen detenidas en el país, 41 de ellos con doble nacionalidad.
En una publicación en X, la organización indicó que de los 66 extranjeros, diez son colombianos, dos ecuatorianos, dos españoles y el resto de Alemania, Argentina, Cuba, República Checa, Italia, Guyana, Países Bajos, Perú, Ucrania y Uruguay. Entre aquellos con doble nacionalidad, 12 son colombianos, diez españoles, ocho italianos, cuatro portugueses, un argentino, un húngaro y un chileno.
A la lista, la ONG sumó a cinco estadounidenses, cuatro de ellos con doble nacionalidad.
#28F Balance de Presos Políticos extranjeros en Venezuela. Lista por nacionalidad.
Casi un mes atrás, el 6 de enero, el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, declaró que habían 125 ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela, quienes supuestamente tenían el fin de “generar actos de terrorismo y violencia”, asociados con la oposición, liderada por María Corina Machado.
Activista italiano preso
Por otro lado, el gobierno italiano informó este martes que mantiene activos “todos los canales” para lograr la libertad del cooperante italiano, Alberto Trentini. El activista de la organización Humanidad e Inclusión – para ayudar a las personas discapacitadas- fue arrestado el 15 de noviembre en el país y su situación se mantuvo desconocida por dos meses.
Es un “caso complejo y de difícil solución”, advirtió el subsecretario de Estado en la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, Alfredo Mantovano. El funcionario remarcó que Trentini está arrestado “por motivos no esclarecidos” e insistió en que las autoridades italianas trabajan para lograr su liberación a través de todas las vías posibles.
“Hemos pedido que sea tratado con respeto y que se permita una visita consular”, explicó en enero el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, que aseguró que Italia se había puesto en marcha para lograr su liberación, así como las de otros ítalo-venezolanos encarcelados.
El 7 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del italiano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La organización Venezuelan-American Caucus informó sobre una nueva demanda federal en Estados Unidos en contra de la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en ese país.
Adelis Ferro, directora del Venezuelan-American Caucus, indicó este lunes 3 de marzo que esta demanda, presentada en Boston (Massachusetts), es la tercera contra la orden de la administración Trump de eliminar este estatus de protección a migrantes.
A diferencia de las primeras dos acciones legales, presentadas en California (19 de febrero) y Maryland (21 de febrero), esta incluye a los migrantes haitianos, a quienes también se les eliminó el TPS por orden de Trump.
La demanda está encabezada por Haitian-Americans United Inc., la Asociación Venezolana de Massachusetts y la UndocuBlack Network, Inc., junto con cuatro demandantes individuales que dependen del TPS para permanecer legalmente en el país.
«Esta decisión es un ataque directo a las comunidades inmigrantes y viola el propio marco del programa TPS, que fue diseñado para proteger a las personas que huyen de condiciones extremas», señalaron los demandantes en la acción introducida.
Revocación del TPS viola ley
Destacaron que la revocación de las extensiones de TPS viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), ya que el estatuto del TPS no otorga al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad para rescindir una extensión que ya ha sido concedida. También añadieron que «las acciones de la administración no están basadas en la ley ni en los hechos, sino en una intención discriminatoria».
«Los argumentos son sólidos. Sobre la primera demanda, la primera audiencia será el 24 de marzo. Esperamos respuestas favorables para beneficiar a todas las personas que tienen TPS vigente hasta el mes de abril de 2025», dijo la abogada Ferro en sus redes sociales.
La intención de las demandas es obtener una medida cautelar que frene la eliminación del TPS, que afectaría la permanencia regular y los permisos de trabajo de cerca de 350.000 venezolanos, así como a los haitianos.
Un grupo de abogados y organizaciones de migrantes están detrás de esta demanda. En el caso de los que tienen parole humanitario, según Ferro, no podrán procesar cambios de estatus hasta nuevo aviso por una decisión de pausa administrativa, por lo que también introdujeron una demanda de la que ofrecerá detalles los próximos días.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Según proyecciones del informe World Obesity Atlas 2025, el 54 % de los adultos en Venezuela vive actualmente con un alto índice de masa corporal (IMC), una condición que afectará a 10,52 millones de personas en el país para 2030.
De acuerdo con la Federación Mundial de Obesidad, en 2010 el total del número de hombres con un IMC superior a 25 kg/m² y por encima de los 35 kg/m² alcanzó los cinco millones, cifra que se proyecta se reducirá a 4,9 millones para 2030.
En el caso de las mujeres, la cantidad de personas con un IMC superior a 25 kg/m² y que excede los 35 kg/m² pasará de 5,1 millones en 2010 a 5,6 millones en 2030.
Por otra parte, el informe alertó que, en 2025, el 24 % de la población adulta venezolana tiene obesidad, una condición que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se presenta cuando el IMC es igual o superior a 30 kg/m².
En 2012 se registraron 13.109 muertes prematuras por enfermedades no transmisibles asociadas a un IMC elevado, como diabetes tipo 2, accidentes cerebrovasculares, enfermedad cardíaca y algunos tipos de cáncer de acuerdo a datos del Instituto de Métricas de Salud y otros organismos internacionales, como la OMS.
A juicio del documento, Venezuela carece de programas nacionales públicos para abordar el IMC elevado y no cuenta con estrategias específicas contra la inactividad física. Además, entre el 40 % y el 50 % de los adultos en el país tienen niveles insuficientes de actividad física.
Por otra parte, el consumo de bebidas azucaradas en Venezuela se estima entre 1.000 y 2.500 mililitros por persona a la semana. El World Obesity Atlas agrega que Venezuela no aplica impuestos a las bebidas azucaradas, tal como lo hacen otros países de la región.
Según han advertido distintas ONG, Venezuela dejó de difundir sus boletines de salud desde el 2016.
Con información de EFE
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Entre la sociedad civil y los militares han ocurrido numerosos encuentros y desencuentros. Distinguidos compatriotas han escrito al respecto, entre ellos Domingo Irwin, Luis Alberto Buttó, Hernán Castillo y la apreciada Rocío San Miguel, hoy injustamente presa, sin atención médica y sin el derecho a la debida defensa. Cabe recalcar que nuestros militares no provienen de una élite, por lo que están identificados con las necesidades y aspiraciones del resto de la población, con sus mismas virtudes y defectos. Estas características deberían facilitar entendernos, pero no lo hemos logrado.
En los primeros años de la Escuela Militar, la mayoría de quienes ingresaban provenía de los estados andinos, pero gradualmente se fue abriendo el compás. El requisito era tercer año de bachillerato y disponían de alojamiento, comida y uniformes, lo que era un incentivo para jóvenes de pocos recursos económicos. Posteriormente se exigió el bachillerato y como ya existían los liceos militares, quienes ingresaban a la hoy a la Fuerza Armada era por vocación.
El disponer de las armas les exige gran responsabilidad en cuanto a principios y valores. Desde los tiempos en que se usaban espadas se dice que no deben desenvainar sin razón, ni envainar con deshonor. A partir de que el dictador Juan Vicente Gómez creó la Escuela Militar, han desenvainado en muchas ocasiones, unas veces con razón, otras sin ella. En todos esos hechos hubo importante participación de personalidades civiles, lo que podría indicar que había malestar en la población. El problema es cómo medir ese malestar y si su causa es o no corregible institucionalmente. Samuel Huntington escribió que las intervenciones militares reflejan la estructura política e institucional de la sociedad
Ante una dictadura, los militares deben actuar para derrocarla. El problema se presenta cuando hay un período de transición como el de Isaías Medina, en el que no había presos políticos, pero el presidente se negaba a realizar elecciones universales y directas. Fue un golpe militar, pero los uniformados entregaron el poder al partido político Acción Democrática. ¿Se debía continuar la evolución hacia una mejor democracia? ¿Esta era exigida por el pueblo o solo por un grupo político y militar? Después del 18 de octubre se impuso una democracia desde arriba y con mucho sectarismo, lo que ocasionó la intervención militar del 24 de noviembre de 1948, avalada por los partidos de oposición Copei y URD. Como consecuencia no deseada, surgió la dictadura del general Pérez Jiménez, con apoyo de muchos civiles de la élite del país.
El 23 de enero de 1958, los militares le retiraron el apoyo al dictador. En el período democrático, entre esa fecha y 1961, ocurrieron varios intentos de golpes militares. El gobierno los tildó de ambiciosos o de querer retrotraer el país a etapas ya superadas. Sin descartar algunos casos, la explicación es que muchos militares consideran, equivocadamente, que son los llamados a corregir entuertos. Es la doctrina soberbia del destino manifiesto. En 1962, grupos de civiles y militares, la mayoría de extrema izquierda, insurgieron sin éxito en los sangrientos sucesos del Carupanazo y Porteñazo. Posteriormente, los militares cumplieron con su deber al combatir y derrotar la guerrilla castrocomunista.
A partir de esos sucesos, el país iba bien enrumbado, con sus más y sus menos, bajo los gobiernos de Betancourt, Leoni y Caldera I, después se inició un deterioro que la dirigencia civil se niega a reconocer. Se produjo la insurrección de Hugo Chávez, que pudo ser evitada. Caldera II no resolvió los problemas que aquejaban al país, por lo que una población poco consciente e intereses creados votaron por un militar mitómano que destruyó a Venezuela y a nuestras débiles y, a veces, inoperantes instituciones, obra que remató Maduro.
La situación actual, con instituciones controladas por el régimen, con el golpe de Estado electoral dado por Maduro, con 1060 presos políticos, entre ellos 165 militares, torturas, asesinatos de manifestantes pacíficos y persecución de dirigentes de la oposición, pareciera cuesta arriba que solos los civiles podamos lograr la salida del régimen. ¿Debería actuar la Fuerza Armada? ¿Es eso factible con el control que se ejerce sobre los oficiales?
Una insurrección militar no es la mejor vía, lo procedente sería que el Alto Mando le solicite a Maduro que reconozca la elección de Edmundo González. De no ser así, los mandos medios deben proceder de acuerdo a la Constitución. Está en el mejor interés de los militares propiciar una transición política negociada. Caso contrario, la historia no los perdonará.
Como (había) en botica
Lamentamos los fallecimientos del amigo Fernando Martínez Mottola, distinguido profesional y excelente ciudadano. También de Reinaldo Araujo, quien murió en prisión porque el régimen le negó asistencia médica. Estaba preso por participar en la organización de las elecciones.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliado!
eddiearamirez@hotmail.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Primero Justicia reiteró este lunes que no participará en las elecciones regionales y legislativas programadas para el próximo 25 de mayo pese a voces críticas dentro del partido que defienden presentarse en la votación para preservar los espacios.
PJ reafirmó que no presentará candidatos debido a que esta consulta “es ilegítima, nuestro foco como formación política está en lograr el mandato expresado en las presidenciales de julio de 2024, cuando ganó Edmundo González Urrutia”.
El partido recordó que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) llamó a los venezolanos a “permanecer en la lucha para liberar a Venezuela”.
“También se agradece a la comunidad internacional democrática por el apoyo al cambio en Venezuela y se exhorta al mundo a permanecer atento a la situación en Venezuela y a todo el proceso que requiere liberar al país y recuperar la democracia”, manifestó el partido
González Urrutia aseguró que la oposición que representa no participará en lo que considera “falsas elecciones” y advirtió que “solo habrá comicios legítimos cuando se respete su triunfo en las presidenciales de 2024”.
La participación en las elecciones de mayo creó una división en PJ, pues algunos militantes, entre ellos el dos veces aspirante a la presidencia Henrique Capriles, abogan por presentar candidatos, ya que consideran que el voto representa una “herramienta de lucha para lograr el cambio que los venezolanos exigen”.
En la misma línea, están los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela, que forman parte de la PUD.
UNT consideró que la presencia de la oposición en los comicios de mayo permitirá “abrir espacios, avanzar, presionar y construir una salida democrática”.
“Abstenerse es dejarle el camino libre al oficialismo, que amenaza con una reforma constitucional para imponer un modelo sin voces disidentes”, manifestó el partido que lidera el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
